César Augusto Baltazares Tiburcio

Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • César Augusto Baltazares Tiburcio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio A-180/2023signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el incidente de inejecución de sentencia número 4/2023, de su índice, del que se advierte medularmente que confirmó la declaratoria de imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo dictada en el juicio en que se actúa. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; realícense las anotaciones pertinentes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hágase de su conocimiento a las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal; asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados noventa días de la citada fecha. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados treinta días de la citada fecha; por tanto, agréguese copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por personal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido a trámite el incidente de inejecución de sentencia, respecto del auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó la imposibilidad para hacer pronunciamiento relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, radicándolo bajo el número 4/2023 del índice del Tribunal oficiante; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada interpusieran recurso de inconformidad contra la determinación de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que dejó de existir el objeto y la materia del fallo protector en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hubieran hecho. Por tanto, remítase atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que por su conducto lo remita al Tribunal que por razón de turno corresponda, para que la superioridad se pronuncie respecto de la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, a fin de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el artículo 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante diverso Acuerdo General del citado Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, únicamente se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que habilite esa función. Asimismo, infórmese a la superioridad, que en caso de resultarle necesaria la consulta de alguna constancia que obre en el expediente físico, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sea remitido el mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a la superioridad. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. En esa virtud, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. En ese tenor, conviene puntualizar que el artículo citado, establece que el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que, según sea el caso declare: a) Si la sentencia está cumplida, lo que implica que este satisfecha en su totalidad, sin exceso o defecto. b) Si la sentencia no está cumplida. c) Si la sentencia está parcialmente cumplida, en cuyo caso debe analizarse si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en su cumplimiento. d) Si hay imposibilidad para cumplirla. A efecto de lo anterior, es primordial establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando quinto de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, a realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil ********************, de su índice, a través de la cual se resuelve el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, contra la pensión alimenticia provisional otorgada a favor de ********************, por propio derecho y en representación de las menores de edad de iniciales ********************y ********************2. Con libertad de jurisdicción, en su lugar, emita una nueva resolución en la que motive su decisión respecto a la reclamación interpuesta contra la pensión alimenticia provisional, en el entendido de que deberá analizar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debiendo analizar la necesidad de la acreedora alimentaria y realizar la valoración de todas las pruebas que ofreció el demandado en su escrito de reclamación e indicar el alcance probatorio que le corresponde, para el efecto de determinar si resulta conducente o no graduar la pensión alimenticia provisional de manera proporcional." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de noviembre pasado, en relación al fallo protector se tuvo a la autoridad responsable Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, informando el estado procesal del juicio de origen ******************** de su índice y remitió diversas constancias relativas al mismo, de las cuales se desprende que el dieciocho de agosto del año en curso, la aquí tercera interesada ******************** y el quejoso ********************, presentaron ante la autoridad responsable convenio para dar por terminada la controversia, el cual, mediante resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, se elevó a categoría de cosa juzgada. En ese sentido, es evidente que en el caso a estudio, no se surte la hipótesis del cumplimiento al fallo protector, pues aún y cuando la protección constitucional solicitada se concedió para que la juez responsable valorara la necesidad de la acreedora alimentaria, así como todas las pruebas que ofreció el demandado en su escrito de reclamación, debiendo indicar el alcance probatorio que le corresponde, para el efecto de determinar si resulta conducente o no graduar la pensión alimenticia provisional de manera proporcional. Lo cierto es que a la fecha la parte tercera interesada ******************** y el quejoso ********************, por propio derecho y en representación de las menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********************y ******************** celebraron un convenio, que fue aprobado por la juez responsable mediante resolución de diecinueve de septiembre del presente año, elevándolo a categoría de cosa juzgada, ordenando su debido cumplimiento por auto de tres de octubre del año en curso, dictado dentro de los autos del expediente ******************** de su estadística. En consecuencia, la sentencia que otorgó el amparo no puede cumplirse por haberse aprobado el convenio propuesto por las partes, en el que entre otras cosas y en lo que aquí interesa, en la cláusula segunda, tanto la parte quejosa como tercero interesada convinieron que los alimentos proporcionados a las menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********************y ********************, será a cargo de ambos progenitores, tomando en consideración la capacidad económica de cada uno de ellos. En tales condiciones, a juicio de quien esto resuelve, se estima que dejó de existir el objeto y la materia del fallo protector en el juicio, pues, por virtud de la variación del entorno que gira alrededor del procedimiento de origen, se torna jurídicamente inconcuso restituir al quejoso en el goce de los derechos violados en su perjuicio con el acto reclamado en el amparo, toda vez que, anterior a la emisión de la sentencia de amparo, las partes celebraron un convenio, mismo que fue aprobado por la Juez responsable y elevado a categoría de cosa juzgada; cuyo efecto sustancial lo constituye el fallo protector, dejando sin materia el cumplimiento del mismo. En lo conducente, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia mil quinientos sesenta, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página mil setecientos sesenta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, que dice así: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia, es incuestionable que existe impedimento para pronunciarse respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al haberse originado una situación jurídica diversa a la que constituyó el acto reclamado y por tanto, es también diferente a la que provocó la concesión de la protección constitucional, que dejó de existir al haberse celebrado convenio en el juicio de origen de donde derivo el acto que se reclamó; entonces, sería jurídicamente improcedente emitir pronunciamiento alguno respecto de una situación jurídica que no fue originada por los efectos de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, de ahí que no exista materia para calificar el cumplimiento del fallo amparador, por haber cambiado la situación jurídica sobre la que se concedió el amparo de la justicia federal, documentos con los que se dio vista a la parte quejosa, sin que realizara manifestación alguna al respecto, lo que hace presumir su conformidad con el mismo. Vista a las partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, con fundamento en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, se enviarán los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, en turno, para que sea la superioridad quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad jurídica de cumplimiento a la multicitada sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la tercero interesada, y por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.

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