César Hernández Hernández y Otros.
Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- César Hernández Hernández y Otros.
- César Hernández Hernández
- Rodolfina Hernández Bautista y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL. 189/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la sentencia de amparo dictada en audiencia celebrada el siete de julio del año en curso, firmada y autorizada el treinta y uno de julio siguiente, así como b) del acuerdo de veintiuno de agosto último, en el que se tuvo al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca interponiendo recurso de revisión, contra la sentencia dictada en esta instancia constitucional. Envío de recurso a la superioridad. Por tanto, queda integrado este expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en el referido proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, el escrito por el que se interpuso recurso de revisión y expresaron agravios, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto; asimismo, hágase disponible el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo. Sise. Para ello, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes autorice los permisos necesarios de este expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 189/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Visto el oficio del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, representante legal del Congreso responsable, mediante el que interpone recurso de revisión y exhibe su ocurso de expresión agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en esta instancia constitucional. Por lo que, se ordena distribuir entre las demás partes copia de dichos ocursos y, en su oportunidad, remítanse los originales al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito; además, se hará disponible el expediente electrónico correspondiente a este juicio de amparo, para el trámite del citado medio de impugnación. En el entendido de que una vez que se encuentre integrado este asunto, se remitirá a la superioridad para el trámite respectivo, en el término a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Amparo. Indicación a la encargada del SISE. Instrúyase a la encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes que, en su momento, habilite los permisos necesarios del expediente electrónico correspondiente a este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 189/2023 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 189/2023; y R e s u l t a n d o: Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Primero. Demanda de amparo. 1.1. Turno de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca en la misma fecha, ************** y *************, por propio derecho, y esta última en representación de los menores de iniciales ********, ****** y **************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados, consistentes en: a) Del gobernador del Estado de Oaxaca y b) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca: " La omisión de otorgar asistencia o ayuda humanitaria y condiciones satisfactorias a los quejosos como desplazados de la comunidad **************, **********************, cuya conducta omisa vulnera nuestros derechos humanos y que consisten en: a) dar alimentos indispensables y agua potable; b), cobijo y alojamiento básico; c). Vestido adecuado; d). Servicios Médicos y de saneamiento indispensables; e). Educación obligatoria (todo lo anterior bajo la definición de ayuda y asistencia humanitaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). (La omisión de establecer mesas de Trabajo entre todas las autoridades involucradas en el desplazamiento forzado interno para nuestro regreso a nuestra comunidad, de la que fuimos expulsados por el ************************ desde el año dos mil diez a la fecha. (La omisión de garantizar el retorno o el regreso a nuestra comunidad de origen o el reasentamiento en otro lugar distinto a nuestra comunidad de origen a los quejosos. (La omisión de garantizar y el de establecer todas las medidas mínimas y necesarias derivado del desplazamiento de nuestro domicilio y como consecuencia, la vulneración de otros derechos como son: ser discriminados, la privación de nuestros patrimonios, el derecho a la libre movilidad o circulación, y el derecho a una vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación de mis menores hijos **** y ****** de apellidos ******** y **********, derechos mínimos que nos han sido NEGADOS y violados, y al estar impedidos a regresar a nuestra comunidad, necesitamos la protección y ayuda del Gobierno del Estado. (La omisión legal de presentar una iniciativa de Ley, de conformidad a la Constitución Federal en sus artículos 1°, 2° y 11, con la finalidad de que el Congreso del Estado expida la Ley para la Prevención, Resolución y la Sanción del Desplazamiento Forzado Interno para el Estado de Oaxaca, derivado de la experiencia de la violencia endémica en la zona ********. (La omisión de que a pesar de conocer de los años que tenemos como desplazados (2010), el Titular del Poder Ejecutivo, durante su sexenio nunca ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el solicitar al Congreso del Estado, apruebe los recursos suficientes y necesarios para resolver el Tema de los desplazados de la **********. (La orden verbal o escrita de desalojo de los quejosos del campamento de artesanías, situado en el zócalo de la *******************, *********, (esquina localizada en la calle de ************** y *************, ***********, **************, ***************. c) Del defensor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo del Estado de Oaxaca: (La omisión de cumplir con la obligación constitucional, convencional y legal que tiene por objeto la defensa, protección y el de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, en tratándose de nuestro caso desde que fuimos expulsados de la comunidad de ************, *****************, *********, ya que su actuación ha sido laxa y sin compromiso en defensa y protección de nuestros derechos ante las autoridades responsables. (La omisión legal de la Defensoría de no presentar ante el Congreso del Estado un Proyecto de Ley del Desplazamiento Forzado Interno: para el Estado de Oaxaca. d) Del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca: (La omisión de legislar sobre un tema que es tan grave y de lamentables consecuencias como lo es EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO DE OAXACA." (Transcripción) 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Tramite de la demanda. 2.1. Radicación. En acuerdo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con la demanda de amparo, el juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca ordenó formar expediente impreso y electrónico, la registró con el número 1357/2022 y remitió esa promoción inicial, por razón de turno, al juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2.2. Prevención. En proveído de fecha dos de diciembre del mismo año, ante la negativa del juez al que se le declinó el conocimiento del asunto, el Juzgado Primero de Distrito previno a la parte quejosa para que aclarara el escrito de demanda. 2.3. Admisión. En acuerdo de diecinueve del mismo mes y año se admitió a trámite dicha instancia constitucional, se dio la intervención que legalmente le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de juicios. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés el citado órgano de control constitucional decretó la separación de autos, indicando que: El juicio de amparo 1357/2022, de su índice, se ocuparía del acto reclamado a las autoridades responsables a) gobernador del Estado de Oaxaca y b) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en: "La orden verbal o escrita de desalojo de los quejosos del campamento de artesanías, situado en el zócalo de la ***************, ********, esquina localizada en la calle de ****************** y *****************, ************, ************, ************." En tanto que en el juicio que se ordenó separar se analizarían los actos reclamados a las autoridades responsables 1) gobernador del Estado de Oaxaca, 2) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, 3) defensor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo del Estado de Oaxaca y 4) presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, consistentes en: a) Del gobernador del Estado de Oaxaca y b) del secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca: " La omisión de otorgar asistencia o ayuda humanitaria y condiciones satisfactorias a los quejosos como desplazados de la comunidad **************, ****************, cuya conducta omisa vulnera nuestros derechos humanos y que consisten en: a) dar alimentos indispensables y agua potable; b), cobijo y alojamiento básico; c). Vestido adecuado; d). Servicios Médicos y de saneamiento indispensables; e). Educación obligatoria (todo lo anterior bajo la definición de ayuda y asistencia humanitaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). (La omisión de establecer mesas de Trabajo entre todas las autoridades involucradas en el desplazamiento forzado interno para nuestro regreso a nuestra comunidad, de la que fuimos expulsados por el *************** desde el año dos mil diez a la fecha. (La omisión de garantizar el retorno o el regreso a nuestra comunidad de origen o el reasentamiento en otro lugar distinto a nuestra comunidad de origen a los quejosos. ( La omisión de garantizar y el de establecer todas las medidas mínimas y necesarias derivado del desplazamiento de nuestro domicilio y como consecuencia, la vulneración de otros derechos como son: ser discriminados, la privación de nuestros patrimonios, el derecho a la libre movilidad o circulación, y el derecho a una vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación de mis menores hijos *** y *********** de apellidos *********** y *************, derechos mínimos que nos han sido NEGADOS y violados, y al estar impedidos a regresar a nuestra comunidad, necesitamos la protección y ayuda del Gobierno del Estado. (La omisión legal de presentar una iniciativa de Ley, de conformidad a la Constitución Federal en sus artículos 1°, 2° y 11, con la finalidad de que el Congreso del Estado expida la Ley para la Prevención, Resolución y la Sanción del Desplazamiento Forzado Interno para el Estado de Oaxaca, derivado de la experiencia de la violencia endémica en la zona ********. (La omisión de que a pesar de conocer de los años que tenemos como desplazados (2010), el Titular del Poder Ejecutivo, durante su sexenio nunca ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el solicitar al Congreso del Estado, apruebe los recursos suficientes y necesarios para resolver el Tema de los desplazados de la ***********. c) Del defensor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo del Estado de Oaxaca: (La omisión de cumplir con la obligación constitucional, convencional y legal que tiene por objeto la defensa, protección y el de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, en tratándose de nuestro caso desde que fuimos expulsados de la comunidad de **************, ******************, ***********, ya que su actuación ha sido laxa y sin compromiso en defensa y protección de nuestros derechos ante las autoridades responsables. (La omisión legal de la Defensoría de no presentar ante el Congreso del Estado, un Proyecto de Ley del Desplazamiento Forzado Interno: para el Estado de Oaxaca. d) Del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca: (La omisión de legislar sobre un tema que es tan grave y de lamentables consecuencias como lo es EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO DE OAXACA." (Transcripción) Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca Cuarto. Se acepta conocer del juicio de amparo. El veinticuatro de febrero de este año se tuvo por recibido el oficio y demanda de amparo remitidos, se ordenó formar expediente impreso y electrónico, quedando registrado con el número de juicio de amparo 189/2023, se aceptó conocer del asunto, se tuvieron por válidas todas las actuaciones realizadas en aquel expediente, no se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables por ya obrar en autos, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y las consecuencias de los actos reclamados tienen verificativo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con el escrito de aclaración de demanda y las diversas documentales que obran en este expediente de amparo, se advierte que los quejosos ************ y ***************, esta última en representación de los menores de iniciales ***********, *********** y **********, reclaman del: 1° Gobernador del Estado de Oaxaca; 2° Secretario General de Gobierno; 3° Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y 4° Congreso del Estado de Oaxaca: La omisión de intervenir, dentro del ámbito de su respectiva competencia, en el proceso legislativo para la expedición de un marco jurídico en materia de desplazamiento forzado interno para el Estado de Oaxaca. Con la finalidad de que se norme dicho fenómeno y sus consecuencias en la esfera jurídica de los quejosos, en su calidad de indígenas triquis desplazados de su comunidad de origen, como son: la asistencia alimentaria, agua, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, libre circulación, retorno a su comunidad de origen, entre otros. Sin que pase desapercibido que en la demanda de amparo los quejosos mencionaron como actos reclamados independientes, la asistencia alimentaria, acceso al agua potable, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, libre circulación y retorno a su comunidad de origen; no obstante, se insiste, de la intelección conjunta de las constancias de autos y de la lectura íntegra de la demanda de amparo es posible concluir que no son actos reclamados destacados, sino que constituyen, precisamente, los derechos vulnerados y carencias que afirman sufrir diariamente como consecuencia de la falta de una regulación normativa de su condición de indígenas desplazados forzadamente. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Inexistencia de omisión reclamada. Al rendir el informe justificado que se les requirió, tres de las autoridades responsables lo hicieron en los términos siguientes: Secretario General de Gobierno, a través del director jurídico de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno: NIEGA -fojas 292 a 320-. Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través del coordinador jurídico: NIEGA -fojas 346 a 356-. Gobernador del Estado de Oaxaca, por conducto del consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca: NIEGA -fojas 335 a 338-. Como se ve, dichas autoridades responsables negaron la omisión que les atribuye la parte quejosa, argumentando, sustancialmente, lo siguiente: Secretario General de Gobierno: Que no cuenta con atribuciones ni partida presupuestal para proporcionar asistencia a personas desplazadas; ni tampoco cuenta con atribuciones para vigilar y dar seguimiento a recomendaciones emitidas por organismos estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Además, añade, las recomendaciones que mencionan los quejosos en la demanda de amparo fueron emitidas a favor de personas de una comunidad diferente a aquélla de la cual son originarios. Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca: No se pronunció específicamente al acto reclamado destacado, pero expresó que ha adoptado diferentes medidas necesarias para la atención de las familias desplazadas. Gobernador del Estado de Oaxaca: Negó categóricamente la existencia del referido acto reclamado, argumentando que los quejosos son originarios de una comunidad distinta a la que se concedieron las medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, es preciso señalar que, dentro de la dinámica procesal del juicio de amparo indirecto, las autoridades responsables tienen diversas cargas, entre ellas, rendir informe justificado; etapa que lleva inmersa la oportunidad de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. Dentro de las oportunidades de defensa, las responsables pueden negar la conducta reclamada y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de acto que se reclame; por ejemplo, en el caso de que se trate de una conducta positiva, cuando la autoridad contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la autoridad responsable señala simplemente que no lo realizó. Por el contrario, en el caso de una omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar, y que ésta se haya incumplido; porque cuando la autoridad niega haber incurrido en la omisión reclamada ello significa que sí actuó o no actuó porque no estaba en condiciones de hacerlo. De modo que, tratándose de actos de omisión, la responsable no solo debe expresar sino también demostrar -ya sea con argumentos o pruebas- que no existe. Así, a efecto de que se adquiera la convicción de que el acto no existe, es pertinente que en el capítulo de existencia se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si estaba en condiciones u obligación legal de emitir una actuación. En el caso, los quejosos afirman que las autoridades responsables no han realizado acciones para normar el fenómeno de desplazamiento forzado interno que sufren como indígenas triquis, oriundos de **********, *********; esto es, reclaman sustancialmente una omisión legislativa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, que las autoridades ejecutivas (como el presidente y secretario de Gobernación -que en este asunto se equiparan al gobernador del Estado y al secretario general de gobierno-) solo deben ser señaladas como autoridades responsables cuando se impugna la constitucionalidad de una ley, en la medida en que son autoridades que participan en el procedimiento legislativo de creación de la misma; pero que ello no es aplicable en el caso de las omisiones legislativas, pues la participación de las autoridades ejecutivas en el proceso legislativo sólo se requiere cuando ya existe una ley aprobada por el Congreso, que es, precisamente, la omisión que se reclama en este asunto. Por ello, la Primera Sala destacó que en el marco del juicio de amparo habrá una omisión legislativa propiamente dicha solo cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. De ahí que, de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. Por esa razón, en el caso, no existe la omisión reclamada a las tres autoridades mencionadas con anterioridad, ya que no hay obligación constitucional que las conmine a proceder en los términos pretendidos por los quejosos; pues por la división de poderes en el Estado Mexicano le compete al órgano legislativo la función creadora de leyes. Al respecto, por lo que hace al gobernador del Estado de Oaxaca, los artículos 50 y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca disponen: "Artículo 50.- La facultad, atribución y derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: I. A los Diputados; II. Al Gobernador del Estado; III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relativo a la Administración de Justicia y Orgánico Judicial; IV. A los Órganos Autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia; V. A los ayuntamientos; y VI. A los ciudadanos del Estado; VII. A los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas". "Artículo 79.- Son facultades del Gobernador: I. Presentar iniciativas de Ley ante la Legislatura del Estado. Podrá presentar con carácter preferente una iniciativa de reforma constitucional y hasta dos iniciativas de ley o de decreto durante los primeros quince días naturales de cada periodo ordinario de sesiones; (.)" A diferencia de esas facultades o competencia de ejercicio potestativo, los artículos 80 y 81 del referido ordenamiento legal establecen las obligaciones del gobernador y aquellas cuestiones que le están prohibidas o que no debe realizar. En tanto que los artículos 34, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y 10, fracción II, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, establecen: "Artículo 34. A la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (...) XIX. Certificar todo tipo de documentos, así como, dar legalidad a todos los actos relativos al despacho de los asuntos del Ejecutivo; - - - - (...)". "Artículo 10. La Secretaría contará con un Secretario, quien dependerá directamente del Gobernador y tendrá las siguientes facultades: - - - - (...) II. Refrendar, para su validez y observancia, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador del Estado promulgue o expida, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política; - - -- - (...)" Como se ve, tampoco existe obligación legal a cargo del secretario General de Gobierno de proceder en los términos reclamados por los quejosos. Y por lo que hace al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca dispone que los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Asimismo, dispone con precisión que tienen derecho a iniciar leyes en las materias de su competencia, en tanto que en el apartado A del mencionado numeral se establece que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es el órgano autónomo del Estado que tiene a cargo la protección y promoción de los derechos humanos en Oaxaca; ya que su objeto es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, en el resto del orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano; la atención, prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia; así como fomentar el respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos del Estado. En tanto que el artículo 13, fracción XII, de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dispone: "Artículo 13.- La Defensoría tendrá las siguientes atribuciones: - - - - (.) XII. Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado en materia de derechos humanos; - - -- (.)". Como se ve, la intelección conjunta de los invocados numerales permite concluir que si bien la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es un organismo de protección de los derechos humanos, lo cierto es que únicamente puede emitir recomendaciones que no son obligatorias y goza de autonomía del Estado, por lo que, aunque puede iniciar leyes en las materias de su competencia, ello es solo un derecho, mas no una obligación constitucional; es decir, una potestad o facultad, pero no un deber legalmente establecido a su cargo. Mismo caso se actualiza en torno a las facultades del gobernador; mientras que el secretario general de gobierno solo participa en el refrendo de una ley. Por ello, se estima que no existe alguna obligación legal o constitucional establecida para participar específicamente en el desarrollo legislativo de una ley en materia de desplazamiento forzado interno para el Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, está justificada la negativa sostenida por 1) el gobernador del Estado de Oaxaca, 2) el secretario general de gobierno y 3) el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, pues de acuerdo a las circunstancias normativas del caso concreto, para que se actualice la obligación de que presenten una iniciativa de ley en materia de desplazamiento forzado interno, es indispensable que ese deber esté previsto como tal en la Constitución Federal; sin embargo, como se anticipó, no existe esa obligación legal o constitucional. Es aplicable la jurisprudencia con registro digital 2018110 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Así como la tesis 1a. XX/2018 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo I, página 1100, registro 2016424, de rubro y texto: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En esas condiciones, ante la inexistencia no desvirtuada de la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio solo por cuanto hace a las tres autoridades precisadas en este considerando. Cuarto. Existencia de la omisión reclamada. La diversa autoridad rindió el informe justificado requerido, en los términos siguientes: Congreso del Estado de Oaxaca, por conducto del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional: NIEGA -fojas 323 a 334-. Dicha autoridad argumentó que no existe omisión de legislar sobre el tema del desplazamiento forzado interno en el Estado de Oaxaca, ya que no existe un mandato constitucional que establezca el deber de las legislaturas locales de legislar al respecto. Así, toda vez que la negativa sostenida por la autoridad responsable se sustenta en la falta de mandato constitucional para legislar en materia de desplazamiento forzado, se estima pertinente abordar ese aspecto como un tema de fondo, con la finalidad de no realizar en este acto un análisis de la constitucionalidad o no de la omisión legislativa. Máxime que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que no existe ley en el Estado de Oaxaca que prevea cuestiones concernientes al desplazamiento forzado interno, que haya sido publicada en el medio de difusión oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, y que esté vigente. Por consiguiente, se encuentra acreditada la existencia de la omisión que impugna la parte quejosa. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; ante ello y en virtud que no existe hipótesis de improcedencia alguna que amerite ser estudiada, por no ser invocada por alguna de las partes o que deba atenderse oficiosamente, procede el análisis de los conceptos de violación. Sexto. Conceptos de violación y precisión sobre la suplencia de la queja. Previo al estudio de los conceptos de violación, resulta necesario destacar que, en el caso, opera la suplencia de la queja deficiente, en toda su amplitud, por actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, en razón de que los quejosos se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio, debido a sus condiciones de pobreza y marginación por ser indígenas triquis y víctimas de desplazamiento forzado de su comunidad de origen; por tanto, se procederá al estudio de fondo supliendo los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía, máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello. Así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Estudio de fondo de la omisión reclamada. Es menester recordar que en este juicio de amparo los quejosos reclaman del Congreso del Estado de Oaxaca la omisión de legislar en torno a un marco jurídico en materia de desplazamiento forzado interno para el Estado de Oaxaca; ello, con la finalidad de que se norme dicho fenómeno y sus consecuencias en la esfera jurídica de los quejosos, en su calidad de indígenas triquis desplazados de su comunidad de origen, como son: la asistencia alimentaria, agua, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, libre circulación, retorno a su comunidad de origen, entre otros. Y de lo expuesto en la demanda de amparo, en estrecha relación con toda la información que obra en este juicio, destacan los antecedentes e información siguiente: Los quejosos se autoadscriben como indígenas triquis, oriundos de diversas comunidades pertenecientes a San Miguel Copala, municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Desde el año dos mil acontecieron actos violentos al interior de San Miguel Copala, Oaxaca, ocasionados por grupos radicales; situación que se agravó con el paso del tiempo hasta que en el año dos mil diez diversas familias -entre ellas la de los quejosos- se desplazaron a la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, instalándose desde ese momento afuera del palacio de gobierno, en el zócalo citadino. ***********, ********** y ********* son hijos de la quejosa ***********. Dichos menores nacieron en los años dos mil cuatro, dos mil catorce y dos mil doce, respectivamente; los dos últimos, posterior al desplazamiento de sus progenitores al municipio de Oaxaca de Juárez. Como se advierte de la información que obra en los cuadernos auxiliares formados con los expedientes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la representación de los intereses de las personas desplazadas se ha ido modificando con el paso de los años. Inicialmente, sus intereses comunes se encontraban representados por una persona u organización y, después, se fue complicando, lo que incluso motivó la separación de expedientes en esa Defensoría. Los quejosos han requerido en múltiples ocasiones la intervención del gobierno del Estado de Oaxaca para obtener una solución ante el fenómeno del desplazamiento; pero desde que se asentaron en la plancha del zócalo oaxaqueño en el año dos mil diez no ha obtenido una solución duradera y definitiva. Únicamente se ha solicitado ocasionalmente asistencia alimentaria a su favor, misma que ha sido negada en diversas ocasiones. Incluso, en el expediente *************** obra un padrón de familias desplazadas, en donde se advierte el nombre de los quejosos, el número de habitantes por familia y el tipo de vivienda en el que habitan. Al menos, hasta el mes de diciembre de dos mil veintidós, los quejosos se encontraban viviendo en el zócalo citadino, frente al palacio de gobierno de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Pese al tiempo transcurrido, no se advierte que exista un plan de retorno de los quejosos a su comunidad de origen. Es por todo lo anterior que los quejosos expresan en los conceptos de violación, sustancialmente, que la autoridad responsable vulnera lo previsto en los artículos 1 y 11 de la Constitución Federal, pues no se ha legislado con la finalidad de instrumentar medidas reales y efectivas para proteger sus derechos fundamentales y garantizarlos, en su calidad de víctimas de desplazamiento forzado e indígenas. De ahí que la actitud omisa de la autoridad responsable contraviene la obligación constitucional que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Incluso, afirma la parte quejosa, la autoridad responsable debe orientar su actuar en términos de los Tratados Internaciones ratificados por el Estado mexicano, la Constitución Federal, el Manual para la Protección de los Desplazados Internos elaborado por la Organización de Naciones Unidas y demás normativa aplicable. Además, alegan que una solución verdadera y duradera debe implicar que los desplazados no tengan más necesidades de asistencia vinculadas al desplazamiento, mediante el retorno sostenible a su lugar de origen, el asentamiento local sostenible en la zona en que se encuentran refugiados o el asentamiento sostenible en un diverso Estado del país, con la finalidad de que puedan disfrutar de los derechos que les han sido privados, como alimentos, agua potable, alojamiento y vivienda básicos, vestimenta adecuada y servicios de salud, esenciales. Los sintetizados conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, porque la omisión reclamada, efectivamente, vulnera múltiples derechos fundamentales de los quejosos, dada la naturaleza del desplazamiento forzado del cual son víctimas, como a continuación se demostrará. En principio, se precisa que los quejosos se autoadscribieron como indígenas triquis originarios de la comunidad de San Miguel Copala, Oaxaca; pueblo indígena que está reconocido como tal en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. Manifestación que es suficiente para estimar que ostentan la calidad de indígenas, ya que el criterio de autoadscripción basado en la conciencia de identidad, es determinante para establecer si una persona tiene o no tal condición, de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como los quejosos aducen ser titulares de un derecho subjetivo, en su calidad de indígenas desplazados, entonces les corresponde reclamar la omisión del Congreso del Estado de Oaxaca, por estimar que el orden jurídico debe prever la protección de sus derechos fundamentales en el caso del desplazamiento forzado, que afecta significativamente a su comunidad de origen; máxime que, para evidenciarlo, obran en el expediente múltiples pruebas de las que destaca la información siguiente: Actas de nacimiento de todos los quejosos, en donde se aprecia como lugares de nacimiento, a saber, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca; San Miguel Copala y Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. La quejosa ************ exhibió copia certificada de su credencial para votar, en las que se aprecia como su domicilio la localidad de Santiago Juxtlahuaca. En el expediente ************ de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, obran padrones de desplazados de San Miguel Copala, Putla, Oaxaca, en los que se precisa que los quejosos y otras personas son desplazados forzados de su comunidad, al menos desde el año dos mil diez. De esa forma, en la especie, se cumplen con las exigencias impuestas por la Constitución Federal, la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al interés legítimo con el que debe acudirse al juicio de amparo. Es así, ya que los quejosos sí se encuentran en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, pues se aprecia una afectación en su esfera jurídica, relacionada con un vínculo existente entre ella y el menoscabo aducido; aunado a que los efectos de una eventual concesión del amparo generarían un beneficio jurídico actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en razón de que se reclama una omisión por parte de las autoridades responsables, los efectos de la concesión se traducirían en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, por lo que, en el caso, el cumplimiento del amparo implicaría ordenar legislar en un tema específico. Con la precisión que la nueva configuración constitucional del juicio de amparo -resultado de la reforma de once de junio de dos mil once- amplió el espectro de protección, de tal manera que es posible proteger derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva o difusa; así, el juicio de amparo que originalmente fue concebido para proteger derechos estrictamente individuales y exclusivos, ahora también puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más compleja en aras de cumplir con la finalidad sustantiva del juicio de amparo: la protección de todos los derechos fundamentales de las personas. Por ello, es perfectamente admisible que, al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional, sin que con ello se actualice alguna vulneración al principio de relatividad. En el caso concreto, se reclama una omisión legislativa al Congreso del Estado de Oaxaca, pues la parte quejosa afirma que le asiste la obligación de legislar sobre el tema del desplazamiento forzado en el Estado de Oaxaca. Respecto al tema de omisiones legislativas, se estima importante destacar que, al resolver la controversia constitucional 14/2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas; las primeras, dijo, se presentan cuando el órgano legislativo no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido; las segundas, ocurren cuando el órgano legislativo ha ejercido su competencia pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Además, en dicho precedente también se distinguió entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, el Tribunal Supremo distinguió cuatro tipos distintos de omisiones legislativas, cuya clasificación fue puntualizada en la tesis jurisprudencial de rubro "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS", a saber: 1) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio: Existen cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y, pese a ello, no lo ha hecho. 2) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio: Existen cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley, y sí lo hace pero de manera incompleta o deficiente. 3) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo: En este supuesto no hay mandato u obligación que le imponga al órgano legislativo expedir una determinada ley, de ahí que simplemente decide no actuar. 4) Relativas en competencias de ejercicio potestativo: En este último supuesto, aun cuando no hay mandato u obligación que le imponga al órgano legislativo expedir una determinada ley, éste decide ejercer esa competencia potestativa para legislar, pero al hacerlo, lo realiza de manera incompleta o deficiente. Bajo ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. De ahí que no es posible abordar las omisiones de ejercicio potestativo, pues solo es procedente el análisis de aquellas omisiones de ejercicio obligatorio, en cualquiera de sus dos modalidades (absolutas o relativas). Dichas consideraciones encuentran sustento -por citar algunos ejemplos-, en la tesis 1a. LVIII/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo II, página 965, registro 2017065, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas. Así como en la jurisprudencia P./J. 2/2022 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, abril de 2022, tomo I, página 9, registro 2024503, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL PODER LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS. (.) Justificación: Una interpretación gramatical, sistemática y teleológica de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución General, así como 1o., fracción I, 61, fracción XXIII, 73, 77 y 113 de la Ley de Amparo, permite sostener que la omisión legislativa en sentido estricto, como especie de un acto de autoridad, no es una inacción o indebido actuar del Poder Legislativo cuya naturaleza, concurrencia e irregularidad constitucional sea autoevidente y pueda ser apreciada de la simple lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Por el contrario, este tipo de omisión surge cuando el Poder Legislativo incumple una obligación constitucional válida de legislar, por lo que para dar lugar a una sentencia estimatoria que implique una orden de legislar, se deben identificar no sólo la existencia del deber de legislar y su incumplimiento, sino también que esa omisión supone una vulneración a los derechos humanos del quejoso. Así, en la etapa de valoración de la admisibilidad del juicio, un Juez no está en condiciones de suponer la viabilidad de dictar una medida legislativa restitutoria de derechos como posible consecuencia de la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, pues para llegar a tal convicción, se presupondría un examen tanto de la pretensión del quejoso como de la normativa aplicable, de la real concurrencia de un deber de legislar a cargo del Poder Legislativo, del incumplimiento de ese deber y de si esa omisión generó o no una afectación a los derechos humanos del quejoso, análisis que sobrepasa la materia de un acuerdo de trámite y que es más bien propio de una sentencia de amparo. Lo anterior, partiendo de la premisa de que a la luz del marco constitucional vigente en materia de amparo, no existe cabida para una interpretación restrictiva del principio de relatividad de las sentencias que tienda a frustrar el propio objeto del medio de control constitucional: la protección de todos los derechos humanos de las personas que acuden con interés jurídico o legítimo a un juicio de amparo". En el caso, la omisión reclamada por la parte quejosa en este juicio de amparo actualiza el supuesto de una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, ya que el Congreso del Estado de Oaxaca sí está conminado constitucionalmente a legislar en materia de desplazamiento de los pueblos indígenas y, aunque lo hizo, existe notoria deficiencia en su legislación. En efecto, el numeral 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece: "Artículo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triques, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales. La ley reglamentaria protegerá a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedente de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen. La ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación étnica y las conductas etnocidas; así como el saqueo cultural en el Estado. Igualmente protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los casos de excepción que pudieran darse, así como las sanciones que procedan con motivo de su contravención. La Ley establecerá los procedimientos que aseguren a los indígenas el acceso efectivo a la protección jurídica que el Estado brinda a todos sus habitantes. (.)" Como se ve, el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución del Estado de Oaxaca sí prevé una obligación a cargo del órgano legislativo estatal de regular lo relativo a los "desplazamientos" de los pueblos indígenas; y no debe perderse de vista que dicho párrafo fue reformado mediante Decreto 258 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el seis de junio de mil novecientos noventa y ocho, en cuyo transitorio segundo se estableció que: "TRANSITORIOS DECRETO No. 258, PPOE 23 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 1998 PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá emitir la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, reglamentario del artículo 16 Constitucional en un plazo que no exceda de quince días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto". Al respecto, si bien el órgano legislativo, efectivamente, emitió la ley reglamentaria del artículo 16 de la Constitución Estatal, y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, lo cierto es que, al menos en el tema de desplazamiento -que es el que se aborda en esta sentencia -hasta la fecha, no se encuentra regulado en su integridad lo mandatado en el texto de la Constitución Estatal, pues ésta dispuso que la ley reglamentaria se ocuparía de la protección a los pueblos y comunidades indígenas contra desplazamientos, determinando derechos, obligaciones y sanciones. Esto es, en el texto constitucional se determinó una obligación amplia a cargo del legislador para ocuparse de la protección de los derechos fundamentales en tratándose de desplazamientos, incluso de obligaciones y sanciones que pudieran surgir en esos casos; pese a ello, la referida ley reglamentaria únicamente dispone, a la fecha, limitadamente, lo siguiente: LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANO DEL ESTADO DE OAXACA (DENOMINACIÓN ACTUAL, VIGENTE) "Artículo 14.- En el Estado de Oaxaca quedan prohibidos los reacomodos y desplazamientos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, excepción hecha de aquellos casos que provengan de las propias necesidades de dichos pueblos y comunidades o se motiven por el orden público. Para el caso de la primera excepción a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, se requerirá que los pueblos y comunidades indígenas justifiquen plenamente, ante los órganos competentes del Estado, la existencia de la necesidad que origina la medida. En caso de contravención a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, se estará a lo previsto en el artículo 16 de esta Ley". "Artículo 16.- Comete el delito de etnocidio y se sancionará con prisión de tres a seis años y multa de doscientos a quinientas unidades de medida de actualización: I.- Al que por cualquier medio atente contra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana a disfrutar, enriquecer y trasmitir su propia cultura y su propia lengua; II.- Al que atente contra la integridad física, salud o reproducción de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana con el propósito de destruirlos total o parcialmente; III.- Al que fomente de manera coercitiva y por medio de la violencia o el engaño la asimilación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana a otras culturas o modos de vida; o motiven su dispersión a través de desplazamientos forzados o separaciones involuntarias de sus familias o de sus territorios". "Artículo 30.- Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como los pueblos diferenciados y a gozar de plenas garantías contra actos de discriminación, violencia, reacomodos o desplazamientos forzados, separación de niñas, niños y adolescentes indígenas o afromexicanos de sus familias y comunidades bajo ningún pretexto.". Por ello, se insiste que el reclamo de la parte quejosa en este juicio de amparo se actualiza en torno a una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, pues aunque el órgano legislativo emitió una ley en acato del mandato legal para hacerlo, lo realizó de manera incompleta y deficiente, debido a que solo existe una simple mención en los numerales 14, 16 y 30 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, pero de modo alguno se legisló sobre la forma de protección a los pueblos indígenas contra los desplazamientos forzados, ni de derechos y obligaciones, como lo indicó en términos amplios la Constitución del Estado. Incluso, el numeral 30 transcrito dispone que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad y a gozar de plenas garantías contra desplazamientos forzados, pero en dicha legislación -o en diversa del Estado de Oaxaca- no existe previsión relacionada con la forma en que ello habrá de garantizarse. Dicha omisión no es menor, por el contrario, reviste suma trascendencia social con un impacto sustancial en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca; como ejemplo, basta mencionar el desplazamiento forzado del que ha sido víctima el pueblo indígena triqui, lo cual es un problema real y vigente, aunque no actual, pues al menos en el caso particular, desde hace más de diez años los quejosos fueron desplazados forzadamente de su comunidad de origen. Dicho fenómeno trasciende por su gravedad y alcances que, similar a la desaparición forzada, ha sido catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una violación continua y múltiple de derechos humanos; en razón de la amplia gama de derechos humanos que afecta o se ponen en riesgo, y que esas violaciones no cesan hasta que culmine la situación de desplazamiento y se garantice la efectiva reparación del daño de las violaciones sufridas por las víctimas. Precisamente, por lo grave de las violaciones a los derechos humanos, en mil novecientos noventa y ocho fueron publicados los Principios Rectores sobre Desplazados Internos de la ONU, que si bien carecen de fuerza vinculatoria, pueden fungir como guía para legislar en materia de desplazamiento forzado interno, pues, inclusive, contienen el concepto reconocido en el ámbito internacional, como se observa de la transcripción siguiente: "(.) se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (.)" Incluso, al resolver el caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte en la misma y, en el caso, la Convención fue adoptada por el Estado Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno. De modo que, con independencia de que el Estado Mexicano no haya sido parte en el litigio que dio origen a dicha consideración, resulta procedente tomar en consideración dicho criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como directriz e, incluso, con fuerza vinculante para la emisión de esta sentencia, pues constituye una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. Ello, en razón del contenido del precepto constitucional que la parte quejosa estima vulnerado, esto es, el numeral 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio pro persona, el cual obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. Sin que pueda pasar desapercibido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293/2011, estableció que los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, tales como aquellos consagrados en la Convención Americana, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, por lo cual se encuentran insertos dentro del orden jurídico nacional; ello, en consonancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de diez de junio de dos mil once. En esa tesitura, el reconocimiento del derecho humano a no ser desplazado forzadamente resulta ser un estándar mínimo que debe tomar en cuenta cada Estado parte del referido tratado y que haya aceptado someterse a la competencia contenciosa de la Corte; lo anterior, con base en la doctrina del control de convencionalidad, por ser una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias. Así, la omisión en que incurre el Congreso del Estado de Oaxaca resulta evidente, pues del mandato establecido en el artículo 16 de la Constitución del Estado de Oaxaca se aprecia que estableció que la ley reglamentaria protegería a los pueblos y comunidades indígenas contra desplazamientos -entendiéndose, obviamente, aplicada esta consideración en lo individual a los integrantes de esos pueblos o comunidades indígenas-; pese a ello, hasta la fecha, en la ley reglamentaria -o al menos en diversa ley- no se prevé siquiera de manera mínima cuáles son los derechos protegidos o las garantías para su protección. En torno a ello, como ya se anticipó, el desplazamiento interno debe ser entendido como una violación continua y múltiple de los derechos humanos y, en razón de esa trascendencia, el Estado debe cumplir con las obligaciones específicas para su respeto, protección y garantía. Para el cumplimiento de estas obligaciones, las autoridades deben abstenerse de afectar de forma directa o indirecta los derechos del grupo poblacional en situación de desplazamiento; y actuar con acciones positivas que remuevan cualquier obstáculo que impida el acceso a los derechos. Razón por la cual, se estima, el Estado -en el caso, por conducto del Congreso estatal- debe legislar en torno a la protección y asistencia para las personas en situación de desplazamiento, con el fin de garantizar el pleno respeto de sus derechos; entre ellos, se pueden citar meramente de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: Igualdad y no discriminación. Previsto en los artículos 1 de la Constitución Federal; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así como en el principio 1 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Circulación y residencia. Contemplado en el artículo 11 de la Constitución Federal; en relación con el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así como en el principio 14 de los Principios Rectores. Integridad personal. Establecido en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, 5 de la Convención Americana y 7 del Pacto Internacional. Protección de la familia, unidad y reunificación familiar. Previsto en los numerales 4 de la Constitución Federal y 17 de la Convención Americana. Derecho a un nivel de vida adecuado. Contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional, en relación con el 4 constitucional, y principio 18 de los Principios Rectores. En este aspecto, es importante hacer notar la integración de este derecho con diversos como el derecho a una vivienda adecuada; ayuda alimentaria; agua y saneamiento. Salud. Previsto en el numeral 4 de la Constitución Federal; principio 19 de los Principios Rectores y artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana. Educación. Establecido en los artículos 3 de la Constitución Federal; 26 de la Convención Americana; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y principio 23 de los Principios Rectores. Medios de subsistencia, trabajo y seguridad social. Considerado en los artículos 5 de la Constitución Federal; 6, 7 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana; principio 22 de los Principios Rectores. Vivienda, tierra y propiedad. Contemplado en los numerales 4, 14 y 27 de la Constitución Federal, en vinculación con el 21 de la Convención Americana; y los principios 7, 9, 19, 21, 28, 29 de los Principios Rectores. Personalidad jurídica y acceso a documentación. Previsto en los preceptos 4 y 16 del Pacto Internacional; 3 y 27 de la Convención Americana; principio 20 de los Principios Rectores. Se precisa que no existe disposición en la ley fundamental que reserve a favor de la Federación alguna competencia para legislar en materia de desplazamiento forzado y, precisamente, del numeral 1 de la Constitución Federal, se advierte que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Incluso, cabe decir que hay cuatro entidades federativas que han legislado sobre el tema del desplazamiento forzado (aun cuando a nivel federal se han elaborado y publicado estudios en la materia, así como iniciativas de ley para la creación de un marco jurídico federal especializado sobre desplazamiento forzado interno); a saber: Chiapas: Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas, aprobada el veintidós de febrero de dos mil doce. Guerrero: Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, aprobada el veintidós de julio de dos mil catorce. Sinaloa: Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, aprobada el veintiuno de agosto de dos mil veinte. Zacatecas: Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el uno de octubre de dos mil veintidós. Disposiciones legales de las que se puede resaltar que definen lo que se entenderá por desplazamiento interno en esos Estados de la República; prevén las prácticas o causas que pueden generar desplazamientos arbitrarios; prevén la necesidad de adoptar medidas y formular políticas para la prevención del desplazamiento interno. De igual forma, dichas leyes estatales reconocen un listado de derechos a favor de las personas desplazadas, incluyendo, por ejemplo, los siguientes: a) a la no discriminación; b) enfoque diferenciado y medidas especiales para personas en situación de vulnerabilidad como personas indígenas, embarazadas, personas con discapacidad, entre otras; c) respeto a su libertad, seguridad, dignidad e integridad; d) libre circulación, identidad y reconocimiento de personalidad jurídica; e) protección de propiedad; f) ser consultados y participar en decisiones que les afecten y recibir información; g) condiciones satisfactorias de vida, incluyendo salud e higiene, seguridad, alimentos, agua, alojamiento, vestido, educación básica obligatoria; trabajo; reunión o asociación pacífica; unión familiar; acceso a la justicia y medios de defensa efectivos y, en su caso, reparación. Además, las mencionadas leyes reconocen las tres soluciones duraderas establecidas en los Principios Rectores, a saber, 1) regreso voluntario, seguro y digno al lugar de residencia habitual; 2) reasentamiento voluntario en otra parte del territorio estatal e 3) integración local. Aunado a que precisan que, una vez alcanzada una solución duradera, se superará la condición de persona desplazada, siempre que se hayan resuelto las necesidades de protección y asistencia y se disfrute de todos los derechos. Incluso, para determinar lo anterior, las leyes de los Estados de Guerrero, Chiapas y Zacatecas establecen criterios para identificar la superación de la condición de desplazado, entre los que se encuentran la seguridad, condiciones dignas de vida, mecanismos de restitución de vivienda, documentación, reunificación familiar y acceso a la justicia. A mayor abundamiento de lo expuesto hasta ahora, cabe apuntar que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado cuenta de la gravedad de la problemática del desplazamiento forzado, precisamente, en este Estado de Oaxaca, pues es identificada como una de las entidades donde más casos de desplazamientos han acontecido, conjuntamente con el Estado de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. Razón por la cual la Comisión apuntó que observa con preocupación que el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado ni analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo a la respuesta integral que debe dársele a este fenómeno. Por ello, es preocupante que se minimice o ignore un problema tan grave como es el desplazamiento forzado, siendo notoria la postura omisa de la autoridad responsable, a pesar de las obligaciones que consagra el artículo primero constitucional, y que, además, el numeral 11 de la Carta Magna reconoce el derecho de todas las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado mexicano de libre tránsito y libertad de residencia, por lo cual es inconcuso que ambos derechos suponen que no se debe obligar a ninguna persona a transitar, salir, entrar o residir en un sitio específico del territorio. Entonces, el Congreso del Estado está obligado a subsanar aquellas omisiones jurídicas que impiden la materialización de una protección efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en casos de desplazamientos forzados; incluso, se considera que es una deuda que el Estado tiene, específicamente, con el pueblo triqui, que ha sufrido por más de una década la indiferencia hacia sus más básicas necesidades y derechos fundamentales. Tan es así que, con motivo del desplazamiento forzado a consecuencia de repetidos ataques violentos en la población indígena de San Juan Copala, Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares ************ el siete de octubre de dos mil diez; en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México -fojas 357 a 409- emitió la recomendación ********; mismas que si bien [como lo informó la directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno -foja 144, 145 reverso-] fueron emitidas a favor de ciudadanos de San Juan Copala, Oaxaca, que es una comunidad diferente a la cual se autoadscribieron los quejosos (San Miguel Copala); lo cierto es que la sola existencia de esas medidas constituye, sin duda, una prueba de la problemática generalizada de desplazamiento forzado que se vive en esa zona indígena del Estado de Oaxaca; lo que, evidentemente, implica una necesidad urgente de legislar sobre el tema, y deja constancia precisa de la deuda social que el Estado Oaxaqueño no ha saldado, pese a más de una década de los acontecimientos que le dieron origen a los desplazamientos iniciales. Por todo lo expuesto, son esencialmente fundados y suficientes, suplidos en su deficiencia, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; debido a la omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio en que incurre el Congreso del Estado de Oaxaca, al no legislar de manera completa e integral el fenómeno del desplazamiento forzado de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca; vulnerando con ello los derechos fundamentales de los quejosos previstos en los artículos 1° y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°, 2°, 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ************** y ***************, por propio derecho, y esta última en representación de los menores de iniciales ***********, ******** y *********** Octavo. Efectos de la protección constitucional. En las condiciones relatadas, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos transgredidos, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que surta efectos la notificación del auto por el que se le comunique que causó ejecutoria esta sentencia, el Congreso del Estado de Oaxaca deberá proceder como sigue: Legisle en materia de desplazamiento forzado interno en el Estado de Oaxaca, debiendo abordar de manera completa e integral los derechos, obligaciones y sanciones que correspondan, con base en los lineamientos establecidos en esta sentencia, para garantizar la protección de los quejosos desplazados, en temas como: la carencia de asistencia alimentaria, agua potable, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, libre circulación, retorno a su comunidad de origen, entre otros. Con la precisión que lo anterior no impide al Congreso del Estado de Oaxaca, dentro de sus facultades legales, legislar en materia de desplazamiento forzado en la propia ley reglamentaria del artículo 16 de la Constitución del Estado o incluso en diverso ordenamiento. Noveno. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ************** y *************, por propio derecho, y esta última en representación de los menores de iniciales *********, ********** y **********, contra el acto reclamado al 1° gobernador del Estado de Oaxaca, 2° secretario general de gobierno y 3° defensor de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, consistente en la omisión de intervenir en el desarrollo de un marco jurídico especializado en materia de desplazamiento forzado interno para el Estado de Oaxaca; es decir, que actúen dentro del ámbito de su respectiva competencia en el proceso legislativo para presentar la iniciativa de ley con la finalidad de que se legisle sobre el desplazamiento forzado interno en el Estado de Oaxaca y sus consecuencias directas en la esfera jurídica de los quejosos desplazados; ello, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a ************ y ***********, por propio derecho, y esta última en representación de los menores de iniciales *********, *********** y ************, contra el acto reclamado al 4°) Congreso del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de intervenir en el desarrollo de un marco jurídico en materia de desplazamiento forzado interno para el Estado de Oaxaca; es decir, que actúe en el ámbito de su respectiva competencia en el proceso legislativo sobre el desplazamiento forzado interno en el Estado de Oaxaca y sus consecuencias directas en la esfera jurídica de los referidos quejosos desplazados, como son: la carencia de asistencia alimentaria, agua potable, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, libre circulación, retorno a su comunidad de origen, entre otros. Lo anterior, por las consideraciones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el diverso considerando octavo de la misma. Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional. Conste
- Principal
SE NOTIFICAN DOS ACUERDOS... PRAL 189/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de cinco de junio del año en curso se tuvo al encargado del despacho de la Dirección de lo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, residente en la ciudad de México remitiendo copia certificada de la recomendación ***************. 2. Vista a la parte quejosa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido de esa documental, se ordena al actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, le notifique personalmente el referido acuerdo de cinco de junio último. 3. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con dos minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. 4. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite; con excepción de las partes procesales a quienes deban notificarse vía electrónica o interconexión. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Número de expediente: 189/2023 Acuerdo: PRAL. 189/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese un oficio del encargado del despacho de la Dirección de lo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, residente en la ciudad de México, mediante el que, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de veinticuatro de abril del año en curso, remite copia certificada de la recomendación ********************; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- César Eduardo o Eduardo Córdova Navarro646/2020
- Cesar Elías Monjaraz Aurelio936/2017
- César Eloy Antonio Trinidad30/2018
- César Guadalupe López Vásquez853/2018
- César Guerrero Munguía1285/2021
- César Hernández Alavez(Representante común) y Otros.679/2018
- César Humberto Vázquez Chimbo1085/2022
- Cesar Iván Rodríguez Pérez591/2022
- César Jonathan López Martínez165/2022
- César José Palacios Schiller1174/2017
- César León Martínez111/2021
- César Leonardo Manzano Morales o César Manzano Morales y Otros.1093/2017