Cesar Iván Rodríguez Pérez
Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cesar Iván Rodríguez Pérez
Actuaciones
- Principal
PRAL.591/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veintitrés de mayo de este año, en la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Efecto de providencias decretadas. Por lo anterior, se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor del quejoso directo en auto de veintidós de mayo del año en curso. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Toda vez que en diverso acuerdo de veintidós de mayo de este año se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.591/2022.MESZ-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 1. Por no presentada la demanda de amparo. Vista la diligencia de notificación personal de veintidós de mayo de este año realizada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que el directo quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez, no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Julio Cesar Zúñiga Hernández; por ello, ante lo manifestado por dicho quejoso a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. 2. Notificación. Asimismo, tomando en consideración que la parte quejosa no ratificó la demanda promovida a su favor, así como las manifestaciones que realizó en la diligencia antes mencionada, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. 3. Se agrega oficio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el juez Calificador en turno del Municipio de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, y su anexo, por el que informa y acredita las medidas adoptadas que realizó para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida al directo quejoso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 4. Denominación correcta. Por otro lado, vista la denominación con la que se rinde el informe de cuenta, y considerando las manifestaciones de la parte quejosa respecto a su señalamiento, para efectos de la integración de este expediente, se tiene como denominación correcta de la responsable, como lo rinde en el informe antes agregado. 5. Anotación en sise. Por tanto, se instruye a la analista de la adscripción para que realice las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.591/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en línea en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a la una horas con catorce minutos de hoy y registrada a las dos horas con un minutos de esta misma fecha, promovida por Julio Cesar Zúñiga Hernández, en favor de Cesar Iván Rodríguez Pérez, contra actos del comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 591/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. No obstante que no contiene firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica, en el caso, no se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte agraviada, ya que los actos reclamados es de aquellos a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual es innecesaria la firma autógrafa o electrónica por promoverse el juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 3º de dicho ordenamiento legal. Se invoca en apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, registro 2019715, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". 4. Ratificación. En atención a las razones que expresa el promovente en la demanda, por ahora, el directo quejoso se encuentra imposibilitado para promover la demanda por sí mismo; por ello, con apoyo en el numeral 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor. 4.1. Apercibimiento. Se apercibe al directo quejoso que de no ratificar la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada dicha demanda y, en el acuerdo relativo, quedarán sin efectos las providencias decretadas en su favor. Por tanto, se ordena al(a) actuario(a) de este órgano jurisdiccional, se haga presente en la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en el que dice el promovente se encuentra privado de su libertad el directo quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez, o en cualquier otro lugar que funcione como centro de reclusión por diversas autoridades en los que pudieran estar detenido y, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: a) Certifique la integridad física del directo quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez; b) Le notifique el contenido de este proveído; y, c) Lo requiera en los términos precisados en los párrafos que anteceden. 5. Suspensión por la orden de detención. En razón que los actos reclamados por la parte promovente de la demanda de amparo, consisten en la privación de la libertad y detención contra el directo quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez, por el operativo alcoholímetro e independientemente si ratifican o no la demanda, pues se trata de salvaguardar su derecho a un recurso efectivo, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se provee: I. Con fundamento en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que cese dicha privación de libertad o cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional, es decir, para que el directo quejoso sea puesto en libertad por la autoridad que materialmente ejecutó la orden de privación de la libertad impugnada o por la autoridad que lo tenga a su disposición en relación con esa detención. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". II. Si la detención reclamada obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el directo quejoso Cesar Iván Rodríguez Pérez quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre detenido, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediere o su retención dentro del plazo y en los términos que establece el artículo 16 constitucional, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. III. Si la detención se ordenó por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 de la Constitución Federal, o en caso de flagrancia, la suspensión de que se trata se concede para que el referido quejoso quede a disposición del Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre detenido, y a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que el quejoso sea puesto a disposición dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según el caso, contado a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. IV. Si la detención obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que la parte quejosa sea puesta de inmediato a disposición del juez correspondiente. 5.1. Informe relacionado con la suspensión de oficio. La autoridad responsable deberá informar el acatamiento de la medida suspensión decretada a favor del directo quejoso, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede notificada de este auto, por el cual se le envía el oficio con transcripción del mismo. Se le hace saber que para el caso de no hacerlo, será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurra, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la tesis visible en la página 46, tomo IV, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro dice: "ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, NO SON MATERIA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN." 6. Límites de la suspensión de oficio. La medida cautelar decretada no es aplicable para el caso de que la detención reclamada se haya ejecutado por la probable comisión de algún delito o por alguna otra circunstancia distinta a la planteada en la demanda. 7. Se reserva proveer. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, provéase lo conducente respecto al a) domicilio y b) la designación del medio por la cual le serán notificadas las determinaciones que se dicten en este juicio de amparo. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al directo quejoso en los términos ordenados. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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