César Iván Arrazola Carrera

Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
284/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • César Iván Arrazola Carrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el cuaderno de antecedente relativo al juicio de amparo 284/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el diecisiete de junio pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de treinta y uno de mayo pasado, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General..". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.".Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el diecisiete de junio pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de treinta y uno de mayo pasado, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la tercera interesada el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; por medio del cual remite diversas constancias relativas al acto reclamado. Ahora, del análisis de las referidas constancias, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, tenemos que, de la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, debe señalarse que de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa dentro de su demanda de amparo, antecedentes y conceptos de violación que la conforman, el acto reclamado en el presente juicio constitucional consiste, en esencia, en la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 242/2020-II del índice del juez responsable, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercero interesada en contra de la pensión provisional, determinando reducirla del 20% al 10% sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada. Ahora bien, la autoridad responsable remite diversas constancias derivadas del expediente de origen, a las cuales se otorga valor en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°. Así pues, de tales constancias, se advierte el proveído de veintinueve de abril, del año en curso, que los señores BLANCA STEPHANI AMEUA AGUILAR RAMOS y CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, comparecieron ante ese tribunal en el expediente antes citado 451/2020/I1, mediante escrito recibido por este juzgado el día treinta de abril del año dos mil veintiuno, en punto de las catorce horas, formulando convenio de seis cláusulas para dar por terminado el controvertido número 451/2020/I1, y de otros juicios que tenían entablados, ratificando ante la presencia judicial su contenido y firma en ésa misma fecha, y también manifestando su voluntad de no seguir unidos en matrimonio, lo relativo a la guarda y custodia de sus dos menores hijos, el régimen de convivencia que tendrá CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA con sus dos menores hijos, que no se fijan alimentos entre consortes, así como la forma en que el progenitor cumplirá su carga alimentaria para con sus dos menores hijos; desistiendo en la prosecución de los juicios a que hacen referencia en el convenio, señalaron el domicilio en que habitará cada uno, y la forma en que liquidarán la sociedad conyugal. Con motivo de lo anterior, en proveído de tres de mayo que se cursa, se turnaron los autos del juicio natural a fin de resolver dicho convenio, emitiéndose la sentencia definitiva de divorcio y de aprobación del convenio el día cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, en el que se decretó el divorcio existente entre las partes, y se aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado por las partes, elevándose a categoría de cosa juzgada, y se ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido. Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, ya que al elevarse el convenio celebrado por las partes a categoría de cosa juzgada; las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada que a continuación se cita: PETICION, DERECHO DE. RESPUESTA DADA DESPUES DE PROMOVIDO EL AMPARO. Si se reclama la violación al derecho de petición, y la autoridad afirma en el juicio haber dado contestación a la solicitud del quejoso, mediante oficio cuya copia exhibe ante el Juez, no puede pretenderse que la exhibición de ese documento en el juicio sea una notificación legal del acuerdo recaído a la petición, pues esta conducta de la autoridad deja viva la controversia sobre si se violó, o no, el derecho de petición, y será la sentencia de fondo la que resuelva el problema. Pero en cambio, sí es lícito, y aun deseable, que si la autoridad había omitido contestar en breve término, lo haga al ser promovido el juicio, sin litigar en éste la cuestión, ni esperar a que recaiga sentencia que conceda el amparo al quejoso. Pero debe hacerlo notificando la respuesta por los medios legales procedentes, fuera del juicio de amparo, y sólo acompañar a éste la prueba de que la violación constitucional ha cesado, y de que procede, por ende, sobreseer el juicio, pues sería absurdo en estos casos retener la respuesta hasta que recaiga sentencia, como en el caso anteriormente examinado sería absurdo que la sentencia decidiera si la respuesta se notificó bien dentro del juicio de amparo, dejando al peticionario sin defensa oportuna contra la respuesta dada. Cabe precisar que el hecho de que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, no origina agravio alguno a la peticionaria de amparo ni se le priva del derecho de defensa, ya que al haber quedado sin efectos el acto reclamado las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional y, por ende, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las nueve horas con veinte minutos del once de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 284/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA.23-24CIERTOTIERRA BLANCA, VERACRUZ. De la que reclama: la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 242/2020-II del índice del Juez responsable, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercero interesada en contra de la pensión provisional, determinando reducirla del 20% al 10% sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada. En auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, se les confiere pleno valor probatorio a las documentales anexas al informe previo rendido por el Juez responsable, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer término conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 242/2020-II del índice del juez responsable, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercero interesada en contra de la pensión provisional, determinando reducirla del 20% al 10% sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada; acto que dada su naturaleza positiva es susceptible de suspenderse, y que con la concesión de la medida no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, en cambio, de negarse la suspensión se ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. En ese sentido, ES PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado para el efecto de que no se ejecute la resolución reclamada y siga vigente la pensión alimenticia decretada en autos del juicio natural a favor de la acreedora alimentaria, lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre lo que se resuelva por sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal de donde deriva el presente cuaderno incidental. Máxime que de negarse la suspensión traería como consecuencia que se le otorgara una pensión alimenticia menor a la inicialmente decretada en el juicio de origen, lo que sí pondría en riesgo la subsistencia de la parte acreedora. Orienta sobre el caso la jurisprudencia 1a./J. 53/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de ese Máximo Tribunal de Justicia del País. MEDIDAS DE SEGURIDAD Ahora, en virtud de que el quejoso no expresó estar inhabilitado para suministrarse sus propios alimentos, pues manifestó que independientemente de que el suscrito laborara; entonces, lo que procede es fijarle una garantía como requisito de eficacia de la suspensión decretada, para que, de ser necesario, responda por los daños y perjuicios que podría ocasionarse a la parte tercera interesada en el supuesto de que se niegue el amparo o se sobresea en el juicio constitucional, pues en tal caso, significaría que la quejosa accedió indebidamente al pago de alimentos a cargo del referido tercero. Por tanto, el suscrito procederá a determinar de manera fundada y motivada lo relativo al monto que debe exhibirse para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con el otorgamiento de la suspensión solicitada. En tal sentido, para determinar los daños y perjuicios generados a la parte tercero interesada por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, debe tomarse un parámetro que cuantifique los dos aspectos, es decir, que se valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir y además, el elemento relativo al tiempo de duración de la suspensión definitiva. Por tanto, la suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, si la parte quejosa no otorga garantía dentro del plazo de cinco días, por la cantidad $19,583.76 (diecinueve mil quinientos ochenta y tres pesos 76/100 moneda nacional). Dicha garantía se fija sobre la base del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se encuentra tasado en $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) al no contar con elemento alguno que acredite el monto líquido de la pensión de alimentos. En esos términos, esa cantidad se multiplica por el plazo que surtirá efectos la suspensión definitiva concedida, que en el caso, el tiempo estimado es de 218.52 días, por ser el periodo estimado en que según los indicadores estadísticos judiciales de productividad que publica en su página web la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se resolverían ambas instancias de un juicio constitucional tramitado en este Séptimo Circuito, lo que da un total de $19,583.76 (diecinueve mil quinientos ochenta y tres pesos 76/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/274 y la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.9o.C.142 C. En efecto, de la consulta realizada a los indicadores mencionados se tiene que el trámite probable del juicio de amparo indirecto en este juzgado es de 72.39 días, y el plazo que duraría la substanciación de la segunda instancia equivale a 146.13 días adicionales, dando como resultado de su suma: 218.52 días. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." Asimismo, en la parte conducente, aplica a continuación tesis VII.2o.C.35 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA EN QUE DEBE FIJARSE LA GARANTÍA PARA CUBRIRLOS, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA UNA SENTENCIA DE ALIMENTOS QUE ABSOLVIÓ AL DEUDOR Y NO HAY INTERESES DE MENORES NI INCAPACES. Cuando la condena en un juicio natural no es estimable en dinero porque no se fijó en cantidad líquida, y no obran elementos que permitan determinar el monto posible de los daños y perjuicios, se puede fijar una garantía discrecionalmente, conforme a todos aquellos elementos que obren en el sumario. En tales condiciones, si de las constancias procesales que integran un juicio de alimentos se advierte a cuánto equivale el porcentaje que como pensión provisional seguirá percibiendo la quejosa con motivo de la suspensión de la ejecución de la sentencia que absolvió al deudor y donde no hay intereses de menores ni incapaces, o bien, que seguirá erogando el tercero interesado hasta en tanto se resuelve el amparo directo; entonces, dicha garantía habrá de fijarse con base en la cantidad que arroje ese porcentaje. Luego, para establecerse su monto, deberá estimarse el lapso que tarda en resolverse un juicio de amparo, tomando como parámetro de la dilación, los días que se señalan en el oficio que para tal efecto emita la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En conclusión, para que surta efectos la suspensión, la quejosa deberá exhibir garantía, por una parte, por el equivalente de la cantidad que seguirá percibiendo con motivo de la suspensión de la ejecución de la sentencia absolutoria, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo y, por otra, deberá exhibir una cantidad que avale los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudiere sufrir el tercero interesado. Así, para calcular el monto posible por concepto de daños, se tomará como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera podría durar la resolución del juicio a la fecha en que se decrete la garantía; mientras que por lo que ve a los perjuicios, se tomará como parámetro la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo I, enero de 2015, página 5, de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.". Por tanto, el importe total de la garantía que habrá de exhibir la quejosa se obtiene de sumar el equivalente de la pensión que deberá seguir cubriéndose durante el tiempo aproximado en que se resolverá el juicio de amparo directo, más las cantidades que se obtengan por concepto de daños y perjuicios." En la inteligencia de que el mismo debe ofrecerse en cualesquiera de las formas permitidas por la Ley. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso), concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente), y precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Sin que impida arriba a la determinación aquí decretada, la circunstancia que el Juez responsable haya remitido copia certificada del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, celebrado entre el aquí quejoso y Blanca Stephani Amelia Aguilar Ramos, autorizado y sancionado mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, pues al efecto no ha causado firmeza; de ahí que será hasta que alcance tal categoría no incide en la materia del presente cuaderno incidental. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

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