Cesar Bermudez Soto
Expediente 1226/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Cesar Bermudez Soto
- Dr. J. Jesus Madrigal Ortiz del Ce.Re.So el Hongo I, En Tecate Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Estado procesal. Por otro lado, vista la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve , en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por César Bermúdez Soto; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal; que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Juicio de amparo. Ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General de referencia; toda vez que en este juicio se decretó la suspensión de plano; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años de concluido, es susceptible de depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Isaac Fabela León, que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio. El Coordinador Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, realiza lo siguiente: 1) Designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso César Bermúdez Soto. 2) Señala autorizados para oír y recibir notificaciones. 3) Proporciona el domicilio de los asesores públicos asignados para oír y recibir notificaciones. Se designan Asesores Públicos. Atento a lo anterior, se tienen como asesores públicos del quejoso a los licenciados de referencia; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 43/2019, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los asesores públicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Estado procesal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentra pendiente de notificar personalmente a la parte quejosa los autos de veintidós, veintitrés y veintinueve de octubre del año en curso. Se ordena a los actuarios cumplan con el mandato judicial en los plazos legales. En razón de lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que dentro de tres días, como lo dispone el artículo 24 de la Ley de Amparo, se constituyan en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "El Hongo I" y notifique al quejoso César Bermúdez Soto los acuerdos de referencia, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento. Notifíquese; personalmente la parte quejosa y al asesor público.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Se recibe oficio. Agréguese a los autos la copia certificada del oficio signado por la perito oficial, mediante el cual manifiesta los motivos personales por los cuales se ha visto impedida para emitir su dictamen en el presente asunto y en diversos del índice de este juzgado de distrito. Justificación de la perito. Al respecto dígasele que este órgano de control constitucional tiene la obligación de administrar e impartir justicia de forma pronta, completa y expedita, conforme lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 8.1 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 149, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, dispone que los peritos emitirán su dictamen de forma inmediata, siempre que la naturaleza del asunto lo permita o, en caso contrario se les dará un término prudente para que lo rindan. Ahora bien, en el caso en particular la perito en comento fue designada para emitir dictamen en el mes de febrero del año en curso, siendo el caso que hasta el quince de agosto de esta anualidad compareció para aceptar y protestar cumplir el cargo, de ahí que se considere que a la fecha el plazo prudente que pudiera requerir para emitir su opinión técnica ha sido rebasado en exceso por el tiempo en que ha sido omisa en cumplir con su obligación legal, pues desde la fecha de su designación hasta el día de hoy han transcurrido más de ocho de meses. Situación que se traduce en un retraso innecesario que sufren los justiciables en su aspiración de obtener justicia pronta, completa y expedita, aunado a la pérdidas y gastos económicos que el transcurso del tiempo conlleva esperar la emisión de una resolución judicial, misma que no es posible de dictar ante la falta de los elementos necesarios para resolver la litis constitucional en el presente juicio de amparo derivado de la falta de una prueba ofrecida por las partes. Resulta aplicable la tesis 2a. LXV/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, número de registro: 178190, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Materia Común, página 238, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones". Facultad de subsanar el procedimiento. De la interpretación armónica de los artículos 120 de la Ley de Amparo, así como los artículos 58 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la legislación en cita, se advierte la facultad que tienen los juzgadores para hacer el nombramiento de los expertos que deban emitir su dictamen, con el fin de conocer la verdad de los hechos materia de la controversia constitucional, al tratarse de una materia o especialidad que requiera de conocimientos técnicos. Facultad que recae en el juzgador a fin de que a la luz del dictamen que emita el experto designado, se emita la resolución que en derecho corresponda, misma que está condicionada a que el perito satisfaga los requisitos de ley y no presente impedimento alguno que le permita actuar en el procedimiento jurisdiccional como auxiliar de la administración de justicia. De manera que si es facultad de los juzgadores nombrar a los peritos que deban intervenir en los juicios de amparo de su conocimiento, también recae en estos la obligación de vigilar su correcta preparación y posterior desahogo; de ahí que al observar cualquier anomalía, retraso o aspecto que conlleve a la incorrecta preparación y desahogo de la prueba pericial, el juez está compelido a subsanar cualquier irregularidad que se presente, atendiendo a las facultades y obligaciones que derivan del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Revocación de nombramiento. En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Amparo, 58 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se revoca el nombramiento de la perito oficial Ninfa Ocampo Noverón, derivado de las omisiones y retrasos en que ha incurrido para la emisión del dictamen que debía presentar en este juicio de amparo, mismo que ha imposibilitado desarrollar la audiencia constitucional y emitir la sentencia correspondiente. Oficio para conocimiento. En atención a lo anterior gírese oficio al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, a fin de que por su conducto se notifique a la perito oficial Ninfa Ocampo Noveron, que ha sido revocada en el presente juicio de amparo para emitir el dictamen en materia de contabilidad correspondiente, en atención a los consideraciones de hecho y de derecho previamente establecidas, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se designa perito oficial. En atención a ello, requiérase a la Consejera de la Judicatura y Coordinadora de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que en auxilio de este órgano de control constitucional, en el término de tres días, legalmente contado, proporcione el nombre y domicilio de alguna persona que pueda fungir como perito en materia contable para el desahogo de la prueba pericial admitida en autos, para el cual se le remite copia del cuestionario exhibido. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, mediante oficio, notifíquese a la fiscal federal el presente proveído. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Oficios. Las autoridades responsables Director, Subdirector, Comandante, y Coordinadora del Área Médica, todas del Centro de Reinserción Social "El Hongo", realizan lo siguiente: 1) Informan que acataron la suspensión de plano concedida al quejoso, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; 2) La primera de ellas informa la inexistencia de las autoridades denominadas como Chefs, 06 del Tercer Turno Supervisor de Turno ********************, Oficial candelero R14 encargado del área médica y Oficial R14 ******************** del tercer turno del área médica, todos del Centro de Reinserción Social El Hongo 1. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos los oficios signados por las tres primeras autoridades oficiantes, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de dieciocho de octubre del año en curso se acordó respecto a su contenido. Suspensión de plano. Por otro lado, en cuanto al acatamiento de la suspensión de plano que informa la Coordinadora del Área Médica del Centro de Reinserción Social "El Hongo", se ordena dar vista a las partes con el mismo, para los fines legales conducentes.
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