César Augusto Galán Delgado
Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- César Augusto Galán Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, así como todos los actos emitidos en su ejecución; esto solo en lo que respecta a la parte quejosa. 2) Siguiendo los lineamientos de este fallo, emita otra resolución sólo por cuanto hace al aquí quejoso, en la que considere que se actualizó la figura de la prescripción de la facultad sancionadora prevista en el dispositivo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, con todas las consecuencias que ello implica. Efectos que se hacen extensivos a las autoridades responsables ejecutorias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que den cumplimiento a los efectos de esta resolución dentro de los plazos establecidos para ello. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio sin número de catorce de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, donde se desprende la orden de dejar sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se demuestra de los documentos adjuntos a dichos oficios. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se demuestra de los documentos adjuntos a dichos oficios. Por ello, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, así como todos los actos emitidos en su ejecución; esto solo en lo que respecta a la parte quejosa y siguiendo los lineamientos de este fallo, emita otra resolución sólo por cuanto hace al aquí quejoso, en la que considere que se actualizó la figura de la prescripción de la facultad sancionadora prevista en el dispositivo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida y, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado; y en el caso del original del incidente, deberá guardarse. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión provisional y definitiva de la demanda se determinó concederlas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido en exceso el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, así como todos los actos emitidos en su ejecución; esto solo en lo que respecta a la parte quejosa. 2) Siguiendo los lineamientos de este fallo, emita otra resolución sólo por cuanto hace al aquí quejoso, en la que considere que se actualizó la figura de la prescripción de la facultad sancionadora prevista en el dispositivo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, con todas las consecuencias que ello implica. Efectos que se hacen extensivos a las autoridades responsables ejecutorias, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que den cumplimiento a los efectos de esta resolución dentro de los plazos establecidos para ello. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio sin número de catorce de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, donde se desprende la orden de dejar sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se demuestra de los documentos adjuntos a dichos oficios. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se demuestra de los documentos adjuntos a dichos oficios. Por ello, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, así como todos los actos emitidos en su ejecución; esto solo en lo que respecta a la parte quejosa y siguiendo los lineamientos de este fallo, emita otra resolución sólo por cuanto hace al aquí quejoso, en la que considere que se actualizó la figura de la prescripción de la facultad sancionadora prevista en el dispositivo 195 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el diez de marzo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la determinación de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo 206/2018, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, y procedió a dictar una nueva determinación donde declaró que ha operado la prescripción de la facultad sancionadora, ordenando en consecuencia girar los oficios correspondiente a las autoridades ejecutoras para proceder a las anotaciones y cancelación de los registros derivadas del acto reclamado respecto de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida y, las autoridades ejecutoras, mediante oficios presentados el treinta y uno de marzo y diecisiete de abril de dos mil veintitrés, procedieron hacer las anotaciones y cancelaciones correspondientes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado; y en el caso del original del incidente, deberá guardarse. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión provisional y definitiva de la demanda se determinó concederlas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Moisés Ochoa Peralta, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, mediante el cual adjunta diversas constancias en cumplimiento a su resolución de diez de marzo del año en curso, emitida en autos de la queja administrativa 206/2018. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios y anexos registrado con los números de folio 5522, 6923 y 7561, así como con el oficio de cuenta y anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Moisés Ochoa Peralta, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, mediante el cual adjunta diversas constancias en cumplimiento a su resolución de diez de marzo del año en curso, emitida en autos de la queja administrativa 206/2018. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios y anexos registrado con los números de folio 5522, 6923 y 7561, así como con el oficio de cuenta y anexos, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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