César Fernando Salman Meda
Expediente 1328/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2020
Partes del expediente
- César Fernando Salman Meda
Actuaciones
- Principal
Vistos los dos primeros escritos que se reciben vía electrónica por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, téngase por hechas las manifestaciones, mismas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el contenido del diverso escrito signado por el perito de la parte quejosa, en el sentido de que se le otorgue una prorroga para el efecto de emitir su dictamen, al respecto, dígase que este juzgado no ha solicitado a los peritos designados en el presente asunto, a efecto de que rindan su dictámenes periciales, puesto que se está a la espera de que se lleve a cabo la diversa diligencia de estampamiento de firma, por lo que respecta al diverso testigo ***, en el entendido de que una vez que acontezca lo anterior, se acordara lo conducente.
- Principal
Previo citatorio de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: 1. Se levanta reserva. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se tiene a la vista físicamente la demanda que promueve César Fernando Salman Meda, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, por tanto, se levanta la reserva ordenada en el auto que antecede y se ordena proveer. 1 BIS. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como al diverso 25/2020 del citado Pleno, que reformó los artículos 1 y 15 del acuerdo citado en primer término (durante su vigencia). 2. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que los tribunales deben analizar de oficio las causas de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la legislación especial en cita, se advierte de manera notoria y manifiesta una de ellas. En este caso, la prevista en el primer párrafo de la fracción XIV del precepto 61, en relación con el numeral 17, fracción I, ambos de la aludida legislación de garantías, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Del artículo citado, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos que al efecto prevé la ley de la materia, lo que determina que el gobernado consiente de forma tácita los actos de autoridad. Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, textualmente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se advierte, que de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, en el caso, se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien, 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. O bien, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor, como ocurre en la especie. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La disposición mencionada comprende la procedencia del juicio de amparo indirecto para impugnar tanto las leyes autoaplicativas como las heteroaplicativas, dentro de cuyo concepto in genere o lato sensu se incluyen los ordenamientos que, con independencia de su naturaleza formal, deben intrínsecamente reputarse "leyes" por contener normas jurídicas abstractas, impersonales y generales, como son los tratados internacionales, decretos y acuerdos de observancia general y reglamentos federales y locales. Para distinguir entre las leyes autoaplicativas y las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Julio 1997, Tomo VI Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J 55/97 Página: 5 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso, la parte quejosa reclama los siguientes ordenamientos legales, en su carácter de normas autoaplicativas: ? La inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Cabe precisar que el juicio de garantías contra una norma autoaplicativa debe interponerse dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor. Expuesto lo anterior, en el caso se reclama, en su carácter de norma autoaplicativa, la emisión de los siguientes artículos: Artículos reclamados Fecha de publicación. Entrada en vigor 235 último párrafo Párrafo Reformado 27 DE MAYO DE 1987 D.O.F. Al día siguiente de su publicación. 237 Reformado 19 DE JUNIO DE 2017 D.O.F. Al día siguiente de su publicación. 245, fracción I Reformado 19 DE JUNIO DE 2017 D.O.F. Al día siguiente de su publicación. 247 último párrafo Párrafo Reformado 27 DE MAYO DE 1987 D.O.F. Al día siguiente de su publicación. 248 Reformado 23 DE DICIEMBRE DE 1987 D.O.F. Al día siguiente de su publicación. Como se desprende del cuadro anterior, las porciones normativas reclamadas de la Ley General de Salud, entraron en vigor en distintas fechas, siendo los numerales de entrada en vigor más reciente el 235 último párrafo, y 245, fracción I, cuyas reformas fueron publicadas el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, entrando en vigor al siguiente día de dicha publicación, que fue el veinte de junio de dos mil diecisiete. Por tanto, de conformidad con el artículo 17, fracción I, en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo, el plazo de treinta días para impugnar estos últimos transcurrió del veinte de junio al treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, descontando, para tal efecto, los días veinticuatro y veinticinco de junio, así como uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio, todos de dos mil diecisiete, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que por mayoría de razón se hace extensivo a los diversos numerales reclamados, pues es inconcuso que su entrada es inclusive anterior a los últimos analizados. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de octubre de dos mil veinte, resulta que su presentación es extemporánea. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita las normas reclamadas, toda vez que promovió el juicio de amparo fuera del término de treinta días que establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, cuando se impugnen normas en su carácter de autoaplicativas. Aunado a lo anterior, del contenido de la demanda no se aprecia algún acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucional, en contra del aquí quejoso. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia que a continuación se cita: Época: Octava Época Registro: 389662 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Parte SCJN, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 209 Página: 201 "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción i, y 73, fracción xii, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación." Así como también, la jurisprudencia del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 196391 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 26/2 Página: 461 "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior tercera sala de la suprema corte de justicia de la nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, tomo i, del apéndice al semanario judicial de la federación de 1995, con el rubro: "leyes autoaplicativas. el amparo en su contra es improcedente si la demanda se interpone extemporáneamente en relación con el término de 30 días siguientes a su vigencia, y no se demuestra la existencia de actos de aplicación.". ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción i, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. la circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el pleno y sala de este alto tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción i, de la ley de amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se determina desechar la demanda de amparo.
- Principal
Incorpórese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, el comunicado de cuenta, a través del cual la autoridad responsable que lo remite rinde su informe previo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Ahora bien, solicita la devolución de los documentos que acompañó en su ocurso, sin embargo, éstos son fotocopias simples pues se recibieron vía correo electrónico, de ahí que no procede su devolución.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito de cuenta que signa electrónicamente ***, toda vez que, una vez realizada una revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el ocursante no tiene reconocido carácter alguno en el presente sumario, lo anterior, para los efectos legales que haya lugar.
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