César Ciro Guzman Ochoa
Expediente 76/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- César Ciro Guzman Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuenta. En ocho de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos. Auto. Los Mochis, Sinaloa, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso ***************, interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión son susceptibles de destrucción, dado que se negó la suspensión definitiva al quejoso César Ciro Guzmán Ochoa; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del original del incidente de suspensión, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, a través del oficio 1625/2022, recibido en éste juzgado el veintiuno de septiembre del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. De la autoridad señalada como ORDENADORA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA le reclamo: I).- EL ILEGAL EMBARGO ORDENADO EN EL JUICIO LABORAL, RADICADO ANTE JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO JE2-04-171/2012, DEL CUAL EMERGEN LOS ACTOS RECLAMADOS, ASI COMO EL REMATE EN PÚBLICA MONEDA REALIZADO O QUE INMINENTEMENTE REALICE Y ACTOS ULTERIORES AL MISMO, ASI COMO CUALQUIER OTRO ACTO QUE TENGA POR OBJETO PRIVAR AL SUSCRITO DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN 50% DEL BIEN INMUEBLE, consistente en: FINCA URBANA, con una superficie de 480.00 metros cuadrados, ubicada en calle Francisco I. Madero número 1113 del fraccionamiento Jordán Madero de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: mide 32.00 metros y colinda con Avenida Madero; Al sur: mide 32.00 metros y colinda con lote 27; Al oriente: mide 15.00 metros y colinda con lote 26, y Al poniente: mide 15:00 metros y colinda con calle Bahía de Ohuira. Se encuentra registrada ante el Registro Público y del Comercio de ésta ciudad, bajo la inscripción 178, libro 816, sección primera, a nombre del suscrito quejoso CESAR CIRO GUZMAN OCHOA. II). - SE LE RECLAMA TAMBIEN LA ILEGAL ORDEN DICTADA O QUE INMINENTEMENTE DICTE A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA, EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, DENTRO DEL JUICIO DE DONDE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS, PARA EFECTOS DE QUE LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE UN EMBARGO POR LA CANTIDAD DE $552, 077.95 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.), EN EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD QUE SE DESCRIBE EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, MISMO QUE QUEDO REGISTRADO BAJO LA INSCRIPCIÓN 187, DEL LIBRO 1067, SECCIÓN SEGUNDA. 2. De la autoridad señalada como RESPONSABLE EJECUTORA, EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, reclamo: A).- La ejecución material respecto a la orden dictada por la autoridad responsable ordenadora, la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, bajo el expediente número JE2-04-171/2012, consistente en la inscripción de un embargo por la cantidad de $552, 077.95 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.), en el 50 % de la finca urbana que se describe en la presente demanda, para efectos de garantizar un supuesto adeudo a cargo de mi esposa RACHEL LAVERTU, siendo el caso, que el dicho inmueble es propiedad absoluta del suscrito quejoso.. B).- Reclamo la ejecución material de cualquier orden que dentro del juicio del cual se derivan los actos reclamados, dicte o haya dictado la autoridad señalada como autoridad ordenadora y que lo es la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, que tengan por objeto privar de la propiedad y posesión de la finca urbana, que es objeto de la presente demanda de garantías.". Es decir el reclamo se relaciona con el embargo emitido en el expediente número JE2- 04- 171/2012, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por la cantidad de $552, 077.95 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.), en el 50 % de la finca urbana que se describe en la demanda. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte en sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en ésta ciudad, realizaran lo siguiente: "Deje insubsistente el embargo practicado en diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral número J.ENo.2-04-171/2012, respecto al 50% con relación al BIEN INMUEBLE COMPUESTO POR SOLAR Y CONSTRUCCION, UBICADO EN LA CALLE MADERO NUMERO 1113 DEL FRACCIONAMIENTO JORDAN MADERO, DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADA CON EL LOTE NUMERO 25, MANZANA "B", CON UNA SUPERFICIE DE 480.00 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 32.00 METROS Y COLINDA CON AVENIDA MADERO. AL SUR MIDE 32.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 27. AL ORIENTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 26. AL PONIENTE MIDE 15.00 METROS Y COLINDA CON CALLE BAHIA DE OHUIRA. Así como su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio." En auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, mediante oficio número RPPYC/AHOME/1559/2022, recibido en éste juzgado el treinta y uno de agosto del presente año, suscrito por el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, informo que con esa misma fecha se procedió a cancelar la inscripción 187 del Libro 1067 de la Sección segunda, que corresponde al embargo del 50 % trabado sobre el bien inmueble registrado en dicha dependencia bajo la inscripción 178 del libro 816, sección primera, ordenado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, quedando registrada dicha cancelación bajo la inscripción 83 del libro 531 de la sección Documentos Generales, de fecha 31 de agosto de 2022. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de uno de septiembre del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna. Asimismo, en relación a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitió a éste Juzgado Federal oficio 1625/2022 mismo que fue recibido el veintiuno de los corrientes, registrándose en el libro de correspondencia bajo número 9869, en el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias en las cuales se advierte el proveído dictado el doce de septiembre del año en curso, en el expediente J.E.No.2-04-171/2012, en el que ordena girar oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, para que cancele el embargo registrado por la cantidad de $552, 077.95 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.), para la actora Leticia Elizarrarás Montes, en el bien inmueble materia de este juicio, anexando copia certificada de dichas constancias para acreditarlo. Ordenando dar vista a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna; aún y cuando haya quedado debidamente notificada el veintidós de septiembre del año en curso, tal y como se advierte de la notificación personal realizada por la actuaria adscrita a éste juzgado. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, dejaran insubsistente el embargo practicado en diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral número J.ENo.2-04-171/2012, respecto al 50% con relación al bien inmueble compuesto por solar y construcción, ubicado en la calle madero número 1113 del fraccionamiento Jordán Madero, de esta ciudad, identificada con el lote número 25, manzana "b", con una superficie de 480.00 metros cuadrados, así como su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe diversas documentales; en consecuencia, dese vista con el oficio de referencia a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ésta ciudad, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, esto es, informar el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada por éste juzgado el veintinueve de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, o, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que la concesión del amparo fue para el efecto de que: "Deje insubsistente el embargo practicado en diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral número J.ENo.2-04-171/2012, respecto al 50% con relación al BIEN INMUEBLE COMPUESTO POR SOLAR Y CONSTRUCCION, UBICADO EN LA CALLE MADERO NUMERO 1113 DEL FRACCIONAMIENTO JORDAN MADERO, DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADA CON EL LOTE NUMERO 25, MANZANA "B", CON UNA SUPERFICIE DE 480.00 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE********************************************************************************Así como su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio." Para lo cual se apercibe a la citada autoridad que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
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