César Edmundo Rosales Inzunza
Expediente 1440/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- César Edmundo Rosales Inzunza
- Magistrado Francisco Carlos Galicia Morales, quien es el responsable de realizar el proyecto de Sentencia del Recurso de Revisión 646/2020 y su acumulado 647/2020, así como de la Sala Superior.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada del proveído de nueve de los corrientes, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que este órgano jurisdiccional le remitió transcripción del proveído de dieciséis de febrero del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida sesión ordinaria de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 646/2020 y su acumulado 647/2020 del índice de la Sala Superior responsable. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir en la omisión de emitir resolución en el recurso de revisión antes mencionado. En consecuencia, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el particular se tiene que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, remitió, en lo que interesa, copia certificada de la resolución emitida en sesión ordinaria de veintiuno de enero del año en curso, en el recurso de revisión 646/2020 y su acumulado 647/2020. De esa documental se advierte, que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), la autoridad responsable resolvió el recurso de revisión 646/2020 y su acumulado 647/2020; lo cual denota que el acto reclamado, consistente en la omisión de emitir resolución en el citado recurso, ha dejado de existir para todos los efectos legales, en tanto que la conducta omisiva que se le atribuyó a la responsable ha sido vencida por la acción aquí solicitada por el quejoso. Por consiguiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las doce horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados en el presente juicio biinstancial al ********************y********************, ambos con residencia en esta ciudad. En consecuencia, para dar oportunidad a que ocurra lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional que según certificación secretarial de cuenta, estaba programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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