César Iván Cedillo Velázquez

Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • César Iván Cedillo Velázquez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1024/2023-I y su acumulado 1044/2023-I, promovido por ********************, en contra de actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda del juicio de amparo 1024/2023-I. Mediante escrito presentado, el tres de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, (.). EJECUTORAS. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", (.). IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: - DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RESPONSABLE Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos que reclamo de la autoridad responsable en su carácter de ordenadora, lo son los que hacen consistir en LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, QUE IMPONE AL SUSCRITO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, DENTRO DE LOS AUTOS DE LA CAUSA DE CONTROL 204/2023 Y LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EN LA FECHA DE SU EMISIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA. En la determinación judicial que por este juicio de garantías se combate, existen unas flagrantes omisiones de exhaustividad, claridad, congruencia, falta de principio de concentración y principalmente de una debida fundamentación y motivación, en virtud de que me tienen privado de manera injustificada de mi libertad SIN QUE EXISTA FUNDAMENTO PARA ELLO y se sigue una investigación en mi contra por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, determinación que fue emitida de una manera fuera de todo fundamento y legalidad. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS, reclamo el cumplimiento material y jurídico que le brinda a la determinación judicial combatida, en la que se confirma la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada (necesaria). Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, apartado B, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1.1. Admisión. En acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 2. Presentación de la demanda del juicio de amparo 1044/2023-I. Mediante escrito presentado, el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, (.). EJECUTORAS. DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", (.). IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: - DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RESPONSABLE Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el acto que reclamo de la autoridad responsable en su carácter de ordenadora, SON AQUELLOS ACTOS JURÍDICOS CONTENIDOS DENTRO DE LA CAUSA DE CONTROL NÚMERO 204/2023 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, y son los siguientes: LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE SE HACE CONSISTIR EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EMITIDO EN NUESTRA CONTRA POR PARTE DEL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, LA CUAL FUE EMITIDA EN FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE FUERON NOTIFICADOS AL HOY QUEJOSO EN LA MISMA DATA EN LA QUE SE PRONUNCIARON, YA QUE ESTAS SE EMITIERON EN AUDIENCIA PÚBLICA. En las determinaciones judiciales que por este juicio de garantías se combaten, existe una flagrante omisión en cuanto a la exhaustividad, claridad, congruencia y principalmente de una debida motivación, en virtud de que al calificarse de legal la detención del hoy quejoso, y siguiendo ese esquema se dicta una resolución que me impone como medida cautelar personal no restrictiva de la libertad (pero que al no materializarse nos tiene privados de nuestra libertad a todos los involucrados), y posteriormente emitirse la determinación judicial que me vincula a proceso, se me tiene por consecuencia bajo una investigación en mi contra por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adscrito a los Juzgados de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, determinaciones que fueron resueltas de una manera fuera de todo fundamento y legalidad. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS, reclamo el cumplimiento material y jurídico que le han brindado a la determinación judicial combatida, la cual consiste en el auto de vinculación a proceso (.). Actos reclamados que el promovente del amparo señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, apartado B, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.1 Admisión. En acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Acumulación de autos. En acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se acumuló el juicio de amparo 1044/2023-I al diverso 1024/2023-I. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, al tenor del acta correspondiente; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que los actos que se reclaman fueron dictados por una autoridad judicial de carácter penal, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito tiene competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. El auto de vinculación a proceso de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa de control 204/2023. 2. La determinación dictada el nueve de junio de dos mil veintitrés, en la causa de control 204/2023, en la que se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el subdirector del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, de manera respectiva. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad ordenadora, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 204/2023, en formato DVD constancias a la que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por tratarse de una actuación judicial. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis de jurisprudencia 1a./J.43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por identidad jurídica, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, de título: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, al no existir motivo de improcedencia alegado por las partes, o advertido de oficio por este juzgador, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, con el rubro y texto que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Suplencia de la queja. Dado que el ahora quejoso tiene la calidad de imputado en la causa penal de origen, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se procederá, en su caso, a suplir la deficiencia en los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 9, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." SÉPTIMO. Estudio. Resultan infundados e inatendibles los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, por las razones que a continuación se exponen. En razón de método, dado que se reclaman diversos actos, el estudio de éstos se hará en este mismo considerando, pero en diversos apartados; primero sobre el auto de vinculación a proceso, y después respecto a la medida cautelar; para lo cual, conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo, algunos se examinaran de manera individual, y otros en su conjunto o por grupos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. a) Análisis sobre el auto de vinculación a proceso. Cabe señalar que lo requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso, están previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 311, 312, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso, podrá prorrogarse a petición del indiciado, en la forma que señala la ley. (...)." Artículo 113. Derechos del imputado (.) IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; (.) XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; (.) Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. (.) Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Contextos normativos que, conforme a su interpretación sistemática y armónica, permiten advertir que los requisitos procesales para dictar auto de vinculación a proceso, son: i) que el inculpado esté asistido de defensor, se le hagan saber sus derechos fundamentales o se verifique que los conoce; ii) que el Ministerio Público haya formulado imputación, haciendo del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; iii) que el imputado haya tenido la oportunidad de contestar el cargo que se le atribuye, rendir su declaración o manifestar su deseo de no hacerlo; iv) que la fiscalía haya solicitado la vinculación a proceso; y v) que la decisión de la situación jurídica sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa o el inculpado hubiesen solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el juez de control, verificando que éste se haya desahogado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, de rubro y texto siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." También, de los preceptos constitucionales y legales referidos, se desprenden como requisitos formales para el dictado del auto de vinculación a proceso, que éste contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Estos requisitos de forma, en modo alguno se contraponen al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los actos de molestia deben constar por escrito y provenir de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; pues, en realidad, dicha disposición complementa los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional, toda vez que en términos de la reforma al artículo 16 indicado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento a la garantía de legalidad contenida en el citado precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Materias Constitucional y Penal, página 125, con el rubro y texto que a la letra dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.". Y finalmente, de los preceptos constitucionales y legales ya trascritos, se obtienen como requisitos de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso, que: 1) los antecedentes de la investigación realizada evidencien datos suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y 2) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Establecido lo anterior, es oportuno ahora resaltar que de las constancias remitidas por el Juez responsable, se aprecia que derivado de la reposición de procedimiento ordenada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, México, en el toca de apelación 135/2023, se llevó a cabo el inicio de la audiencia de formulación de imputación, a través de la cual el Ministerio Público formuló imputación en contra del imputado ahora quejoso; haciendo de su conocimiento que se le atribuían los ilícitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido en medio de transporte público de pasajeros con violencia, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracción I, inciso b, fracción XVIII, incisos a y b, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d, del Código Penal del Estado de México, en agravio de Juan Villegas Reyes, Erika Solano Jiménez y la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca, representado por su apoderado legal Ernesto Alberto Reyes Rodríguez, y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión con fines de suministro aún de manera gratuita del psicotrópico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 234, 235, 237, 473, fracciones V y VI, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los numerales 6, 7 y 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c, del Código Penal del Estado de México, en agravio de la salud pública (Minuto 03:37 del segundo video de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés). Estos ilícitos por los cuales el Juez responsable resolvió la situación jurídica del ahora quejoso, dictando en su contra auto de vinculación a proceso, con la precisión que respecto al último ilícito, el Juez responsable determinó su reclasificación jurídica, para quedar como contra la salud en su modalidad de narcomenudeo hipótesis de posesión simple, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V y VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y IV y 11, fracción I, inciso c, del Código Penal del Estado de México (Minuto 01:38:08 del quinto video de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés). Y para tal efecto, se precisó, esencialmente, como hecho circunstanciado que: "Aproximadamente a las veintiún horas del uno de febrero de dos mil veintitrés, la víctima Juan Villegas Reyes, conductor de la empresa Autotransportes Urbanos Toluca, que tenía a su cargo un camión de la marca Mercedes Benz, color blanco con número económico 156 con placas A53458E del servicio público de pasajeros, teniendo ruta de San Felipe Tlalmimilolpan al municipio de Metepec, por la cual estando prestando el servicio, y en específico, en su última vuelta, minutos antes se había puesto en contacto con su esposa la otra víctima Erika Solano Jiménez, con la que se había quedado de ver en la terminal, para pasar por ella y al terminar la ruta, regresar a su casa juntos; por lo cual pasó por su esposa y esta sube al camión y tomó un asiento de la fila primera del lado derecho y al ir circulando sobre avenida paseo Tollocan baja velocidad esquina con calle Comonfort, momento en el que José y Gerardo de apellidos Herrera Hernández, le hacen la parada al camión, quienes vestían un chaleco de color naranja similares a los que portan los trabajadores del personal de carreteras, sube primero José y se queda a un costado de conductor y Gerardo pasa a la altura media del autobús, siguen el recorrido y siendo aproximadamente las veintiún horas con veinticinco minutos, José Herrera Hernández saca de entre sus ropas a la altura de la cintura, una pistola tipo revólver calibre 38 especial de color negro, con cachas negras, y en ese momento se la coloca a la altura de sien del conductor diciéndole "cuidado y te pases de pendejo, solo haz lo que te digo, y no te va a pasar nada" ordenándole que apagará las luces del interior del camión, comenzando a tomar billetes y monedas de diferentes denominaciones de la marimba, refiriéndole "no le hagas al héroe y saca todo el dinero que traigas" momento en el que Gerardo comienza a desapoderar de las pertenencias a los pasajeros con ayuda de un cuchillo de cocina tipo cebollero, el cual cuenta con una hoja metálica de aproximadamente dieciocho centímetros de longitud y un mango de plástico que tenía enredada cinta canela, con el cual se estuvo amagando a las personas a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias; enseguida José Herrera le solicita al conductor que detenga la marcha, esto sobre mismo Paseo Tollocan esquina con Camino Viejo a Metepec, en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca, Estado de México, tomando en consideración que ahí los estaba esperando una tercera persona, siendo Cesar Iván Cedillo Velázquez, quien al detenerse el autobús, sube a las escaleras y les indica a los pasajeros que no se hicieran pendejos y entregaran las pertenencias; momento en el que José comienza a esculcar al chofer y le saca de la bolsa delantera de la camisa, la cantidad de doscientos pesos, para posteriormente Gerardo se acerca a la esposa de la víctima siendo Erika Solano Jiménez a quien amaga con el cuchillo, desapoderándola de un porta credencial, color negro, donde llevaba cien pesos y una tarjeta religiosa, circunstancia por lo cual Cesar Iván Cedillo Velázquez, se percata que venía una patrulla diciéndole "muévanse en chinga, ahí viene la chota", por lo que los tres bajan del vehículo, pero en ese momento baja un pasajero y le indica a uno de los policías que los estaban asaltando, por lo que el oficial le indicó a sus compañeros que había un robo en proceso y corre hacia el camino viejo a Metepec, donde los activos tenían estacionado un vehículo Chrysler tipo 200, color blanco, placas MVU-61-26 del Estado de México y cuando los activos corrían hacia ese vehículo, momento en el que el oficial con su arma de cargo les marca el alto y escucha una voz femenina que eran los tres sujetos que momentos previos los estaban asaltando, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a bordo de la unidad marcada con el número 24217 les cierran el paso y por tal circunstancia los abordan los oficiales Jorge Reyes Domínguez, Ricardo Hernández Díaz, Oscar Narciso Teófilo y Eladio Guadalupe Santana Abundio; siendo Jorge Reyes Domínguez, quien se les acerca y les indica el señalamiento que había en su contra y les solicitó una inspección, éste aborda en primer término a Cesar Iván Cedillo Velázquez, quien estaba en el asiento del conductor y al bajarlo le es localizado en la bolsa del pantalón, una bolsa de plástico tipo Ziploc que en su interior contiene 20 envoltorios de plástico transparente con polvo blanco que a la postre se supo es cocaína con un peso de 2.50 gramos; además un teléfono de la marca iPhone de color negro y uno marca Zengua color azul metálico; circunstancia por lo cual, el oficial Ricardo Hernández Díaz, aborda a José Herrera Hernández, quien estaba en el asiento trasero derecho del vehículo y empezaba a ocultar un objeto que traía a la altura de la cintura, le hace una inspección y le encuentra en el lado derecho de la cintura un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial de color negro, abastecida con seis tiros de la marca Águila, calibre 38 especial; asimismo en las bolsas de su chamarra le encontraron mil quinientos pesos que traía en veinticinco monedas de diez pesos, cincuenta monedas de cinco pesos, tres billetes de cien pesos, veinte billetes de cincuenta pesos y cinco billetes de veinte pesos y se le localiza un chaleco de malla de color naranja con reflejante de color gris y Gerardo Herrera Hernández, quien iba en el asiento del copiloto, fue abordado por el oficial Oscar Narciso Teófilo, quien a la altura del piso se localizaba el cuchillo tipo cebollero con hoja metálica y mango roto enrollado con cinta canela, además de una cartera de color negro con un billete de doscientos pesos y un dólar, así como un porta credencial de color negro, con un billete de cien pesos, y una imagen religiosa, en su bolsa izquierda de su pantalón un celular de la marca HUAWEI color azul metálico, un celular de la marca SENWA color naranja y un celular marca I-MOVIL color negro con vivos verdes y un chaleco marca truper de color naranja con vivos en color gris; por lo que se acercan los oficiales al camión y en ese momento se identifica del señor Juan Villegas Reyes como el conductor de dicho vehículo, en ese momento hace el señalamiento firme y directo en su contra, que ustedes eran las personas que las acababan de asaltar, inclusive reconocen la pistola y el cuchillo, instrumentos con los cuales los amagaron, también reconoce el numerario e indica que a su esposa la habían asaltado, inclusive reconoce el porta credencial que contenía cien pesos y la imagen religiosa; circunstancia por la cual, siendo las veintiuna horas con treinta y cinco minutos proceden a su detención, les hacen saber sus derechos y también registran su detención ante el registro nacional de detenciones.." Sobre esta guisa, en contra de lo alegado por los promoventes del amparo, en el sentido de que se vulneró en su perjuicio los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, se obtiene que el acto reclamado satisface los requisitos procesales que se exigen para su dictado, en tanto que, como se precisó en párrafos precedentes, se formuló la imputación, en la que se le hizo del conocimiento del imputado ahora quejoso los hechos delictivos que se le atribuyen, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; también se aprecia, de las videograbaciones revisadas, que durante la audiencia inicial de formulación de imputación y en la continuación de la misma (de nueve y catorce de junio de dos mil veintitrés), el ahora quejoso estuvo asistido de sus defensores particulares, de nombres Alexander Becerril Salazar, Luis Alberto Reyes Tenorio y José Antonio Martínez Orive, quienes fueron libremente elegidos por aquél para que lo representaran legalmente, quienes una vez individualizados, aceptaron y protestaron el cargo conferido (Minuto 06:32 del primer video de la audiencia de siete de junio de dos mil veintitrés); incluso, el Juez responsable hizo saber al ahora quejoso sus derechos, en términos de los artículos 20, apartado B, de la Constitución Federal, y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, se observa que se dio al imputado ahora quejoso la oportunidad de contestar el cargo que le imputaba la representación social, reservándose en ese momento su deseo hacerlo, lo cual confirmó su defensa particular (minuto 00:30 del tercer video de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés), aunque en la audiencia de continuación de audiencia inicial manifestó su deseo de declarar y así lo hizo; igualmente se obtiene que la fiscalía solicitó la vinculación a proceso, después de formulada la imputación del hecho que le atribuyó al imputado ahora quejoso, este decidió que se resolviera su situación jurídica dentro de ciento cuarenta y cuatro horas (Minuto 44:48 del tercer video de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés), por lo que el auto de vinculación a proceso se dictó en el tiempo exigido constitucionalmente, pues se resolvió de manera oportuna a la diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés (Minuto 02:05:00 del quinto video de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés), esto es, dentro del plazo que al efecto contempla el artículo 19 de la Constitución Federal. De igual forma, contrario a lo que afirman los promoventes del amparo, en el sentido de que no se fundó ni motivó correctamente la resolución reclamada, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal; debe apuntarse que los requisitos formales del acto materia del reclamo, también se consideran satisfechos, porque el Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, estableció los motivos por los cuales estimó satisfechos los requisitos de fondo, para emitir el citado auto reclamado, destacando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos imputados al ahora quejoso, conforme al contenido del numeral 16 de la Norma Fundamental, y a los principios rectores del procedimiento oral contenidos en el Capítulo I, Título II, Libro Primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, cumpliendo lo relativo al principio de exhaustividad, la autoridad responsable también atendió de manera pormenorizada los argumentos expuestos en el debate, por la defensa particular del ahora quejoso para que no se le dictara a éste, auto de vinculación a proceso, aunque no a favor de sus intereses; sin embargo, también explicó a la defensa, porque a su consideración no le asistía la razón. Con lo cual, adverso a lo aseverado por el promovente del amparo, se observa que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento penal y el debido proceso legal, conforme a las leyes exactamente aplicables al caso concreto. En cuanto a los requisitos de fondo, conviene primero apuntar que, en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que debe atender a la exposición que de ellos realizan el Ministerio Público al formular la imputación, o la defensa en uso del derecho de réplica; de tal manera que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, no se requiere realizar un juicio de tipicidad como lo pretenden hacer valer los solicitantes del amparo, sino que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal -mediante un ejercicio argumentativo simple-, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencial 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Luego, como lo señaló la fiscalía, y así lo estimó con acierto el Juez responsable, se advierte como datos de prueba que el Ministerio Público presentó para sustentar la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso en contra del imputado de que se trata, incluso de sus argumentos vinculatorios, los siguientes: 1. Entrevista de la víctima Juan Villegas Reyes, quien es conductor de la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca, el cual tiene un horario de labores de cinco de la mañana a veintidós horas, lo cual indica que para hacerse cargo de sus labores, tiene a cargo un vehículo tipo camión de la marca Mercedes Benz, color blanco, con número económico 156, con placas de circulación A53458E pertenecientes al servicio público de pasajeros y que su ruta es salir de San Felipe Tlalmimilolpan con dirección hacia Metepec, circunstancia por la cual siendo aproximadamente las veintiún horas del uno de febrero de dos mil veintitrés, al estar realizando la última vuelta con dirección a Metepec, tiene pláticas vía telefónica con su esposa, indicándole que si la podía ver en la terminal de autobuses para pasar por ella, acabar la vuelta y trasladarse a su casa, circunstancia por la cual, pasó por su esposa, siendo esta la víctima de nombre Erika Solano Jiménez, la cual al subirse al camión toma asiento del lado derecho en la primera fila y en ese momento refiere el conductor que sigue con dicho servicio, por lo cual al ir por Paseo Tollocan esquina Ignacio Comonfort, le hacen la parada, dos masculinos, los cuales iban vestidos con chalecos de color naranja como los que portan los trabajadores de carreteras, y en ese momento se suben y se puede percatar que uno de ellos, siendo quien responde al nombre de José Herrera Hernández se queda a un costado de él y el segundo sujeto, el cual sabe hasta su entrevista que responde al nombre de Gerardo Herrera Hernández, se pasa a la mitad de dicho camión, circunstancia por la cual siguen con la ruta y es como en ese momento, siendo aproximadamente las veintiún horas con veinticinco minutos de la misma fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, el sujeto que iba a un costado de él, en ese momento de sus ropas saca un artefacto tipo pistola, siendo un revolver color negro y en ese momento se la coloca a la altura de la cabeza y le dice "cuidado y te pases de pendejo solo has lo que te digo y no te va a pasar nada", inclusive indica que le ordena apagar las luces del interior del camión y es en ese momento cuando comienza dicho sujeto a tomar billetes y monedas de diferentes denominaciones de la marimba y le indica nuevamente, no te hagas el héroe saca todo lo que traigas, por lo cual en ese momento se puede percatar que el segundo sujeto el cual venía a la altura media de dicho camión, en ese momento empieza a amagar a los pasajeros con un cuchillo por lo cual posterior a ello, en ese momento el que venía a un costado de él le indica en ese momento que detuviera su unidad y es cuando se detiene la unidad se puede percatar de la presencia de un tercer sujeto, el cual estaba en dicho lugar, siendo esto sobre Paseo Tollocan esquina con camino viejo hacia Metepec, y en ese momento es como a la altura del Modelorama detiene la marcha y se percata de la presencia de un tercer sujeto, el cual sube a las escaleras del camión y en ese momento les indica no se hagan pendejos y saquen todo lo que traigan, en ese momento, también el señor que portaba la pistola en su mano, en ese momento comienza a esculcarlo y le mete la mano a su bolsa delantera de su camisa y en ese momento le sustrae la cantidad de doscientos pesos, siendo cuatro billetes de la denominación de doscientos pesos, posteriormente, también se puede percatar que el segundo sujeto, el cual portaba el cuchillo se acercó a su esposa, y la comienza amagar con el cuchillo desapoderándola de su porta credencial, y en ese momento, el sujeto les indica a sus acompañantes, que se muevan en chinga ya que venía la chota, circunstancia por la cual, de manera inmediata bajan dichos sujetos y comienzan a caminar hacia lo que es Camino Viejo a Metepec, y en ese momento se puede percatar de la presencia policiaca, siendo que se puede percatar de las luces de la policía y la presencia de un policía (sic), asimismo, se puede escuchar como su esposa le grita al oficial que eran las tres personas que los acababan de asaltar, circunstancia por el cual él se puede percatar de como a los inculpados, los detienen a bordo de un vehículo que estaba estacionado sobre camino viejo a Metepec, y en ese momento les localizan sus pertenencias y las armas con las que momentos precios los habían amagado, e inclusive refiere como el oficial se acerca a su persona y en ese momento al poner a la visa los instrumentos y los objetos, él los reconoce igualmente a las personas que los habían desapoderado de sus pertenencias. 2. Entrevista de Erika Solano Jiménez, la cual también es víctima quien indica en la parte medular que su esposo es operador de Autotransportes Urbanos de Toluca, e indica que al salir de su trabajo se contacta con su esposo indicándole si se podían ver para dar la última vuelta y así al acabar el servicio que presta irse a su casa, por lo cual se quedan de ver a las veintiún horas del uno de febrero de dos mil veintitrés en la terminal, circunstancia por la cual observa a su esposo, sube al camión y se sienta en la primera fila del lado derecho, en ese momento comienza a platicar con su esposo del evento del día e inclusive indica que al llegar a Comonfort sobre Paseo Tollocan, se percata que le hacen la parada a su esposo dos sujetos que venían vestidos de color naranja, y refiere como uno de los sujetos se queda al lado de su esposo y el otro se pasa a la etapa media de dicho camión y al seguir con la circulación se percata que el sujeto que venía al lado de su esposo, saca una pistola grande a la altura de su cabeza y le comienza a decir palabras altisonantes y le empieza a robar el dinero de su marimba, siendo monedas y billetes de diferentes denominaciones, asimismo se percata que esa persona le indica que apagara las luces de ese vehículo y se percata que el segundo sujeto comienza a amagar a los pasajeros para desapoderarlos de sus pertenencias, incluso refiere que a un pasajero joven lo desapodera de su celular y su cartera de color negro, posteriormente se percata como el sujeto que estaba amagando a su esposo le saca dinero de su bolsa de su camisa y le solicita que se detuviera, esto a la altura del Modelorama sobre Paseo Tollocan esquina con camino viejo hacia Metepec, y en ese momento se percata como en el lugar se encontraba un tercer sujeto, mismo que sube a la altura de las escaleras y les dice a todos que no se hicieran pendejos y que entregaran sus pertenencias, momento en el cual el segundo sujeto quien portaba el cuchillo en su mano derecha se acerca a su persona y en ese momento a ella la empieza a amagar con el cuchillo y de su bolsa derecha de su suéter color blanco, le saca un porta credencial, color negro el cual en su interior contenía un billete de cien pesos y una imagen religiosa, por lo cual en ese momento el tercer sujeto que estaba en las escaleras les grita a sus acompañantes "muévanse en chinga ya viene la chota", inclusive ella refiere como ve las luces de la patrulla y en ese momento es como se percata que los sujetos bajan van corriendo hacia el camino de terracería que es camino viejo a Metepec, y se suben a un vehículo de color blanco y es cuando ve pasar al policía y ella refiere gritar "deténganlos son los sujetos que nos acaban de robar", por lo que refiere como observa que detienen a estas personas y al momento de detenerlos ella y su esposa se acercan y hacen el señalamiento firme y directo en contra de los tres sujetos que posteriormente indicaron llamarse ********************, José Herrera Hernández y Gerardo Herrera Hernández, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con violencia. 3. Entrevista del primer respondiente, siendo el oficial Jorge Reyes Domínguez, el cual en la parte medular hace referencia que siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, al estar circulando a bordo de la unidad 24217 esto sobre avenida Paseo Tollocan en la colonia de Santa Ana Tlapaltitlán, en el municipio de Toluca, Estado de México, en compañía de los oficiales Ricardo Hernández Díaz, Oscar Narciso Teófilo, Eladio Guadalupe Santana Abundio, quien era el conductor de dicha unidad, se pueden percatar que a un costado de la carretera estaba estacionado un vehículo de transporte público de pasajeros de los Autotransportes Urbanos de Toluca, momento en el cual se le hizo sospechoso ya que en ese momento podía solicitar alguna ayuda su conductor, por lo cual detienen su marcha, desciende de su unidad el oficial remitente, y en ese momento se percata que de la puerta trasera de dicho camión, se baja un masculino indicándole que los estaban asaltando, e inclusive los sujetos iban bajando en la puerta delantera de dicho vehículo, por lo cual les grita a sus compañeros que había un robo en proceso, circunstancia por la cual él corre, con dirección a Camino Viejo a Metepec, donde se puede percatar que tres sujetos estaban abordando un vehículo de color blanco, y en ese comento desenfunda su arma y mediante protocolos de seguridad les marca el alto, asimismo, su compañero Eladio con la unidad les marca el alto, y en ese momento es como él se acerca a dicho vehículo y les indica a esas personas que existen señalamientos en su contra por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo, e inclusive refiere que al momento posterior que hace contacto con el primer masculino, del interior del vehículo, en ese momento escucha una voz femenina que le indica que son los tres sujetos que abordan el vehículo nos acaban de asaltar, circunstancia por la cual el comienza a correr detrás de estas personas y se puede percatar como dichos sujetos suben a dicho vehículo y al momento de acercarse se identifica como elemento de la Secretaria de Seguridad del Estado de México y les indica que existe un señalamiento en su contra y que por tal circunstancia, debía practicarles una inspección, por lo cual el aborda al conductor, siendo el sujeto que responde al nombre de ********************, a quien se le localiza en su bolsa derecha de su pantalón, una bolsa de plástico transparente tipo ziploc, que en su interior contenía veinte envoltorios de plástico transparente con polvo color blanco, asimismo, refiere que en su bolsa izquierda se le localizó un teléfono celular de la marca (inaudible) de color azul y un teléfono de la marca iphone de color negro, circunstancia por la cual observa que su compañero Ricardo Hernández Díaz, aborda al sujeto que venía en la parte trasera del vehículo, el cual en ese momento, indica que su compañero grita que había un arma de fuego, inclusive toman protocolos de seguridad, por lo que al sujeto que a la postre supo se llama José Herrera Hernández se le localizó un arma de calibre 38 especial, de color negra, que tenía abastecidos seis cartuchos de la marca águila y también a dicha persona se le localizan mil quinientos pesos, y un chaleco de malla de color naranja, con reflejantes de color verde; por ultimo también se percató que su compañero Oscar Narciso Teófilo aborda al conductor (sic) quien dijo llamarse Gerardo Herrera Hernández, el cual a dicha persona a la altura del piso de dicho vehículo, se le pudo localizar un cuchillo tipo cebollero, que cuenta con una hoja metálica de dieciocho centímetros y un mango roto de plástico enrollado con cinta canela, y a dicha persona también se le pudo localizar una cartera de color negro en su bolsa delantera derecha de su pantalón, el cual contenía un billete de la denominación de doscientos pesos y un dólar, asimismo, un porta credencial de color negro con un billete de cien pesos y una imagen religiosa, y de su chamarra se pudo localizar tres teléfonos celulares de la marca Huawei, (inaudible) e i-mobile, por último a esta persona también se le localizo un chaleco marca trupper de color naranja; circunstancia por la cual refiere como los oficiales se acercan al camión y hacen contacto con Juan Villegas Reyes, el cual indicó ser el conductor de dicho vehículo, quien identifica a las tres personas como sus agresores que momentos previos lo habían asaltado, y habían utilizado un arma de fuego y un cuchillo, los cuales al ponérselos a la vista los reconoce, y reconoce también el numerario e indica que a su esposa también la habían asaltado siendo esta Erika Solano Jiménez, por lo cual siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta y cinco minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, realiza la detención de ********************, su compañero Ricardo Hernández Díaz la detención de José Herrera Hernández, su compañero Oscar Narciso Teófilo la detención de Gerardo Herrera Hernández, e indica que su compañero Eladio Guadalupe Santana Abundio realiza la vigilancia perimetral de dicho lugar, asimismo refiere que solicita el apoyo de una grúa, con la finalidad de trasladar el vehículo relacionado en el que iban los tres masculinos siendo de la marca Chrysler tipo 200, color blanco, con placas de circulación NVU6126, por tal circunstancia es como realizan la recolección, etiquetado y embalaje de los siguientes indicios; vehículo de la marca Chrysler, tipo 200 color blanco, con placas de circulación NVV6126 (sic), una bolsa de plástico transparente tipo ziploc, que en su interior contiene veinte envoltorios los cuales en su interior contiene polvo blanco con características similares a la cocaína, un teléfono celular de la marca (inaudible), un teléfono celular marca iphone, de color negro, un arma de fuego tipo revolver con cachas de plástico de color blanco, con número de serie 11017, calibre 38 especial largo, seis cartuchos de la marca águila calibre 38 especial, mil quinientos pesos siendo estos veinticinco monedas de diez pesos, cincuenta monedas de cinco pesos, tres billetes de cien pesos, veinte billetes de cincuenta peses y cinco billetes de veinte pesos, un chaleco de malla de color naranja con reflejantes de color verde y gris, un cuchillo tipo cebollero de dieciocho centímetros de hoja metálica con filo en uno de sus extremos, un mango de plástico roto y cubierto de cinta canela, una cartera de color negro y azul que contiene un billete de doscientos pesos y un dólar, un porta credencial de color negro con un billete de cien pesos y una imagen religiosa, un celular de la marca Huawei de color azul metálico, un celular de la marca (inaudible) de color naranja, un celular de la marca i-mobile de color negro y vivos color verde, un chaleco de la marca trupper color naranja, por lo cual siendo aproximadamente las veintidós horas con veinticinco minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, realiza la puesta a disposición de los gobernados así como de los indicios mencionados siendo instrumentos y objetos materiales del delito. 4. Entrevistas de los elementos policiacos Ricardo Hernández Díaz, Oscar Narciso Teófilo y Eladio Guadalupe Santana Abundio, los cuales son coincidentes al relatar los hechos, el conocimiento de los hechos (sic), quienes refieren cómo su compañero Jorge Reyes Domínguez les indica al momento de abordar el vehículo, que había un robo en proceso, así como su compañero Eladio Guadalupe Santana Abundio, con su patrulla cortó el paso de un vehículo blanco en el que se encontraban tres personas, de las cuales aseguraron por su probable participación en el delito de robo con violencia, indicando que Ricardo Hernández Díaz detuvo a José Herrera Hernández y Oscar Narciso Teófilo detiene a Gerardo Herrera Hernández. 5. Informe policiaco homologado suscrito por los mismos remitentes en el cual indican que el lugar de la intervención fue en avenida Paseo Tollocan, baja velocidad esquina con Camino Viejo a Metepec, en la colonia de Santa Ana Tlapaltitlán, en el municipio de Toluca, Estado de México, en un horario de las veintiún horas con treinta minutos, asimismo, en dicho informe se puede verificar un resumen de todo lo que pudieron percatarse con sus sentidos y de la intervención que tuvieron en ese lugar del hecho. Además, hay un apartado con tres personas detenidas de nombres ********************, José Herrera Hernández y Gerardo Herrera Hernández, siendo su detención a las veintiún horas con treinta y cinco minutos. Además, dicho informe homologado cuenta con las siguientes inspecciones: a) Inspección de persona, de quien dijo llamarse ********************, el cual indica que es un masculino de complexión delgada, tez morena estatura de uno sesenta y cinco, quien venía vestido de una sudadera de color vino y un pants de color negro, además a dicha persona se le localizó una bolsa de plástico que contenía veinte envoltorios con cocaína, un teléfono celular de la marca (inaudible) y un teléfono celular de la marca iphone de color negro. b) Inspección de José Herrera Hernández, el cual indica que es un sujeto de complexión delgada, tez morena, estatura aproximada de uno setenta, el cual venía vestido de una sudadera de color negro, un pants de color negro y un chaleco de malla de color naranja. c) Inspección de persona de un sujeto de sexo masculino, tez morena, estatura de uno sesenta y cinco, el cual venía vestido de una chamarra de color azul marino, un pantalón tipo (inaudible) de color azul, unos tenis de color negro, el cual también portaba un chaleco naranja de malla de la marca trupper. d) Inspección del lugar de los hechos, ubicada en avenida Paseo Tollocan, baja velocidad, siendo esta la que cuenta con dos carriles, en la cual indica que son de carpeta asfáltica en la cual se puede percatar a un costado una tienda comercial denominada Modelorama, y en la mera esquina hace contacto con un camino de terracería de aproximadamente doce metros de ancho, el cual cuenta con el nombre de Camino Viejo hacia Metepec, fue el lugar del evento delictivo. e) Inspección de vehículo, de la marca Chrysler tipo 200, con número de placas NVU6826. f) Inspección de objetos, de los indicios marcados con los números 1 al 7. g) Inspección de vehículo realizada por la policía de investigación de nombre Gabriela (inaudible) Castillo Pérez, realizada en avenida Morelos número 1300, colonia San Sebastián, en el municipio de Toluca, Estado de México, donde refiere que tiene a la vista un vehículo de la marca Mercedes, color blanco, con placas de circulación A53458E del servicio público transporte, con número económico 156, el cual se puede verificar que cuenta con logotipos de Región Toluca y está pintado blanco con rojo. h) Inspección del vehículo que abordaron los imputados marca Chrysler tipo 200 continental, con placas de circulación NV6126 (sic) pertenecientes al Estado de México. 6. Entrevista del apoderado legal de nombre Ernesto Alberto Gómez Rodríguez de la empresa denominada Autotransportes Urbanos de Toluca, quien lo acreditó con el instrumento notarial con número 24353 de trece de julio de dos mil dieciséis, pasada ante la fe de notario público 81 pertenecientes al Estado de México, a cargo del titular, el licenciado Jorge de Jesús Gallegos García, en el cual indica que él tiene conocimiento del hecho delictivo ya que recibió una llamada del chofer de su empresa Jorge Villegas Reyes, el cual indica que había sufrido un asalto en Paseo Tollocan y Camino Viejo a Metepec, en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en el municipio de Toluca, por tres sujetos los cuales los habían detenido, y ratifica y hace su denuncia en contra de los señores ********************, José Herrera Hernández y Gerardo Herrera Hernández, por su probable intervención en el delito de robo con violencia al transporte público de pasajeros; asimismo refiere que con la finalidad de acreditar el numerario que le fue sustraído a su chofer, indica que presentó un formato de tarjeta de trabajo; documento que se maneja internamente en la empresa, de los días 30 y 31 que ampara la unidad tipo autobús, con número económico 156, con placas de circulación A53458E del servicio público de pasajeros, incluso indica que su trabajador es el señor Juan Villegas Reyes, y refiere que efectivamente ese día su chofer ya había entregado la cuenta ese día, pero que con respecto a lo que es la marimba y con el dinero que debe de portar, él debe de contar con la cantidad de mil quinientos a dos mil pesos que es dinero con la finalidad de comenzar a realizar su trabajo y echarle diesel a su vehículo, por lo cual refiere que estas personas están relacionadas en diversas carpetas de investigación por el delito de robo con violencia en agravio de su representada. 7. Dictamen en materia de balística suscrito por la perito Lucero Vanesa Aguilar Cruz, en fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, en el cual hace a la vista que tiene dos indicios, el primero consistente en un arma tipo revólver, de repetición acción simple, con número de matrícula 11017, de calibre 38 especial, y seis cartuchos organizados calibre 38 especial de la marca águila, y de acuerdo a las conclusiones de dicho dictamen, se advierte que el arma de fuego identificada como indicio b1 es un revólver de sistema de disparo de repetición de acción simple, de país de origen desconocido, asimismo refiere que su matrícula es 11017 de calibre 38 especial y que se encuentra óptimamente para realizar disparos, y refiere que los cartuchos identificados como indicios B1.1 son de calibre 38 especial mismos que son compatibles para ser usados en armas tipo revólver de igual calibre y revólver de calibre .3357 magnum. 8. Dictamen en materia de química realizado por la perito Araceli Cervantes Cervantes, de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que indica que tuvo a la vista el indicio marcado como A1 siendo este una bolsa de plástico transparente tipo ziploc, que en su interior contiene veinte envoltorios que en su interior contiene polvo blanco con características similares a la cocaína, en el cual la perito señaló que dicha sustancia se considera un estupefaciente como lo establece la ley general de salud y ese indicio corresponde a cocaína y el peso neto de dicha sustancia es por la cantidad de 2.50 gramos. 9. Dictamen de materia de valuación de objetos varios, suscrito por la perito Vania Ruth García Aguirre, de dos de febrero de dos mil veintitrés en el que hace referencia tener a la vista un celular marca Senwa modelo V6.4, en buenas condiciones dándole un valor intrínseco por la cantidad de trescientos noventa y nueve pesos, asimismo, tuvo a la vista un celular marca Huawei de color azul metálico en buenas condiciones, dándole un valor intrínseco por la cantidad de cinco mil doscientos sesenta y seis; asimismo, un teléfono celular de la marca Senwa, de color naranja, dándole un valor intrínseco de doscientos pesos, también un dispositivo electrónico siendo un celular de la marca e-mobile, modelo IM19 de color negro, dándole un valor intrínseco de trescientos cuarenta y dos pesos, dando una conclusión de dichos aparatos por la cantidad de seis mil doscientos siete pesos. Datos de prueba con los que la fiscalía solicitó que se vinculara a proceso al imputado ahora quejoso, y previo a determinar si con esos datos de prueba se había cometido un hecho que la ley señala como delito y que existía la probabilidad de que el imputado ahora quejoso lo cometió, correctamente el Juez responsable le dio el uso de la voz a la defensa particular del imputado ahora quejoso y a este último haciéndole de su conocimiento y cuestionándole si quería que se resolviera en esa audiencia, dentro de las setenta y dos horas (tres días) o dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes (seis días), manifestando la defensa del ahora quejoso -con lo cual estuvo de acuerdo éste-, que era su deseo que se resolviera su situación jurídica dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas (Minuto 44:48 del tercer video de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés); por lo cual, el Juez responsable procedió a señalar nueva fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia inicial, en la cual la defensa presentó sus datos de prueba (declaración del quejoso, videos remitidos por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, ampliaciones de entrevista de los primeros respondientes, reporte de posicionamiento global remitido por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, testimoniales de Roselly Gómez Lara, Karol Fernanda Quiroz González y Katia Yadira Morales Villa, y una pericial en criminalística a cargo de Ángel Armando García Castillo), una vez admitidos y desahogados aperturó debate, concediéndole el uso de la palabra a la defensa del imputado ahora quejoso (Minuto 40:48 del quinto video de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés). A continuación, el Juez responsable después de oír a la defensa así como a la representación social, cerró el debate (Minuto 01:15:33 del quinto video de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés), y procedió a resolver su situación jurídica. De esta manera, conforme a la reproducción de los discos allegados por el Juez responsable, en contra de lo que al respecto afirma el promovente del amparo, se aprecia que éste sí dio cabal cumplimiento a las exigencias a que aluden los numerales constitucionales y legales descritos en párrafos precedentes; lo que le permitió concluir, al menos hasta ese momento procesal, conforme a los antecedentes de los datos de prueba aportados, la existencia de dos hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que el imputado ahora quejoso los haya cometido, analizando la clasificación jurídica que invocó el fiscal, para verificar que los elementos del tipo penal del delito se colmaban y hacían la posibilidad sobre la intervención o participación del imputado ahora quejoso en su comisión. En efecto, en contra de lo que afirma el promovente del amparo, se advierte que el Juez responsable, luego de relacionar la proposición fáctica del evento que hizo el fiscal, para sustentar ésta, expuso, en esencia, que de los datos de prueba que expuso la fiscalía, hasta ese momento procesal, eran idóneos y pertinentes para establecer que se han cometido los hechos materiales de la imputación; circunstancia con la que, adverso a lo alegado por el amparista de que no quedaron acreditados los eventos del cuadro fáctico propuesto por el Ministerio Público, como bien lo estimó el Juez responsable, la fiscalía cumple con los términos previstos en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues logró establecer racionalmente el hecho delictuoso en sus partes fáctica y jurídica que señaló motiva que se establezca la racionalidad de su participación o intervención en el mismo; lo anterior, porque respecto al delito patrimonial (robo) que se le imputa, apreció que en un primer momento, probablemente fue el ahora quejoso en compañía de dos sujetos más, quienes el uno de febrero de dos mil veintitrés, desapoderaron a las víctima del delito del numerario propiedad de ellos, así como del producto de la cuenta que tenía el pasivo del sexo masculino en su calidad de operador del servicio público de pasajeros, en la dinámica precisada por el ministerio público; pues como se había indicado Juan Villegas Reyes y Erika Solano Jiménez hacen señalamientos firmes en su contra, debidamente corroborado con las entrevistas de los elementos policiacos que fungieron como primeros respondientes; lo que le permitió establecer que en el evento intervinieron tres personas, mediante un acuerdo previo y con un reparto de funciones, pues mientras José Herrera Hernández y Gerardo Herrera Hernández, fueron los que subieron en un primer momento al autobús, y con un arma de fuego y un cuchillo respectivamente y mediante comandos verbales agresivos desapoderaron a los pasivos de sus pertenencias, en un segundo momento José Herrera Hernández, le pidió al conductor que detuviera la marcha, y es cuando el tercer activo de nombre Cesar Iván Cedillo Velázquez ahora quejoso en este sumario, sube las escaleras del camión y les indicó a los pasajeros "no se hagan pendejos y rápido saquen sus pertenencias"; para instantes posteriores gritarles a los otros dos agresores "muévanse en chinga, ahí viene la chota", para intentar sin éxito darse a la fuga, ante el aseguramiento que resintieron a manos de los primeros respondientes. Igualmente, respecto del delito contra la salud que también se le imputa al accionante de este sumario ********************, el Juez de origen señaló que hasta el momento se justificaba su intervención, partiendo del señalamiento que hizo el primer respondiente de nombre Jorge Reyes Domínguez, quien le atribuye haber desplegado ese comportamiento positivo consistente en poseer cocaína en cantidad inferior a 500 gramos (que resultaba de multiplicar por mil, la cantidad prevista en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud), al momento de su detención. Circunstancias todas ellas que, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, como bien lo determinó el Juez responsable, al menos hasta ese momento procesal, se podía establecer la existencia de los ilícitos que se atribuyen al quejoso y su probable participación en los mismos; pues de la valoración de los datos de prueba que indicó, le permitió establecer que posiblemente el uno de febrero de dos mil veintitrés, junto con otras dos personas, despojó a las víctimas de sus pertenencias en un vehículo del servicio público, y que al momento de su detención le fueron encontrada una sustancia conocida como cocaína de acuerdo al peritaje del que fue objeto en la carpeta de investigación. Siendo que, contrario a lo que refiere el ahora quejoso, no se advierte que hasta ese momento exista alguna causa de exclusión del delito, ni de justificación y menos de atipicidad, pues, como bien lo señaló el Juez responsable, en todo momento tuvo el dominio del hecho, porque en él estaba impulsarlo o hacerlo cesar, optando por lo primero. De esta forma, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, no se advierte que se hubiese vulnerado el principio de presunción de inocencia; porque si bien el principio constitucional de presunción de inocencia, consiste en el derecho de todo imputado de la comisión de un delito, a ser considerado como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una resolución judicial definitiva, cuya razón de ser es la de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción, es decir, que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le reprocha la comisión de un delito, pues el imputado no tiene la carga de probar su inocencia, sino que le corresponde al Ministerio Público probar los elementos del delito y de la culpabilidad del imputado; entonces, en el presente caso, basta con remitirse a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, para constatar que en el caso no se ha vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia, porque, ciertamente, durante la investigación, el fiscal presentó su teoría del caso y datos de prueba con los cuales, hasta ese momento procesal, generan indicios para tener por acreditado que los hechos atribuidos constituyen un delito y la probabilidad de que el imputado ahora quejoso intervino en su comisión. Inclusive, se advierte que el aquí quejoso tuvo oportunidad de ofrecer y aportar datos de prueba a su favor, para contrarrestar la imputación que le fue formulada por el Ministerio Público, sin que de los videos estudiados se observe que, como lo pretende hacer valer el amparista, el Juez responsable le haya exigido prueba perfecta y contundente en contraste a las allegadas por la representación social, pues tuvieron la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo para cuestionar la fiabilidad de los datos de prueba de cargo, y robustecer la hipótesis de inocencia que pretenden se haga valer con esos elementos exculpatorios. Orienta lo anterior, la tesis 1a. I/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2917, Décima Época, Materia Constitucional, con el rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda persona imputada", que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa." Con todo lo antes indicado, se advierte que, con la determinación adoptada por el Juez responsable, no se trastoca el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en instrumentos internacionales de los que México es parte, como los artículos 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues, como ya quedo precisado, están reunidos los extremos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto, por las razones de su contenido, la jurisprudencia II.2o.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena época, cuyos rubro y texto son: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." Y en esa tesitura, respecto a lo aducido por el promovente del amparo, en síntesis, en el sentido de que en relación al delito de robo imputado, no se encontraba acreditada la conducta al ahora quejoso, ni hay dato de prueba que haga probable su participación, debido a que las entrevistas de las víctimas y los policías no se encuentran corroboradas con otras pruebas. Debe apuntarse que devienen infundados, porque se advierte que los datos de prueba precisados con anterioridad, los cuales fueron debidamente explicados en la resolución reclamada, fueron valorados por la responsable de forma libre y lógica, ajustándose a los principios que rigen el proceso legal, dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual la responsable realizó un ensayo argumentativo simple, del que razonablemente se advierte el grado de aproximación sobre la realización del hecho, que le permitió encuadrar la conducta ya precisada en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, con la descripción típica de los delitos por los que se le formuló imputación, se solicitó y emitió la vinculación a proceso; es decir, se advierte que la responsable señaló que los datos de prueba expresados por la fiscalía, al menos hasta ese momento procesal, eran idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para estimar bases de indicios razonables para suponer la existencia de los hechos delictuosos que se le atribuyen y justificar la posibilidad de que el imputado ahora quejoso lo cometió, sin que se advierta infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, como infundadamente se hace valer en los conceptos de violación. Tampoco se advierte que exista una alteración de los hechos por parte del Juez natural, como lo pretende hacer valer el promovente del amparo, pues, además de que el ahora quejoso no refiere con exactitud qué defectos de la carpeta de investigación fueron los que perfeccionó el Juez responsable, de la revisión integral de las constancias allegadas por la autoridad responsable, no se desprende que se hayan perfeccionado lo que el accionante del amparo llamó "los defectos de la carpeta de investigación" y que le fueron expuestos verbalmente, pues para emitir la determinación reclamada, el Juez responsable sólo se ciñó a tomar en consideración los datos de prueba y los argumentos formulados oralmente por las partes, sin que se advierta que hubiere agregado dato de prueba diverso a los que le fueron expuestos o que hubiere modificado las circunstancias de tiempo lugar y modo que también le fueron expuestas. Inclusive, de la revisión de las videograbaciones remitidas de las audiencias inicial y continuación de inicial de nueve y catorce de junio de dos mil veintitrés, tampoco se advierte que la representación social hubiere hecho uso excesivo de la lectura, si no por el contrario, el fiscal en todo momento procuró realizar su exposición oral con la mirada hacia el Juez responsable y hacía los inculpados; y si bien se aprecia que en diversos momentos de su exposición, el fiscal recurre a la revisión o lectura de los documentos con que contaba, ello no es suficiente para considerar que transgredió el principio de oralidad que rige en la materia del acto, pues es entendible que con la basta información que conforma el hecho factico y los diversos datos de prueba que presentó ante el Juez, era inconcuso que acudiera a ellos para refrescar la memoria o incluso corroborar alguna información que estaba exponiendo. De igual manera, en contra de lo que hacen valer los promoventes del amparo en los conceptos de violación, en el sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral, cambian los estándares probatorios para la emisión del auto de vinculación a proceso, en tanto que el Ministerio Púbico, como órgano del Estado facultado para perseguir e investigar los delitos, es quien debe verter los hechos y argumentos al solicitar el ejercicio de la acción penal, mientras que la autoridad judicial debe dictar sus resoluciones, ciñéndose a tales hechos y argumentos, preservando el principio de igualdad procesal; es decir, conforme al nuevo sistema de justicia penal, sólo se requieren datos que establezcan (en un estándar mínimo) que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; lo cual debe resolver el Juez de control, con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien con datos de prueba que se desahoguen en la aludida audiencia, sin que sea el factible exigir al ministerio público mayor rigidez y contundencia en la obligación de probar, como lo refiere en sus conceptos de violación la parte quejosa. Además de que, para tener por acreditada la existencia del hecho delictivo delito y probabilidad de la comisión del mismo, la autoridad responsable no solo tomó en consideración las entrevistas de los primeros respondientes ni de las víctimas, sino que, contrario a lo expuesto por el impetrante del amparo, relacionó con éstas, el informe policial homologado, donde los elementos reiteran lo ocurrido, llevan a cabo la inspección de personas de lugar, de vehículos relacionados y de los objetos que fueron puestos a disposición, las inspecciones que llevaron a cabo los policías de investigación Idalia Castillo Pérez, sobre el vehículo de la marca Mercedes y el vehículo Chrysler tipo 200 en el que fue asegurado el quejoso, también hizo relación del dictamen de balística en el que se concluyó que el arma de fuego utilizada por los pasivos, es un arma de fuego tipo revólver de calibre 38 especial, la cual está en condiciones operativas de realizar disparos y que los seis cartuchos de los cuales estaba abastecida, son compatibles con la misma, así como de la entrevista del apoderado legal de la empresa de Autotransportes, agregando respecto a esta última, que a pesar de la referencia que dio la defensa particular, en el sentido de que el poder presentado por ese apoderado no era vigente de conformidad con el artículo 7.771 del Código Civil del Estado de México, que hace referencia a los poderes y a su vigencia, el Juez señaló que dicho numeral no establece temporalidad alguna, por lo que no era de atenderse los argumentos de la defensa relativos a que carecía de vigencia el poder con el que se ostentó dicho apoderado. Luego, en contra de lo que se hace valer en los conceptos de violación, se advierte que los datos de prueba que el Juez responsable acertadamente refirió que, de su valoración conjunta, se podían considerar indicios razonables de que ese hecho sucedió de esa manera, y que se llevó a cabo un apoderamiento sin derecho ni consentimiento de quien podía otorgarlos; inclusive, dijo que se justificaba el medio comisivo de que se hubiere desplegado violencia sobre las personas, ya que por la referencia que dieron las dos víctimas del hecho delictuoso, fueron amagadas con una pistola y con un cuchillo, y con la referencia que dieron los primeros respondientes, estos instrumentos del delito les fueron encontrados a los justiciables al momento de su aseguramiento, por lo que consideró que se justificaba la agravante contenida en la fracción I, inciso b, del Código Penal vigente en el Estado de México. Sumado a lo anterior, el Juez de la causa explicó a las partes que, por cuanto hacía al objeto material del delito, este lo constituía solo el numerario consistente en los doscientos pesos que le fueron desapoderados al pasivo y chofer del autobús de nombre Juan Villegas Reyes, así como el numerario por la cantidad de mil trescientos pesos que se dice son propiedad de la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada S.A. de C.V., y los cien pesos de la diverso pasivo Erika Solano Jiménez; bienes que se consideraban ajenos a los activos, ya que de acuerdo a las entrevistas de las víctimas y del apoderado legal, estos son los únicos que alegaron tener derechos de propiedad sobre los mismos; por lo que resultaba aplicable para efectos de sanción por el tipo básico la clasificación del delito en la fracción I, del artículo 289 del Código Penal vigente en esta entidad, al no exceder el numerario el equivalente a treinta veces la unidad de medida y actualización. De la misma manera, correctamente el Juez natural dijo que los datos de prueba referenciados le permitían justificar la modificativa agravante contenida en la fracción XVIII, del artículo 290 del citado código sustantivo, esto es, que la conducta de apoderamiento se hubiere proyectado a bordo de un vehículo de transporte público de pasajeros, el cual se encontraba fungiendo como tal, pues así lo refirieron las víctimas del delito, el apoderado legal, el primer respondiente y la inspección sobre dicho autobús. No pasa inadvertido que el ahora quejoso haya referido en su demanda de amparo, que no se acreditó que esa era su ruta, que no haya ni una víctima más, que haya acudido a denunciar, y que por ello no se acreditó la modificativa de haberse cometido en transporte público, porque no se comprobó que llevara pasaje en ese momento; sin embargo, como bien lo estimó el Juez responsable, hasta ese momento procesal son suficientes los datos de prueba que fueron proporcionados por la representación social para acreditar su teoría del caso; máxime que de las entrevistas de las víctimas se advierte que el autobús se encontraba haciendo su última vuelta y que los dos sujetos activos que lo abordaron primigeniamente, lo hicieron en calidad de pasaje, pues le hicieron la parada, y es así como subieron al mismo. De igual forma, el Juez natural indicó que también se encontraba justificado, hasta ese momento, únicamente lo dispuesto en el inciso a, de la fracción XVIII del artículo 290 del código sustantivo de la materia, esto es, que en la ejecución existan dos sujetos pasivos, que en el caso lo eran el chofer Juan Villegas Reyes y Erika Solano Jiménez, quien es su esposa y pasajero del mismo. Asimismo, la autoridad responsable explicó que, por lo que hacía al delito de contra la salud atribuido al ahora quejoso, también se consideraba que los hechos que le dieron origen encuadraban en la descripción típica relativa a haber desplegado una conducta consistente en poseer algún narcótico (cocaína), en calidad inferior a 500 gramos; pero, en contra de lo afirmado por la fiscalía, no se podía considerar que esa posesión estuviera destinada a su comercialización o suministro, sino solamente como posesión simple, y que el imputado ahora quejoso ******************** fue quien probablemente intervino de manera personal y directa en su comisión. Y que, para circunstanciar ello, de la entrevista del elemento Jorge Reyes Domínguez, se advertía como fue que, con motivo del aseguramiento que realizó sobre el ahora quejoso, derivado del apoyo que le fue solicitado por parte de pasajeros de un vehículo de transporte público, le encontró detentando dentro de su radio de acción una sustancia en polvo color blanco, con las características de la cocaína, lo cual se concatenaba con las inspecciones contenidas en el informe policial homologado, en el lugar del evento, en la persona del imputado y en las veinte bolsas plásticas que contenían la sustancia puesta a disposición; así como con el dictamen en materia de química, de cuyo contenido se desprende que la sustancia contenida en esos veinte envoltorios, dio positivo al estupefaciente denominado cocaína, con un peso neto de 2.50 gramos. Sobre lo antes expuesto, se obtiene que no le asiste la razón al ahora quejoso, en relación a que no se encuentran acreditados los delitos, ni su conducta que haga probable su participación; pues, incluso, en relación a esta última, en el delito patrimonial, el Juez señaló ponderar a la luz de los datos prueba que ya han quedado referidos, que de su examen conjunto se lograba establecer racionalmente el hecho delictuoso en sus partes fáctica y jurídica que, a su vez, en esencia, motivaba que se estableciera la racionalidad de la participación o intervención en el mismo; en tanto que apreció que, posiblemente, fueron los tres agentes activos, entre ellos el ahora quejoso, quienes de manera conjunta desapoderaron a las víctimas del delito del numerario propiedad de ellos, así como del producto de la cuenta que tenía el pasivo del sexo masculino, en su calidad de operador del servicio público de pasajeros, en la dinámica ya precisada; siendo que Juan Villegas Reyes y Erika Solano Jiménez hacen señalamientos firmes en su contra; lo que se corroboró debidamente con las entrevistas de los elementos policiacos que fungieron como primeros respondientes; y por ende, en contra de lo que se hace valer en los conceptos de violación, el Juez responsable adecuadamente determinó que, hasta ese momento, se contaban con datos de prueba, a los que se les reconocía valor convictivo, que le permitieron tener por justificada, a manera de probabilidad, la forma de intervención del ahora quejoso, en conjunto con otros dos activos, como coautores en conjunto y con dominio del hecho, en términos del numeral 11, fracción I, inciso d, del código penal vigente en la entidad, dado que en el evento intervinieron tres personas, mediante un acuerdo previo y con un reparto de funciones; esto es, mientras dos de los activos fueron los que subieron, en un primer momento, al autobús, y con un arma de fuego y un cuchillo (respectivamente), y mediante comandos verbales agresivos, desapoderaron a los pasivos de sus pertenencias, y en un segundo momento, uno de los agentes activos le pidió al conductor que detuviera la marcha, momento en que el tercer activo, identificado como Cesar Iván Cedillo Velázquez, aquí quejoso, subió las escaleras del camión y les indicó a los pasajeros "no se hagan pendejos, y rápido saquen sus pertenencias", para después gritarles a los otros dos agresores "muévanse en chinga, ahí viene la chota", e intentaron darse a la fuga sin éxito, dado el aseguramiento que resintieron a manos de los primeros respondientes; con lo cual, como bien lo sostuvo el Juez responsable, se advertía la forma de intervención que cada uno de ellos, teniendo en todo momento el dominio del hecho. Mientras que respecto del delito contra la salud, el Juez responsable, adecuadamente también estimó justificada la probabilidad de la intervención del quejoso ********************; pues, partió del señalamiento que hizo el primer respondiente de nombre Jorge Reyes Domínguez, quien le atribuye haber desplegado ese comportamiento positivo, consistente en poseer cocaína en cantidad inferior a 500 gramos, a título de autor material, de conformidad con el numeral 11, fracción I, inciso c, del citado código sustantivo de la materia, pues fue quien lo aseguró, y al hacerlo le encontró en su radio de acción el estupefaciente en comentario. Sobre manera que, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo en los conceptos de violación, de conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público, para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito; pues debe recordarse que, en el sistema de corte oral acusatorio, los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales, y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público es acreditar un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sentado todo lo anterior, debe ahora decirse que, en contra de lo que hace valer el promovente del amparo, el acto reclamado es apegado a derecho y a las constancias que integran el expediente natural, pues dadas las razones que anteceden, se advierte su apego a la normatividad aplicable, en tanto que ni aun, como lo solicita el ahora quejoso, ponderando los alcances de los derechos fundamentales cuya violación se aduce, conforme al principio interpretativo pro homine o pro persona, consubstancial de la labor hermenéutica que corresponde a los derechos tutelados en la Norma Fundamental, puede llegarse a una conclusión diversa a la ya alcanzada, sin haberse soslayado que este juzgador tiene el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se deba resolver favorablemente a los intereses de quien promueve la acción de amparo; porque, en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales y de los recursos legalmente previstos en la Ley de Amparo, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones respectivas, esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde. Es decir, en atención a lo que dispone el artículo 1º Constitucional, se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad, nuestro Alto Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido de que, aunque la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma. Robustece lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." En cuanto al motivo de disenso que refiere el promovente del amparo, en el sentido de que el Juez no abordó el estudio de su sustento probatorio; debe apuntarse que deviene infundado, porque, contrario a lo que se establece en los conceptos de violación, el Juez responsable sí valoró los datos de prueba que presentó su defensa, aunque no en favor de sus intereses, tan es así que en relación a la declaración del ahora quejoso, que efectuó en la continuación de audiencia inicial de catorce de junio de dos mil veintitrés, y en la que adujo, en esencia, que él fue asegurado a bordo del vehículo marca Chrysler tipo 200 de color blanco, que es propiedad de su esposa, y que esto fue cuando había ido a recoger a los otros dos justiciables, pero en un lugar y horarios distintos a los referidos por el representante social en el hecho motivo de imputación; lo cual se pretendió corroborar con diversidad de medios de prueba que fueron desahogados en la dilación constitucional, dentro de los cuales se encuentran los videos remitidos directamente a este órgano de jurisdiccional por del titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, de los cuales en lo que les interesó a los defensores, se reprodujeron de manera directa a través de los medios tecnológicos, una serie de imágenes de distintas tomas principalmente de avenida Las Torres y Adolfo López Mateos, las Torres y Comonfort, Torres y Sauces fraccionamiento Casa Blanca, Paseo Tollocan e Ignacio Comonfort, en horarios entre las veintiún horas con un minuto y nueve horas con nueve minutos, donde se advertía una caravana de la que pareciera ser un vehículo tipo patrulla sedán, después un vehículo sedán blanco y después un par de pick up's, éstas con las torretas prendidas; acertadamente dijo que en ninguno de éstos videos se lograba advertir las características específicas de ese vehículo de color blanco, ni tampoco los números económicos de las patrullas; y por lo tanto ese medio de prueba no aportaba el soporte necesario para hacer válida hasta este momento, la negativa del justiciable, y por ende no era suficiente para dejar de estimar solo como probable el hecho delictuoso que le atribuyó el fiscal. En relación a las ampliaciones que se llevaron a cabo de las entrevistas de los primeros respondientes de nombres Jorge Reyes Domínguez, Ricardo Hernández Díaz y Oscar Narciso Teófilo; el Juez señaló, acertadamente, que si bien, respecto del primero, fue evasivo en algunas de las preguntas indicando varias veces que no recordaba, no debía perderse de vista que su entrevista ya estaba rendida en la carpeta de investigación, y que lo desarrollado en la duplicidad constitucional solo fue una ampliación de la misma, que la primer audiencia inicial tenía más de cuatro meses que se había llevado a cabo y que por la propia actividad que tienen los oficiales policiacos, se entendía que pueden llevar a cabo diversidad de puestas a disposición, incluso puntualizó que se daba una distinción sustancial entre el medio de prueba que se desahoga en la prorroga constitucional, para con la prueba propiamente dicha en la audiencia de juicio; ya que en la audiencia de debate, cuando un órgano de prueba rinde testimonio lo hace sin que el juez de tribunal de enjuiciamiento conozca contenido alguno de los antecedentes de investigación, y en el presente caso este órgano de control ya conocía el contenido de su entrevista; por lo que, a pesar de que en esencia se seguían las reglas de juicio, había que atender y ubicarse que en esa dilación constitucional, solo se trató de la ampliación de entrevista, que funciona para, en su caso, aclarar alguna situación que le interese a su oferente; circunstancias por las cuales, efectivamente, no tenía mayor relevancia que el primer respondiente haya indicado que no recordaba algunas situaciones, cuando se cuenta por el momento con la información de su entrevista; máxime que en el caso de Ricardo Hernández Díaz y Oscar Narciso Teófilo, si sostuvieron más que meridianamente lo referido en sus respectivas entrevistas ministeriales. Relativo a la documental que también de manera directa remitió el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, consistente en el reporte del sistema de posicionamiento global, respecto de una de la patrulla tipo pick up número 24217, que se dice intervino en el hecho delictuoso; del que se le puntualizó algunas ubicaciones registradas de dicha unidad oficial, entre las veinte horas con catorce minutos en avenida Las Torres 1512, Isidro Fabela segunda sección; en la avenida Las Torres alrededor de las veintiún horas con un minuto, y que a partir de las veintiún horas con diecisiete minutos se encontraba en la avenida Morelos, minutos después en una calle inmediata Jaime Nuno, y minutos posteriores de nuevo en la avenida Morelos, hasta cerca de la media noche; el Juez de origen determinó que, por un lado, de ese dato de prueba, ninguna de las ubicaciones que le fueron precisadas, guardaba coincidencia con el lugar en el que el justiciable ********************, había indicado fue detenido; y que, por otro lado, se puede considerar un hecho público y notorio que la Fiscalía General de Justicia de la Entidad, está ubicada en la avenida Morelos esquina con calle Jaime Nuno, que es la que divide dicha Fiscalía del Instituto de Servicios Periciales, por lo que, a partir de las veintiún horas con diecisiete minutos, el sistema de geoposicionamiento global ubica a la patrulla en esas inmediaciones; y si bien, el hecho de acuerdo a lo referido por las víctimas y primeros respondientes, lo ubican alrededor de las veintiún horas con veinte minutos sobre avenida Tollocan (baja velocidad) esquina con camino viejo a Metepec, dicha circunstancia tampoco era suficiente para dejar de considerar como probable el hecho motivo de imputación, porque es un lapso muy breve, y en los datos de prueba solo se mencionan horarios aproximados. También, por lo que hace a los testimonios de Roselly Gómez Lora, Karol Fernanda Quiroz González y Katia Yadira Morales Villa, determinó que a pesar de que éstos fueron emitidos ante ese órgano de control bajo los principios de inmediación y contradicción, y quienes a preguntas de su oferente, pretendieron establecer una dinámica razonable del aseguramiento que se dice se hizo de los sujetos activos en la ubicación diversa señalada por ********************, esto en San Salvador Tizatlalli, frente a una tienda de conveniencia de la cadena comercial OXXO; la versión propuesta por éstas, hasta ese momento no estaba debidamente confirmada, y por ello no era suficiente para demeritar el valor convictivo que se le ha reconocido al material de cargo solo a título de indicio razonable del hecho motivo de imputación; máxime que de lo referido por la testigo Roselly Gómez Lora, en relación a la propiedad del vehículo Chrysler, tipo 200, en el que fue detenido el ahora quejoso, no estaba sujeto a discusión que ésta fuere o no la propietaria, y que no le constaba el momento del aseguramiento, pues si bien indicó que fue informada de que ello ocurrió, cuando dice se trasladó al lugar, ya no encontró nada; y si bien expuso que derivado de las indagaciones que hizo en las negociaciones aledañas al lugar, logró tener contacto con la testigo Karol Fernanda Quiroz González, quien compareció a esa autoridad y dijo haberse encontrado saliendo de ese Oxxo enfrente del cual detuvieron a los tripulantes del vehículo blanco; sin embargo, como lo expuso el Juez responsable, no pasaba por alto que el dato de prueba con el que se intentó por parte de la defensa ubicar a esa testigo en dicho lugar y a esa hora, lo fue solo una copia simple de un ticket de compra, el cual no le generaba certeza al juzgador responsable. Mientras que, por cuanto hace a Katia Yadira Morales Villa, quien compareció ante el juzgador responsable indicando que ella logró ver la detención del ahora quejoso, porque precisamente trabaja en ese momento en la citada tienda de conveniencia; el Juez responsable determinó que, a pesar de que fue proyectado su gafete laboral, como se pudo apreciar por la audiencia, el mismo tenía vigencia al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, esto es, con más de seis años de vencimiento al momento en que ocurrió el evento; incluso, a pesar de que dicha testigo indicó que logró ver cuando los justiciables fueron golpeados en repetidas ocasiones por los agentes captores, en contraposición de ello, el fiscal hizo notar en el contrainterrogatorio que ninguno de éstos presentaron alteraciones en la salud cuando fueron presentados ante las oficinas de la representación social; circunstancias que tampoco permitieron al juzgador responsable reconocerle el valor jurídico pretendido por la defensa al testimonio de que se trata. Finalmente, respecto a la pericial en materia de criminalística a cargo de Ángel Armando García Castillo, ofrecida por la defensa; el Juez de primera instancia refirió que, no obstante de que hasta ese momento no acreditó la calidad de perito, se le permitió ser cuestionado por su oferente y éste indicó haber hecho un análisis de las narraciones hechas por las víctimas y primeros respondientes, y que también se ubicó en las dos locaciones mencionadas, Tollocan y Camino Viejo a Metepec y en Adolfo López Mateos esquina con prolongación Alcatraces, y que a su consideración lo depuesto por las víctimas y primeros respondientes le generaban dudas, pues presentaban ciertas discrepancias al unirlas en el flujo natural del movimiento y que, por ende, no se pueden considerar creíbles, pues basándose en el contenido de un croquis del informe policial homologado, y que por la narrativa indicada, por los lugares que habían sido mencionados que el obtenía de manera literal de las entrevistas de las víctimas y primeros respondientes, esto no era acorde a la realidad; sin embargo, el juzgador responsable precisó que no había que perder de vista que no eran testimonios lo que se analiza, sino solamente entrevistas, solo datos de prueba, y por ende no se les podía exigir tal precisión para acreditar determinado hecho; pues una de las críticas que hacía el perito, era que el chofer había indicado que se le pidió que se parara a la altura del Modelorama, pero tal manifestación no se puede entender textualmente en el sentido de que el autobús se hubiera estacionado exactamente enfrente de ese lugar, y por ende las otras dos ubicaciones que indicó el perito, a través de los diagramas e imágenes que presentó, tampoco permitían obtener esa certeza que el aducía, en el sentido de que el camión estuviere a la mitad de la calle Camino viejo a Metepec, y que con ello se hubiera impedido el paso a la patrulla, o que después, cuando el camión ya estaba en la esquina, que por esa razón la víctima no pudo haber visto al citado vehículo color blanco tipo 200 en el que fueron asegurados los justiciables, más aun cuando el ser humano, es un ente dinámico y precisamente lo que narraron las víctimas fue ese trayecto fluido que tuvo el camión desde el instante en que le pidió uno de los activos detener la marcha para que se subiera el tercer sujeto, hasta el momento en el que estos bajaron del mismo para pretender sin éxito darse a la fuga. Sumado a lo anterior, el Juez también señaló que a pesar de que el perito dijo haberse constituido en la diversa ubicación donde alegó la defensa se dio el aseguramiento del quejoso, que dicho experto indicó que al realizar una investigación en internet, en una página de Facebook, denominada Quadratin, y que, a su decir, es donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México, "sube sus casos relevantes", donde dijo encontró una imagen de un vehículo blanco con marcas de agua que al parecer son de la Secretaría de Seguridad; para poder reconocerle el valor convictivo pretendido por la defensa a un dato de prueba de esta naturaleza, con información obtenida de medios digitales, había que permitirle a la contraparte que las pudiera analizar con experto similar, pero en este caso solo estaba la interpretación que hizo el perito; además de que era complicado pensar que cualquier imagen que aparece en una red social, por sí sola puede ser confiable para conferirle valor convictivo en un asunto legal; amén de que el perito aducía que el lugar mencionado por el imputado y las testigos de descargo, era el mismo que aparecía en la imagen de Facebook, porque aparecía al fondo una tienda de conveniencia de la cadena comercial OXXO, pero no compartía dicha consideración, pues era del dominio público que de las cadenas de tiendas de conveniencia más populares que existen por lo menos en esta zona del país, es la denominada OXXO, y es sumamente común encontrar en muchísimas ubicaciones tiendas de dicha firma comercial, las cuales tienen construcciones similares, y a diferencia de lo que indicó el perito para pretender diferenciar ésta tienda que aparecía en la foto de todas las demás, en el sentido de que ésta se encuentra en una esquina, contrario a ello, hay muchas tiendas de conveniencia en esquina, pues son ubicaciones comerciales buscadas por las empresas, y por ende tampoco se le podía reconocer ese valor convictivo a la intervención pericial de dicho perito. Lo anterior permite advertir que el Juez natural sí atendió el material probatorio exhibido y ofrecido por la defensa del quejoso, lo que robustece que para emitir el ahora acto reclamado, sí tomo en consideración lo que le fue expuesto oralmente por las partes, esto es, por la defensa y la representación social, y no en base a una apreciación directa de la carpeta misma, como lo pretende hacer valer la parte quejosa. Relativo a los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, relativos a la ilegalidad de la detención del ahora quejoso, y a que por ese motivo deben declararse inválidos todos los datos de prueba posteriores a la misma, porque ésta no fue señalada como acto reclamado, y a que en las audiencias de nueve y catorce de junio de dos mil veintitrés, no se resolvió sobre dicho tópico; debe apuntarse que devienen inatendibles, pues, como se explicó, en la primera parte de este Considerando, la celebración de la audiencia inicial y el dictado del auto de vinculación a proceso ahora reclamado, derivaron de una reposición del procedimiento ordenada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, en el toca de apelación 135/2023, sin que los efectos de la misma abarcaran la calificación de la detención que previamente ya había sido analizada por la autoridad responsable el cuatro de febrero de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018592, Décima Época, Materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 209, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." Razones por las cuales, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, en el auto que se combate, sí existen datos de prueba para considerar, hasta ese momento, bases de indicios razonables para establecer la probabilidad de que el imputado ahora quejoso cometió el hecho delictivo imputado, ya antes descrito; y por ende se pone de manifiesto que el Juez responsable estuvo en lo correcto al decretar el auto de vinculación a proceso reclamado, por lo menos ante datos de prueba aptos y suficientes para estimar acreditado el hecho que la ley señala como delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia a bordo de un vehículo de transporte público de pasajeros, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I, inciso b y XVIII, inciso a, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d, del Código Penal del Estado de México, en agravio de Juan Villegas Reyes, Erika Solano Jiménez y la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada S.A. de C.V., representada por su apoderado legal Ernesto Alberto Reyes Rodríguez, y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo hipótesis de posesión simple, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V y VI, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y IV y 11, fracción I, inciso c, del Código Penal del Estado de México y justificar la posibilidad de que el imputado ahora quejoso los cometió. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." b) Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El promovente del amparo refiere, esencialmente, que la determinación del Juez responsable transgrede sus derechos, pues la prisión preventiva es la excepción debida y ampliamente justificada, y no debe ser dictada a capricho de la responsable, como en el caso acontece, debido a que resulta lesiva por excesiva y desproporcional, además de que, a pesar de que es una medida excepcional, la prisión preventiva que se le impuso se sustentó en que en la comisión de ilícito de robo que se le imputa se usó un arma supuestamente asegurada, pero para nada estaba dentro de su radio de acción y de disponibilidad inmediata; además que lo anterior le impide acceder a diversa medida cautelar, en atención a que no existe riesgo de sustracción, riesgo para las víctimas o la comunidad o riesgo para ocultar la evidencia, ello porque el ministerio público no comprobó lo contrario con dato o medio de prueba idóneo, sino solo con manifestaciones subjetivas. Lo cual deviene infundado, aún en suplencia de la deficiencia de la queja, en atención a que se advierte constitucional y legal la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por el Juez responsable al ahora quejoso, por las razones que enseguida se exponen. Conforme a los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153, 154, 157 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control del conocimiento, tiene la facultad de dictar en el procedimiento penal las medidas cautelares mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, entre ellas la prisión preventiva, a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por la legislación adjetiva aplicable, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. Asimismo, que esas solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de Control, en audiencia y con presencia de las partes, en las que el Juez podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en ese Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Y que sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en ese Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Además, que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, misma que, en su caso, será ordenada conforme a los términos y las condiciones de ese código, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Ahora bien, en relación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que atañe al caso en concreto, el párrafo segundo, del artículo 19 Constitucional dispone que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. En comunión con lo anterior, el artículo 167, en su párrafo tercero, de la legislación adjetiva invocada, prevé que el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Así, una vez impuesta la medida cautelar correspondiente, los artículos 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen respectivamente, que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Igualmente, que de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud, en la que las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Sobre ese marco normativo, se considera que la determinación del Juez responsable de dictar la prisión preventiva oficiosa al ahora quejoso en la audiencia inicial de nueve de junio de dos mil veintitrés, y posteriormente reiterarla en la audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, luego de dictarle auto de vinculación a proceso por, entre otro ilícito, el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia a bordo de un vehículo de transporte público de pasajeros, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I, inciso b y XVIII, inciso a, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d, del Código Penal del Estado de México, en agravio de Juan Villegas Reyes, Erika Solano Jiménez y la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada S.A. de C.V., no transgrede derecho alguno de la parte quejosa, a pesar de que pretenda hacer valer que dicha medida es excesiva y desproporcional, así como contraria de las finalidades de las medidas cautelares como lo disponen los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en atención a que en la audiencia inicial de nueve de junio de dos mil veintitrés, y luego de escuchar a las partes, el Juez de control resolvió lo siguiente respecto a dicha medida cautelar (minuto 58:09 del tercer video de la audiencia de nueve de junio de dos mil veintitrés): ".El agente del ministerio público pide la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso, fundamentando su petición en el numeral 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre ese punto en particular no hay argumentos en contra por parte de la defensa pública, de la defensa particular sí, de manera particular son dos, del primero de ellos entiendo que al señor ********************, no le fue encontrado ningún arma que es el argumento principal del ministerio público para pedir la prisión preventiva de carácter oficiosa, sin embargo debemos recordar que el artículo 13 del Código Penal del Estado de México, establece que las circunstancias modificativas o calificativas del delito (inaudible) perjudican a todos los imputados cuando sea racionalmente que estos pudieron haberla prevenido, por tanto si se les atribuye a los justiciables de manera conjunta y con dominio del hecho una conducta de apoderamiento que fue llevada a cabo con armas dentro de estas un arma de fuego, y que estaba útil para su funcionamiento de acuerdo al dictamen de balística, bueno, por tanto, la situación jurídica que hay que atender para los tres es precisamente en ese sentido, por tanto no comparto el argumento del defensor en el sentido de que por ese motivo de que a él como tal no se le haya encontrado el cuchillo ni la pistola, se le tenga que dar un trato diferenciado por esa circunstancia; por otro lado, por supuesto que no desconozco el contenido de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, así como también en el diverso y más reciente García Rodríguez, en estas resoluciones donde efectivamente se hace una crítica pormenorizada a la prisión preventiva de carácter oficioso, no hay que perder de vista que el análisis que se hace de estas no es del artículo 19 Constitucional ni del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino del 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, a la luz precisamente del sistema denominado tradicional, por otro lado, además de que hay efectivamente esa condena al Estado mexicano que ya ha sido notificada para la probable expulsión en el sistema jurídico mexicano de la prisión preventiva de carácter oficioso, todavía no hay un pronunciamiento particular de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta este momento, por lo menos yo no tengo conocimiento de que ya existiera pronunciamiento, por tanto tenemos que ir siguiendo las mismas reglas que ya estaban establecidas de manera previa y dentro de estas el respeto a la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de dicho mecanismo por ejemplo, en la jurisprudencia con el rubro DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE DE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL, esta está registrada con el registro digital 2006224, esta jurisprudencia establece que si hay este tipo de restricciones hay que atender precisamente a ellos, por ello con independencia de esas dos sanciones a las cuales se ha estado el estado mexicano, yo debo acatar a los lineamientos que marca la Suprema Corte en este sentido a través de esta jurisprudencia y por lo tanto se impone la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa a los justiciables misma que tendrá verificativo al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la localidad y tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de los señores y/o en definitiva el presente asunto.". Sobre tal panorama, no se advierte que, con su emisión, se haya vulnerado las formalidades del procedimiento o se haya aplicado en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues el acto reclamado satisface los requisitos procesales que se exigen para su dictado, en tanto que estuvo asistido de sus defensores particulares, a quien se les dio la oportunidad de exponer los argumentos que consideraron pertinentes para contrarrestar la solicitud de la fiscalía relativa a imponerle la prisión preventiva oficiosa, en lo cual este último manifestó estar de acuerdo; además, con motivo de lo anterior, se dio el uso de la voz a las demás partes, a efecto de debatir lo relativo a la medida cautelar; posteriormente, una vez escuchadas a las partes, el Juez de origen cerró debate y procedió a resolver lo conducente. Asimismo, acertadamente destacó que, a pesar de que al quejoso ********************, no le fue encontrada ningún arma, que es el argumento principal de la fiscalía para pedir la prisión preventiva de carácter oficiosa, se debía recordar que el artículo 13 del Código Penal del Estado de México, establece que las circunstancias modificativas o calificativas del delito (inaudible) perjudican a todos los imputados cuando sea racionalmente que estos pudieron haberla prevenido, por lo que si se les atribuye a los justiciables de manera conjunta y con dominio del hecho una conducta de apoderamiento que fue llevada a cabo con armas dentro de estas un arma de fuego, y que estaba útil para su funcionamiento de acuerdo al dictamen de balística, era inconcuso que la situación jurídica que había que atender para los tres era precisamente la misma, por lo que no compartía el argumento del defensor en el sentido de que por ese motivo de que al quejoso como tal, no se le encontró el cuchillo ni la pistola, se le tenga que dar un trato diferenciado por esa circunstancia. También, el Juez responsable agregó que no desconocía el contenido de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, así como en el diverso y más reciente García Rodríguez, resoluciones donde efectivamente se hace una crítica pormenorizada a la prisión preventiva de carácter oficioso, pero que no había que perder de vista que el análisis que se hace de estas no es del artículo 19 Constitucional, ni del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino del 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, a la luz precisamente del sistema denominado tradicional. Además, indicó de que si bien efectivamente hay esa condena al Estado mexicano que ya ha sido notificada para la probable expulsión en el sistema jurídico mexicano de la prisión preventiva de carácter oficioso, que todavía no hay un pronunciamiento particular de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a ese tópico, por tanto se tenía que seguir las mismas reglas que ya estaban establecidas de manera previa y dentro de estas el respeto a la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de dicho mecanismo, como lo es la jurisprudencia con el rubro "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE DE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL", la cual establece que si hay este tipo de restricciones hay que atender a la Constitución, por ello con independencia de esas dos sanciones a las cuales se ha condenado al Estado mexicano, el juzgador de primera instancia debía acatar a los lineamientos que marca la Suprema Corte en este sentido a través de esa jurisprudencia y por tanto imponer la prisión preventiva oficiosa al ahora quejoso. Lo cual no se considera inconstitucional, partiendo de que la petición del Fiscal, la hizo con base en el artículo 19 Constitucional, el cual cabe precisar junto con el 16 del código adjetivo de la materia, establecen que cuando se trate de delitos cometidos con medios violentos como armas se impondrá de manera oficiosa la prisión preventiva; por lo anterior, es dable concluir que si al quejoso se le imputa el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia a bordo de un vehículo de transporte público de pasajeros, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracciones I, inciso b y XVIII, inciso a, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d, del Código Penal del Estado de México, en agravio de Juan Villegas Reyes, Erika Solano Jiménez y la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada S.A. de C.V., representada por su apoderado legal Ernesto Alberto Reyes Rodríguez, este se encuentra dentro del catálogo que establece el artículo 19 Constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que hasta este momento, no hay ninguna disposición en cuanto a que el artículo 19 Constitucional o en su caso el párrafo tercero del artículo 167 del código adjetivo de la materia, hubieren sido modificados o que el legislador hubiere hecho un ajuste en cuanto no haya contemplado ese tipo de delitos como prisión preventiva oficiosa, incluso que tampoco se suscitaba alguna de las siguientes circunstancias: que en el desarrollo del proceso cambie la clasificación jurídica del delito, que en la etapa de juicio el alegado de apertura o el de clausura el ministerio público plantee una clasificación respecto al delito invocado, que al dictarse una sentencia condenatoria el tribunal de enjuiciamiento sin sobrepasar los hechos probatorios, acredite un delito cuya clasificación jurídica sea distinta a la hecha en la acusación, que el ministerio público al solicitar el procedimiento abreviado, lo haga señalando una clasificación jurídica del delito diversa a la fijada en el auto de vinculación a proceso, que durante el desarrollo del proceso el imputado actualice alguno de los casos previstos en el artículo 166, y que en términos del octavo párrafo del artículo 167 del código citado, las partes manifiestan la voluntad de celebrar acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato en el cual el ministerio público deberá solicitar al órgano jurisdiccional la sustitución de la medida cautelar para que las partes puedan concretar dicho acuerdo. Razones por las cuales, resulta infundado lo expuesto por el promovente de amparo, en el sentido que para imponer la medida cautelar impuesta, no basta que se señale que se está ante la presencia de un delito cometido por arma de fuego como justificación para restringirle su libertad, pues, contrario a lo que señala, tratándose de la prisión preventiva oficiosa para su imposición basta con que el delito que se le imputa al inculpado se encuentre dentro del catálogo que prevé la Constitución y el código adjetivo de la materia; máxime que, en el caso en concreto, el Juez responsable sí aplicó los preceptos procesales que sustentan la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pues, como ya se explicó, dicha decisión se tomó en base a lo previsto en los artículos 19, párrafo segundo Constitucional y 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, las consideraciones expuestas por el Juzgador responsable, contrario a lo expresado por el quejoso, se encuentran apegadas a la ley, pues, como se adelantó, el artículo 19 Constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que tratándose de delitos cometidos con medios violentos como armas, se impondrá al inculpado prisión preventiva oficiosa. Además, si bien de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, se puede advertir que dicha medida cautelar es inconvencional y que la misma es vinculante para el Estado Mexicano, lo cierto es que a pesar de ello, ésta medida no es inconstitucional, en atención a que el propio párrafo segundo, del artículo 19, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, continúa previendo que se debe imponer la prisión preventiva oficiosa, en los delitos como el que se le imputa al ahora quejoso, es decir, los cometidos con medios violentos como armas, de ahí que si hasta el momento dicho precepto no ha sido objeto de alguna modificación por parte del legislador, incluso a pesar de que en el párrafo 217 de la citada sentencia internacional, se propuso al Estado Mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico tomando en consideración los requisitos que se deben cumplir las medidas de esa naturaleza, se considere correcto que el Juez responsable aplique para resolver el caso concreto, las normas de derecho interno y no las consideraciones que se plasmaron en la sentencia de la Corte Interamericana antes referida. Y es que, el suscrito considera que la Constitución es la Norma Suprema que se alza como referente, como paradigma fundamental al que deben someterse todas las otras normas; la Constitución no puede sino estar como referente único e insuperable de toda legitimidad y legalidad en el país, a riesgo, incluso, de perder su cualidad de norma de referencia fundante y origen de creación institucional, que a ella debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación, pues de la Constitución deriva todo el marco normativo, incluso, desde luego, los tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos, y por ello la Constitución no puede en ningún caso perder su preeminencia sobre cualquier otra norma. Inclusive, si bien habría que hacer una interpretación pro persona, esto no podría conllevar a que se prefiera la aplicación de las normas establecidas en los tratados internacionales sobre la Constitución, porque esto implicaría que se encontrarían por encima de la Constitución, al dejar de aplicar simplemente una norma constitucional, dando así preeminencia a la norma internacional respecto de una norma constitucional, con el riesgo de que sea ya no el Juez el que determine la interpretación de la norma sino propiamente el que reforme, incluso, de hecho, la Constitución misma. Adicionalmente, el artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que para poder hacer efectivos los derechos contenidos en ella, será necesario que los Estados, si no lo han hecho, lleven a cabo las medidas legislativas para hacerlos efectivos; lo que denota que no basta una simple desaplicación de la norma nacional y una aplicación indiscriminada de la norma internacional, sino que sería necesario que el legislador, o si fuese necesario el Constituyente, como dispone y exige el artículo 2o. de la Convención, reformen las normas correspondientes para hacer efectivos esos derechos. Es decir, las normas de rango convencional puede aplicarse en el régimen interno, pero con las condiciones previstas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque el artículo 1o. de la Constitución Federal establece que el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones establecidas en la Norma Suprema. De manera que, si en el caso concreto se ha concluido, que constitucionalmente se encuentra prescrito que cuando se imputa a una persona, el delito cometidos con medios violentos como armas, se impondrá automáticamente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ello constituye una restricción de rango constitucional, en relación a lo resuelto por la Corte Interamericana en relación a que la prisión de preventiva oficiosa deviene inconvencional, y por tanto, no puede invocarse la aplicación de una norma de rango convencional en contra de una restricción constitucional, porque la vigencia y aplicación del tratado internacional se encuentra condicionada por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eventualidades por las cuales, no resulta procedente aplicar en favor del accionante del amparo el principio pro homine, como lo solicitó en su demanda de amparo; es decir, resolver el asunto en concreto, atendiendo lo más beneficioso para el quejoso, pues el suscrito no puede dejar de aplicar los criterios emitidos para este tipo de situaciones por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de hacerlo, daría como resultado que perdieran su carácter de obligatorios, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica. Máxime que las autoridades de amparo de menor rango a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están facultadas para realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad sobre el contenido del artículo 19 de la Carta Magna, en el apartado relativo a la prisión preventiva oficiosa ni en relación con alguna disposición que la implique. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido que del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º Constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, como en el caso ocurre con la prisión preventiva oficiosa, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), con registro digital 2006224, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Constitucional, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, que a la letra dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIO´N Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARA´METRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIO´N HAYA UNA RESTRICCIO´N EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUE´LLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.". Así como en la diversa 2a./J. 119/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, con registro digital 2007932, Décima Época, Materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 768, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal.". En correlación con la diversa P./J. 64/2014 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional, con registro digital 2008148, Décima Época, Materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 8, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.". Criterios que no se considera factible desacatarlos, ni aún so pretexto de otorgar una protección más amplia al gobernado, porque es necesario tener en cuenta que el artículo 217 de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción del propio Tribunal Constitucional. De modo que, mientras un criterio emitido por nuestro Alto Tribunal no sea abandonado por la propia Corte, éste permanece vigente y continúa siendo obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Como ocurre con la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) de rubro "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIO´N Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARA´METRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIO´N HAYA UNA RESTRICCIO´N EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUE´LLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL" transcrita con antelación, misma que, hasta el momento y aún con la resolución de los asuntos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido abandonada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se puede concluir que su aplicación es obligatoria para las autoridades del Estado. Cabe destacar que este juzgador no soslaya el contenido de la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."; no obstante, la aplicación de dicha jurisprudencia debe hacerse en términos de colaboración y no contradicción con la jurisprudencia nacional, como en el caso acontece. Además de que, en esa misma ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: "[.] Como expresamente se estableció en el artículo 1° constitucional, en México todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado mexicano, lo que significa que, con motivo de la reforma constitucional, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos, en el entendido de que, derivado de la parte final del primer párrafo del propio artículo 1º constitucional, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. [.]." De lo anterior, se puede establecer, que los derechos humanos contenidos, en la constitución, como en los tratados internacionales, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional; sin embargo, cuando en la constitución exista una restricción expresa al ejercicio de ellos, se deberá estar a lo que disponga el texto constitucional. Aunado a que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las salas del máximo tribunal y todas las demás autoridades judiciales del país; por tanto, la responsable estaba legalmente impedida a desaplicar el artículo 19 Constitucional para no imponer la prisión preventiva oficiosa, ejerciendo un pretendido control difuso de convencionalidad; porque incurriría en responsabilidad. Por tales motivos se considera acertada la decisión del Juez natural ahora reclamada, aunado al hecho, que será hasta en tanto, el Estado Mexicano dé cumplimiento a la sentencia de condena de la Corte Interamericana referida y armonice el marco nacional en materia de prisión preventiva oficiosa con los estándares y requisitos de la Convención Americana, en que se pueda analizar de forma diversa esa medida, en los casos previstos en el numeral 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual modo, se advierte que contrario a lo que refiere el quejoso en su demanda de amparo, con la emisión de acto reclamado no se vulnera el principio de presunción de inocencia, puesto que, el objeto de las medidas cautelares no es prejuzgar su participación en la comisión del delito que se le imputa, sino que, lo es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, y evitar la obstaculización del procedimiento, máxime que para la imposición de la prisión preventiva oficiosa, únicamente se requiere que el delito que se le imputa al inculpado se encuentre dentro del catálogo que para tal efecto prevé el párrafo segundo, del artículo 19, Constitucional y el diverso, párrafo tercero, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dicho derecho únicamente consiste en que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional como lo dispone el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no como lo pretende el accionante, en el sentido de que por ese principio debe llevar en libertad su proceso. Sin que tampoco se considere que con el acto reclamado se le cierre toda posibilidad de obtener su libertad en base a la presunción de inocencia, debido a que independientemente de que en este momento se le haya dictado la medida cautelar referida, ello no implica que si con posterioridad varían de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, no pueda solicitar al órgano jurisdiccional de nueva cuenta sea revisada dicha medida cautelar. Así las cosas, en contra de lo afirmado por el promovente del amparo, se estima correcta la determinación del Juez responsable, dado que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue impuesta con base en la gravedad del delito que se le imputa, esto es, acorde a lo dispuesto por los artículos mencionados en párrafos que antecede; y contrario a lo que argumenta el quejoso, dicha medida no se considera haber sido dictada a capricho de la autoridad responsable, ni excesiva o desproporcional, pues, para ello, se basó en el texto constitucional y la ley procesal de la materia, ordenamientos que de manera expresa prevén la imposición de esa medida tratándose del ilícito que se le imputa. De igual modo, resulta infundado lo expuesto por el promovente de amparo, en el sentido que para imponer la medida cautelar impuesta, no basta que se señale que se está ante la presencia de un delito cometido por arma de fuego como justificación para restringirle su libertad, pues contrario a lo que señala, tratándose de la prisión preventiva oficiosa, como ya se dijo previamente, para su imposición basta con que el delito que se le imputa al inculpado se encuentre dentro del catálogo que prevé la Constitución y el código adjetivo de la materia, y no que se deba justificar de manera pormenorizada las causas inmediatas para determinar su imposición, como sí se debe hacer con la prisión preventiva justificada. Máxime que, en el caso en concreto, el Juez responsable sí aplicó los preceptos procesales que sustentan la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pues, como ya se explicó, dicha decisión se tomó en base a lo previsto en los artículos 19, párrafo segundo Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; e incluso, de la transcripción del acto reclamado, realizada en párrafos precedentes, se advierte el Juez natural sí atendió lo que debatió su defensa para la imposición de la medida cautelar, fundando y motivando los argumentos por los cuales consideró que no le asistía la razón, y sin que se aprecia que con el dictado del acto reclamado se haya subsanado en su deficiencia la petición de la representación social de imponer la medida cautelar en comentario. Consecuentemente, en contra de lo que aduce el solicitante del amparo, se advierte que la resolución reclamada deviene constitucional y legal. Por las consideraciones expuestas, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el accionante de este juicio de control constitucional, lo procedente es negar el amparo a ********************, respecto a los actos reclamados analizados en este Considerando. Negativa que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, al no reclamarse la ejecución del acto reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Cobra aplicación al caso, la tesis de la entontes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, Octava Época, del contenido siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. OCTAVO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. NOVENO. Protección de información y datos personales. Dado que las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Tercero del presente fallo, por los motivos precisados en el diverso Séptimo del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este Juzgado de Distrito permitieron su engrose, asistido de Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remite las constancias que acreditan el legal emplazamiento de los terceros interesados ******** y a la moral ofendida ******, por conducto de su representante ******, de las que se advierte que fueron emplazados por correo electrónico el diez de agosto del año en curso. En ese sentido, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tienen por emplazadas al presente juicio de amparo a las citadas víctimas, en su calidad de terceras interesadas y se toma conocimiento del correo electrónico que aportan.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la secretaria particular por instrucciones del Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, remite la notificación con la que acredita el emplazamiento a Xóchitl Iglesias Alvarado, Agente del Ministerio Público que interviene en la causa de control 204/2023. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado de Distrito; asimismo, con fundamento en el artículo 5 fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase por emplazada a este juicio a la aludida tercera interesada. Finalmente, no pasa desapercibido que al oficio de cuenta se anexó la notificación de la representante social de mérito, relativa al incidente de suspensión, pues en términos del numeral 88 de la codificación invocada en el párrafo primero de este proveído, se cita como hecho notorio el auto de tres de agosto del año en curso, emitido en el cuaderno aludido, en el que se tuvo por recibida la notificación de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2389/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, se remitió oficio, por conducto de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa de control 204/2023, por ser el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, a quien le recae el carácter de tercero interesado, a efecto de emplazarlo al presente juicio de amparo, sin que al día de la fecha la autoridad en cita haya remitido la constancia que acredite la notificación del representante social aludido. Asimismo, en proveído de doce de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara mayores datos y diversos domicilios a los ya señalados de los terceros interesados Érika Solano Jiménez, Juan Villegas Reyes y Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, sin que haya realizado manifestaciones al respecto. Por tanto, mediante oficio que derive de la presente determinación, solicítese a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, remita las constancias respectivas para tener por emplazado al representante social aludido. Además, por cuanto hace a los terceros interesados Érika Solano Jiménez, Juan Villegas Reyes y Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, gírese atento oficio al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México a fin de que por su conducto los emplace a juicio, corriéndoles traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, del auto admisorio y de la presente determinación, asimismo, les haga del conocimiento su derecho de apersonarse a este sumario, ofrecer pruebas y formular alegatos; además, deberá requerirlos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal emplazamiento, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibidos que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y para su verificativo se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rafael Becerra Lozano, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2389/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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