Cesar Daniel Pérez Cazarez
Expediente 1366/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cesar Daniel Pérez Cazarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintisiete de enero del año en curso, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 20, fracción II, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el alegato ministerial de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, toda vez que el veintisiete de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
Agréguese a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Sinaloa "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se tienen como delegados, a los profesionistas que indica, conforme el artículo 9 de la Ley de Amparo y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa para tal efecto. Ahora respecto a la petición realizada de que se tenga como correo electrónico con el objeto de que se realicen las notificaciones de manera electrónica, ha de decirse que ese supuesto no lo prevé la Ley de Amparo ni el Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia; sin embargo, para ello, puede transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. No obstante lo anterior, se tiene por señalado correo electrónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, esto es, tengan lugar comunicaciones no procesales. Por otra parte, se autoriza a la citada autoridad responsable, para la reproducción electrónica a través de fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ AVISO AL SECRETARIO RESPECTIVO ANTES DE REALIZAR ESA ACTIVIDAD para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica la documental que allega, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En primer orden, se precisa que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en esencia en: A la Administración Desconcentrada Jurídica de Sinaloa "1", del Servicio de Administración Tributaria: La omisión de exigir el cumplimiento de la resolución recaída al recurso de revocación ********************, contenida en el oficio ******************** de quince de junio de dos mil veintidós. A la Administración Central de Operación de Padrones de la Administración General de Servicios al Contribuyente, La omisión de cumplir con la resolución recaída al recurso de revocación ********************, contenida en el oficio ******************** de quince de junio de dos mil veintidós. Del análisis de las constancias que se adjuntaron al informe justificado y al oficio de cuenta , a las que se les concede valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; este Juzgado advierte que en el sumario en que se actúa sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo ********************, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo ******************** de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo ********************, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, el indicado precepto establece: "Artículo ********************. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo ********************, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el particular se tiene que el Administrador Central de Operación de Padrones, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dio cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revocación ********************, contenida en el oficio ******************** de quince de junio de dos mil veintidós; puesto que, emitió una nueva determinación en la cual, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones y facultades, declaró que la solicitud de Renovación al Esquema de Inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos ha sido autorizada. De esa documental se advierte, que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), la autoridad responsable dio cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revocación ********************, contenida en el oficio ******************** de quince de junio de dos mil veintidós; lo cual denota que el acto reclamado, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la referida resolución, ha dejado de existir para todos los efectos legales, en tanto que la conducta omisiva que se le atribuyó a la responsable ha sido vencida por la acción aquí solicitada por la parte quejosa. Por consiguiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (********************, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las TRECE HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que no obra en autos el acuse de recibo de la pieza postal que contiene el oficio, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dirigido a la autoridad responsable Administración Central de Operaciones de Padrones de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, en el que se remitió el diverso oficio, que contiene transcripción del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se le solicitó informe justificado. Por lo que, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, fijándose en su lugar las TRECE HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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