César Fernando Lambretón Garza

Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • César Fernando Lambretón Garza
  • Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos del juicio de amparo citado al rubro, veintisiete legajos y remite copia certificada de la resolución emitida en el R.C. ... que confirma la sentencia dictada en autos, en la que se negó el juicio de amparo. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal; acúsese recibo de las constancias descritas con anterioridad. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable, remitió legajos de constancias en justificación de sus actos, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso del quejoso; con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 264/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; y C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que ninguna de las partes los formuló y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 264/2022, promovido por ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, y; RESULTANDO: Primero. Demanda. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el quejoso demandó el amparo contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veinticinco de marzo siguiente se admitió la acción de amparo; se dio intervención al fiscal federal adscrito; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley; la parte tercera interesada fue emplazada; la representante social adscrito no intervino; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante autoridades residentes dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., que modificó la interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil diecinueve dictada en el incidente de extinción de pensión alimenticia, derivado del divorcio sin causa ... por el Juez Sexto de la propia especialidad y residencia, que fijó la pensión alimenticia en $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales para su menor hijo. Tercero. Existencia. La existencia de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo; certeza corroborada con las constancias remitidas, de valor probatorio pleno acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Es aplicable, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. ... demandó vía incidental a ..., la extinción de la pensión alimenticia decretada a su favor, y como consecuencia, la disminución de la otorgada a su menor hijo, admitiéndose a trámite el diecisiete de abril de dos mil dieciocho por el Juez Sexto Familiar de la Ciudad de México. II. Contestada la demanda y seguida la secuela del incidente, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve la juzgadora declaró procedente la vía elegida y absolvió a ... de las prestaciones reclamadas. III. Contra la anterior determinación, el actor incidentista interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, quien el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el toca ..., modificó la sentencia impugnada. IV. Esa decisión fue combatida vía amparo por ..., del cual conoció el suscrito bajo el número de juicio ..., donde el veintidós de septiembre de dos mil veinte, concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) lo procedente es conceder la protección constitucional a la peticionaria de amparo, para el efecto de que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: a) Deje insubsistente la sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación ...; y b) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que tome en consideración los medios de convicción ofrecidos por la quejosa. Orienta lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "PRUEBA, FALTA DE APRECIACION DE. Cuando en las constancias de autos aparecen pruebas que no fueron examinadas ni mencionadas por la autoridad responsable, debe concederse el amparo para que se dicte nueva sentencia, en la que se haga el estudio de esas pruebas." En el entendido que la presente concesión no implica necesariamente que le asista la razón en el fondo a la parte quejosa, pues se limita exclusivamente al reconocimiento de una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, por ser un derecho de la inconforme de conocer los motivos por los que se otorga o no valor probatorio a los medios ofertados y desahogados, lo cual debe ser reparado mediante una respuesta expresa, con libertad jurisdiccional. (.)" V. En acatamiento a ese fallo, la Sala responsable emitió la resolución que modificó la interlocutoria recurrida, entre otras cosas, para absolver a ... de seguir otorgando pensión alimenticia a la ex pareja, consistente en $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y, en consecuencia, decretó la disminución de la misma para quedar a favor del hijo de las partes, a razón del cincuenta por ciento por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales. Este último fallo fue objeto del juicio de amparo 312/2021, que concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "(.) En congruencia con las consideraciones precedentes, con fundamento en el ordinal 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional a la peticionaria de amparo, para el efecto de que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y b) Dicte otra, en la que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, es decir, lo relativo a la cancelación de la pensión alimenticia a favor de ..., y tomando en consideración los razonamientos expresados en este fallo, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que corresponda en cuanto a la disminución de la pensión alimenticia decretada a favor del menor involucrado, justificando el monto que respecto de él debe prevalecer, para lo cual habrá de seguir los parámetros expuestos en esta sentencia. (.)" En el expediente de revisión civil R.C. ... el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, confirmó lo resuelto. VI. Para cumplir, la sala del conocimiento emitió la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós en el toca ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E PRIMERO.- Resultan FUNDADOS los agravios hechos valer por el inconforme, por las razones lógico-jurídicas expuestas en el cuerpo de la presente sentencia. SEGUNDO.- Se MODIFICA la SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada con fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la C. Jueza Interina Sexta de lo Familiar, de la Ciudad de México, en los autos del INCIDENTE DE EXTINCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, deducido del juicio de DIVORCIO SIN CAUSA, solicitado por el señor ... a la señora ..., expediente 1212/20214, para quedar en los siguientes términos: - - - - "PRIMERO. Ha sido procedente la vía elegida por el actor incidentista, señor ..., en la que sí probó su acción y la demandada en la incidencia, señora ... no justificó su contestación a la demanda, en consecuencia. - - - - SEGUNDO. Se absuelve al señor ..., de seguir otorgando una pensión alimenticia a la señora ..., por lo tanto se ordena la EXTINCIÓN de la pensión alimenticia decretada a favor de la señora ..., consistente en la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales.- --- TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se ordena la disminución de la pensión alimenticia, para quedar en lo sucesivo únicamente a favor del hijo de las partes, de identidad reservada y cuyas iniciales de su nombre son S.L.M., para quedar en la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales, la que será cubierta en lo general, en la forma en que se viene haciendo y de acuerdo al convenio celebrado por ambas partes con fecha veinte de marzo de dos mil quince, es decir, se depositará en la cuenta bancaria (.) Sucursal (.) de la Institución Bancaria (.) pagaderos en dos exhibiciones, esto cada quince días, hasta dos días hábiles de cada quincena. (.)" Esta última resolución y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa sostiene: 1. La Ad Quem no consideró que hay un convenio que fijó un monto para el infante y la progenitora, sobre el cual debió resolver, pues de lo contrario, incorrectamente modifica la voluntad de la partes, pues pactaron una cantidad para dos acreedores, y el monto ahora impuesto rebasa ese parámetro. El acto reclamado interpreta incorrectamente la acción que demandó cancelar alimentos a la progenitora, y donde el monto y forma de la correspondiente al menor nunca estuvo cuestionada, por estar regulada en el convenio aunque no se hubieren establecido porcentajes. 2. El acto reclamado contraviene las garantías de seguridad jurídica y equidad procesal, porque analizó incorrectamente las posibilidades y capacidad económica del deudor puesto que: - Dejó de armonizar las diversas erogaciones que adicionalmente se ministran producto del convenio. - Dejó de valorar la falta de empleo formal. - Es una carga excesiva, acorde al estudio socioeconómico y los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la pensión impuesta excede la capacidad económica, que conlleva un posible proceso penal por dejar de ministrar alimentos. 3. La sala responsable dejó de analizar las necesidades del acreedor acorde a las actuaciones, por lo cual es incorrecta la cantidad determinada. - La progenitora tiene ingresos propios, que permiten cubrir las necesidades que se le imponen al quejoso. - Delega en el quejoso toda la carga de la obligación alimentaria del menor hijo de las partes. - No pronunciarse sobre las obligaciones de la progenitora, - Es injustificado el incremento de la pensión porque carece de sustento en documentos fehacientes, desglose de gastos del menor, que genera un daño patrimonial de imposible reparación. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por el quejoso, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Es infundado el concepto de violación marcado con el número 1, donde el quejoso apela a un criterio de igualdad formal para distribuir el monto de alimentos pactado, posterior a cancelar los de la tercera interesada, aunque no se hubiere avenido así. Amerita tal calificativo, en principio porque desde la sentencia dictada en el amparo indirecto 312/2021 de este índice y confirmada en grado de revisión, ya se sostuvo que era necesario que la autoridad responsable sustentara el monto por el cual debía subsistir la obligación respecto del menor, luego de haberse justificado el cambio de circunstancias para cancelar la pensión alimenticia definitiva otorgada a su progenitora; ello de acuerdo a la valoración de las pruebas ofrecidas en la incidencia de que se trata y todos los elementos existentes en el juicio natural. Lo cual se justificó en que la variación al monto establecido en convenio judicial repercute al menor acreedor alimentario, por lo que la responsable, con base en el interés superior del niño y los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría de resolverse sobre la acción sin afectar el interés superior de la niñez como principio vinculante. Aunado a que la sala responsable estaba jurídicamente impedida para recurrir al criterio matemático señalado por el quejoso, y con ello dividir entre dos partes iguales la pensión de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), inicialmente pactada, y asumir unilateralmente que en ese monto engloban las necesidades del infante que al acreedor corresponde cubrir. Es así porque de optar por esa postura, la Ad Quem contravendría el interés superior del menor, en perjuicio de las obligaciones del Estado mexicano de maximizar los derechos de la infancia, en detrimento de la labor judicial que así lo impone y resolvería desconociendo la jurisprudencia obligatoria, donde se ha concluido que no es dable atender un criterio estrictamente matemático al fijar los alimentos, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación. Por el contrario, aunque la pensión del infante inmerso no hubiere sido el objeto directo de la acción extintiva, como quedó demostrado en la sentencia del amparo indirecto ..., la autoridad familiar debía observar que en el supuesto de resultar procedente reducir o cancelar la que sí lo fue, no debía afectar el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del infante. Lo cual obligaba a la autoridad a integrar la nueva pensión alimentaria valiéndose de los principios de interés superior de la infancia, proporcionalidad y necesidad, de forma directa y a pesar de que la voluntad de las partes es la ley suprema, porque ésta no opera tratándose de alimentos, pues en tal supuesto rigen los principios superiores señalados, que justifica revisar plenamente el monto y forma de la pensión alimentaria del menor cuyo deber subsiste, ante la extinción de una de las obligaciones pactadas. Máxime cuando como, en el caso, las partes no precisaron la cantidad correspondiente a cada acreedor, lo que conlleva aclarar esa brecha de indeterminación, con el objeto de delimitar la forma de cumplir las obligaciones parentales, pues los derechos avenidos solo unifican, identifican e integran el alcance, montos, circunstancias de modo, tiempo y lugar en que deberán exigirse, para cumplir las funciones específicas que las partes les asignaron, pero su revisión se condiciona a principios preponderantes. Lo cual se justifica porque aunque el principio de la autonomía de la voluntad es de rango constitucional, y que se comporta como un elemento central del libre desarrollo de la personalidad, lo cierto es que se encuentra limitado por el ejercicio del resto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, y demás normas contenidas en instrumentos internacionales que los reconozcan, aprobados y ratificados por el Estado Mexicano. Por ello, aunque las partes contratantes gocen de igualdad de capacidad para suscribir una relación jurídica y todas las consecuencias que de la misma se obtienen, esos actos se limitan en su ejercicio a los principios de mayor entidad, lo cual significa permisión a la autoridad familiar para revisar la obligación alimentaria prescindiendo de la aparente voluntad declarada por las partes; por lo cual es infundado en concepto de violación. Sirve de apoyo la tesis aislada I.5o.C.6 C (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2003099, de la Décima Época, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SI SE DEMANDA SU MODIFICACIÓN, NO OPERA EL PRINCIPIO JURÍDICO DE QUE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES ES LA LEY SUPREMA, SINO OTROS COMO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL DE PROPORCIONALIDAD Y EL DE SOLIDARIDAD. Si en el convenio que celebran los padres de un menor se estipulan alimentos claramente insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias, debe considerarse contrario a derecho. De igual forma, si en esa convención uno de los deudores alimentarios se obliga desmedidamente a tal grado que el remanente de su salario a la postre resulte insuficiente para cubrir sus propias necesidades, el juzgador podrá ajustar el monto de la pensión originalmente convenida bajo los parámetros de proporcionalidad. Esto, sin desconocer que la voluntad de las partes es la ley suprema, pero dicho principio no opera tratándose de alimentos, pues en tal supuesto rigen otros principios superiores, como el del interés superior del menor, el de proporcionalidad y el de solidaridad; de suerte que se justifica que el juzgador se allegue de los elementos que estime pertinentes para resolver si procede o no la modificación de la pensión alimenticia demandada en vía incidental, pues debe tomar en cuenta, sin desatender el interés superior del menor, que no lesionen otros derechos fundamentales, como el de subsistencia mínima del propio deudor alimentario." Asimismo, son infundados los conceptos de violación dos y tres, donde el quejoso alega contra la integración del monto de pensión alimentaria que se le impuso en beneficio de su menor hijo, a causa de cancelar los alimentos a su colitigante. Como se narra en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado se dictó para resolver sobre la extinción parcial de la pensión alimenticia, instada vía incidental, y esa forma de promover impuso al actor el deber de acreditar que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la obligación, que es la negativa del derecho de su contraparte, y sostiene la satisfacción de esa carga además de demostrar la acción principal, permite calificar la proporcionalidad y necesidad del derecho que habría de subsistir. Ahora, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, en el proceso se demandó la declaración judicial de extinción de pago de alimentos de la tercera interesada (acción principal), y como consecuencia la disminución de la correspondiente al menor involucrado (acción residual). Respecto del primer punto, en el acto reclamado se tuvo por demostrado, con las pruebas ofrecidas por el quejoso y apelante, que la tercera interesada ha hecho una vida en común con una nueva pareja y en un diverso domicilio, que tiene fondos, ingresos, trabajo y bienes propios, que en el convenio de veinte de marzo de dos mil quince, se pactaron alimentos para ella y el infante involucrado. Asimismo, la sala responsable corroboró y tuvo por demostrado, con las pruebas ofrecidas por la tercera interesada, que la pensión se pactó para ella y su menor hijo y sus circunstancias personales, que en relación a la capacidad económica del actor depende de su progenitora desde hace cuatro años (estudio socio-económico de veintiuno de abril de dos mil diecinueve), conforma una familia monoparental de clase alta, que no tiene antecedentes tributarios del año dos mil dieciséis al dos mil dieciocho, y de sus registros ante instituciones bancarias solo una cuenta presentó saldo por $711.82 (setecientos once pesos 82/100 moneda nacional), que el apelante no tiene cantidades de dinero que puedan probar que existe solvencia financiera y durante los anteriores cinco años, no cuenta con antecedentes en el régimen obligatorio de seguridad social. Hasta este punto puede sostenerse que es infundado alegar que la sala responsable omitió valorar las documentales atinentes a los reportes financieros y bancarios, porque consta en el acto reclamado que si se incluyeron y de ellas se sostuvo una conclusión para adminicularse con las demás pruebas, y en su conjunto generar una consecuencia jurídica consistente en que el deudor no tiene la solvencia para seguir pagando alimentos a su ex pareja y acreedora. Tocante a las necesidades y erogaciones del menor involucrado, con las propias pruebas se demostró que el recurrente y ahora parte quejosa, inscribió a su menor hijo a un curso impartido por ... con un costo aproximado de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), que los gastos del infante son superiores a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, que la diferencia la cubre la progenitora custodia que tiene incorporado al infante al propio domicilio, y los gastos comunes señalados por la progenitora, solo una tercera parte corresponde al menor. Aunado a que el infante padece un retardo de crecimiento intrauterino sin recuperación, con insuficiencia de hormona de crecimiento, que requiere un tratamiento médico, al cual el apelante confesó contribuir en la medida de sus posibilidades, aunque las partes acordaron pagar por partes iguales. Todo lo cual condujo a modificar la voluntad espontánea expresada libre de violencia, para extinguir la pensión alimenticia de la progenitora, por demostrarse un cambio de circunstancias al dejar de necesitar los recursos por gozar de solvencia económica. Tocante al derecho y el monto de alimentos del infante inmerso, la sala responsable sostuvo que al amparo del artículo 4° constitucional, y 3 apartado 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cualquier actuación o medida que involucre la niñez, el Estado tiene la obligación de atender el interés superior de la infancia, para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Los juzgadores deben potencializar el ejercicio y protección integral de los derechos de la infancia, que conlleva al ponderar sus prerrogativas frente a terceros, no restringir aquellos cuya naturaleza implica el goce esencial de los primeros, considerando el rol que juegan en la controversia, que se alcanza cuando se le protege de manera integral adoptando un enfoque con perspectiva de infancia. Las partes no distinguieron o aclararon en el convenio que pactaron la cantidad correspondiente al acreedor, lo cual dejó esa decisión al juzgador familiar, que es un adolescente de aproximadamente dieciséis años, estudiante, que por sus labores y actividades requiere actividades y clases escolares y extraescolares, recreativas, culturales y de diversión, sus necesidades de primer orden son comida, análisis de laboratorio, dentista, ropa, calzado, uniformes, útiles, vestido y teléfono móvil. Además, que la cancelación alimentaria a la progenitora no debe afectarlo, por ello se fijan $15,000.00 (quince mil pesos mensuales 00/100 moneda nacional), a cubrirse como fue pactado, que es justo y equitativo porque el quejoso además paga inscripción, reinscripción, colegiatura mensual, cuota de tecnología, seguro de gastos médicos mayores. Como se advierte de las pruebas desahogadas para analizar las posibilidades del deudor alimentario, no se obtuvo una medida, porcentaje o parámetro constante de sus ingresos o percepciones, lo que es propio de la afirmación general de estar desempleado totalmente. Empero, ese contexto es insuficiente para sostener que se carece totalmente de recursos o fuentes de ingresos, porque de las periciales incorporadas también se obtuvo que depende económicamente de su progenitora, lo cual constituye un indicio de ingresos aunque de forma indeterminada, porque no se indica el grado, forma o monto en que el dependiente vive a costa de su red de apoyo. También se desahogó la revisión a la situación financiera donde se encontró una cuenta con sobregiro, otra cancelada, una más sin fondos y otra con $711.00 (setecientos once pesos 00/100 moneda nacional), todas en instituciones diferentes y a nombre del quejoso como titular, lo cual presupone operaciones o al menos el depósito inicial y por ende el manejo de bienes financieros, acceso al crédito, fondeo de capitales, entre otras. Lo cual también constituye un indicio de ingresos, visto en beneficio del derecho alimentario que se busca proteger de manera reforzada, que faculta recurrir al sentido ontológico de la prueba, el cual enuncia que lo ordinario debe presumirse y lo extraordinario debe probarse, pues lo ordinario es que quien disponga de diversas cuentas bancarias, es porque tiene la posibilidad de hacer operaciones, depositar y administrar recursos para mantener activos y vigentes sus bienes financieros. Sin embargo, a falta de una medida susceptible de perfeccionarse, corroborarse o debatirse, como implícitamente se realizó en el acto reclamado, debe recurrirse a las bases que las partes, en este caso el deudor alimentario, pactaron en el convenio y el contexto de la acción instada. Al respecto, el actor solicitó la regulación de los alimentos al menor por la mitad aritmética del monto inicialmente pactado para dos acreedores, esa acción predica una disminución en la capacidad financiera únicamente en lo que es objeto de controversia, que es la parte proporcional de la acreedora que se demandó extinguir el derecho. Sobre esa base, deben apreciarse las posibilidades del deudor a falta de prueba objetiva, reducida únicamente en la medida de aquellas erogaciones que ya no se necesitaron, que fueron objeto de la acción extintiva para su ex pareja y acreedora alimentaria, y por ende, la base para regular la obligación. Con esa premisa se contesta al quejoso que es infundado alegar una falta de valoración de la capacidad para ministrar alimentos, por omitir redistribuir las cargas que ya venía asumiendo, porque ese aspecto no integró la acción instada ni orientó las pruebas ofrecidas, que es relevante porque en el proceso se ventilan los intereses propios de cada parte, conforme a sus alegaciones y medios de convicción. Además, ante la falta de la demostración de una modificación en términos reales de la capacidad sustancial de los ingresos del quejoso, se debe inferir que mantiene la que le permitió pactar el pago de las erogaciones que asumió libremente en el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, adicionales al monto líquido objeto de regulación. Además, contrario a lo alegado, es infundado sostener que se dejó de valorar la falta de empleo, y amerita esa calificación porque el quejoso tampoco demostró la afirmación de carecer de ingresos o empleo, pues para evidenciar tal situación financiera, debió acreditar el impacto o alcance de la carencia opuesta. O bien, sostener la situación y/o incapacidad que le impide acceder a una actividad remunerada, que de forma necesaria lo haga depender económicamente de otra persona como se valoró en el acto reclamado, o en su caso, el testimonio en términos reales y actuales de los bienes en general propios o ajenos con que eventualmente se podría contar, para calificar sus posibilidades (reales y actuales) de afrontar el deber alimentario, pues acorde al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, corresponde a la parte acreedora la demostración de los hechos constitutivos de sus pretensiones. De lo contrario, válidamente la autoridad limitó el alcance de la circunstancia invocada para fundar la excepción extintiva del deber alimentario en general, y no incluir en el ejercicio de ponderación la reducción o redistribución de las erogaciones, que ahora demanda el quejoso, y que son objeto directo de la obligación alimentaria. En tal orden de ideas, es que no asiste razón al inconforme. Por otra parte, en cuanto a las necesidades del infante acreedor alimentario, es infundado alegar que la sala omitió revisarlas con las actuaciones, porque la cantidad fijada al quejoso corresponde a los parámetros fijados por las partes. Lo cual se obtiene de los términos del convenio de veinte de marzo de dos mil quince, donde los progenitores establecieron que las necesidades del infante a cargo del quejoso, se cubrirían con una cantidad dentro del rango de los $20,000.00 (veinte mil pesos). Ese señalamiento fijado por los progenitores es un parámetro de suficiencia, y del cual no se ha demandado una modificación bajo circunstancias novedosas respecto del menor, de donde se sigue que mantiene la propia necesidad que los progenitores estimaron distribuir con los fondos pactados conjuntamente. Dentro de ese margen inicial, la sala responsable impuso el pago de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que se considera que corresponde a las condiciones y necesidades fijadas por sus progenitores, que cuentan con las mejores prácticas para tomar las decisiones óptimas en su beneficio. Además, lo decidido es fiel a la materia de la controversia y la demanda de valorar la situación de carencia financiera, porque la tercera interesada y enjuiciada en el proceso, opuso un margen mayor de necesidades del menor y su situación de salud, el conocimiento del actor de esa diferencia y ofreció como prueba una lista de gastos de los cuales si bien la sala responsable concluyó que solo una tercera parte de los comunes son directamente aplicables al menor, lo cierto es que a esa brecha se suman los que corresponden solo a él. Entonces, si como ha quedado claro, la revisión del tema alimentario no se limita a la voluntad de las partes y debe fijarse a pesar de ella, y la pensión reclamada se acota sin incluir todos los posibles rubros que habrían de integrar la obligación, el quejoso en realidad se ve beneficiado con la incorporación de las circunstancias de desamparo financiero que alegó en general, pues solo se le impuso una cantidad dentro del monto general que ya estaba sufragando. Lo cual conlleva que las necesidades del menor acreedor también responden al expediente porque se integraron con lo pactado, los indicios aportados cuya validez no fue objeto de impugnación, lo cual es apto para contestar al quejoso que no le asiste razón al señalar que asume toda la carga alimentaria, porque la diferencia entre la cantidad impuesta y el resto de lo necesario, es atribuido a la progenitora custodia. Situación que también consta en el acto reclamado como conclusión de la sala responsable, en cuanto a que la demandada asume el rol de incorporar al infante a su domicilio y sufragar la diferencia entre lo preciso y lo debido, y en esos términos tampoco asiste razón al inconforme al reclamar omisión de señalas las obligaciones alimentarias de la ahora tercera interesada. De igual modo es infundado el concepto de violación donde el quejoso sostiene que la progenitora debe asumir la carga o parte de la carga que se le impone, por tener ingresos. Es así porque aunque la colitigante cuente con mayores ingresos, ese factor por sí solo de modo alguno conlleva en automático incrementar el monto de la pensión, o trasladar ese deber al diverso acreedor. En efecto, cualquier cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo, forma parte de sus posibilidades económicas para evaluar su capacidad financiera como deudor alimentista. Sin embargo, aun en el escenario donde el deudor alimentario demuestre tener mayor capacidad económica, es incorrecto sostener necesariamente un incremento, porque una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: "Posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Es claro entonces que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación donde pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Empero, el dinero que se destine a tales rubros no conlleva un incremento en la tasa destinada a los alimentos, pues su causación se sustenta en diversos principios; por el contrario, el derecho a los alimentos tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos deberán proporcionarse acorde a las posibilidades reales del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Es decir, el derecho a los alimentos es una facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga; por ello, si una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte. Entonces, la demanda de incremento de la pensión por las posibilidades del deudor, en demérito o prescindiendo de la valoración sobre las necesidades del acreedor, como se sugiere al solicitar recurrir directamente a los ingresos de su contraparte, no puede fundar una redistribución del monto para ministrar a cargo de la progenitora. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Finalmente, es infundado demandar una demostración fehacientemente documentada de los gastos y necesidades del menor, porque esa acción conlleva requerir la rendición de cuentas, que es un derecho no disponible entre los acreedores. Lo cual se justifica en que esa obligación de rendir cuentas de la pensión, no está respaldada por una norma general que así lo disponga, aunado a que si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la integración a la familia, su finalidad es personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad, es el ámbito en el cual los progenitores debe responder, y no al estrictamente financiero, por ello es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.I.C. J/14 C (11a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital 2024389, de la Undécima Época, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, puesto que uno estableció que el progenitor que ejerce la guarda y custodia de un menor de edad está obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia otorgada en favor de dicho menor de edad, mientras que los otros tribunales sustentaron lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que el progenitor que ejerce la guarda y custodia, no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión alimenticia que reciba por parte del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad. Justificación: La obligación alimentaria que tienen los progenitores con relación a sus hijos surge como consecuencia de la patria potestad, la cual debe ser cumplida por parte del padre o la madre que no los tenga bajo su custodia, a través de la entrega de la pensión alimenticia. En estos casos, quien tiene a su cargo la guarda y custodia del menor de edad, no tiene la obligación de rendir cuentas de dicha pensión, pues no existe disposición legal que así lo disponga. Además, si bien el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en la integración a la familia, su finalidad es personal, pues se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. El objeto de la obligación alimentaria no se reduce sólo a la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, pues también se conforma por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos del menor de edad, de ahí que la función del progenitor que ejerce la guarda y custodia no se limita a la de un administrador de bienes, ya que debe realizar cualquier acto encaminado a salvaguardar su educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas, que son de índole personal y no sólo material, lo cual no se consigue únicamente adquiriendo bienes y servicios; estimar lo contrario desvincularía de la obligación alimentaria los recursos económicos, materiales, laborales, domésticos o de cualquier otra índole similar que se destinan para ello, motivos por los cuales la rendición de cuentas de la pensión alimenticia no puede exigirse con base en los artículos 425, 439 y 2569 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Aunado a ello, la decisión de otorgar la guarda y custodia a uno de los progenitores debió considerarse la más benéfica para el menor de edad, atendiendo a las circunstancias del caso, por lo que quien la ejerce, goza de la presunción de que empleará la pensión alimenticia de forma responsable y diligente. Más aún, exigir la rendición de cuentas implicaría demostrar si los bienes y servicios se adquirieron con dinero del progenitor que tiene a su cargo al menor de edad o con el de la pensión, lo que se tornaría complejo o imposible, y no se podrían justificar aquellos gastos en los que no se entreguen recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite su transacción, atribuyéndose una carga probatoria que no está legalmente prevista para quien ejerce la guarda y custodia, lo que sería perjudicial exclusivamente en su contra, puesto que podría derivar en una sanción sustantiva o procesal; asimismo, tal exigencia podría atentar contra el interés superior del menor de edad, pues sus actividades se verían acotadas al depender de lo que se pudiera acreditar o no, restringiendo la posibilidad de acceder de forma rápida y eficaz a los satisfactores que requiera, al margen de afectar la autonomía del progenitor que ejerce la custodia respecto a la toma de decisiones para satisfacer las necesidades del menor de edad. Sin que resulte trascendente que el deudor tenga interés en que se rindan cuentas de la pensión, puesto que no es un derecho que se le reconozca en la legislación sustantiva civil, ni la patria potestad es un derecho de los progenitores, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos para su protección. En la inteligencia de que quien afirme que el progenitor que tiene la guarda y custodia no se encuentra proporcionando debidamente los alimentos, tendrá la carga de acreditarlo y, en caso de que se demuestre, el juzgador, con las facultades de investigación con las que cuenta para recabar pruebas, deberá conocer la situación real del menor de edad, y establecer las medidas necesarias, reforzadas o agravadas, en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente para mejorar las condiciones de su entorno o hacer cesar el estado de necesidad en que se ubique." En tales condiciones, al no haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese a las partes como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy nueve de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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