César Felipe Moreno Hernández
Expediente 1350/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- César Felipe Moreno Hernández
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado dentro del presente sumario constitucional; asimismo, para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, remite copia certificada del acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral burocrático 1346/2021 de su índice y de la notificación de tres posterior. Ahora bien, de dichas constancias, se evidencia que el uno de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó auto de radicación en el juicio citado y el tres de ese mes y año, el Actuario adscrito al tribunal responsable emplazó al demandado. Luego, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente 1346/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y como se advierte del párrafo precedente el uno de febrero del año en curso, la autoridad responsable radicó el juicio laboral burocrático citado, en tanto que el tres posterior, se emplazó al demandado; en consecuencia, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (...)". En efecto, las constancias del expediente laboral 1346/2021 del índice de la responsable, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2), para demostrar que las violaciones de las que se duele la impetrante de amparo, no existen, ni existían en la forma planteada a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el uno de septiembre de dos mil veintidós, en virtud de que el uno de febrero de este año, la autoridad responsable dictó el auto de radicación de dicho expediente y el tres posterior se emplazó a la parte demandada; de ahí que se actualiza la causal de sobreseimiento aludida. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, como ya se dijo, se encuentra plenamente demostrada la causa de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción IV, de la legislación de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida, puesto que en el caso se actualiza la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado, pues aún y cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada, pues ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior. En diverso orden, resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución".
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que no obra el acuse de recibo del oficio 29284/2022, dirigido a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual se solicitó su informe justificado; en ese sentido, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para efecto de que entregue el mismo, a efecto de que la autoridad en comento esté en aptitud de dar cumplimiento al auto de cinco de septiembre del año en curso. Ahora bien, del estado de autos se obtiene que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se señalaron las doce horas del tres de octubre de dos mil veintidós; por tanto, a fin de dar oportunidad de lo anterior, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las diez horas con quince minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo, promovida por César Felipe Moreno Hernández, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1350/2022-I. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por César Felipe Moreno Hernández, por propio derecho, en contra de la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente 1346/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quien deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, se comparte la manifestación del quejoso, relativa a que no existe tercero interesado, en virtud de que si bien el Ayuntamiento de Toluca y/o Municipio de Toluca, es el demandado, se estima que no reviste tal carácter, en virtud de que no ha sido llamado al juicio de origen; por tanto, una eventual concesión de la Justicia Federal no le depararía perjuicio alguno. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, consultable en el Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente, y por autorizadas en los términos que indica a las personas que refiere. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Además, para efecto de notificar a las autoridades responsables del presente proveído, dada la contingencia actual, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique los oficios derivados de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcionen, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio); además, se les requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinden un correo electrónico al que, en su caso, se les puedan hacer llegar las notificaciones. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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