Cesar Eduardo Llerandi Porras

Expediente 1372/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1372/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Cesar Eduardo Llerandi Porras
  • CESAR EDUARDO LLERANDI PORRAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecisiete.Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 842-II-A (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 1372/2016 y su acumulada 1373/2016 ) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los quejosos César Eduardo Llerandi Porras y Claudia Patricia Briceño González, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, sin que al efecto hayan desahogado el requerimiento formulado en dicho auto, esto es, en primer término refirieran si era su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla; y, por otra parte, precisaran los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, el cual transcurrió del diez al diecisiete de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se les conminó, y se entiende que no hay ejecución en el Estado de Puebla de los actos reclamados por los aquí quejosos y se determina lo procedente respecto a la competencia legal de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Ahora bien, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 15 a 20) se previno a los quejosos César Eduardo Llerandi Porras y Claudia Patricia Briceño González, para el efecto de que refieran si era su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla; esto es dentro de la jurisdicción de éste Juzgado Federal, sin que al efecto lo hayan hecho. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, y en atención a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en la Ciudad de México. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declina a favor del JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Cobra aplicación por analogía, la siguiente jurisprudencia: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Hecho lo anterior, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de memoria respectivo, para los efectos legales a que haya lugar"

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 30 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por César Eduardo Llerandi Porras, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1372/2016-II-A. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de derechos fundamentales referida en el párrafo que antecede y de la diversa presentada por Claudia Patricia Briceño González (registrada bajo el expediente 1373/2016-III-A), se advierte que los impetrantes ocurren ante esta instancia Federal a solicitar el amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como Autoridad Ordenadora al C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD INVESTIGADORA NÚMERO 1 DE LA AGENCIA INVESTIGADORA NÚMERO VC-3 EN LA FISCALÍA DESCONCENTRADA EN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO Y como autoridad ejecutora a los C. AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL a cargo de dicha fiscalía y unidad investigadora. 4.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como Ordenadora vengo a reclamar el seguimiento de investigación dentro de la indagatoria número FVC/VC-3/T3/00823/16-05 por la supuesta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION, así como la falta de atención ciudadana y la falta de información sobre la supuesta comisión del delito de TRATA DE PERSONAS. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo las posibles indagatorias que intenten practicar y pongan en peligro mi integridad jurídica." Así pues, se advierte que tanto en el juicio de amparo 1372/2016-II-A, como en el diverso 1373/2016-III-A, ambos de este juzgado de Distrito, existe identidad de actos reclamados y autoridades responsables, por lo que la suscrita Jueza Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el precepto mencionado, este juzgado federal determina que es procedente la acumulación de los juicios de amparo de mérito. Apoya el criterio de la suscrita Jueza Federal, la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por lo tanto y, en razón de que la demanda de garantías que dio origen al juicio 1372/2016-II-A fue presentada el mismo día que la diversa 1373/2016-II-A, según se advierte del libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado Federal; atento el principio de economía procesal y, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral segundo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria, se ordena la acumulación de los juicios 1372/2016-II-A y 1373/2016-III-A; por lo tanto, glósese el expediente 1373/2016-III-A al diverso juicio 1372/2016-II-A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, atento al contexto de los escritos de demanda de César Eduardo Llerandi Porras y Claudia Patricia Briceño González, se acuerda: Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos preceptos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: a) En primer término, refiera si es su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, y la parte quejosa no realice el señalamiento expreso de que existen autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en que se ubica su domicilio, el juzgador de amparo debe prevenirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En tal sentido, los ocursantes deberán señalar con claridad y precisión si es su deseo o no señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna con residencia en la jurisdicción de este órgano de amparo y el acto o actos que les atribuyen, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de señalar a las autoridades como responsables deberá acompañar copias de su escrito de demanda para poder emplazarlas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." b) Precise los actos aquí reclamados, ya que en el capítulo correspondiente (foja 2), se advierte que ambos promoventes señalaron lo siguiente: "(.) De la Autoridad señalada como Ordenadora vengo a reclamar el seguimiento de investigación dentro de la indagatoria número FVC/VC-3/T3/00823/16-05 por la supuesta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION, así como la falta de atención ciudadana y la falta de información sobre la supuesta comisión del delito de TRATA DE PERSONAS. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo las posibles indagatorias que intenten practicar y pongan en peligro mi integridad jurídica (.)" Sin embargo, del análisis íntegro del capítulo de antecedentes en la demanda de garantías presentada por César Eduardo Llerandi Porras, se colige que al parecer reclaman la posible privación ilegal de su libertad, pues al relatar los antecedentes del caso señaló: "(.) el día viernes 16 del presente mes de septiembre recibí una llamada telefónica de una persona que se dijo ser Agente Judicial investigador y me comentó que pronto me citarían o me presentarían ante las agencias investigadoras para que rindiera nueva declaración ya que seguían las indagaciones para declararnos responsables y consignarnos a un juez penal quien libraría ordenes de aprehensión. En los siguientes días los vecinos de mi domicilio aquí en la ciudad de Puebla, me han comentado que se han presentados unas personas preguntando por mí y por la señora CLAUDIA PATRICIA BRICEÑO GONZALEZ, la cual, debo aclarar, es mi amiga pero no vive en el mismo lugar que el suscrito. Es importante mencionar que el que suscribe jamás he estado involucrado en ningún asunto de esta naturaleza, que mi persona y actividad profesional las he llevado siempre con legalidad y tengo el temor fundado que las personas que intentan falsamente responsabilizarnos en la comisión de algún delito, están actuando con la ayuda de las autoridades mencionadas razón por la cual acudo a solicitar amparo y se impida la maquinación de actos que atenten contra mi libertad. (.)" En tanto que Claudia Patricia Briceño González, sostuvo: "(.)El mismo agente del ministerio público se ha negado a darme alguna constancia de la averiguación y ahora manifiesta que continuará con la investigación e indagatorias para tratar de consignarlas a juez competente para que libre las órdenes de aprehensión correspondientes (.)" Por lo que al existir obscuridad en la demanda procede hacer esta prevención. Sustenta a lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido y datos de localización, se indican a continuación: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, es obligación de la parte inconforme manifestar cuál es acto reclamado a la autoridad responsable, de ahí que proceda prevenir la demanda de amparo. En efecto, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que la suscrita Jueza Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presenten los ocursantes, deberán ser en original y con las copias suficientes del mismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo para correr traslado a las partes de la siguiente manera: una para cada una de las autoridades responsables (cuya precisión de éstas forma parte de la presente prevención), una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y dos más para el incidente de suspensión. Se apercibe a los promoventes que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el término indicado (cinco días) por cuanto hace a la primera prevención, se entenderá que no hay ejecución en el Estado de Puebla y se determinará lo procedente respecto a la competencia legal de la suscrita Jueza Federal; y por cuanto hace a la segunda, se tendrá por no presentada la demanda de garantías (ello, de haber desahogado la primera de las prevenciones y éste órgano jurisdiccional tenga competencia para conocer del controvertido constitucional en que se actúa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte promovente, que para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ésta, y no por conducto de la persona que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Reyes Franco, Víctor Hugo Sánchez Merchant y José Hernández López, al haber acreditado tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."

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