César Iván Hernández Cortés

Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
880/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • César Iván Hernández Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    isto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que el quejoso César Iván Hernández Cortés, recurriera el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por César Iván Hernández Cortés, contra actos del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. Regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 880/2022-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. En ese sentido, resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el quejoso César Iván Hernández Cortés, reclama actos emitidos por una organización política que considera violatorios de sus derechos de afiliación y de ser elegido dentro de la propia organización, lo cuales son de índole eminentemente político-electoral. Por ende, la presente instancia es improcedente, en virtud de que no es la vía correcta para reclamar la trasgresión a los derechos aludidos, ello de conformidad con los artículos 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80, inciso g), de la Ley General de Partidos Políticos; de ahí que, con fundamento en los artículos 61, fracción XV y 113 de la Ley de Amparo, se deseche de plano la demanda de cuenta. Se explica. El promovente del amparo acude a esta instancia reclamando la convocatoria al III Congreso Nacional del partido político MORENA. Aduce que dicha convocatoria establece un requisito específico para demostrar su afiliación al partido político referido; no obstante, sostiene que la dirección electrónica prevista en la propia convocatoria, a la cual se debe ingresar para obtener la constancia a través de la cual se acredite la afiliación política, es inaccesible. Argumenta que tal imposibilidad constituye una violación a sus derechos de afiliación y a ser elegido para los puestos internos del propio partido político, pues se le impide demostrar su pertenencia a la organización política por otros medios. Por ende, solicita el amparo y protección contra la convocatoria en cuestión. Como se adelantó, el presente juicio es improcedente, pues el quejoso pretende que se analice la constitucionalidad de la convocatoria del partido político al que dice pertenecer, en virtud de que le impide participar en las votaciones de la asamblea del precitado Congreso, así como postularse en las asambleas distritales y estatales como candidato a los puestos de los órganos internos del partido político MORENA. Este juzgado considera que el estudio de las violaciones a tales derechos, en todo caso, corresponde a los órganos competentes en materia electoral. En efecto, la Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 34, apartado 2, inciso c), dice que la elección de los integrantes de los partidos políticos forma parte de sus asuntos internos; en su artículo 40, apartado 1, incisos a) y c), reconoce como derechos y obligaciones de los militantes de un partido político, la participación de manera directa en convenciones, o sus equivalentes, así como la postulación a un cargo en el interior de un partido político y en su artículo 46, establece que los partidos políticos establecerán procedimientos de justica intrapartidaria para la solución de diversas controversias. Sentado lo anterior, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria a los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Federal, prevé el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el cual es procedente cuando se considere que el partido político al que se está afiliado viola alguno de sus derechos político-electorales referidos con antelación; de conformidad con el artículo 80, apartado 1, inciso g). Así, en atención a la naturaleza de los derechos transfredidos y del acto reclamado, y con fundamento en las disposiciones citadas, de conformidad con el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, se estima que la presente instancia es improcedente, pues el estudio de las violaciones alegadas corresponde a la jurisdicción en materia electoral. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. LX/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168997, de la novena época, ubicada en la página 5, del Tomo XXVIII, publicada en septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Domicilio. Téngase como su domicilio para recibir notificaciones el usuario electrónico "Cesar36i", en virtud de así solicitarlo en su escrito de demanda. Juicio en línea. De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y con el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid19, se exhorta a las demás partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."

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