Celso Ruiz Bruno
Expediente 455/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Celso Ruiz Bruno
- Fiscal Segundo en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Estado del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz
- Francisco Ruiz Carrisoza
- Celso Ruiz Bruno y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TREINTA Y UNO DE ENERO DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, y pasados treinta días de dicho plazo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió un tomo de pruebas relativo al proceso penal C-159/2018 y C-29/2019 de su índice, toda vez que por las razones expuestas en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de los mismos, por lo que se le solicita a la responsable acuse recibo de los mismos. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada.
- Principal
Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 455/2021-I-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el tres de junio de dos mil veintiuno, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, el mismo día a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, y registrada el día hábil siguiente, Fernando Abel Jimenez Martínez en su carácter de defensor público de Celso Ruiz Bruno y Francisco Ruiz Carrisoza, promovió juicio de amparo en contra de la siguiente autoridad: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Jueza Interina de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, Veracruz. Cierto De quienes reclama lo siguiente: "PRIMERO.-El AUTO DE APERTURA A JUICIO de fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL 2021 dictado por la Juez de Control de proceso y procedimiento penal oral del décimo distrito judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Jalacingo, Veracruz, LIC. WENDY GUZMAN HERNÁNDEZ dentro del proceso penal 85/2018-II de su índice y su ejecución, la cual se dictó violentando lo establecido en los artículos 1, 8, 16, 17, 09, 20 apartado B, todos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4, en relación con los artículos 10, 11, 13, 113, 134 fracciones I y II, 343, 344, 346, 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior lo informa LA HOY PARTE QUEJOSA CELSO RUIZ BRUNO Y FRANCISCO RUIZ CARRISOZA. [.] SEGUNDO Y NO MENOS CIERTO SE RECLAMA.-La inconstitucional y flagrante VIOLACIÓN AL DERECHO A UN JUICIO JUSTO, VIOLANDOSE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y al DEBIDO PROCESO al acumularse DOS ACUSACIÓNES DIVERSAS CON ELEMENTOS Y/O MEDIOS DE PRUEBA DIVERSOS, Y HACERLO EN COMÚN POR LA JUZGADORA encontrársele EN ESTOS MOMENTOS LA PARTE QUEJOSA EN ESPERA DE QUE SE LLEVE A CABO UN JUICIO CON MEDIO DE PRUEBA QUE SOLO HABIAN SIDO PRESENTADO EN SUS ACUSACIONES Y PARA SER JUZGADO CELSO RUIZ BRUNO Y QUE AHORA SI NO ME CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE DESAHOGARAN EN CONTRA DEL QUEJOSO FRANCISO RUIZ CARRISOZA Y QUE NO HABÍAN SIDO PRESENTADO EN MI CONTRA REALIZADO ESTA ACTO VIOLATORIO AL DEBIDO PROCESO POR LA HOY AUTORIDAD RESPONSABLE Y EJECUTORA, DEJANDO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LOS QUEJOSOS DE MERITO, YA QUE AL NO DEMOSTRARSE LA PROBABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL QUEJOSO DE MERITO EN LOS HECHOS MOTIVOS DE LA IMPUTACION CON LOS MEDIOS DE PRUEBA DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA, LA A QUO PERDIO LA HORIZONTALIDAD QUE PREVALECE EN ESTE PROCESO PENAL, Y REALIZO LA ACUMULACIÓN DE ACUSACIONES Y EN CONSECUENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA EN CONTRA DE AMBOS ACUSADOS Y QUE SE RECLAMA EN ESTA VÍA [.]" SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. La promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, manifestó como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 8, 16, 17, 19 y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. DESECHAMIENTO, RECURSO DE QUEJA Y ADMISIÓN. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Decimoquinto de Distrito, registró la demanda de amparo bajo el número 455/2021-I-A, la cual fue desechada de plano al considerarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por lo que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, los quejosos Celso Ruiz Bruno y Francisco Ruiz Carrisoza interpusieron recurso de queja en contra del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, bajo el número de queja 122/2021 de su índice. En ese tenor, en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 122/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por el que resolvió fundado dicho medio de impugnación y en estricto acatamiento este juzgado admitió a trámite la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, solicitando a la autoridad responsable su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Ausencia Aburto Vázquez efectuado el siete de septiembre de dos mil veintiuno y la autoridad tercera interesada licenciado Edgar Iván Pérez García, Fiscal Segundo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, teniéndosele por emplazado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, párrafo primero, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito espacial en el que este órgano judicial ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que los impetrantes de amparo reclaman de la autoridad responsable el siguiente acto: El auto de apertura a juicio oral de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el cual se decretó procedente la acumulación de juicios 159/2018-II y su acumulado 29/2019-II y en el cual la responsable omitió especificar qué medios de prueba sustentarían la acusación de cada quejoso, por tratarse de los mismos hechos, del índice de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, Veracruz y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al así haberlo admitido la Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 159/2018 y su acumulado C-29/2019, de su índice, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, la autoridad responsable remitió registros de audio y video en formato DVD en un disco versátil digital, signado por la Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, el cual es considerado un adelanto de la ciencia, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tienen la naturaleza de prueba documental, de cuyo contenido esta juzgadora apreció el desarrollo de las audiencias, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de alguien, así como la descripción que se hizo de lo observado en tales videos, con el objeto de constatarlo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la inconstitucionalidad del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, la hagan valer o no las partes. De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 62 de la Ley de Amparo, no se abordará el estudio del fondo del asunto, ya que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público. En efecto, no obstante la certeza del acto reclamado a la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados en su contra, habida cuenta que las causas de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión del fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." Así, respecto al referido acto reclamado a la señalada autoridad, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" (Lo resaltado es propio). Ahora bien, atendiendo a la fórmula legal que deriva del precepto antes transcrito, es inconcuso que el juicio de control de constitucionalidad en la vía indirecta sólo puede tramitarse, tratándose de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, contra aquellos que ocasionen o generen al quejoso afectaciones de imposible reparación; importando destacar al respecto, que la propia porción normativa en comento, en los mismos términos contenidos en la diversa fracción III, inciso b), ibídem, precisa que por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto, se concluye que para ser calificados como "irreparables" para efectos del juicio de amparo indirecto, es menester que los actos reclamados produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga de manera exclusiva de las leyes adjetivas. De ahí que resulte inaplicable, a partir de que entró en vigor la actual Ley de Amparo (3 de abril de 2013), el criterio establecido en el sentido de que a pesar de que el acto reclamado se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, procedía el amparo indirecto si con esa decisión se afectaba al gobernado en grado predominante o superior. Lo anterior responde a un rediseño del juicio de derechos fundamentales que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, con el fin de consolidar la efectividad de ese tipo de juicios y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Al respecto cabe citar la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), por las razones que la informan, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de nuestro País, visible en la página 39 del Libro 7, correspondiente a junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en su edición electrónica bajo el número de registro 2006589, de epígrafe y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En este orden de ideas, dada la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo en vigor respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede considerarse procedente el juicio constitucional que promovió el aquí recurrente en favor de los directos quejosos, habida cuenta que el acto reclamado consiste en el auto de apertura a juicio oral de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el cual se decretó procedente la acumulación de juicios 159/2018-II y su acumulado 29/2019-II y en el cual la resposable omitió especificar qué medios de prueba sustentarían la acusación de cada quejoso; acto que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque si bien la decisión de acumular las mencionadas causas en las que los aquí quejosos son los acusados pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto. En suma, en el asunto en estudio la resolución reclamada, no afecta derechos sustantivos de los quejosos inconformes, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos con efectos formales, no actual -a diferencia de los sustantivos- ya que si los recurrentes obtienen resolución favorable a sus intereses, la infracción no trascendería en su perjuicio y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de combatir el fallo definitivo a través del juicio de amparo directo, en el que podrán alegar las infracciones procesales que hayan trascendido a su defensa. Resulta aplicable al presente asunto, por similitud jurídica e identidad de razón, el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 96/2016, publicada en la página 5 del Libro 38, correspondiente a enero de dos mil diecisiete, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en su edición electrónica bajo el número de registro 2013364, con el rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." No pasa inadvertido para este juzgado que los quejosos directos se duelen de la omisión de la Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, Veracruz de precisar en el auto de apertura a juicio cuáles son los medios de prueba admitidos, que debían sustentar la acusación de cada uno de los quejosos, sin embargo, atendiendo a la naturaleza de tal acto, no se evidencia la violación a derechos sustantivos, dado que en su caso, la admisión de pruebas reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva (intraprocesal) que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, la que solo se verá materializada en la sentencia definitiva que en su caso, se llegue a emitir dentro del proceso penal, pues cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, porque se les considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio jurisprudencial de la undécima época, en materia penal, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 1a./J. 6/2021 (11a.), visible a fojas, mil setecientos cuarenta y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cinco, de septiembre de dos mil veintiuno, tomo II, registro digital 2023589, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Circunstancia por la cual, quien suscribe está imposibilitada para analizar los conceptos de violación hechos valer por los aquí quejosos en su escrito de demanda encaminados a vislumbrar la ilegalidad del acto que en esta vía se reclama. Sirve de apoyo, la tesis de aislada del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, página 88, Séptima Época, con registro 232302, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. QUINTO.-CAMBIO DE TITULAR. Infórmese a las partes que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno SEXTO - EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. En ese contexto, para que le sean entregadas las copias certificadas de la presente resolución, deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los quejosos se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtenga su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y pueda consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto; además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". SÉPTIMO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Fernando Abel Jimenez Martínez en su carácter de defensor público de Celso Ruiz Bruno y Francisco Ruiz Carrisoza, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada, por oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo resolvió y firma Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en que concluyó el engrose por así haberlo permitido las labores de este juzgado, ante Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
ACTUARIO NOTIFICA EL SIGUIENTE ACUERDO: Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 455/2021-I-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el tres de junio de dos mil veintiuno, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, el mismo día a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, y registrada el día hábil siguiente, Fernando Abel Jimenez Martínez en su carácter de defensor público de Celso Ruiz Bruno y Francisco Ruiz Carrisoza, promovió juicio de amparo en contra de la siguiente autoridad: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Jueza Interina de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, Veracruz. Cierto De quienes reclama lo siguiente: "PRIMERO.-El AUTO DE APERTURA A JUICIO de fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL 2021 dictado por la Juez de Control de proceso y procedimiento penal oral del décimo distrito judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Jalacingo, Veracruz, LIC. WENDY GUZMAN HERNÁNDEZ dentro del proceso penal 85/2018-II de su índice y su ejecución, la cual se dictó violentando lo establecido en los artículos 1, 8, 16, 17, 09, 20 apartado B, todos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4, en relación con los artículos 10, 11, 13, 113, 134 fracciones I y II, 343, 344, 346, 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior lo informa LA HOY PARTE QUEJOSA CELSO RUIZ BRUNO Y FRANCISCO RUIZ CARRISOZA. [.] SEGUNDO Y NO MENOS CIERTO SE RECLAMA.-La inconstitucional y flagrante VIOLACIÓN AL DERECHO A UN JUICIO JUSTO, VIOLANDOSE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y al DEBIDO PROCESO al acumularse DOS ACUSACIÓNES DIVERSAS CON ELEMENTOS Y/O MEDIOS DE PRUEBA DIVERSOS, Y HACERLO EN COMÚN POR LA JUZGADORA encontrársele EN ESTOS MOMENTOS LA PARTE QUEJOSA EN ESPERA DE QUE SE LLEVE A CABO UN JUICIO CON MEDIO DE PRUEBA QUE SOLO HABIAN SIDO PRESENTADO EN SUS ACUSACIONES Y PARA SER JUZGADO CELSO RUIZ BRUNO Y QUE AHORA SI NO ME CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE DESAHOGARAN EN CONTRA DEL QUEJOSO FRANCISO RUIZ CARRISOZA Y QUE NO HABÍAN SIDO PRESENTADO EN MI CONTRA REALIZADO ESTA ACTO VIOLATORIO AL DEBIDO PROCESO POR LA HOY AUTORIDAD RESPONSABLE Y EJECUTORA, DEJANDO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LOS QUEJOSOS DE MERITO, YA QUE AL NO DEMOSTRARSE LA PROBABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL QUEJOSO DE MERITO EN LOS HECHOS MOTIVOS DE LA IMPUTACION CON LOS MEDIOS DE PRUEBA DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA, LA A QUO PERDIO LA HORIZONTALIDAD QUE PREVALECE EN ESTE PROCESO PENAL, Y REALIZO LA ACUMULACIÓN DE ACUSACIONES Y EN CONSECUENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA EN CONTRA DE AMBOS ACUSADOS Y QUE SE RECLAMA EN ESTA VÍA [.]" SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. La promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, manifestó como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 8, 16, 17, 19 y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. DESECHAMIENTO, RECURSO DE QUEJA Y ADMISIÓN. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Decimoquinto de Distrito, registró la demanda de amparo bajo el número 455/2021-I-A, la cual fue desechada de plano al considerarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por lo que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, los quejosos Celso Ruiz Bruno y Francisco Ruiz Carrisoza interpusieron recurso de queja en contra del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, bajo el número de queja 122/2021 de su índice. En ese tenor, en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 122/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por el que resolvió fundado dicho medio de impugnación y en estricto acatamiento este juzgado admitió a trámite la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, solicitando a la autoridad responsable su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Ausencia Aburto Vázquez efectuado el siete de septiembre de dos mil veintiuno y la autoridad tercera interesada licenciado Edgar Iván Pérez García, Fiscal Segundo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, teniéndosele por emplazado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, párrafo primero, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito espacial en el que este órgano judicial ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que los impetrantes de amparo reclaman de la autoridad responsable el siguiente acto: El auto de apertura a juicio oral de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el cual se decretó procedente la acumulación de juicios 159/2018-II y su acumulado 29/2019-II y en el cual la responsable omitió especificar qué medios de prueba sustentarían la acusación de cada quejoso, por tratarse de los mismos hechos, del índice de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, Veracruz y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al así haberlo admitido la Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 159/2018 y su acumulado C-29/2019, de su índice, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, la autoridad responsable remitió registros de audio y video en formato DVD en un disco versátil digital, signado por la Jueza de Control Interina adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Jalacingo, Veracruz, el cual es considerado un adelanto de la ciencia, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tienen la naturaleza de prueba documental, de cuyo contenido esta juzgadora apreció el desarrollo de las audiencias, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de alguien, así como la descripción que se hizo de lo observado en tales videos, con el objeto de constatarlo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la inconstitucionalidad del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, la hagan valer o no las partes. De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 62 de la Ley de Amparo, no se abordará el estudio del fondo del asunto, ya que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público. En efecto, no obstante la certeza del acto reclamado a la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados en su contra, habida cuenta que las causas de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión del fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia." Así, respecto al referido acto reclamado a la señalada autoridad, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" (Lo resaltado es propio). Ahora bien, atendiendo a la fórmula legal que deriva del precepto antes transcrito, es inconcuso que el juicio de control de constitucionalidad en la vía indirecta sólo puede tramitarse, tratándose de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, contra aquellos que ocasionen o generen al quejoso afectaciones de imposible reparación; importando destacar al respecto, que la propia porción normativa en comento, en los mismos términos contenidos en la diversa fracción III, inciso b), ibídem, precisa que por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto, se concluye que para ser calificados como "irreparables" para efectos del juicio de amparo indirecto, es menester que los actos reclamados produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga de manera exclusiva de las leyes adjetivas. De ahí que resulte inaplicable, a partir de que entró en vigor la actual Ley de Amparo (3 de abril de 2013), el criterio establecido en el sentido de que a pesar de que el acto reclamado se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, procedía el amparo indirecto si con esa decisión se afectaba al gobernado en grado predominante o superior. Lo anterior responde a un rediseño del juicio de derechos fundamentales que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, con el fin de consolidar la efectividad de ese tipo de juicios y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Al respecto cabe citar la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), por las razones que la informan, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de nuestro País, visible en la página 39 del Libro 7, correspondiente a junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en su edición electrónica bajo el número de registro 2006589, de epígrafe y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En este orden de ideas, dada la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo en vigor respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede considerarse procedente el juicio constitucional que promovió el aquí recurrente en favor de los directos quejosos, habida cuenta que el acto reclamado consiste en el auto de apertura a juicio oral de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el cual se decretó procedente la acumulación de juicios 159/2018-II y su acumulado 29/2019-II y en el cual la resposable omitió especificar qué medios de prueba sustentarían la acusación de cada quejoso; acto que no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque si bien la decisión de acumular las mencionadas causas en las que los aquí quejosos son los acusados pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto. En suma, en el asunto en estudio la resolución reclamada, no afecta derechos sustantivos de los quejosos inconformes, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos con efectos formales, no actual -a diferencia de los sustantivos- ya que si los recurrentes obtienen resolución favorable a sus intereses, la infracción no trascendería en su perjuicio y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de combatir el fallo definitivo a través del juicio de amparo directo, en el que podrán alegar las infracciones procesales que hayan trascendido a su defensa. Resulta aplicable al presente asunto, por similitud jurídica e identidad de razón, el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 96/2016, publicada en la página 5 del Libro 38, correspondiente a enero de dos mil diecisiete, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en su edición electrónica bajo el número de registro 2013364, con el rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." No pasa inadvertido para este juzgado que los quejosos directos se duelen de la omisión de la Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, Veracruz de precisar en el auto de apertura a juicio cuáles son los medios de prueba admitidos, que debían sustentar la acusación de cada uno de los quejosos, sin embargo, atendiendo a la naturaleza de tal acto, no se evidencia la violación a derechos sustantivos, dado que en su caso, la admisión de pruebas reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva (intraprocesal) que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, la que solo se verá materializada en la sentencia definitiva que en su caso, se llegue a emitir dentro del proceso penal, pues cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, porque se les considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio jurisprudencial de la undécima época, en materia penal, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 1a./J. 6/2021 (11a.), visible a fojas, mil setecientos cuarenta y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cinco, de septiembre de dos mil veintiuno, tomo II, registro digital 2023589, del rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Circunstancia por la cual, quien suscribe está imposibilitada para analizar los conceptos de violación hechos valer por los aquí quejosos en su escrito de demanda encaminados a vislumbrar la ilegalidad del acto que en esta vía se reclama. Sirve de apoyo, la tesis de aislada del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, página 88, Séptima Época, con registro 232302, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. QUINTO.-CAMBIO DE TITULAR. Infórmese a las partes que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno SEXTO - EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. En ese contexto, para que le sean entregadas las copias certificadas de la presente resolución, deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los quejosos se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtenga su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y pueda consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto; además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". SÉPTIMO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *** en su carácter de defensor público de *** y ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la parte tercera interesada, por oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo resolvió y firma Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en que concluyó el engrose por así haberlo permitido las labores de este juzgado, ante Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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