César Jiménez Oviedo
Expediente 1031/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- César Jiménez Oviedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de diez de octubre del año en curso, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por ********************, sin que lo hiciera. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Resérvese proveer sobre la valoración de archivo del presente expediente, en tanto el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro informe lo conducente respecto a la competencia declinada.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, mediante el cual remite la boleta de turno en relación con la competencia declinada en el presente asunto, en la cual se advierte que fue asignada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro. Estese en espera de que dicha autoridad informe su determinación para proveer lo conducente.-
- Principal
Vista la cuenta, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por José Arturo de Jesús Ramírez Villagómez, autorizado del quejoso en términos restringidos; en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no está facultado para promover en el presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese el escrito signado por el quejoso *****; en atención a su contenido, téngase cumplida la prevención formulada en proveído de tres de octubre del año en curso. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente reclama: a) El auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el toca **** del índice de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Oralidad Penal de Salamanca, que negó cancelar la providencia precautoria que afecta el inmueble ubicado en calle Cerrada de Ciruelos 120, fraccionamiento Jurica Campestre, Querétaro, Querétaro. b) La resolución del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de Salamanca, Guanajuato, emitida el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, que negó el cancelamiento de aquella providencia precautoria. c) La providencia precautoria ordenada en la carpeta de investigación *** por el Fiscal de la Unidad VI de Tramitación Común de Salamanca, Guanajuato, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Querétaro, consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro para que no se realice inscripción ni acto traslativo de dominio del inmueble ubicado en calle ******* Querétaro, Querétaro. Desechamiento parcial. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado a). En relación con el acto reclamado a), se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.];" El principio de definitividad del juicio de amparo que consagra la fracción transcrita, consiste en la obligación de la quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas su protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emita, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." La quejosa reclama el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 107/2023-O, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la negativa del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de Salamanca, de cancelar una providencia precautoria. Tal resolución es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación en términos de lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". De acuerdo con el precepto transcrito, contra el auto reclamado analizado procede el recurso de revocación, pues al encontrarse en el supuesto previsto en el citado ordenamiento, no es factible combatirse a través del juicio de amparo, sino luego de observar el principio de definitividad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 283, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, registro digital 2021251, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Luego, si la legislación que rige el acto reclamado prevé un medio ordinario de defensa por el cual puede ser confirmado, revocado o modificado, y éste no fue agotado previo a acudir a la instancia constitucional, entonces resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto al acto reclamado a). Acto reclamado b). Respecto al acto reclamado b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, esto es, aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso. c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión, dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días, es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el caso, el quejoso manifiesta que fue notificado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés del acto reclamado b). Por tanto, el plazo legal de quince días para la presentación de la demanda, transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos dentro de ese periodo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si el quejoso presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el dos de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción, su promoción resulta extemporánea, esto es, fuera del plazo mencionado, por lo que el acto reclamado analizado debe considerarse consentido tácitamente. Máxime que el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción contempladas en el artículo 17 de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto al acto reclamado b). Incompetencia acto reclamado c). El primer párrafo del artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad y uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previamente a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456 del Apéndice de 1995, Tomo VI, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo.". El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el quejoso reclama la providencia precautoria ordenada en la carpeta de investigación 15019/2020 por el Fiscal de la Unidad VI de Tramitación Común de Salamanca, Guanajuato, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Querétaro, consistente en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro para que no se realice inscripción ni acto traslativo de dominio del inmueble ubicado en calle Cerrada de los Ciruelos 120, fraccionamiento Jurica Campestre, Querétaro, Querétaro. Lo reclamado por el quejoso tiene ejecución en Querétaro, pues ahí fue donde se materializó la medida cautelar reclamada y está surtiendo efectos; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, y declina la competencia para conocer del asunto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, quien ejerce jurisdicción donde tendrá ejecución el acto reclamado c), de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. En términos de lo anterior, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el expediente y copias de la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, solicitando comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y hágase el presente proveído del conocimiento de las partes.
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