César Cabrera Valenzuela

Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 67 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
203/2021
Año
2021
Actuaciones
67
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • César Cabrera Valenzuela
  • Delegado Estatal de Programas Para el Desarrollo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 67.

  1. Principal

    En treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución emitida por el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En dos de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veinte de febrero del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, en el sentido de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, determinación se le notificó a la parte quejosa el veintiuno de ese mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a dicha ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso César Cabrera Valenzuela, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: ( Deje insubsistente la baja de que fue objeto el quejoso, del programa previsto en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como todas sus consecuencias y, en su lugar, emita otra determinación en la que, restituyéndolo en sus derechos violados a partir de la fecha en la que realizó tal baja, le dé vista (de forma personal) para que subsane la irregularidad detectada por la responsable, y le permita entregar el documento que lo acredite, en su caso, como una persona con discapacidad permanente. Determinado, una vez hecho lo anterior, lo que derecho proceda; y, ( Ahora, toda vez que quedó demostrada la ilegalidad de la baja del quejoso del programa de apoyo antes señalado, lo que originó le suspendieran la ayuda correspondiente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al tratarse el acto reclamado de naturaleza positiva, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, será la de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a saber, se le siga proporcionando la ayuda económica que estuvo recibiendo y, en su caso, el pago de aquellas que dejó de percibir con motivo de la baja, aquí declarada inconstitucional; hecho que perdurará en la medida que el justiciable acredite ante la responsable su incapacidad permanente, pues de no hacerlo así, la autoridad estará en la aptitud legal de resolver conforme lo considere prudente. Por su parte, mediante oficio presentado el veinte de febrero de la presente anualidad, el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director General de Atención a Grupos Prioritarios y Director General para la Validación de Beneficiarios, ambos de la Secretaría de Bienestar (autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria(, informó que realizó las gestiones correspondientes de la emisión de los apoyos retroactivos del quejoso, derivados del apoyo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la incorporación al diverso Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, de acuerdo a lo que se determinó en la sentencia. Asimismo, informó que el promovente del amparo sobrepasa los sesenta y cinco años de edad, por lo que de acuerdo al numeral 3.3 de los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso de las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a partir del cuarto bimestre (julio-agosto), el quejoso se encuentra incorporado a dicho programa asistencialista con el número de ID padrón 26363322, teniendo actualmente el status de activo emitible. Por tanto, mediante auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso con el oficio allegado por la responsable, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; como consecuencia, la autorizada del amparista se pronunció al respecto, solicitando que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo y, en su oportunidad, se ordenara al archivo el presente asunto. En ese contexto, como se estableció, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad vinculada demostrara a este juzgado el haber restablecido las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el sentido de que se le proporcione al quejoso la ayuda económica que estuvo recibiendo y, en su caso, el pago de aquellas que dejó de percibir con motivo de la baja, aquí declarada inconstitucional, desde el último bimestre de dos mil diecinueve, hasta el de la nueva declaratoria, que decidió revocar el beneficio por no cumplir con los requisitos solicitados; estos es, el cuarto bimestre (julio-agosto) de dos mil veintiuno, en el que el quejoso fue incorporado al referido régimen asistencialista, lo cual ya aconteció. Por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ya se cumplió, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos el escrito de cuenta, suscrito de manera electrónica por la autorizada legal del quejoso ********************, mediante el cual solicita que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, y en su oportunidad, se ordene al archivo el presente asunto. Al respecto, infórmese que tales manifestaciones se acordarán en su momento procesal oportuno, esto es, cuando este Juzgado analice el cumplimiento a la ejecutoria dado por las autoridades responsables. Por otra parte, intégrese únicamente para que obre el oficio 510.E.-3954 de cuenta, suscrito de manera electrónica por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director General de Atención a Grupos Prioritarios y Director General para la Validación de Beneficiarios, ambos de la Secretaría de Bienestar, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo; toda vez que mediante proveído de veinte de los actuales, se acordó respecto al mismo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos los oficios 510.E.-3509 y 510.E.-3529 de cuenta, suscritos de manera electrónica por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director General de Atención a Grupos Prioritarios y Director General para la Validación de Beneficiarios, ambos de la Secretaría de Bienestar, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.

Quedan 63 actuaciones en este expediente

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