Cesar Armando Colorado Aban

Expediente 2815/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2815/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Cesar Armando Colorado Aban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/0414/2023 de la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañado de un anexo, que remite en atención al requerimiento que se efectuó en proveído de diecinueve de enero del año en curso; en el cual informa que la sentencia pronunciada en este juicio se encuentra en vías de cumplimiento. En ese sentido, se le tiene informando que a la fecha, no obtuvo respuesta de la solicitud que realizó a la Dirección General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México. Y señala que mediante oficio RAN/YUC/SR/0371/2023, solicitó al Departamento de Titulación de dicha Delegación, la validación de la información relativa a la parcela colectiva 89 Z1 P3 del ejido de Ucú, municipio de Ucú, Yucatán, para proceder, en su caso, a la materialización de los títulos de propiedad números 1010533/0001, 1010533/0002, 1010533/0003, 1010533/0004, 1010533/0005 y 1010533/0006. Al efecto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este juzgado las acciones efectuadas por el aludido Departamento de Titulación, para concluir con el trámite registral correspondiente, y acredite la remisión al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de los títulos de propiedad que menciona, a fin de restituir a los agraviados en el goce de los derechos fundamentales transgredidos, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal. Lo anterior debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes, y adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o en su caso, el impedimento legal que tiene para hacerlo, a fin de proveer lo conducente. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, a cada una, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de enero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el informe justificado rendido por la Jueza en funciones del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, con un anexo que acompaña y un disco en formato DVD. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas a la causa penal ********************, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo3, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de estos autos, se advierte que la autoridad responsable foránea Juez Tercero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo postal correspondiente al oficio por medio del cual se le requirió. Por tal motivo, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra parte, agréguese el alegato ministerial 15/2023, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; el que se tomará en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. En relación a su solicitud de copias certificadas, hágase del conocimiento de la representante social, que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, únicamente se autoriza la expedición de copias certificadas relativas a actuaciones previas a la entrada en vigor del acuerdo en cita. Pues respecto a las actuaciones posteriores, dígase a la citada representante social que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2815/2022-IV-A, promovido por CÉSAR ARMANDO COLORADO ABÁN, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, César Armando Colorado Abán por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Juez Tercero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la autoridad responsable el catorce de noviembre de dos mil veintidós, por el delito de lesiones, en la causa penal 91/2021. SEGUNDA. Existencia del acto reclamado. La Juez Tercero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad [promoción con registro 5], al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el catorce de noviembre de dos mil veintidós, por el delito de lesiones, en la causa penal 91/2021, por lo que se tiene por cierto. TERCERA. Análisis de la suspensión definitiva. De conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del señalado acto reclamado, debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; pues se trata de la resolución por la que se dictó la vinculación a proceso del aquí quejoso, la cual ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la suspensión definitiva solicitada. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, en relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado consistentes en el auto de vinculación a proceso de fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 91/2021 por el Juez Tercero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión definitiva; y de concederse la suspensión, no se advierte afectación al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. Por tanto, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que lo juzga para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva el juicio de amparo principal. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora de origen pueda decretar alguna medida cautelar, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé la legislación penal aplicable que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para el aquí quejoso. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva a CÉSAR ARMANDO COLORADO ABÁN, en contra del acto que reclamó del Juez Tercero de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mismos que quedó precisado en el considerando primero de la presente interlocutoria, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase.

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