Cesar Alejandro Garcia Leyva

Expediente 1246/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1246/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Cesar Alejandro Garcia Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que la Secretaria actuante verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y captúrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1246/2023-I. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Es necesario transcribir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones. Mientras que, lo indudable, se actualiza cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto surte aplicación, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, de noviembre de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, página ciento noventa ocho, registro electrónico 221353, que al tenor literal dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional" Precisión del acto reclamado. Del contenido integral de la demanda, se advierte que el promovente de amparo César Alejandro García Leyva, reclama lo siguiente: El oficio SSC/CO/1369/2023 de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del cual le informó al quejoso que, no aprobó el proceso de evaluación de control de confianza, y por ende, no puede ejercer como Agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, supuestamente, por no cumplir con lo establecido en el artículo 116, fracción X, en concordancia con el artículo 66, fracción III de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. Todo lo actuado en el proceso de evaluación y control de confianza seguido en contra del aquí quejoso. La ejecución de lo anterior. Asimismo, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA FECHA QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO FUE EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023." ".7.- Finalmente, en fecha 5 de septiembre de 2023 es que fui notificado del acto materia de reclamo, a travez (sic) del cual según se desprende del mismo, el suscrito no había aprobado los exámenes de control de confianza, motivo por el que acudo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal." Anteriores manifestaciones, que al haberse realizado por el promovente bajo protesta de decir verdad, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al tratarse de una confesión expresa realizada por el peticionario de amparo en su escrito de demanda, dispositivo legal que señala: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita la que se presume en los casos señalados por la Ley". Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Así, de las propias manifestaciones efectuadas por la parte quejosa, se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 17, 18 y 19 del ordenamiento legal en cita. Para explicar lo anterior, conviene establecer el contenido de los mencionados artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, donde como regla genérica se tiene el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido, que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia. En apoyo a lo descrito se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A.J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido] En el caso concreto, como se precisó con antelación, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso fue notificado del oficio reclamado, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, tan es así que acompañó el original del oficio SSC/CO/1369/2023 (acto reclamado primigenio), emitido por el Coordinador Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, con sede en Mexicali. Documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con ello se obtiene, que en el caso surte efectos la regla precisada en el inciso a), esto es, que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del quejoso respecto del acto reclamado. Por tanto, se tiene que el plazo de quince días para que el quejoso promoviera la demanda de amparo, transcurrió del siete al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de ese mismo mes y año, por corresponder a sábados y domingos, así como tampoco se cuentan los días catorce y quince de septiembre del año en curso, por haberse declarado como no laborables y por ende, como inhábiles por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Para una mejor comprensión, se ilustran los siguientes cuadros: SEPTIEMBRE DE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 (Quedó notificado) 6 (Surtió efectos) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (Último día para presentar la demanda) 30 Conocimiento del acto reclamado Quince días para la interposición de la demanda de amparo. Días inhábiles. Como se dijo, en el presente asunto se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a), descrito en párrafos previos, del cómputo arriba señalado se obtiene que el juicio de amparo no se promovió dentro del plazo legal de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Dado que si la demanda se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, el tres de octubre de dos mil veintitrés, tal como se corrobora del sello de recibo que consta en la primera hoja del escrito de demanda, así como lo asentado en la boleta de turno, es inconcuso que su presentación es notoriamente extemporánea. Se cita la Jurisprudencia número XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en la página 699, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." En consecuencia, al no haber sido impugnado en forma oportuna los precitados actos, éstos deben considerarse como consentidos tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que alude la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado a fojas 235, del Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Igualmente es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21 sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página doscientos noventa y uno, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Además, en el caso no se está en algún supuesto de excepción a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no corresponden a una norma general autoaplicativa, ni tampoco es un procedimiento de extradición. Tampoco es una sentencia definitiva condenatoria dentro de un proceso penal que imponga pena de prisión. Mucho menos es un amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ni tampoco se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, prescripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese contexto, no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18, 19 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se analiza por improcedente. Asimismo, se hace la precisión que si bien es cierto que alguno de los criterios invocados para sustentar la presente determinación, interpretan artículos de la Ley de Amparo abrogada, también lo es, que estos no se contraponen con los contenidos en la ley de la materia vigente. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo, así como esperar a que las responsables rindan su informe con justificación y remitan las constancias que sirvieron para emitir los actos reclamados, dado que, desde este momento procesal, esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes para determinar la improcedencia de la demanda de amparo, ya que dada las circunstancias fácticas se apreció que la demanda no fue presentada en los términos de ley, y por ende, se actualiza la causal anteriormente estudiada, por lo que, aunque se admitiera la demanda, ninguna prueba o información proporcionada por las partes variaría el sentido de esta determinación. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Manuel Alejandro Acosta Alexander, Rosa Maritza Nava Meléndez, Maritza Harlene Arriaga Nava, Jose Luis Arriaga Herrera, Ari Jesús Ayala Ibarra, José Gustavo Ruvalcaba Carmona y Ana Claudia Herrera Bojórquez, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Hidalgo Martínez, Gabriela Pérez Navarro y Cynthia Jacqueline Jiménez Molina, por así solicitarlo expresamente. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera. Por tanto, se instruye a las actuarias judiciales adscritas a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por el medio electrónico. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "BPALEX". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe. Tania/Rnjr Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe. Tania/RnjrAsí lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.

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