Cesar Cecilio Castañeda Soria
Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cesar Cecilio Castañeda Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
III. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización e los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012" se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Raúl Calzada Ortega, autorizado de la tercero interesada Ma. de la Luz Solís Heredia en cuanto representante de la menor ternero interesada de iniciales C.Y.C.S.; por medio del cual, solicita cause estado el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por cumplida la sentencia protectora, sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, donde se acordó lo conducente.
- Principal
III. Agréguese el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la tercero interesada Ma. de la Luz Solís Heredia en cuanto representante de la menor tercero interesada de iniciales C.Y.C.S.; atento a su contenido, téngasele por desahogando la vista del proveído de trece de agosto del año en curso; esto es, expresa la conformidad de su representada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el seis de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Morelia, Michoacán (fojas 58 a 71); en proveído de treinta y uno de julio siguiente (fojas 80 a 83), se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al Magistrado responsable, para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector, debiendo realizar lo siguiente: Deje insubsistente la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, que dictó en el toca de apelación I-45/2018, que revocó el proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, que emitió el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en el expediente 509/2014, formado con motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que promovió Ma. De la Luz Solís Heredia, en cuanto representante de la menor de iniciales C.Y.C.S y atendiendo al contenido de la sentencia, emita otra en la que funde y motive su resolución. Lo anterior, en razón de que al tratarse de alimentos existe un interés superior que es el de la menor de edad. De ahí que dicho aspecto debe prosperar en pro del infante y no respecto de sus progenitores. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Tesis: 1a./J. 191/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175053 1 de 1 Primera Sala Tomo XXIII, Mayo de 2006 Pag. 167 Jurisprudencia (Civil) MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, pues sus actos no se reclaman por vicios propios sino como una consecuencia de la resolución atribuida al Magistrado responsable. En cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable mediante oficio 844, recibido el diez de agosto del año en curso, remitió entre otras, copia certificada del proveído de seis de agosto mencionado, del que se advierte que dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de veintitrés de febrero de la anualidad en curso, dictada en el toca I-45/2018, de donde deriva el acto reclamado y, y ordenó dictar otra (foja 95). Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del citado toca (fojas 97 a 106). Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable, primeramente: Dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de veintitrés de febrero de la anualidad en curso, dictada en el toca I-45/2018, de donde deriva el acto reclamado. Luego emitió otra determinación acatando los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, declarando que el singular concepto de agravio expresado por el quejoso César Cecilio Castañeda Soria, resultó fundado, habiendo sido necesario, por otra parte, suplir la deficiencia de la queja en favor de la menor de iniciales C.Y.C.S.; en consecuencia, revocó el auto impugnado. En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS POR MEDIO DE LISTA SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL EL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO QUE TRANSCURRE, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la tercero interesada Ma. de la Luz Solís Heredia en cuanto representante de la menor tercero interesada de iniciales C.Y.C.S.; atento a su contenido, téngasele por desahogando la vista del proveído de trece de agosto del año en curso; esto es, expresa la conformidad de su representada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, correspondiente al mes de marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el seis de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Morelia, Michoacán (fojas 58 a 71); en proveído de treinta y uno de julio siguiente (fojas 80 a 83), se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al Magistrado responsable, para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector, debiendo realizar lo siguiente: Deje insubsistente la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, que dictó en el toca de apelación I-45/2018, que revocó el proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, que emitió el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en el expediente 509/2014, formado con motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que promovió Ma. De la Luz Solís Heredia, en cuanto representante de la menor de iniciales C.Y.C.S y atendiendo al contenido de la sentencia, emita otra en la que funde y motive su resolución. Lo anterior, en razón de que al tratarse de alimentos existe un interés superior que es el de la menor de edad. De ahí que dicho aspecto debe prosperar en pro del infante y no respecto de sus progenitores. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Tesis: 1a./J. 191/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175053 1 de 1 Primera Sala Tomo XXIII, Mayo de 2006 Pag. 167 Jurisprudencia (Civil) MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, pues sus actos no se reclaman por vicios propios sino como una consecuencia de la resolución atribuida al Magistrado responsable. En cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable mediante oficio 844, recibido el diez de agosto del año en curso, remitió entre otras, copia certificada del proveído de seis de agosto mencionado, del que se advierte que dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de veintitrés de febrero de la anualidad en curso, dictada en el toca I-45/2018, de donde deriva el acto reclamado y, y ordenó dictar otra (foja 95). Asimismo, remitió copia certificada de la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del citado toca (fojas 97 a 106). Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable, primeramente: Dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia de veintitrés de febrero de la anualidad en curso, dictada en el toca I-45/2018, de donde deriva el acto reclamado. Luego emitió otra determinación acatando los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, declarando que el singular concepto de agravio expresado por el quejoso César Cecilio Castañeda Soria, resultó fundado, habiendo sido necesario, por otra parte, suplir la deficiencia de la queja en favor de la menor de iniciales C.Y.C.S.; en consecuencia, revocó el auto impugnado. En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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