César Dorantes Salazar
Expediente 1644/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1644/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- César Dorantes Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo...
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa y/o sus autorizados acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarles por lista el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que dice: "Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe (n) el (los) comunicado (s) de cuenta, a través del (los) cual (les) se rinde informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la referida ley. En relación con las documentales que se acompañan, se tiene (n) por presentada (s) la (s) anexa (s) al (los) informe (s) respectivo (s), la (s) cual (es) se tiene (n) por admitida (s) y desahogada (s) en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, atento al contenido de dichas constancias, se aprecia que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...]". Efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia al atender a las constancias que se reciben, a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Habida cuenta que en el caso, el acto reclamado consiste en: Omisión de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente 1683/2021. Siendo que de las documentales recién valoradas se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós se emitió la determinación respectiva en cuanto a la admisión o desechamiento de pruebas en el expediente 1683/2021. Por tanto, jurídicamente no es factible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, toda vez que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Por otra parte, cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" y que en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que en el caso no se dé vista a las partes con la recepción del informe de cuenta (y en su caso, con las constancias remitidas), este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que las partes no hayan conocido del informe justificado durante el plazo de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este acuerdo y, ante ese panorama, de otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente determinación. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable por las razones que informa el criterio del rubro que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 164217 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Página: 312 "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo o en este caso, del acuerdo de sobreseimiento, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conviene puntualizar que el acto reclamado en sede constitucional constituye un acto dilatorio. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en el caso en particular, aunque se otorgue a las partes los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ningún beneficio obtendrían, puesto que aun concediéndolo, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios contra los que ya obran en autos (que tienen valor probatorio pleno), a fin de demostrar que el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso en particular, de ordenar la vista con el informe de cuenta, lo único que se produciría es el retardo en la solución del asunto. En otro orden, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que atento al sentido de este acuerdo y por reclamarse -en esencia- dilaciones en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncie en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 81/2018, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". Ello, a partir de que tengan conocimiento de esta determinación, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior".
- Principal
Vista la certificación que precede y el estado de los autos, de los que se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible llevarla a cabo, toda vez que no se cuenta con el(los) informe(s) justificado(s), pero está transcurriendo el plazo otorgado a la(s) autoridad(es) responsable(s) para rendirlo(s). Por ende, procede diferirla y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del trece de septiembre del año en curso.
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