César Genaro González Castro
Expediente 609/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- César Genaro González Castro
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR HAGASE DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio de cuenta del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acompaña los autos del juicio de amparo indirecto 693/2016-III-A, así como diez copias de la demanda de amparo promovida por el quejoso César Genaro González Castro; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que por resolución de diecisiete de junio del año en curso, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto 693/2016-III-A con que se da cuenta, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia condenatoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 83/2014, misma que el juez federal consideró como una resolución definitiva que puso fin al procedimiento; de ahí que en contra de esta proceda el juicio de amparo directo. En esas condiciones el a quo constitucional, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por César Genaro González Castro y la remitió al Tribunal Colegiado en turno, con residencia en esta ciudad capital, tocando su conocimiento por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Son las siguientes: Ordenadora: Juez Primero Penal de Tula de Allende, Hidalgo (.).- Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal de Tula de Allende, Hidalgo.- (.).- Ejecutora: Director del Centro de Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo, Director de Prevención y Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo, Director de Reinserción del Centro de Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo.- (.).- Delegado del Instituto Nacional Electoral".- "IV. ACTO RECLAMADO.- (.).- 1.- El desahogo del proceso penal de la causa 83/2014, incluyendo la sentencia condenatoria dictada en contra del suscrito, en la causa penal 83/2014, en fecha 31 de agosto del año 2015, en cuanto a los considerando segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo". Lo anterior es así, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se observa que el impetrante de garantías hace valer como acto reclamado la sentencia definitiva emitida por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en los autos de la causa penal 83/2014 de su índice; resolución en contra de la cual procede el recurso de apelación. Por tanto, si el quejoso no apeló la resolución de primer grado, como lo establece el artículo 337, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por César Genaro González Castro, contra el acto que reclama del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10 a), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución al quejoso, téngase como domicilio y autorizados los indicados en el escrito de cuenta. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta del Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acompaña los autos del juicio de amparo indirecto 693/2016-III-A, así como diez copias de la demanda de amparo promovida por el quejoso César Genaro González Castro; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que por resolución de diecisiete de junio del año en curso, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto 693/2016-III-A con que se da cuenta, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia condenatoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la causa penal 83/2014, misma que el juez federal consideró como una resolución definitiva que puso fin al procedimiento; de ahí que en contra de esta proceda el juicio de amparo directo. En esas condiciones el a quo constitucional, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por César Genaro González Castro y la remitió al Tribunal Colegiado en turno, con residencia en esta ciudad capital, tocando su conocimiento por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Son las siguientes: Ordenadora: Juez Primero Penal de Tula de Allende, Hidalgo (.).- Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal de Tula de Allende, Hidalgo.- (.).- Ejecutora: Director del Centro de Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo, Director de Prevención y Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo, Director de Reinserción del Centro de Readaptación (sic) Social de Tula de Allende, Hidalgo.- (.).- Delegado del Instituto Nacional Electoral".- "IV. ACTO RECLAMADO.- (.).- 1.- El desahogo del proceso penal de la causa 83/2014, incluyendo la sentencia condenatoria dictada en contra del suscrito, en la causa penal 83/2014, en fecha 31 de agosto del año 2015, en cuanto a los considerando segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo". Lo anterior es así, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se observa que el impetrante de garantías hace valer como acto reclamado la sentencia definitiva emitida por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en los autos de la causa penal 83/2014 de su índice; resolución en contra de la cual procede el recurso de apelación. Por tanto, si el quejoso no apeló la resolución de primer grado, como lo establece el artículo 337, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por César Genaro González Castro, contra el acto que reclama del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en estricta observancia a lo dispuesto por el ordinal 179 de la ley de la materia citada. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10 a), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diez de abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución al quejoso, téngase como domicilio y autorizados los indicados en el escrito de cuenta. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notificación personal a la parte quejosa.
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