Cesar Enrique Palafox Quintero

Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
440/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Cesar Enrique Palafox Quintero
  • CESAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO y Otros.
  • Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa En el Estado de Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase esa circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional así como la definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. ESTADO DE AUTOS. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la promoción con número de registro 8310, con la cual se ordenó formar cuaderno de antecedentes, toda vez que el presente juicio de amparo se encontraba en estudio para el dictado de la sentencia correspondiente. GLOSAR CUADERNILLO. Ahora, toda vez que mediante resolución de veinte de junio de dos mil veintidós, se resolvió en definitiva este asunto, por lo que se ordena glosar el cuaderno de antecedes de cuenta y acordar lo conducente. ACCESO ELECTRÓNICO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por tanto, téngase por recibido el escrito presentado por Diana Hernández Mejía apoderada jurídica del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega, en atención a su contenido, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente y para ello, proporciona el nombre de usuario "LIC.DIANAHERNANDEZ", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Asimismo, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. De igual forma, como lo refiere, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la parte tercera interesada por vía electrónica mediante el referido usuario "LIC.DIANAHERNANDEZ"; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte tercera interesada está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. MEDIO DE CONTACTO. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados por el promovente, como medios de contacto, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 14), en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, turnado a este Juzgado; Cesar Enrique Palafox Quintero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME. 1 MAGISTRADOS INTEGRANTES LA SALA REGIONAL DEL PACÍFICO-CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO. Cierto El auto de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, de la estadística de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital del Estado. SEGUNDO. El accionante constitucional estimó vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, fue registrada bajo el consecutivo 440/201-VI, por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno (fojas 15 a 22), la cual se desechó de plano por los motivos en él expuestos, inconforme con ello el quejoso lo recurrió en queja, recurso que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, con sede en Morelia, quien declaró fundado dicho medio de impugnación (fojas 62 a 81) y en cumplimiento a ello, este tribunal dejo insubsistente dicho acuerdo y en diverso de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 82 a 86), admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Hecho lo anterior, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo (fojas 166 a 171). Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a las diez horas con diez minutos del uno de abril de dos mil veintidós; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito', lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional, en la especie en Los Reyes, Michoacán. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional promovido por Cesar Enrique Palafox Quintero, por propio derecho, se aprecia que reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrada Presidenta de la Sala Regional Pacifico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO: El auto de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, de la estadística de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. La Magistrada Presidenta de la Sala Regional Pacifico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que acompañó con dicho informe, consistentes en copia certificada del expediente 1040/16-21-01-2-OT, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto legal 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que los criterios antes invocados interpreten la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. CUARTO. ANTECEDENTES. A fin de tener una mayor compresión del asunto, del expediente 1040/16-21-01-2-OT destacan los siguientes antecedentes: 1. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2, en la cual declaró la insubsistencia de las resoluciones negativas fictas configuradas ante la omisión de atender solicitudes de pago realizadas a través de estimaciones de obra equivalentes a tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento treinta pesos con treinta y un centavos, en relación al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado MRM/APAZU/04/2008, de veintiocho de agosto de dos mil ocho, en la que condenó a la parte quejosa a pagar a favor del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega la cantidad antes mencionada, así como a cubrir los gastos financieros. Luego, el catorce de marzo de dos mil diecisiete se declaró firme dicha sentencia y en auto de veintiuno siguiente se determinó que la parte demandada contaba con cuatro meses para cumplir la resolución definitiva. 2. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la queja interpuesta por el tercero interesado, debido al incumplimiento de la sentencia antes mencionada, medio de impugnación que se declaró fundado el veintiuno de septiembre del año citado. De igual forma, se ordenó requerir a la disconforme para que en el término de tres días acreditara el cumplimiento dado a la resolución definitiva, apercibida que de no hacerlo, se le impondría una multa equivalente a trecientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 3. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, se instruyó hacer efectiva la sanción económica indicada y requerir nuevamente a la demandada para que en el término de tres días cumpliera lo ordenado en la sentencia definitiva, apercibida en caso de desacato con la imposición de una multa de seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 4. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se impuso la sanción advertida a través del Presidente Municipal y se requirió nuevamente a la parte quejosa para que cumpliera con la sentencia definitiva, apercibida en el supuesto de desacatar dicho imperativo con la aplicación de una multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como con la vista al Ministerio Público Federal sobre esa inobservancia. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable determinó requerir por segunda y última ocasión al Ayuntamiento demandado por conducto de su Presidente Municipal para que en el plazo de tres días compareciera a exhibir información y documentación encaminada a demostrar el cumplimiento oportuno a la sentencia definitiva. 6. Mediante auto de dos de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa a efecto de proporcionar cualquier información referente a las gestiones y actos encaminados a cumplir la sentencia definitiva, además de allegar los comprobantes de mérito, para lo cual se concedió el plazo de tres meses, a partir del veinte de junio de ese año, venciéndose dicho lapso el veinte de septiembre de esa anualidad, bajo el apercibimiento que en caso de inobservar dicho imperativo, se impondría una multa equivalente a novecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 7. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo información que los miembros del Ayuntamiento demandado concluirían su cargo en esa fecha, además de aclarar que con independencia de las personas físicas miembros del cabildo aludido, se continuaría la vigilancia de las actuaciones encaminadas a cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad, de igual manera, requirió a los funcionarios municipales salientes que en el plazo de tres días informaran de manera oportuna a los nuevos miembros del Ayuntamiento quienes entrarían en funciones el uno de septiembre de dos mil dieciocho, la circunstancia de que se encontraba pendiente cumplir con la resolución pronunciada en el procedimiento de origen y que la temporalidad concedida para su observancia vencía el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. 8. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable tuvo por recibido el escrito a través del cual la nueva representante del Ayuntamiento demandado compareció al juicio de origen, quien entró en funciones el uno de septiembre de ese año, por lo cual la autoridad responsable ordenó informarle que se encontraba pendiente de cumplir la sentencia definitiva, así como la fecha en la cual vencía la oportunidad para acatar ese fallo. 9. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tomó conocimiento que el veintiséis de esos mes y año el Ayuntamiento demandado llevaría a cabo una reunión con Víctor Hugo Medina Vega, con el objetivo de fijar las bases para cumplir la sentencia, por lo cual se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días remitiera constancia del resultado del acuerdo de voluntades. 10. En auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo informado por parte del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega que era inexacto que hubiere sido citado a la aludida reunión, además de manifestar su desacuerdo con el otorgamiento de una prórroga adicional para el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que se requirió al municipio de Los Reyes, para que presentara alguna evidencia que demostrara la comunicación sostenida con su contrario o constancia que avalara el resultado de la reunión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, así como cualquier documento en el cual se apreciaran las condiciones pactadas por los interesados en relación a la resolución definitiva, bajo el apercibimiento que de incumplir, se aplicaría a la solicitante del amparo una multa equivalente a novecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, setenta y dos mil quinientos cuarenta pesos, por considerarse reincidente en el desacato a un mandato judicial, al obrar la imposición de sanciones económicas previas. Además de informar a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, para que en cumplimiento de sus atribuciones en términos del artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, investigara la existencia de responsabilidades del incumplimiento de la sentencia en cuestión y, en su caso, otras posibles infracciones administrativas. 11. Posteriormente, en auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se atendieron las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, quien adujo carecer de evidencia documental a través de la cual avalara la celebración y acuerdos de la reunión con el tercero interesado verificada el veintiséis de septiembre de ese año, dado que el acercamiento fue de manera verbal, manifestación que se consideró insuficiente, y concluyó la renuencia del cabildo, por lo cual impuso la multa advertida en el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. De igual manera, requirió nuevamente a la autoridad demandada, para que en el término de tres días cumpliera con los ordenado en la sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no cumplir se aplicaría a la solicitante del amparo una multa equivalente a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de informar a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, para que en cumplimientos a sus atribuciones, según lo establecido en el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; investigue la existencia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables del incumplimiento de la sentencia. 12. Luego, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la renuencia del Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, de cumplir con la sentencia en el procedimiento administrativo de origen, se impuso a través de su Presidente Municipal, la multa previamente mencionada, que asciende a ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.), asimismo, aunado a que ya se habían impuesto otras multas al municipio en comento, sin resultado alguno, advirtiéndose un desacato, en términos del artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenó hacer del conocimiento a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, de ese asunto administrativo, ordenando remitir las copias certificadas pertinentes del expediente, con el objeto de que de conformidad con el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, determine la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos que componen el Ayuntamiento del Municipio demandado, ahora quejoso e investigue la existencia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables. 13. En contra del auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió juicio de amparo, del que correspondió su conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, donde se registró bajo el número 966/2019, en cuya sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 14. Contra la sentencia dictada en el referido juicio de amparo 966/2019, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con sede en Morelia, Michoacán, donde se registró bajo el número 27/2020, el que fue resuelto en ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el sentido de revocar la sentencia dictada en el mencionado juicio de amparo indirecto, para ahora, conceder el amparo y protección de la Justica Federal a la parte quejosa; ejecutoria que en lo que interesa textualmente se resolvió que: ". se advierte en una recta inteligencia, que la parte quejosa se inconforma porque le parece excesivo el monto de 1000 unidades de medida y actualización en que la misma se fijó, ascendiendo a la cantidad de ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos, 00/100 M.N., sin que para ello se hayan expuesto consideraciones relativas a las circunstancias particulares del caso, la capacidad económica del sentenciado, gravedad de la infracción y si se trata de un infractor primario o reincidente lo que estimaba necesario, porque de acuerdo con el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley federal de Procedimiento Contencioso administrativo, que regula dicha multa, establece un mínimo y un máximo, esto es, entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviese vigente en el Distrito Federal (ahora unidad de medida y actualización), lo cual apoya en el contenido de la jurisprudencia de rubro "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA", entre otras que cita. De lo cual, como lo indica la recurrente, no se ocupó el Juez de Distrito, pues se puede observar de lo reseñado anteriormente, su estudio está encaminado a analizar los conceptos de violación relacionados con la fundamentación y motivación de las razones que condujeron a la imposición de la multa, más no de su monto. (.)" Respecto de la mencionada tesis que invocó la parte quejosa, y en lo que aquí interesa, el Tribunal Colegiado se pronunció al puntualizar que: "Según la cual, tratándose de sanciones pecuniarias la garantía de seguridad jurídica se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado, valoración en que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella. Criterio que es obligatorio, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, y que debió ser tomado en consideración para advertir que si el artículo 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé una multa de apremio a fijarse entre un mínimo y un máximo, pero sólo establece que debe tomarse en consideración al efecto la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiera originado, la autoridad responsable estaba obligada, además, a tomar en consideración lo que indica la jurisprudencia de mérito, en aras de proteger el derecho fundamental de seguridad jurídica, esto es: hacer una valoración expresa de elementos tales como la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la conducta observada por la autoridad demandada en el juicio de nulidad (Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán)." Además, el Tribunal revisor precisó que: ".si bien es cierto la autoridad responsable aparte de la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, sí toma en consideración la reincidencia en la conducta de la autoridad demandada, empero, nada dice acerca de la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella, para establecer las mil veces la unidad de medida y actualización en que fija la multa, equivalente a la cantidad ya precisada. Lo que conduce a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, a fin de fijar el monto de la multa de apremio, tome en consideración la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento que advierta y del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la conducta ilícita, y determine lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando su determinación; debiendo dejar subsistentes los motivos por los cuales la impone, pero sin que pueda agravar el monto de la misma." 15. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Magistrados de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitieron el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte en el expediente 1040/16-21-01-2-OT, contra el cual la parte quejosa promovió el juicio de amparo 442/2020. 16. Ese proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, al ser dictado en cumplimiento a la ejecutoria derivada del amparo 966/2019, en su momento fue calificado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en auto de dictado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que si bien, no se encuentra glosado en el juicio en que se actúa; sin embargo, es un hecho notorio que ante este Juzgado de Distrito se radica el diverso juicio de amparo 64/2020, donde se encuentra glosado ese proveído, entre otras constancias del juicio de amparo 966/2019, al encontrarse relacionadas con juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, origen del acto que se combate en el presente juicio de amparo y en el mencionado 64/2020, donde la parte quejosa es Leticia Piceno Cendejas y Ricardo Ramírez González en su carácter de Síndica y Contralor del Municipio de Los Reyes, Michoacán, y el tercero interesado, como en este juicio lo es Víctor Hugo Medina Vega, donde se reclamó también de los integrantes de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán, un auto derivado de ese juicio de nulidad. 17. Por lo que seguido el tramite dentro del juicio de amparo 442/2020, del índice mediante sentencia definitiva dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se determinó negar y conceder el amparo de la protección de la justicia federal a Cesar Enrique Palafox Quintero, por su propio derecho y en cuanto Presidente Municipal de Los Reyes, Michoacán, resolución la cual mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, causa ejecutoria por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. 18. Por tanto, la autoridad responsable Magistrados de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del juicio de amparo 442/2020 emitió el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 1040/16-21-01-2-OT, el cual es el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Oportunidad de presentación de la demanda. El juicio se promovió dentro del término de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias integrantes del presente sumario constitucional se advierte que la resolución reclamada fue notificada vía correo electrónico a la parte quejosa el siete de julio de dos mil veintiuno; por lo que será el día hábil siguiente en que fue hecha a partir del cual se realizará el cómputo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda. La notificación del acto surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el ocho de julio de dos mil veintiuno, conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo tanto, el término para presentar la demanda comenzó a contar al día hábil siguiente de esa fecha, es decir, el nueve del citado mes y año. Así, el plazo de quince días referido en el numeral 17 en relación con el 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, y fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio del mencionado año, conforme a los artículos 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera, si aquel escrito fue presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, la protección constitucional se solicitó dentro del plazo legal establecido para tal efecto. SEXTO. Estudio de fondo. El análisis de constitucionalidad de la materia efectivamente planteada, se hará en función de los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante; sin que al caso sea necesario proceder a su reproducción, en razón de que es conveniente simplificar el modelo y cometido de elaboración de la presente resolución, y además porque no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo la referida transcripción, ya que ello no impide que la parte quejosa esté en aptitud de enderezar su defensa a través del ejercicio del recurso de revisión en donde acuse una posible omisión por la falta de estudio de alguno de los argumentos contenidos en sus conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Así pues, el examen integral de la demanda de amparo permite advertir, la parte quejosa expone como conceptos de violación en esencia, los siguientes: Fundamentación y motivación: se conculca en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad competente. Multa excesiva: la responsable al emitir el auto reclamado tal como lo señala el quejoso impuso una multa excesiva, la cual está contemplada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Individualización: La autoridad responsable no realizó una individualización de la sanción, al imponer la medida de apremio, conforme al artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Multa indebida: la sala regional responsable debió multar a la persona que estaba encargada en el lapso que el quejoso solicitó licencia en su cargo, ya que no fungía como Presidente Municipal. Los tres primeros conceptos de violación son infundados y el restante inoperante, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, resulta importante destacar, las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad materialmente jurisdiccional para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales al dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pueden afectar tanto a las partes en el mismo, como a terceros; y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo. Por ello, desde el momento en que se hace ese requerimiento previo, es cuando el afectado se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado o bien manifestar los impedimentos, en su caso, tuviere para acatar la orden relativa, contando así con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción con la cual se le apercibe, para evitar el incumplimiento de lo requerido. Así, las medidas de apremio, constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones, las cuales pueden consistir en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con el cual aquéllos se encuentran investidos. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple con uno de los mandatos emitido por el juzgador, lo conducente será, se ordene la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate. Lo anterior, previo apercibimiento realizado a la parte requerida, lo cual consiste en una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, especificándose la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse, concretándose en una advertencia respecto de la sanción a aplicarse para el caso de incumplimiento. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los requisitos que debe reunir una medida de apremio para que sea legal su aplicación, a saber: a) Exista determinación por parte de un órgano jurisdiccional. b) Deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. c) La misma se encuentre fundada y motivada. d) El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. e) La notificación oportuna y personal al obligado. Esos requisitos se encuentran contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 122, Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Ahora bien, respecto al requisito de fundar y motivar, conviene decir que los artículos 14 y 16 constitucionales, son del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, los cuales consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, es propio decir, los actos de autoridad deben emitirse en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, los cuales garantizan al gobernado tener la certeza de que los mismos se realizan conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones, esto es, el acto reclamado debe cumplir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Ahora bien, la fundamentación del acto de autoridad, significa que en éste se debe precisar cuáles son los preceptos legales aplicables al caso concreto y la motivación, los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se permite concluir, el precepto legal citado en el acto resulta aplicable al hecho planteado. Por ello, para tener por satisfechos en un acto de autoridad los requisitos de fundamentación y motivación, es necesario lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera clara, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta dispuesta en la ley, es decir, ajustándose cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia acreditada de las circunstancias de hecho con las cuales se permita concluir con claridad sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de motivación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238212, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, volumen 97-102, tercera parte, séptima época, página 143., que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En conclusión, una autoridad cumple con los imperativos legales contemplados en los aludidos preceptos constitucionales, cuando en sus determinaciones, cite los preceptos legales en los cuales se apoyó y además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de, el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada. En ese tenor, la exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos, constituyen la verdad histórica, y tiene como propósito el gobernado conozca la determinación escrita donde la autoridad emisora del acto de molestia, precise la ley en la cual se apoya y las razones que llevaron a considerar actualizado en su proceder el supuesto normativo, para encontrase en aptitud de atacarlo si considera esos fundamentos fueron incorrectos o la motivación no fue acorde con la realidad de los acontecimientos. Establecido lo anterior, conviene traer a cuenta el marco legal aplicable en el presente asunto en el cual se reclamó el auto que hizo efectiva la medida de apremio consistente en multa. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: "." VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; "." XV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (...) a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. (..)" Del contenido de los preceptos legales citados, se advierte que cuando en un procedimiento contencioso administrativo, se emita una sentencia ejecutoriada favorable a un particular, el Tribunal la notificará sin demora alguna para su debido cumplimiento, previniendo para que informen sobre el cumplimiento realizado a la sentencia respectiva y, en su caso, requerir a la autoridad para su debido acatamiento. Asimismo, en caso de que la autoridad no cumpliere con el fallo, el tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos en la legislación aplicable, tales como apercibimiento y multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, entre otras. Con base en las premisas anteriores, como se adelantó, los motivos de disenso resultan infundados e inoperantes; cabe precisar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo y en razón de la técnica que rige el juicio de amparo, se abordará el análisis de los conceptos de violación propuestos en un orden distinto al que fueron vertidos en la demanda de amparo, atendiendo a la temática planteada y a la consecuencia jurídica de su calificación. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". Como se señaló los conceptos de violación resumidos en los incisos a), b) y c), son infundados. Al respecto, conviene indicar que tal y como se vio de la relación de los antecedentes en el considerando anterior de la presente resolución, la autoridad responsable ordenadora previo a la medida de apremio consistente en la multa, realizó diversas advertencias y requerimientos a la parte quejosa por las cuales le indicó, de no dar cumplimiento a la sentencia, se haría acreedora a un apercibimiento. Por ello, previo a realizar imponer una multa, requirió al ahora quejoso, para que en un plazo prudente diera cumplimiento con sentencia ejecutoriada en el juicio de origen; en el entendido que de no hacerlo, se le aplicaría la medida de apremio consistente en apercibimiento. De ahí, la responsable fue consistente en la forma en que utilizó las medidas de apremio, ya que previamente a proceder a una más gravosa, comenzó por la mínima -consistente en el apercibimiento- y, ante la actitud contumaz del quejoso, aumentó su gravedad -apercibimiento de multa-; postura que se comparte con el tribunal responsable. Igualmente, los requerimientos formulados le fueron notificados, sin que en el caso concreto, la parte quejosa haya combatido la ilegalidad de estas notificaciones, por lo que gozan de la presunción de certeza de que se practicaron conforme a derecho; de ahí que se estime que el auto combatido de seis de julio de dos mil veintiuno, esté debidamente fundado y motivado, ya que se ajustó a los parámetros constitucionales el actuar de la autoridad responsable. Esto, en razón de que, al ser omiso en distintas ocasiones el quejoso con lo requerido por la responsable, era válido hacer efectivo lo decretado en el juicio de origen, consistente en que, de no acatar la sentencia ejecutoriada se haría acreedor a una multa. Lo que se encuentra ajustada al marco constitucional, puesto que se expusieron las razones por las cuales era válida su imposición -omisión de atender dos requerimientos- y se expuso su fundamento legal. Por tanto, contrario al motivo de inconformidad vertido en su concepto de violación identificado con el inciso a), el auto reclamado se estima adecuadamente fundado y motivado. Sin que, como lo aduce el quejoso, pueda tenerse como falta de fundamentación, el hecho de que la Sala responsable al emitir su determinación no invocara de manera expresa los fundamentos en que fincó su competencia, pues la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consistente en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por tanto, si de las constancias de autos resulta patente la emisión de una sentencia ejecutoriada por parte de la Sala responsable, en la que se condenó a la demandada y con el acto reclamado se pretende obtener su cumplimiento total, es evidente que aun y cuando no se invocó el fundamento legal de su competencia, la misma tiene sustento en la codificación adjetiva. Máxime, en el presente no fue cuestionada por las partes la competencia de la Sala en el momento procesal oportuno, por lo cual opera la sumisión tácita. Ello, de conformidad con la tesis P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XII, agosto de 2000, página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Ahora, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso b), en el cual la quejosa refiere que la multa impuesta resulta excesiva y violatoria del artículo 22 Constitucional. Es así, porque en el precepto en que se basó la autoridad para imponerla, se estableció un parámetro para poder graduar la gravedad y circunstancias de imposición, así como su individualización; por lo que en tal aspecto no puede considerarse excesiva, de conformidad con la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 9/95, apreciable a página 5, Tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente rubro y texto: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda". Por su parte, respecto al concepto de violación identificado con el inciso c), por el cual el quejoso refiere que la responsable no realizó fundamentación para la individualización del monto de la multa, tomo consideración circunstancias particulares que no son vigentes, como se dijo, resulta infundado. Lo anterior, pues el acto reclamado (auto de seis de julio de dos mil veintiuno) fue emitido por la autoridad responsable atendiendo lo ordenado por este Juzgado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del juicio de amparo 442/2020, donde fue motivo de estudio la particularidad del caso y la capacidad económica del quejoso para determinar el monto de la multa impuesta al quejoso. Por lo que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para tales circunstancias, sin que el propio quejoso se inconformara con el cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable, toda vez que no promovió el medio de defensa correspondiente (recurso de inconformidad). De ahí que contrario a lo expresado por la parte recurrente, no era exigible para la responsable, el individualizar la sanción impuesta. Finalmente, como se indicó en párrafos precedentes resulta inoperante el concepto de violación identificado con el inciso d), en el cual la quejosa refiere que la multa impuesta debió ser aplicada a la persona que ocupó el cargo de Presidente Municipal en el tiempo en que el quejoso estuvo de licencia. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso se encontraba en funciones a la fecha en que se emitió la primera multa, es decir, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ya que el acto reclamado se refiere a la omisión del ahora impetrante de dar cumplimiento a un mandato jurisdiccional durante el tiempo en que fungió como Presidente Municipal, pues fue hasta el cinco de marzo de dos mil veintiuno que solicitó su licencia, la cual de ninguna manera, lo exime del pago de la multa que le fue impuesta. En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, conllevan a negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Cesar Enrique Palafox Quintero. Se precisa, que todas de las tesis y jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, lo cierto es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables, lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." SÉPTIMO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Se apercibe a dicha autoridad que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS- CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 107, 108, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Cesar Enrique Palafox Quintero, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y, por los motivos expuestos en el sexto decisorio de la presente determinación. SEGUNDO. En términos del séptimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. Conforme al octavo considerando de la presente resolución, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. CUARTO. De acuerdo al noveno considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  3. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 14), en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, turnado a este Juzgado; Cesar Enrique Palafox Quintero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME. 1 MAGISTRADOS INTEGRANTES LA SALA REGIONAL DEL PACÍFICO-CENTRO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO. Cierto El auto de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, de la estadística de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital del Estado. SEGUNDO. El accionante constitucional estimó vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, fue registrada bajo el consecutivo 440/201-VI, por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno (fojas 15 a 22), la cual se desechó de plano por los motivos en él expuestos, inconforme con ello el quejoso lo recurrió en queja, recurso que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, con sede en Morelia, quien declaró fundado dicho medio de impugnación (fojas 62 a 81) y en cumplimiento a ello, este tribunal dejo insubsistente dicho acuerdo y en diverso de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 82 a 86), admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Hecho lo anterior, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo (fojas 166 a 171). Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a las diez horas con diez minutos del uno de abril de dos mil veintidós; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito', lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclaman actos cuyos efectos materiales se verifican dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional, en la especie en Los Reyes, Michoacán. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional promovido por Cesar Enrique Palafox Quintero, por propio derecho, se aprecia que reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrada Presidenta de la Sala Regional Pacifico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO: El auto de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, de la estadística de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. La Magistrada Presidenta de la Sala Regional Pacifico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que acompañó con dicho informe, consistentes en copia certificada del expediente 1040/16-21-01-2-OT, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto legal 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que los criterios antes invocados interpreten la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. CUARTO. ANTECEDENTES. A fin de tener una mayor compresión del asunto, del expediente 1040/16-21-01-2-OT destacan los siguientes antecedentes: 1. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 1040/16-21-01-2, en la cual declaró la insubsistencia de las resoluciones negativas fictas configuradas ante la omisión de atender solicitudes de pago realizadas a través de estimaciones de obra equivalentes a tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento treinta pesos con treinta y un centavos, en relación al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado MRM/APAZU/04/2008, de veintiocho de agosto de dos mil ocho, en la que condenó a la parte quejosa a pagar a favor del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega la cantidad antes mencionada, así como a cubrir los gastos financieros. Luego, el catorce de marzo de dos mil diecisiete se declaró firme dicha sentencia y en auto de veintiuno siguiente se determinó que la parte demandada contaba con cuatro meses para cumplir la resolución definitiva. 2. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la queja interpuesta por el tercero interesado, debido al incumplimiento de la sentencia antes mencionada, medio de impugnación que se declaró fundado el veintiuno de septiembre del año citado. De igual forma, se ordenó requerir a la disconforme para que en el término de tres días acreditara el cumplimiento dado a la resolución definitiva, apercibida que de no hacerlo, se le impondría una multa equivalente a trecientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 3. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, se instruyó hacer efectiva la sanción económica indicada y requerir nuevamente a la demandada para que en el término de tres días cumpliera lo ordenado en la sentencia definitiva, apercibida en caso de desacato con la imposición de una multa de seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 4. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se impuso la sanción advertida a través del Presidente Municipal y se requirió nuevamente a la parte quejosa para que cumpliera con la sentencia definitiva, apercibida en el supuesto de desacatar dicho imperativo con la aplicación de una multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como con la vista al Ministerio Público Federal sobre esa inobservancia. 5. En proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable determinó requerir por segunda y última ocasión al Ayuntamiento demandado por conducto de su Presidente Municipal para que en el plazo de tres días compareciera a exhibir información y documentación encaminada a demostrar el cumplimiento oportuno a la sentencia definitiva. 6. Mediante auto de dos de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa a efecto de proporcionar cualquier información referente a las gestiones y actos encaminados a cumplir la sentencia definitiva, además de allegar los comprobantes de mérito, para lo cual se concedió el plazo de tres meses, a partir del veinte de junio de ese año, venciéndose dicho lapso el veinte de septiembre de esa anualidad, bajo el apercibimiento que en caso de inobservar dicho imperativo, se impondría una multa equivalente a novecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 7. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo información que los miembros del Ayuntamiento demandado concluirían su cargo en esa fecha, además de aclarar que con independencia de las personas físicas miembros del cabildo aludido, se continuaría la vigilancia de las actuaciones encaminadas a cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad, de igual manera, requirió a los funcionarios municipales salientes que en el plazo de tres días informaran de manera oportuna a los nuevos miembros del Ayuntamiento quienes entrarían en funciones el uno de septiembre de dos mil dieciocho, la circunstancia de que se encontraba pendiente cumplir con la resolución pronunciada en el procedimiento de origen y que la temporalidad concedida para su observancia vencía el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. 8. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable tuvo por recibido el escrito a través del cual la nueva representante del Ayuntamiento demandado compareció al juicio de origen, quien entró en funciones el uno de septiembre de ese año, por lo cual la autoridad responsable ordenó informarle que se encontraba pendiente de cumplir la sentencia definitiva, así como la fecha en la cual vencía la oportunidad para acatar ese fallo. 9. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tomó conocimiento que el veintiséis de esos mes y año el Ayuntamiento demandado llevaría a cabo una reunión con Víctor Hugo Medina Vega, con el objetivo de fijar las bases para cumplir la sentencia, por lo cual se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días remitiera constancia del resultado del acuerdo de voluntades. 10. En auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo informado por parte del tercero interesado Víctor Hugo Medina Vega que era inexacto que hubiere sido citado a la aludida reunión, además de manifestar su desacuerdo con el otorgamiento de una prórroga adicional para el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que se requirió al municipio de Los Reyes, para que presentara alguna evidencia que demostrara la comunicación sostenida con su contrario o constancia que avalara el resultado de la reunión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, así como cualquier documento en el cual se apreciaran las condiciones pactadas por los interesados en relación a la resolución definitiva, bajo el apercibimiento que de incumplir, se aplicaría a la solicitante del amparo una multa equivalente a novecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, setenta y dos mil quinientos cuarenta pesos, por considerarse reincidente en el desacato a un mandato judicial, al obrar la imposición de sanciones económicas previas. Además de informar a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, para que en cumplimiento de sus atribuciones en términos del artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, investigara la existencia de responsabilidades del incumplimiento de la sentencia en cuestión y, en su caso, otras posibles infracciones administrativas. 11. Posteriormente, en auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se atendieron las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, quien adujo carecer de evidencia documental a través de la cual avalara la celebración y acuerdos de la reunión con el tercero interesado verificada el veintiséis de septiembre de ese año, dado que el acercamiento fue de manera verbal, manifestación que se consideró insuficiente, y concluyó la renuencia del cabildo, por lo cual impuso la multa advertida en el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. De igual manera, requirió nuevamente a la autoridad demandada, para que en el término de tres días cumpliera con los ordenado en la sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no cumplir se aplicaría a la solicitante del amparo una multa equivalente a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de informar a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, para que en cumplimientos a sus atribuciones, según lo establecido en el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; investigue la existencia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables del incumplimiento de la sentencia. 12. Luego, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la renuencia del Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, de cumplir con la sentencia en el procedimiento administrativo de origen, se impuso a través de su Presidente Municipal, la multa previamente mencionada, que asciende a ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.), asimismo, aunado a que ya se habían impuesto otras multas al municipio en comento, sin resultado alguno, advirtiéndose un desacato, en términos del artículo 58, fracción I, inciso d), de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenó hacer del conocimiento a la Secretaría de Contraloría en el Estado de Michoacán, de ese asunto administrativo, ordenando remitir las copias certificadas pertinentes del expediente, con el objeto de que de conformidad con el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, determine la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos que componen el Ayuntamiento del Municipio demandado, ahora quejoso e investigue la existencia de responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables. 13. En contra del auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió juicio de amparo, del que correspondió su conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, donde se registró bajo el número 966/2019, en cuya sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 14. Contra la sentencia dictada en el referido juicio de amparo 966/2019, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con sede en Morelia, Michoacán, donde se registró bajo el número 27/2020, el que fue resuelto en ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el sentido de revocar la sentencia dictada en el mencionado juicio de amparo indirecto, para ahora, conceder el amparo y protección de la Justica Federal a la parte quejosa; ejecutoria que en lo que interesa textualmente se resolvió que: ". se advierte en una recta inteligencia, que la parte quejosa se inconforma porque le parece excesivo el monto de 1000 unidades de medida y actualización en que la misma se fijó, ascendiendo a la cantidad de ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos, 00/100 M.N., sin que para ello se hayan expuesto consideraciones relativas a las circunstancias particulares del caso, la capacidad económica del sentenciado, gravedad de la infracción y si se trata de un infractor primario o reincidente lo que estimaba necesario, porque de acuerdo con el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley federal de Procedimiento Contencioso administrativo, que regula dicha multa, establece un mínimo y un máximo, esto es, entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviese vigente en el Distrito Federal (ahora unidad de medida y actualización), lo cual apoya en el contenido de la jurisprudencia de rubro "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA", entre otras que cita. De lo cual, como lo indica la recurrente, no se ocupó el Juez de Distrito, pues se puede observar de lo reseñado anteriormente, su estudio está encaminado a analizar los conceptos de violación relacionados con la fundamentación y motivación de las razones que condujeron a la imposición de la multa, más no de su monto. (.)" Respecto de la mencionada tesis que invocó la parte quejosa, y en lo que aquí interesa, el Tribunal Colegiado se pronunció al puntualizar que: "Según la cual, tratándose de sanciones pecuniarias la garantía de seguridad jurídica se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado, valoración en que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella. Criterio que es obligatorio, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, y que debió ser tomado en consideración para advertir que si el artículo 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé una multa de apremio a fijarse entre un mínimo y un máximo, pero sólo establece que debe tomarse en consideración al efecto la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiera originado, la autoridad responsable estaba obligada, además, a tomar en consideración lo que indica la jurisprudencia de mérito, en aras de proteger el derecho fundamental de seguridad jurídica, esto es: hacer una valoración expresa de elementos tales como la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la conducta observada por la autoridad demandada en el juicio de nulidad (Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán)." Además, el Tribunal revisor precisó que: ".si bien es cierto la autoridad responsable aparte de la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, sí toma en consideración la reincidencia en la conducta de la autoridad demandada, empero, nada dice acerca de la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella, para establecer las mil veces la unidad de medida y actualización en que fija la multa, equivalente a la cantidad ya precisada. Lo que conduce a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, a fin de fijar el monto de la multa de apremio, tome en consideración la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento que advierta y del que pueda inferirse la levedad o gravedad de la conducta ilícita, y determine lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción, fundando y motivando su determinación; debiendo dejar subsistentes los motivos por los cuales la impone, pero sin que pueda agravar el monto de la misma." 15. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Magistrados de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitieron el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte en el expediente 1040/16-21-01-2-OT, contra el cual la parte quejosa promovió el juicio de amparo 442/2020. 16. Ese proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, al ser dictado en cumplimiento a la ejecutoria derivada del amparo 966/2019, en su momento fue calificado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en auto de dictado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que si bien, no se encuentra glosado en el juicio en que se actúa; sin embargo, es un hecho notorio que ante este Juzgado de Distrito se radica el diverso juicio de amparo 64/2020, donde se encuentra glosado ese proveído, entre otras constancias del juicio de amparo 966/2019, al encontrarse relacionadas con juicio de nulidad 1040/16-21-01-2-OT, origen del acto que se combate en el presente juicio de amparo y en el mencionado 64/2020, donde la parte quejosa es Leticia Piceno Cendejas y Ricardo Ramírez González en su carácter de Síndica y Contralor del Municipio de Los Reyes, Michoacán, y el tercero interesado, como en este juicio lo es Víctor Hugo Medina Vega, donde se reclamó también de los integrantes de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Morelia, Michoacán, un auto derivado de ese juicio de nulidad. 17. Por lo que seguido el tramite dentro del juicio de amparo 442/2020, del índice mediante sentencia definitiva dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se determinó negar y conceder el amparo de la protección de la justicia federal a Cesar Enrique Palafox Quintero, por su propio derecho y en cuanto Presidente Municipal de Los Reyes, Michoacán, resolución la cual mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, causa ejecutoria por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. 18. Por tanto, la autoridad responsable Magistrados de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del juicio de amparo 442/2020 emitió el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 1040/16-21-01-2-OT, el cual es el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Oportunidad de presentación de la demanda. El juicio se promovió dentro del término de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias integrantes del presente sumario constitucional se advierte que la resolución reclamada fue notificada vía correo electrónico a la parte quejosa el siete de julio de dos mil veintiuno; por lo que será el día hábil siguiente en que fue hecha a partir del cual se realizará el cómputo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda. La notificación del acto surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el ocho de julio de dos mil veintiuno, conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo tanto, el término para presentar la demanda comenzó a contar al día hábil siguiente de esa fecha, es decir, el nueve del citado mes y año. Así, el plazo de quince días referido en el numeral 17 en relación con el 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, y fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio del mencionado año, conforme a los artículos 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera, si aquel escrito fue presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, la protección constitucional se solicitó dentro del plazo legal establecido para tal efecto. SEXTO. Estudio de fondo. El análisis de constitucionalidad de la materia efectivamente planteada, se hará en función de los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante; sin que al caso sea necesario proceder a su reproducción, en razón de que es conveniente simplificar el modelo y cometido de elaboración de la presente resolución, y además porque no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo la referida transcripción, ya que ello no impide que la parte quejosa esté en aptitud de enderezar su defensa a través del ejercicio del recurso de revisión en donde acuse una posible omisión por la falta de estudio de alguno de los argumentos contenidos en sus conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Así pues, el examen integral de la demanda de amparo permite advertir, la parte quejosa expone como conceptos de violación en esencia, los siguientes: Fundamentación y motivación: se conculca en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad competente. Multa excesiva: la responsable al emitir el auto reclamado tal como lo señala el quejoso impuso una multa excesiva, la cual está contemplada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Individualización: La autoridad responsable no realizó una individualización de la sanción, al imponer la medida de apremio, conforme al artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Multa indebida: la sala regional responsable debió multar a la persona que estaba encargada en el lapso que el quejoso solicitó licencia en su cargo, ya que no fungía como Presidente Municipal. Los tres primeros conceptos de violación son infundados y el restante inoperante, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, resulta importante destacar, las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad materialmente jurisdiccional para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales al dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pueden afectar tanto a las partes en el mismo, como a terceros; y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo. Por ello, desde el momento en que se hace ese requerimiento previo, es cuando el afectado se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado o bien manifestar los impedimentos, en su caso, tuviere para acatar la orden relativa, contando así con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción con la cual se le apercibe, para evitar el incumplimiento de lo requerido. Así, las medidas de apremio, constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones, las cuales pueden consistir en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con el cual aquéllos se encuentran investidos. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple con uno de los mandatos emitido por el juzgador, lo conducente será, se ordene la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate. Lo anterior, previo apercibimiento realizado a la parte requerida, lo cual consiste en una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, especificándose la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse, concretándose en una advertencia respecto de la sanción a aplicarse para el caso de incumplimiento. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los requisitos que debe reunir una medida de apremio para que sea legal su aplicación, a saber: a) Exista determinación por parte de un órgano jurisdiccional. b) Deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. c) La misma se encuentre fundada y motivada. d) El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. e) La notificación oportuna y personal al obligado. Esos requisitos se encuentran contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 122, Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Ahora bien, respecto al requisito de fundar y motivar, conviene decir que los artículos 14 y 16 constitucionales, son del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, los cuales consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, es propio decir, los actos de autoridad deben emitirse en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, los cuales garantizan al gobernado tener la certeza de que los mismos se realizan conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones, esto es, el acto reclamado debe cumplir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Ahora bien, la fundamentación del acto de autoridad, significa que en éste se debe precisar cuáles son los preceptos legales aplicables al caso concreto y la motivación, los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se permite concluir, el precepto legal citado en el acto resulta aplicable al hecho planteado. Por ello, para tener por satisfechos en un acto de autoridad los requisitos de fundamentación y motivación, es necesario lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera clara, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta dispuesta en la ley, es decir, ajustándose cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia acreditada de las circunstancias de hecho con las cuales se permita concluir con claridad sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de motivación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238212, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, volumen 97-102, tercera parte, séptima época, página 143., que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En conclusión, una autoridad cumple con los imperativos legales contemplados en los aludidos preceptos constitucionales, cuando en sus determinaciones, cite los preceptos legales en los cuales se apoyó y además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de, el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada. En ese tenor, la exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos, constituyen la verdad histórica, y tiene como propósito el gobernado conozca la determinación escrita donde la autoridad emisora del acto de molestia, precise la ley en la cual se apoya y las razones que llevaron a considerar actualizado en su proceder el supuesto normativo, para encontrase en aptitud de atacarlo si considera esos fundamentos fueron incorrectos o la motivación no fue acorde con la realidad de los acontecimientos. Establecido lo anterior, conviene traer a cuenta el marco legal aplicable en el presente asunto en el cual se reclamó el auto que hizo efectiva la medida de apremio consistente en multa. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: "." VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; "." XV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (...) a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. (..)" Del contenido de los preceptos legales citados, se advierte que cuando en un procedimiento contencioso administrativo, se emita una sentencia ejecutoriada favorable a un particular, el Tribunal la notificará sin demora alguna para su debido cumplimiento, previniendo para que informen sobre el cumplimiento realizado a la sentencia respectiva y, en su caso, requerir a la autoridad para su debido acatamiento. Asimismo, en caso de que la autoridad no cumpliere con el fallo, el tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos en la legislación aplicable, tales como apercibimiento y multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, entre otras. Con base en las premisas anteriores, como se adelantó, los motivos de disenso resultan infundados e inoperantes; cabe precisar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo y en razón de la técnica que rige el juicio de amparo, se abordará el análisis de los conceptos de violación propuestos en un orden distinto al que fueron vertidos en la demanda de amparo, atendiendo a la temática planteada y a la consecuencia jurídica de su calificación. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". Como se señaló los conceptos de violación resumidos en los incisos a), b) y c), son infundados. Al respecto, conviene indicar que tal y como se vio de la relación de los antecedentes en el considerando anterior de la presente resolución, la autoridad responsable ordenadora previo a la medida de apremio consistente en la multa, realizó diversas advertencias y requerimientos a la parte quejosa por las cuales le indicó, de no dar cumplimiento a la sentencia, se haría acreedora a un apercibimiento. Por ello, previo a realizar imponer una multa, requirió al ahora quejoso, para que en un plazo prudente diera cumplimiento con sentencia ejecutoriada en el juicio de origen; en el entendido que de no hacerlo, se le aplicaría la medida de apremio consistente en apercibimiento. De ahí, la responsable fue consistente en la forma en que utilizó las medidas de apremio, ya que previamente a proceder a una más gravosa, comenzó por la mínima -consistente en el apercibimiento- y, ante la actitud contumaz del quejoso, aumentó su gravedad -apercibimiento de multa-; postura que se comparte con el tribunal responsable. Igualmente, los requerimientos formulados le fueron notificados, sin que en el caso concreto, la parte quejosa haya combatido la ilegalidad de estas notificaciones, por lo que gozan de la presunción de certeza de que se practicaron conforme a derecho; de ahí que se estime que el auto combatido de seis de julio de dos mil veintiuno, esté debidamente fundado y motivado, ya que se ajustó a los parámetros constitucionales el actuar de la autoridad responsable. Esto, en razón de que, al ser omiso en distintas ocasiones el quejoso con lo requerido por la responsable, era válido hacer efectivo lo decretado en el juicio de origen, consistente en que, de no acatar la sentencia ejecutoriada se haría acreedor a una multa. Lo que se encuentra ajustada al marco constitucional, puesto que se expusieron las razones por las cuales era válida su imposición -omisión de atender dos requerimientos- y se expuso su fundamento legal. Por tanto, contrario al motivo de inconformidad vertido en su concepto de violación identificado con el inciso a), el auto reclamado se estima adecuadamente fundado y motivado. Sin que, como lo aduce el quejoso, pueda tenerse como falta de fundamentación, el hecho de que la Sala responsable al emitir su determinación no invocara de manera expresa los fundamentos en que fincó su competencia, pues la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consistente en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por tanto, si de las constancias de autos resulta patente la emisión de una sentencia ejecutoriada por parte de la Sala responsable, en la que se condenó a la demandada y con el acto reclamado se pretende obtener su cumplimiento total, es evidente que aun y cuando no se invocó el fundamento legal de su competencia, la misma tiene sustento en la codificación adjetiva. Máxime, en el presente no fue cuestionada por las partes la competencia de la Sala en el momento procesal oportuno, por lo cual opera la sumisión tácita. Ello, de conformidad con la tesis P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XII, agosto de 2000, página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Ahora, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso b), en el cual la quejosa refiere que la multa impuesta resulta excesiva y violatoria del artículo 22 Constitucional. Es así, porque en el precepto en que se basó la autoridad para imponerla, se estableció un parámetro para poder graduar la gravedad y circunstancias de imposición, así como su individualización; por lo que en tal aspecto no puede considerarse excesiva, de conformidad con la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 9/95, apreciable a página 5, Tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente rubro y texto: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda". Por su parte, respecto al concepto de violación identificado con el inciso c), por el cual el quejoso refiere que la responsable no realizó fundamentación para la individualización del monto de la multa, tomo consideración circunstancias particulares que no son vigentes, como se dijo, resulta infundado. Lo anterior, pues el acto reclamado (auto de seis de julio de dos mil veintiuno) fue emitido por la autoridad responsable atendiendo lo ordenado por este Juzgado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del juicio de amparo 442/2020, donde fue motivo de estudio la particularidad del caso y la capacidad económica del quejoso para determinar el monto de la multa impuesta al quejoso. Por lo que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para tales circunstancias, sin que el propio quejoso se inconformara con el cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable, toda vez que no promovió el medio de defensa correspondiente (recurso de inconformidad). De ahí que contrario a lo expresado por la parte recurrente, no era exigible para la responsable, el individualizar la sanción impuesta. Finalmente, como se indicó en párrafos precedentes resulta inoperante el concepto de violación identificado con el inciso d), en el cual la quejosa refiere que la multa impuesta debió ser aplicada a la persona que ocupó el cargo de Presidente Municipal en el tiempo en que el quejoso estuvo de licencia. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso se encontraba en funciones a la fecha en que se emitió la primera multa, es decir, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ya que el acto reclamado se refiere a la omisión del ahora impetrante de dar cumplimiento a un mandato jurisdiccional durante el tiempo en que fungió como Presidente Municipal, pues fue hasta el cinco de marzo de dos mil veintiuno que solicitó su licencia, la cual de ninguna manera, lo exime del pago de la multa que le fue impuesta. En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, conllevan a negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Cesar Enrique Palafox Quintero. Se precisa, que todas de las tesis y jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, lo cierto es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables, lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." SÉPTIMO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Se apercibe a dicha autoridad que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS- CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 107, 108, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Cesar Enrique Palafox Quintero, por el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y, por los motivos expuestos en el sexto decisorio de la presente determinación. SEGUNDO. En términos del séptimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. Conforme al octavo considerando de la presente resolución, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. CUARTO. De acuerdo al noveno considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  4. Principal

    AGREGA REGISTRO. Agréguese a los autos el registro de cuenta; sin que por el momento haya lugar a proveer de conformidad sobre su contenido. Lo anterior, toda vez que el uno de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 440/2021-VI-O, y el expediente se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia correspondiente. Es así, en razón de que la celebración de la audiencia constitucional pone fin a la secuela procesal del juicio de amparo, lo que impide acordar promociones presentadas con posterioridad, excepto que en los escritos que se presenten se ofrezcan pruebas relacionadas con alguna causal de improcedencia, que justifiquen su acuerdo, porque sean relevantes para el dictado de la correspondiente resolución; lo anterior, en observancia a los principios de continuidad y unidad que deben prevalecer respecto de la audiencia constitucional y la propia sentencia que en su momento se llegue a dictar, lo que constituye un mismo acto procesal de tres fases, que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas; b) la formulación de alegatos y c) el dictado de la sentencia; actos en los que existe tanto continuidad como unidad de actuaciones, entre los cuales no puede acordarse ninguna promoción presentada con posterioridad al dictado de la propia audiencia, salvo la excepción mencionada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia ... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." Consecuentemente, con la promoción de cuenta, fórmese cuaderno de antecedentes y glósense a éste las diversas promociones que en su caso se presenten, previamente al dictado de la sentencia CÚMPLASE.

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