César Antonio Canul Polanco

Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
107/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • César Antonio Canul Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/17271/2019 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. Sin embargo, no es el caso dictar mayores providencias, toda vez que mediante proveído de ocho de mayo pasado se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó por lista de estrados el día treinta de abril pasado, sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado acordara de manera inmediata lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento del quejoso; y por consiguiente, lo comunicara al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que con la misma prontitud señalara fecha para que se proporcionen los elementos policíacos a su mando necesarios para que se llevara a cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veinticuatro de abril del presente año, comunicó que por oficio DGOB/0853/2019 de veinte de marzo del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 72 y 73). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio CJ/DCLP/OD/251/2019 de dieciséis de abril pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 74). Asimismo, en este mismo auto, se tuvo por recibido el oficio SSP/DJ/14161/2019 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que programó las diez horas con treinta minutos del catorce de mayo del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida Juez en el expediente 900/2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a fin de desalojar el predio número cuatrocientos cuarenta y dos, de la calle cuarenta y cinco, letra "B", del fraccionamiento Francisco de Montejo, Segunda Etapa, de la colonia Chuburna, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 75 y 76). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, se acredita que el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló fecha para proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para que se lleve a cabo la diligencia ordenada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales el quejoso César Antonio Canul Polanco adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al nombrado quejoso para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó por lista de estrados el día treinta de abril pasado, sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado acordara de manera inmediata lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento del quejoso; y por consiguiente, lo comunicara al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que con la misma prontitud señalara fecha para que se proporcionen los elementos policíacos a su mando necesarios para que se llevara a cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veinticuatro de abril del presente año, comunicó que por oficio DGOB/0853/2019 de veinte de marzo del año en curso, el Gobernador Constitucional del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 72 y 73). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio CJ/DCLP/OD/251/2019 de dieciséis de abril pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 74). Asimismo, en este mismo auto, se tuvo por recibido el oficio SSP/DJ/14161/2019 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que programó las diez horas con treinta minutos del catorce de mayo del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida Juez en el expediente 900/2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a fin de desalojar el predio número cuatrocientos cuarenta y dos, de la calle cuarenta y cinco, letra "B", del fraccionamiento Francisco de Montejo, Segunda Etapa, de la colonia Chuburna, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 75 y 76). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, se acredita que el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo del conocimiento del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló fecha para proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para que se lleve a cabo la diligencia ordenada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales el quejoso César Antonio Canul Polanco adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al nombrado quejoso para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos los oficios CJ/DCLP/OD/258/2019 y SSP/DJ/14161/2019 signados por Javier Alejandro Vázquez Abán, delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, que remiten en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

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