César Guerrero García

Expediente 594/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2014.

Datos del expediente

Expediente
594/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2014

Partes del expediente

  • César Guerrero García

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA CON LA RESOLUCIÓN DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN.- EN MERITO DE LO ANTERIOR, DEVUELVASE A LA JUNTA RESPONSABLE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 406/2005 SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio 352/AMP/2014, del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 3281/2014, mediante el cual rinde informe justificado, remite cuaderno de amparo el cual contiene: escrito de presentación, demanda de amparo, promovida por ***, proveído de doce de abril de dos mil trece, diversas constancias de emplazamiento así como diversas actuaciones; dos copias de demanda de garantías; y, expediente 406/2005; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, de lectura integral de la demanda que se provee, este órgano colegiado advierte que el quejoso ***, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo".- "LAUDO QUE COMPONE EL ACTO DEMANDADO.- Dictado con fecha 07 de abril del 2009, dentro del juicio laboral iniciado por César Rivera Ortega y otros, dentro del expediente número 406/2005". Primeramente, cabe apuntar que no pasa desapercibido para esta potestad federal, que tanto la junta responsable al rendir su informe justificado así como el quejoso, señalaron como acto reclamado el laudo de siete de abril de dos mil nueve; sin embargo, de los autos del expediente laboral 406/2005, se advierte que lo correcto es el laudo de veintiocho de mayo de dos mil nueve. Así las cosas, el suscrito advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por ***, contra el laudo de veintiocho de mayo de dos mil nueve, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, en los autos del expediente laboral 406/2005, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuyo estudio es de oficio, en términos de lo dispuesto por el diverso 62 de la ley de la materia. Para evidenciar lo anterior, es necesario destacar que el más alto tribunal del país ha sostenido el criterio de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación o por una de sus Salas, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de ser ofrecido como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de ello, es innegable que para un tribunal colegiado, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por tanto, las diversas actuaciones practicadas por el propio órgano jurisdiccional en diverso cuaderno de amparo pueden tenerse a la vista para constatar su contenido y válidamente invocarlos de oficio como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial. Ilustra lo expresado, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con el que este órgano jurisdiccional comulga, publicado en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Tesis 812, página 552, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes". Lo así manifestado viene a colación porque de las constancias del amparo directo 94/2010, promovido por el propio amparista ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, consistente en el laudo de veintiocho de mayo de dos mil nueve, en el expediente laboral 406/2005, el cual se tiene a la vista en este acto, se advierte que mediante ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil diez, este órgano colegiado negó el amparo solicitado, ordenando su archivo mediante auto de tres de junio de dos mil diez. En ese tenor, se evidencia que el hoy quejoso ***, promueve de nueva cuenta demanda de amparo directo en contra del laudo de veintiocho de mayo de dos mil nueve, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo en el expediente laboral 406/2005, siendo que el diverso amparo directo 94/2010, del índice de este tribunal, también fue promovido por el mismo amparista, contra la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado; en tal virtud, es de estimarse que el acto que reclama actualmente el impetrante de garantías, ya fue materia de ejecutoria en otro juicio de amparo. Por consiguiente, en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia que establece el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, razón por la cual SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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