César Augusto Galán Delgado
Expediente 80/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- César Augusto Galán Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por tanto, es evidente que la resolución de nueve de enero de dos mil veinte reclamada, vulnera los derechos humanos y garantías de CESAR AUGUSTO GALÁN DELGADO, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que dicha autoridad responsable, deje insubsistente la resolución mencionada y emita otra, en la que, arrojando a quien formula la imputación la carga de la prueba de la existencia de la orden de elaborar la lista de las carpetas penales que el aquí quejoso tenía a su cargo, con libertad de jurisdicción valore la negativa categórica del ahora impetrante y resuelva, apegado a derecho, la controversia sometida a su consideración. .". Inconforme con dicha determinación la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, y parte quejosa, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 156/2021 y mediante ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós determinó fundada la revisión adhesiva recurrida cuyos efectos en lo conducente son: ". Deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil veinte, dictada en la queja administrativa 206/2018 y las consecuencias jurídicas que de ella deriven. Dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, . .. .. ." Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil veinte, dictada en la queja administrativa 206/2018 y las consecuencias jurídicas que de ella deriven, dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y analizando las figura de prescripción y resuelva con libertad de jurisdicción lo que conforme derecho proceda; precisando que dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa; en atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, no pasa desapercibido para quien resuelve la manifestación que vierte la parte quejosa por escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por el cual se inconforma con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y refiere que si se actualiza la figura de la prescripción, ya que del estudio que realiza la responsable sobre dicha figura no está debidamente fundado ni motivado además causa perjuicio la temporalidad excesiva y fuera de plazo que marca la Ley aplicable por la autoridad substanciadora, siendo por ello que la responsable no cumple con la ejecutoria de amparo. Visto lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional dicho argumente es inoperante, en atención que la autoridad responsable siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo como ya se le precisó en párrafos que anteceden donde la responsable en su nueve determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el procedimiento de la queja administrativa 206/2018, se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa, lo cual fue el nucleó de la ejecutoria de amparo, sin abordar estudio de fondo alguno, y de lo que ahora pretende la parte quejosa es que se analice las cuestiones de fondo que no fueron analizadas en la ejecutoria que emite la Superioridad, siendo que el nuevo acto que emite la responsable es con libertad de jurisdicción, por ello, no puede ser tomado en consideración por no ser materia de dicha ejecutoria, el estudio de la figura de prescripción, por lo anterior, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, y deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por tanto, es evidente que la resolución de nueve de enero de dos mil veinte reclamada, vulnera los derechos humanos y garantías de CESAR AUGUSTO GALÁN DELGADO, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que dicha autoridad responsable, deje insubsistente la resolución mencionada y emita otra, en la que, arrojando a quien formula la imputación la carga de la prueba de la existencia de la orden de elaborar la lista de las carpetas penales que el aquí quejoso tenía a su cargo, con libertad de jurisdicción valore la negativa categórica del ahora impetrante y resuelva, apegado a derecho, la controversia sometida a su consideración. .". Inconforme con dicha determinación la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, y parte quejosa, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 156/2021 y mediante ejecutoria de veinticinco de marzo de dos mil veintidós determinó fundada la revisión adhesiva recurrida cuyos efectos en lo conducente son: ". Deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil veinte, dictada en la queja administrativa 206/2018 y las consecuencias jurídicas que de ella deriven. Dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, . .. .. ." Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil veinte, dictada en la queja administrativa 206/2018 y las consecuencias jurídicas que de ella deriven, dicte otra en la que observe lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y analizando las figura de prescripción y resuelva con libertad de jurisdicción lo que conforme derecho proceda; precisando que dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución señalados por la quejosa. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 206/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de nueve de enero de dos mil veinte y se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa; en atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de siete y veinte de junio de dos mil veintidós, y oficio SC/DGR/2092/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, no pasa desapercibido para quien resuelve la manifestación que vierte la parte quejosa por escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por el cual se inconforma con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y refiere que si se actualiza la figura de la prescripción, ya que del estudio que realiza la responsable sobre dicha figura no está debidamente fundado ni motivado además causa perjuicio la temporalidad excesiva y fuera de plazo que marca la Ley aplicable por la autoridad substanciadora, siendo por ello que la responsable no cumple con la ejecutoria de amparo. Visto lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional dicho argumente es inoperante, en atención que la autoridad responsable siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo como ya se le precisó en párrafos que anteceden donde la responsable en su nueve determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el procedimiento de la queja administrativa 206/2018, se pronunció en términos del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, analizando la figura de la prescripción y procedió a declarar la existencia de responsabilidad administrativa, lo cual fue el nucleó de la ejecutoria de amparo, sin abordar estudio de fondo alguno, y de lo que ahora pretende la parte quejosa es que se analice las cuestiones de fondo que no fueron analizadas en la ejecutoria que emite la Superioridad, siendo que el nuevo acto que emite la responsable es con libertad de jurisdicción, por ello, no puede ser tomado en consideración por no ser materia de dicha ejecutoria, el estudio de la figura de prescripción, por lo anterior, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, y deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Octavio Rosales Gutiérrez, Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la anotación con folio 24/2022 de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ello realizada en cumplimiento a la resolución emitida el dieciséis de mayo del año en curso, dictada en los auto de la queja administrativa 206/2018. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios y anexos registrados con los números de folio 9473 y 19454, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Moisés Ochoa Peralta, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que acreditan que se dejó insubsistente el registro de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, dictada en los auto de la queja administrativa 206/2018; al respecto se tiene por hechas y acreditadas las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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