César Iván Arrazola Carrera
Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- César Iván Arrazola Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a César Iván Arrazola Cabrera, para los efectos siguientes: ".que la autoridad judicial responsable: a). Deje insubsistente la resolución reclamada, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el proceso penal 80/2021 de su índice, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar. b). Reponga el procedimiento hasta antes de que resuelva sobre la situación jurídica del imputado aquí quejoso, en el entendido de que, conforme a lo determinado en la presente sentencia, llevará a cabo una audiencia de saneamiento, exclusivamente en relación con el tema relativo a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de la persona que fungió como defensor particular del quejoso en la audiencia inicial y su continuación, en la que incluso, oficiosamente deberá cuestionar al auxiliar de sala respecto si la cédula profesional o los documentos que sirvan para identificar al profesionista fueron cotejados, siendo imperativo que quede registrado en la videograbación correspondiente el número de esa cédula, del registro ante el órgano judicial y la forma en que se cerciore pertenece a la persona que interviene con tal carácter. c). Luego de realizar tal ejercicio en la audiencia de saneamiento aludida y de cerciorarse que tal persona designada por el imputado cuenta con cédula que lo acredite como licenciado en derecho, deberá resolver sobre la situación jurídica de aquél con base en lo expuesto en la audiencia inicial ya desahogada, para lo cual deberá volver a notificar la resolución del auto de vinculación a proceso al quejoso a efecto de que, de estimarlo pertinente, esté en posibilidad de impugnar dicha determinación. d). No obstante, en el caso de advertir la autoridad judicial responsable que no se puede dar el saneamiento por la existencia de una violación al derecho de defensa del imputado, deberá llevar a cabo nuevamente la audiencia inicial, en la que deberá vigilar que el imputado cuente con una defensa adecuada. e). Una vez hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda." En esas condiciones, mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, puesto que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial en el Estado, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, mediante oficio --/2022, hizo del conocimiento de este juzgado que mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, dejó insubsistente el Auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, y señaló las once horas del día uno de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia en donde resolvería la situación jurídica de CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA. Posteriormente, mediante oficio 359/2022, el juez responsable, remitió a este juzgado la versión escrita de la resolución dictada en la audiencia celebrada el uno de septiembre de dos mil veintidós en el proceso penal 80/2021 de su estadística, por la cual resolvió la situación jurídica del aquí quejoso CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, así como un disco versátil digital de audio y video (DVD) correspondiente a la referida audiencia, y del que de sus puntos medulares se desprende haber sido dictada bajo las siguientes consideraciones: En un principio, el juez responsable, en cumplimiento al fallo amparador, dio inicio a la audiencia de saneamiento del procedimiento dentro de la causa penal 80/2021; dejándose insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (minutos 1:15 a 1:40 disco versátil digital archivo 01790-PP80-2021). Seguidamente, se procedió a la identificación de las partes, encontrándose por la Fiscalía la Licenciada Idalia Hernández González, en su carácter de Fiscal Primera Especializada en delitos contra la Familia, Niñas, Niños. Adolescentes y Trata de Personas adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tierra Blanca; Veracruz; el Licenciado en Derecho Baruch Enrique Castillo Zamora, Asesor Jurídico de la víctima de identidad reservada 50/2020 también presente en audiencia; por la defensa la Licenciada Linette Carolina Castro, Defensora Pública adscrita al juzgado de control responsable, así como su representado CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, quedando debidamente registrados en el disco de audio y video los documentos que muestran el cotejo de la cédula profesional y nombramiento de la Defensora Pública que atendió la referida audiencia (minutos 1:45 a 3:03 disco versátil digital archivo 01790-PP80-2021) Así mismo, toda vez que el licenciado Miguel Ángel Cortes Maulion, quien intervino en la audiencia inicial en su carácter Defensor Particular no se presentó, a pesar de estar debidamente notificado de la celebración de la audiencia de que se trata, y a fin de no trasgredir el derecho de una defensa técina y adecuada en favor del reo, el juez responsable concedió el uso de la voz a la Defensora Pública, a efecto de que manifestara si era su deseo solicitar el diferimiento de la audiencia de mérito, a lo cual dijo haberse impuesto de la carpeta de investigación y tener conocimiento del asunto (minutos 3:05 a 7:13 disco versátil digital archivo 01790-PP80-2021). En esas circunstancias, el juez consideró viable continuar con la audiencia inicial de reposición y resolver la situación jurídica de CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA; por tanto ordenó un receso para emitir la resolución correspondiente (minutos 7:15 a 7:28 disco versátil digital archivo 01790-PP80-2021) Una vez reiniciada la audiencia, en un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometido para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda (minutos 0:01 a 0.39 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). En esas condiciones, la juez consideró se encontraban cubiertos los requisitos de forma y fondo que el órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como lo establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a saber: I. Que se haya formulado imputación. II. Que se le haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado. III. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) Que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito b) Que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV.-El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. V. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito (minutos 0:40 a 1:08 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). Posteriormente, el juez reiteró que por cuanto hace a los requisitos en mención, de los datos expuestos al órgano jurisdiccional en audiencia inicial, se escuchó la imputación de la Fiscalía Especializada, misma que quedó entendida por el aquí quejoso CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA; quien en su oportunidad se reservó el derecho a rendir declaración; además que se puede establecer la existencia de un delito y la probable responsabilidad de que le imputado lo haya cometido (minutos 1:09 a 1:25 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021) Acto seguido, el juez señaló que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR está previsto en el artículo 154 Bis del Código Penal vigente para el Estado: Artículo 154 Bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de cuatro a seis años de prisión, multa de hasta seiscientos días de salario, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela. En caso de que la víctima fuere mujer, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión. Del que se desprende que los elementos a acreditarse para mostrar la existencia de la conducta son: a) que un sujeto activo ejerza cualquier tipo de violencia contra su cónyuge y b) que la víctima se mujer. Respecto al primero de los elementos anteriormente mencionados, el juez lo tuvo por demostrado con el acta de matrimonio que enlaza al imputado con la víctima 50M/2020, lo que pone de relieve que las partes estuvieron enlazadas en matrimonio. En cuanto a que se haya ejecutado acto de violencia de cualquier tipo en contra de la pasivo por parte de su entonces cónyuge, el juez tuvo por acreditada la violencia de tipo psicológica a través del peritaje D086/2021, realizado por Diego Alfredo Rodríguez Dorantes, perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, del que advirtió que 50M/2022 se encontraba con una psique afectada posiblemente por los hechos investigados, que se corroboran con los hechos narrados por la víctima en su denuncia de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, a través de la cual manifestó ante la Fiscalía Especializada, que el imputado, entonces su cónyuge, en diversas ocasiones fue violento con ella, marcando las fechas diecinueve, veintiuno y veintinueve de febrero, así como el dos de marzo todos de dos mil veinte, como momentos en los que recibió insultos e incluso golpes por parte del imputado. Datos de prueba valorados conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que muestran a través de la denuncia, una serie de circunstancias donde 50M/2020 se vio involucrada como víctima de las acciones nocivas imputadas a CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, que van desde insultos hasta agresiones físicas (minutos 2:33 a 5:30 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). Por cuanto hace al segundo de los elementos del delito, esto es, que la víctima sea mujer, es un hecho que en momento alguno ha sido controvertido; circunstancia que se comprueba con los datos personales de 50M/2020 y del que se tiene que efectivamente, es una persona de sexo femenino y no hay prueba contraria a este hecho (minutos 5:33 a 5:57 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). Por cuanto hace a la probabilidad de que el imputado haya cometido la conducta que se le endilga, el juez la tuvo por acreditada a través del señalamiento directo desprendida de la denuncia realizada por la pasivo 50M/2020, la cual se ve corroborada por el peritaje en materia psicológica que muestra su salud mental alterada, producto de los maltratos recibidos, así como las testimoniales rendidas por Luz del Carmen Aguilar Ramos, María de Rocío Ramos Torres y del progenitor de la pasivo, quienes manifestaron ser conocedores de que el imputado ha maltratado a la pasivo tanto física como verbalmente, y las cuales fueron valoradas en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minutos 5:59 a 8:47 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). Por tanto, se advierte la mecánica de hechos que sigue; que en fechas diecinueve, veintiuno y veintinueve de febrero de dos mil veintidós y dos de marzo del mismo año (circunstancia de tiempo) en el interior del domicilio ubicado en Callejón Privada del IMSS número 1201-1 colonia Luis Echeverría de la ciudad de Tierra Blanca; Veracruz (circunstancia de lugar), la pasivo 50M/2020, fue objeto de diverso insultos y maltratos verbales por parte del imputado CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, y que causaron un detrimento en la salud emocional de la pasivo, con quien entonces le unía el lazo de cónyuges (circunstancia de modo), teniendo así por acreditada la probabilidad de que el imputado cometió el delito que le es imputado por la Fiscalía Especializada (minutos 8:48 a 9:28 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). Por cuanto al último requisito que marca el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez la tuvo cubierta, al no haberse acreditado a favor del imputado, alguna causa excluyente de delito, de justificación o de inculpabilidad, de acuerdo a lo que establecen los artículos 23, 25 y 26 del Código Penal del Estado de Veracruz, toda vez que los hechos en que recaen las imputaciones hechas en contra, surgen a la vida jurídica por una acción nociva, es decir donde interviene el dolo, de acuerdo al artículo 21, párrafo segundo del Código Penal vigente en vigor en la fecha de los hechos, y es necesariamente voluntaria, por lo que no existe la figura de ausencia de conducta, tampoco atipicidad, ni legítima defensa, y toda vez que el acusado es mayor de edad, que por los datos generales obtenidos en autos se aprecia que cuenta con el criterio y capacidad intelectual necesarios para comprender los hechos ilícitos imputados, no puede ser considerado inimputable (minutos 10:08 a 12:11 disco versátil digital archivo 01791-PP80-2021). En ese contexto, el juez determinó quedaban satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional, en relación con los diversos 316,317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales y procedió a dictar AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de CÉSAR IVÁN ARRAZOLA CARRERA, como probable responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, ilícito previsto y sancionado en el artículo 154 Bis párrafos primero y segundo del Código Penal vigente, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada como 50M/2020. Acto seguido, el juez tuvo por notificados a los intervinientes en la audiencia, de los términos en que se dictó el auto de vinculación, para los efectos del cómputo del plazo para recurrirla en caso de inconformidad, conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. (EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJSA Y TER CERO INTERESADO POR ASÍ ESTAR ORDENADO EN AUTOS)
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos, el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tierra Blanca; Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a César Iván Arrazola Carrera, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".a). Deje insubsistente la resolución reclamada, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el proceso penal 80/2021 de su índice, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar. b). Reponga el procedimiento hasta antes de que resuelva sobre la situación jurídica del imputado aquí quejoso, en el entendido de que, conforme a lo determinado en la presente sentencia, llevará a cabo una audiencia de saneamiento, exclusivamente en relación con el tema relativo a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de la persona que fungió como defensor particular del quejoso en la audiencia inicial y su continuación, en la que incluso, oficiosamente deberá cuestionar al auxiliar de sala respecto si la cédula profesional o los documentos que sirvan para identificar al profesionista fueron cotejados, siendo imperativo que quede registrado en la videograbación correspondiente el número de esa cédula, del registro ante el órgano judicial y la forma en que se cerciore pertenece a la persona que interviene con tal carácter. c). Luego de realizar tal ejercicio en la audiencia de saneamiento aludida y de cerciorarse que tal persona designada por el imputado cuenta con cédula que lo acredite como licenciado en derecho, deberá resolver sobre la situación jurídica de aquél con base en lo expuesto en la audiencia inicial ya desahogada, para lo cual deberá volver a notificar la resolución del auto de vinculación a proceso al quejoso a efecto de que, de estimarlo pertinente, esté en posibilidad de impugnar dicha determinación. d). No obstante, en el caso de advertir la autoridad judicial responsable que no se puede dar el saneamiento por la existencia de una violación al derecho de defensa del imputado, deberá llevar a cabo nuevamente la audiencia inicial, en la que deberá vigilar que el imputado cuente con una defensa adecuada. e). Una vez hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acredite el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que el dieciocho de julio de la presente anualidad se dictó sentencia dentro del presente asunto, sin que se haya girado el oficio correspondiente a fin de notificar a la tercero interesada Fiscal Primero Especializado en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. En esas condiciones, gírese oficio a la aludida tercero interesada Fiscal Primero Especializado en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, al que deberá anexarse copia de la sentencia dictada en autos, a fin de que se imponga de su contenido y se encuentre debidamente notificada. Notifíquese en términos de ley.
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