Cesar Emmanuel Lara Medina
Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cesar Emmanuel Lara Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 381/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 381/2021, promovido por ****, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. La demanda se admitió el uno de junio de dos mil veintiuno. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se designó a la parte tercera interesada y se ordenó su emplazamiento a juicio; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la tercera interesada (su sucesión) fue emplazada; la representación social no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un asunto planteado contra actos derivados de un procedimiento ***** *****, seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno emitido en el juicio ejecutivo **** **** del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de esta ciudad, en que la juez instructor, considerando el Registro Federal de Contribuyentes de la demandada, determinó que se trataba de un adulto mayor, por lo que para privilegiar las garantías y derechos del relativo sector poblacional, y asegurarle un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones, haciendo incluso los ajustes razonables que correspondieran, pidió al Registro Civil de la Ciudad de México, un acta de nacimiento de dicha parte, o en su caso, de defunción; decretando que una vez que se contara con dicha información, se proveería sobre el requerimiento de pago formulado por el actor. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Antecedentes procesales del juicio natural. I. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el hoy quejoso demandó en la vía ejecutiva ***** a *****. El negocio se radicó en el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de esta ciudad, con el número ...; y se admitió a trámite el seis de octubre de ese año. II. El quince de octubre de dos mil veinte se dejó citatorio a la demandada; y al día siguiente se le emplazó a juicio, donde se trabó embargo de cuentas. III. El tres de marzo de dos mil veintiuno se dictó sentencia contra la demandada en rebeldía, condenándola al pago de ****** como suerte principal, más accesorios a liquidarse en ejecución; causando ejecutoria el treinta de abril de esa anualidad. IV. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la parte ejecutante solicitó que se hiciera pago de la condena, poniendo a disposición la cantidad asegurada de las cuentas de su contraria. A la anterior petición recayó el auto reclamado de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, cuyo contenido íntegro es: "Agréguese a su expediente número **** el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su autorizado en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio ****. visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que a foja 27 del expediente obra un escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte por la parte actora, mediante el cual proporcionó el Registro Federal de Contribuyentes de la parte demandada ****** del que se desprende que se trata de un adulto mayor, en consecuencia la suscrita debe privilegiar las debidas garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil o de cualquier otro carácter, debiendo asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes razonables de procedimiento en todo proceso judicial y en cualquiera de sus etapas, en el caso que nos ocupa en la etapa de ejecución, lo anterior con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 31 de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En ese contexto, para conocer el estado actual de la demandada y garantizar sus derechos humanos como adulto mayor y en su caso determinar los posibles ajustes razonables al procedimiento de ejecución, se ordena girar atento oficio al REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de que se sirva informar a este juzgado si se encuentra registrada acta de nacimiento o en su caso acta de defunción a nombre de ***** y en caso afirmativo se remita a este juzgado copia certificada de la misma. Una vez que se tenga la información solicitada se proveerá conforme a derecho lo solicitado y en su caso se determinarán los posibles ajustes razonables del procedimiento de ejecución." QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, la acción de amparo es improcedente, pues aun cuando formalmente subsiste el acto reclamado, no puede surtir mayores efectos, en tanto que su materia (la posible implementación de un ajuste razonable por edad) ha dejado de existir (ante la toma de conocimiento de su deceso). El numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]" Del ordinal citado deviene que el juicio de amparo es improcedente en el supuesto de que aún ante la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo que lógicamente impide que sus efectos lleguen a concretarse. En apoyo se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de diciembre de 2006, en materia común, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." También se invoca la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 196442, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, en Materia(s): Común página: 241, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para la actualización de este supuesto de improcedencia, deben concurrir los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado legalmente aún exista. 2. La existencia paralela de un evento que implique la modificación del entorno en el cual el acto reclamado se emitió; que traiga como consecuencia que sus efectos queden completamente neutralizados, ante la desaparición total del objeto o materia del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución dictada por el juez de la causa para fijar un posible ajuste razonable a favor de la demandada, por cuestión de la edad avanzada que advirtió de su Registro Federal de Contribuyentes, persona a quien sujetó a proceso como persona física, y no jurídica (verbigracia, su sucesión). Sin embargo, no debe perderse de vista que de la secuela de eventos procesales posteriores a dicha actuación devino que la demandada ****** ******, lo que en congruencia con la forma en que fue llamada al juicio, presuntivamente constituyó un hecho novedoso para la juez de los autos, del que se tomó conocimiento hasta el momento en que recibió la constancia respectiva. Luego, si la finalidad del acto reclamado era adoptar los mecanismos correspondientes para que la persona demandada, posiblemente incluida en un grupo en situación de vulnerabilidad (por edad) tuviera un acceso efectivo y pleno a la justicia; pero ahora se sabe está muerta, entonces es claro que el objeto pretendido por la juez de origen ya no puede surtir efecto alguno, aun cuando el acto formalmente subsiste, puesto que la situación jurídica de la persona ha cambiado dando paso a su sucesión, por lo que la cuestión de protección por edad avanzada está completa y terminalmente superada en esta fase, dado que se entiende que ello opera para personas vivas. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en las definiciones de los artículos: 2 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores; 3, fracción I de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; adminiculado con el contenido de los numerales 1281, 1288, 1705 y 1706 del Código Civil de la Ciudad de México, que disponen: "A los efectos de la presente Convención se entiende por: (.) "Persona mayor": Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional; ARTICULO 1,281.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ARTICULO 1,288.- A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división. ARTICULO 1,705.- El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia. ARTICULO 1,706.- Son obligaciones del albacea general: I.- La presentación del testamento; II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; III.- La formación de inventarios; IV.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; VI.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella; IX.- Las demás que le imponga la ley." Así, ahora es legal y materialmente imposible considerar la edad de la demandada como un factor a considerar para efectos de una protección especial, pues ya se sabe que ****, por lo que el decreto reclamado al juez de la causa no genera mayores efectos en la esfera del ejecutante. Cabe mencionar que no es impedimento para resolver como se hace que el quejoso sea el actor y ejecutante en el proceso de origen, pues la decisión del juez que aquí se reclama no impacta en los posibles derechos de cobro que llegase a tener; y es así porque el propio acuerdo no limita o desconoce su derecho sino que reservó el proveído de fondo de su petición de puesta a disposición de dinero, hasta conocer el resultado de la búsqueda de las actas de la demandada en el Registro Civil, para en su caso saber que ajustes adoptar en la etapa de ejecución (los cuales ya ni siquiera serían de acogerse dado el deceso informado). Por tanto, el acto reclamado no constituye una definición de la vigencia de su derecho de cobro, ya que esto, de acuerdo a la redacción del último párrafo del auto reclamado, en su caso será parte de un posterior pronunciamiento en la etapa de ejecución, y no del acto reclamado, que en este talante, no le irroga agravio; y por ello, se insiste que aun subsistiendo el acto no surte mayores efectos contra el quejoso. Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y por ende procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO con fundamento en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el su diverso 63, fracción V, de la Ley de Ampao. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEEE el juicio de amparo promovido por ****, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, catorce de marzo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de ..., en su carácter del albacea de la sucesión a bienes de ...; atento a su contenido: se le tiene compareciendo a juicio como parte tercera interesada, por señalado el domicilio procesal que menciona y por autorizados para tales efectos a las personas que apunta. Respecto de quienes autoriza, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, si tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se le tiene promoviendo amparo adhesivo en los términos que señala, dígasele que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en el apartado relativo al amparo directo prevé en su artículo 182 la figura del amparo adhesivo únicamente en lo relativo a esa vía. Sin embargo, tal figura no está contemplada para el amparo indirecto, como se advierte en el capítulo relativo. Por tanto, es claro que si la ley de la materia vigente previó la figura del amparo adhesivo exclusivamente para actos que pudiesen reclamarse mediante amparo directo, esto es, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; es inconcuso que esa figura no puede aplicarse de manera supletoria al amparo indirecto, dado que cada juicio de amparo (indirecto y directo) prevé sus propias reglas, sin que en su tramitación puedan utilizarse en forma indistinta o analógica. En esas condiciones, no ha lugar a tener por presentado el amparo indirecto adhesivo que intenta la parte tercera interesada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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