César Antonio Canul Polanco
Expediente 2574/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2574/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- César Antonio Canul Polanco
- Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado
- Marcelo Pech Mukul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés.******************** Agréguese a estos autos para que obre como correspondas, el escrito remitido vía electrónica por Álvaro German Escalante Castillo, autorizado del tercero interesado Marcelo Pech Mukul, y en atención a su petición, tal y como fue solicitado por su representado en el escrito acordado en auto de quince de marzo del año en curso, se tienen como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************.******************** Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes señaladas por la parte tercero interesado, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir.********************Ahora bien, en cuanto a que se otorgue, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: ******************** ********************, relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado de manera personal con sus nombres de usuarios: ******************** ********************, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan.******************** Comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los citados usuarios, en el presente juicio de amparo.******************** Finalmente, téngase como sus correos electrónicos alvarogermanec@hotmail.com y jonathan.kg92@hotmail.com, y sus números telefónicos, por medio de los cuales, en caso de ser necesario, le podrán ser notificados los acuerdos relativos al presente juicio de amparo.********************Notifíquese. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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EXP. VI-2574/2022 OFICIO. 8227/2023. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. PRESENTE. Constante de (45) cuarenta y cinco fojas útiles y de conformidad con lo acordado en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por Cesar Antonio Canul Polanco, me permito remitir a usted el expediente original VI-2574/2022 y su anexo, así como el original del escrito de agravios y una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; lo anterior, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Marcelo Pech Mukul o Marciano Pech Mukul contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN, 03 DE ABRIL DE 2023. A T E N T A M E N T E. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. MIGUEL ALEJANDRO PATRÓN BALLOTE, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CERTIFICA: Que constante de (45) cuarenta y cinco fojas útiles, cierro este expediente número VI-2574/2022 para remitirlo con el oficio VI-8227/2023 al H. Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto por tercero interesado Marcelo Pech Mukul o Marciano Pech Mukul contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, tal y como está ordenado en proveído de quince de marzo de la presente anualidad. Mérida, Yucatán, a tres de abril de dos mil veintitrés. Doy fe. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ACUERDO DE FECHA: 03 DE ABRIL DE 2023. EXPEDIENTE NÚMERO: VI-2574/2022. OFICIO VI-8227/2023: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. MÉRIDA, YUCATÁN
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Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito del tercero interesado Marcelo Pech Mukul o Marciano Pech Mukul, con el que interpone el recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero del año en curso, y formula sus agravios. Al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del escrito de expresión de agravios a la autoridad señalada como responsable y a la parte quejosa. En tal virtud, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia y dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito junto con la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2574/2022-VI, promovido por ******************** contra el acto del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que hizo consistir en la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró la procedencia del recurso de revocación interpuesto contra la parte conducente del diverso auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte y declaró la prescripción de la ejecución de sentencia en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice. SEGUNDO. Por auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete; se solicitaron a las responsables sus informes justificados; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta levantada para tal efecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito dado que el actos reclamado tuvo ejecución en esta ciudad en donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, la parte quejosa reclama del Juez responsable la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró la procedencia del recurso de revocación interpuesto contra la parte conducente del diverso auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte y declaró la prescripción de la ejecución de sentencia en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente del juicio ejecutivo mercantil ********************, que remitió como justificación de su informe. La documental remitida por la responsable, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. ESTUDIO. Sin que exista una causa de improcedencia que se hubiera advertido de la revisión oficiosa realizada por esta juzgadora o que se haya hecho valer por alguna de las partes, se procede al estudio del acto reclamado. Uno de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa es fundado y suficiente para que le sea otorgada la protección constitucional solicitada. De inicio, es pertinente puntualizar que la facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Esto, pues con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Sirve de apoyo la tesis 1a. CDXIV/2014 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2014, materia civil, Libro 13, Tomo I, página 230, registro digital 2008097, que versa: EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y esta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquel de un derecho de naturaleza sustantiva. Así ha quedado establecido en diferentes tesis, entre ellas, destaca la I.6o.C.417 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2009, materia civil, Tomo XXX, página 1674, registro digital 166604: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La ejecución de la sentencia dictada en un juicio, implica el ejercicio de un derecho sustantivo derivado de la cosa juzgada y, por ende, el ejercicio de una acción; por consiguiente, la pérdida del derecho para ejercer la acción de ejecución de sentencia, por el solo transcurso del tiempo, únicamente puede tener lugar a través de un derecho de la misma naturaleza, como lo es la prescripción, dado que la acción es el único derecho susceptible de prescribir, por lo que no puede extinguirse a través de instituciones de carácter estrictamente procesal, que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales, como son la preclusión o la caducidad". Por otro lado, es menester no perder de vista que la prescripción de la ejecución de sentencia debe ser entendida en relación con la naturaleza de la condena y las obligaciones generadas por esta última. Esto es, es relevante tener en cuenta la gran variedad de pretensiones que admiten hacerse valer en un juicio y, por consiguiente, cuando son acogidas y dan lugar a un fallo condenatorio, este puede generar obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por tanto, según sea la naturaleza de las obligaciones objeto de la condena, se estará en condiciones de advertir, cuándo la efectividad del derecho depende exclusivamente de que su titular lo haga valer ante la autoridad jurisdiccional. Ilustra lo anterior, la tesis I.4o.C.134 C, formulada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, materia civil, Tomo XXVI, página 2608, registro digital 171398, de contenido: PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA PETICIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO. El artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé, que la acción para pedir la ejecución de una sentencia dura diez años, contados desde el día en que vence el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. La expresión 'desde el día en que venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado' debe ser entendida en relación con la naturaleza de la condena y la clase de obligaciones generadas por esta; de ahí que el plazo de prescripción empieza en realidad, cuando esa obligación se encuentra en aptitud de constituir materia de un procedimiento de ejecución, esto es, el procedimiento que permite hacer realidad lo decidido en la sentencia; de manera que para lograr este fin se necesite únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, para el caso de una condena al pago de las costas, cuya cuantificación se deja para la ejecución de la sentencia, hay dos derechos a favor del ejecutante, a saber: a) el derecho a promover el incidente respectivo, con la presentación de la planilla de liquidación, y b) en su caso, el derecho a solicitar la ejecución de la interlocutoria en donde se haya acogido la referida planilla. Es claro, que solo por cuanto hace al primero de tales derechos se está en condiciones de decidir sobre la prescripción negativa, porque para su ejercicio se requiere únicamente de la voluntad de su titular para hacer valer incidentalmente la liquidación a través de la formulación de la planilla correspondiente; en tanto que con relación al segundo, se necesita el ejercicio previo del primero, así como el fallo estimatorio en el incidente respectivo. No debe perderse de vista la gran variedad de pretensiones que admiten hacerse valer en un juicio y, por consiguiente, cuando son acogidas y dan lugar a un fallo condenatorio, este puede generar obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por tanto, según sea la naturaleza de las obligaciones objeto de la condena, se estará en condiciones de advertir, cuándo la efectividad del derecho depende exclusivamente de que su titular lo haga valer ante la autoridad jurisdiccional. Esto explica que si el derecho a pedir la ejecución se encuentra en condiciones de ser ejercitado y, a pesar de esto, en lugar de llevar a cabo los actos indispensables para hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante diez años, se justifica que, si a su interés conviene, el obligado oponga la excepción de prescripción, puesto que la pasividad de referencia se ajusta plenamente al propósito perseguido por la ley con la institución de la prescripción extintiva, como es, la concordancia de una situación de hecho con una situación de derecho, prescripción que se produce cuando un derecho subjetivo no se hace valer, por quien podría hacerlo, durante un tiempo. Si esto sucede, ese derecho es perdido por el titular. Al producirse tal acontecimiento, el estado de cosas generado por la obligación insoluta permanece así; pero ya no por una razón fáctica, sino de derecho, provocada por la extinción legal de la obligación, la cual genera como consecuencia, la certeza de las relaciones jurídicas. De ahí que no sea la literalidad de lo expresado en el citado precepto lo que marca el inicio del tiempo necesario para la prescripción, sino la naturaleza de la obligación impuesta en la condena, así como su aptitud para constituir materia del procedimiento instaurado para obtener su efectividad, elementos que permiten estar en condiciones de apreciar, si se ha producido la inercia del beneficiado con la condena apta para generar la prescripción extintiva del derecho para pedir la ejecución de una sentencia. Ahora, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: - El trece de enero de dos mil once, ******************** demandó en la vía ejecutiva mercantil a ********************. - El veinte de abril de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió condenar al demandado a pagar la cantidad de cuarenta y dos mil pesos, moneda nacional, en concepto de suerte principal, los intereses moratorios pactados desde la fecha de vencimiento del documento base de la acción hasta su total liquidación y las costas y gastos generados en el procedimiento. - Declarada firme la sentencia y seguido el trámite de ejecución, el siete de diciembre de dos mil quince, se aprobó el remate en subasta pública del predio ubicado en el ********************, en favor del actor ********************. - El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, al haberse adjudicado el inmueble rematado a la propia parte actora, se dio por pagado el precio por compensación parcial del crédito a su favor, dejando a salvo sus derechos por la cantidad restante a efecto de que los ejerza en su oportunidad. - El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el auto aprobatorio de remate de siete de diciembre de dos mil quince. - El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en atención a la solicitud de la parte ejecutada, el Juez mercantil declaró que no había lugar a declarar la prescripción de la ejecución de sentencia en el procedimiento de origen. - Inconforme con lo anterior, la parte demanda interpuso recurso de revocación contra dicha determinación, el cual fue resuelto en interlocutoria de veintiocho de enero de dos mi veintiuno, en el sentido de declararlo improcedente. - Contra esa determinación se instó el juicio de amparo indirecto ******************** ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el cual se resolvió otorgar el amparo a la ahí parte quejosa ********************, para el efecto de que el Juez mercantil responsable deje insubsistente el acto reclamado y resuelva de forma fundada y motivada si operaba la prescripción de la ejecución de sentencia en el procedimiento de origen, con base en el artículo 1077 del Código de Comercio. - En cumplimiento a lo anterior, se dictó la resolución de quince de junio de dos mil veintiuno, en la cual, nuevamente se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada. - Contra lo anterior, la parte afectada instó el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, le cual fue resuelto a través de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno y, en el cual, se otorgó el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución de quince de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, y en su lugar emita otra en la que, atendiendo a los razonamientos vertidos en la presente sentencia, declare que en el juicio natural, operó la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el mismo, por haber transcurrido el plazo de tres años a que alude la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio. - En desacuerdo con la resolución anterior, el aquí quejoso ******************** interpuso el correspondiente recurso de revisión, que fue resuelto por el Tribunal Coaligado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en la ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintidós, en donde se modificó la resolución recurrida y se otorgó el amparo a la ahí parte quejosa para el efecto de que el Juez mercantil se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la actualización de la prescripción o no, sobre todo aquello que no se haya ejecutado en el procedimiento de ejecución con posterioridad y que pudiera dar lugar a su actualización, destacándose que se partía de la base de que el procedimiento de remate llevado a cabo respecto del inmueble embargado en el juicio ya era un tema concluido, que el adjudicatario lo adquirió de forma perfecta, así como que, respecto del citado remate no trascurrió el término que para la prescripción alude el numeral 1079 del Código de Comercio. - En acatamiento a la ejecutoria anterior, el Juez Mercantil dictó la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, en la que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada y resolvió que se actualizaba la prescripción de la ejecución de la sentencia, únicamente respecto del cobro del saldo de la última planilla de liquidación aprobada en autos. - Sin embargo, de los autos del citado juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, se advierte que el treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la referida sentencia de amparo, por lo que se requirió de nueva cuenta su cumplimiento. Y en ese sentido, el juez responsable, emitió una nueva resolución el seis de octubre del año anterior, en la que dejó insubsistente la resolución de quince de junio de dos mil veintiuno, y en su lugar, declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado ********************, contra la parte conducente del auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y resolvió que, se actualizaba y había operado la prescripción de la ejecución de la sentencia por haber transcurrido el plazo de tres años a que se refería el artículo 1079, fracción IV del Código de Comercio. Dicha determinación corresponde al acto reclamado en este juicio de amparo. De lo narrado cobra relevancia que en el juicio de origen se condenó a ******************** al pago de la cantidad de cuarenta y dos mil pesos, moneda nacional, en concepto de suerte principal, así como al pago de diversos conceptos, por lo que se ordenó el trance y remate del bien embargado; bien que fue adjudicado en audiencia pública de siete de diciembre de dos mil quince. Asimismo, destaca que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se declaró que el auto aprobatorio respectivo causó ejecutoria. Por otro lado, se tiene que el seis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable resolvió que se actualizó y operó la prescripción de la ejecución de la sentencia, al considerar que transcurrió el plazo de tres años establecido en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, para tal efecto. En dicha determinación, la responsable reconoció que en el procedimiento se llevó a cabo el remate, se dio por pagado el precio del remate, se ordenó la escrituración del inmueble rematado, se ordenó el levantamiento de los gravámenes que pesaban sobre él, pero se omitió poner en posesión del inmueble a su nuevo propietario. Ahora, en el particular, la sentencia dictada en el juicio natural condenó a la parte demandada al pago de una prestación económica, por lo que se relaciona con una obligación de "dar", en concreto, de realizar el pago de cierto numerario. Esta sentencia, conforme al criterio de la otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal del país que se analizará a continuación, queda cumplida cuando se perfecciona el auto que aprueba el remate. En estos casos, la juridicidad del acto y, por ende, la trasmisión del dominio se verifica al aprobarse el remate, y, por consiguiente, la adjudicación de los bienes; no interviniendo de esa manera el consentimiento de las partes, ya que se lleva a cabo mediante un acto de autoridad judicial, que tiene todo el imperio de la ley. El Alto Tribunal del país ha dicho que "el acreedor que obtuvo la adjudicación en remate, ya no puede decirse que tiene ese carácter sino el de propietario, en virtud de la adjudicación que se le hizo". Así, el auto que ordena poner en posesión al nuevo propietario del inmueble, quien incluso ya cuenta con una orden de escrituración para tal efecto, se requiere no para perfeccionar la trasmisión del dominio sino para otorgar lo que en derecho corresponde al adquirente del inmueble rematado. Consideraciones que se encuentran inmersas en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo LXXIX, página 1434, registro digital 347712, que dice: REMATES. En las ventas judiciales en almoneda, cuando el licitante es el ejecutante, el precio de su postura es el importe de su crédito, reconocido judicialmente, y la venta se realiza al declarar fincado el remate de los bienes embargados, en favor del acreedor, por parte del Juez que interviene en el litigio, y se perfecciona con el auto que aprueba el remate, e indiscutiblemente el funcionario que actúa para resolverlo así, debe tener en cuenta el cumplimiento y satisfacción de todas las formalidades requeridas por la ley procesal para llegar a una decisión de esa naturaleza. En estos casos, la juridicidad del acto y por ende, la trasmisión del dominio, se verifica al aprobarse el remate, y consiguientemente la adjudicación de los bienes; no interviniendo de esa manera el consentimiento de las partes, ya que se lleva a cabo mediante un acto de autoridad judicial, que tiene todo el imperio de la ley. A este respecto, la Corte ha dicho en ejecutoria anterior: 'El acreedor que obtuvo la adjudicación en remate, ya no puede decirse que tiene ese carácter sino el de propietario, en virtud de la adjudicación que se le hizo. Por tanto, respecto a otro remate que pudiera efectuarse respecto del mismo bien, resulta un tercero cuyos intereses se lesionan indudablemente, al pretender despojarlo de ellos, mediante un procedimiento en el que no es parte'. Son pues, dos situaciones distintas, las que tienen lugar en la compraventa de bienes, según se trate de operaciones volitivas o del resultado de una resolución judicial, trasmitiéndose el dominio de los bienes en uno y otro casos, en la forma que se ha dejado expuesta. El otorgamiento de la escritura ante notario público, cuando se trata de ventas judiciales, cuya adjudicación se ha hecho en beneficio del acreedor, se requiere no para perfeccionar la trasmisión del dominio sino para que sirva de justo título al adquirente, ya que esa escritura solo contiene una relación de los antecedentes del litigio y las cláusulas concernientes al acatamiento de la resolución judicial que ordenó su otorgamiento; si bien la adjudicación no es sino una modalidad de los remates, que esencialmente consisten en la venta judicial de lo embargado, para hacer pago con su producto al actor que obtuvo en juicio, también lo es que existe una diferencia entre los remates y la adjudicación, ya que en los primeros, puede ser un tercero el adquirente y entonces necesita garantizar el importe de las posturas, mientras que en la adjudicación, el actor que la obtiene, goza de determinada franquicia, atendiendo a la garantía nacida de su crédito, debidamente reconocido y definido por una sentencia, por lo cual no tienen aplicación, como en los remates, los artículos 574 y 581 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. La inscripción de los títulos traslativos de dominio y las operaciones que de cualquiera manera constituyan una afectación a inmuebles, tienen por finalidad que la oficina del registro lleve un control absoluto, en lo que toca a tales operaciones, con objeto de poder, en cualquier momento, definir qué personas son propietarias de ciertos bienes y evitar en lo posible, fraudes en daño de terceros; razón por la cual ese registro es público para que cualquier interesado pueda buscar los datos que le convengan, en relación con las propiedades que desea adquirir o con motivo de cualquier acto que conste en los libros del registro y que en alguna forma graven o extingan el dominio, la posesión, o derechos reales sobre los inmuebles; pero la falta de esa inscripción no invalida la transmisión del dominio consignada en una escritura, y a lo más que da lugar, es a que esa misma escritura no produzca efectos contra tercero, sino hasta después de registrada como lo ha reconocido la Suprema Corte en ejecutoria anterior, cuya síntesis aparece en la página 296 del Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación. En similares términos resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir la tesis I.7o.C.149 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2010, materia civil, Tomo XXXII, página 3224, registro digital 163523, que establece: VENTA JUDICIAL. LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES OCURRE CUANDO SE DICTA LA RESOLUCIÓN QUE FINCA EL REMATE, CONSIDERANDO QUE LA MISMA QUEDE FIRME. Para algunos tratadistas la venta judicial constituye una modalidad; para otros, es una figura jurídica distinta que ni siquiera debe clasificarse dentro del régimen de los contratos. Rafael Rojina Villegas afirma que es un acto jurídico de autoridad que se presenta con características propias del mismo que se realiza sin la conformidad del dueño de la cosa; por lo tanto, no existe el consentimiento que es el elemento esencial de todo contrato; en consecuencia, no podemos hablar de un acto de esa naturaleza no obstante que el Código Civil considere que, por lo que se refiere a las obligaciones de comprador y vendedor, se aplicarán las reglas de la venta ordinaria, pues ello quiere decir simplemente que se imponen al dueño de la cosa todas las obligaciones de un vendedor ordinario. Pero, tratándose del remate, la enajenación se realiza por un acto jurídico de autoridad donde concurre la decisión del Juez con la voluntad del adquirente para la enajenación de los bienes. Por ello se considera que si el dueño de la cosa firma voluntariamente la escritura que ordena el Juez existe el contrato; pero, si no lo hace, en su rebeldía la firmará el Juez. Aunque en el caso el dueño de los bienes o ejecutado no esté conforme en otorgar la escritura pública. Así no existe sino una apariencia de contrato, porque propiamente el acto jurídico de la firma es consecuencia del remate o venta judicial de la cosa; si el dueño da su conformidad firmando, no significa que en ese momento se traslade la propiedad, ya que así, sustancialmente la enajenación se llevó a cabo en la subasta pública con o sin la conformidad del ejecutado. Tales conclusiones se fundan en la interpretación del artículo 2323 del Código Civil donde no se exige el otorgamiento de la escritura pública como requisito para la transmisión del dominio del bien que, en todo caso, deberá firmar el ejecutado o el Juez en su rebeldía, de modo que se debe acudir a las reglas generales para establecer el momento en que se transfiere la propiedad. Entonces, si la venta judicial es perfecta desde que el Juez aprueba la subasta, la transmisión del dominio del bien se da en ese momento, considerando que dicha resolución quede firme, sin importar que la escritura se otorgue posteriormente, porque esto último es una formalidad prescrita por la ley. Con base en las premisas normativas antepuestas, es dable establecer que la obligación referente al monto condenado en la sentencia quedó cumplida con el pago de la suma adeudada, lo que aconteció cuando el inmueble fue adjudicado en favor del acreedor, ya que en dicho acto fue transmitida la propiedad del bien a favor de este último. Sobre ello, es necesario recordar: a) La ejecución de una sentencia es un derecho sustantivo. b) En el caso concreto, la obligación ligada a la sentencia es de "dar". c) Con la adjudicación del bien en favor de la parte actora (acreedora) ocurrió la transmisión de propiedad. d) Por esa razón, la adjudicación realizada en la suma autorizada por el juez constituye el pago de la obligación contenida en la sentencia, ya que con ese acto el bien quedó incorporado al patrimonio de la parte actora. Por tanto, sostener que la prescripción decretada en el juicio de origen afectó el derecho a obtener la posesión del bien, implicaría admitir que el cumplimiento de la obligación consignada en la sentencia tendrá verificativo hasta que tenga lugar dicha formalidad, lo cual es inexacto porque el "pago" de la obligación en comento quedó realizado cuando el acreedor se adjudicó en su favor el inmueble, siendo que en ese acto obtuvo la propiedad del mismo. En otras palabras, la prescripción declarada en este caso en modo alguno impide que el justiciable logre obtener la posesión del inmueble adjudicado en su favor, dado que la materialidad del derecho sustantivo quedó satisfecha, de modo tal que negar la posibilidad de que el promovente culmine dicha adjudicación implicaría desconocer el derecho de propiedad que obtuvo. En tal virtud, se estima que el derecho a ejecutar la sentencia, en lo tocante a poner en posesión al adjudicatario del inmueble no puede entenderse afectado por la prescripción de trato. Lo señalado se ve apoyado por múltiples criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han establecido la imprescriptibilidad del derecho a exigir el otorgamiento de una escritura después de haber adquirido el derecho de propiedad sobre un inmueble por virtud de un contrato de compraventa, que son aplicables al supuesto que ahora nos ocupa, dado que en ambos casos la persona obtuvo el derecho de propiedad sobre el bien, de ahí que el criterio sostenido por el Máximo Tribunal resulta aplicable al resto de actos que deben darse posteriormente a la escrituración del inmueble respectivo. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis I.3o.C.399 C (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2019, Libro 73, Tomo II, página 1132, registro digital 2021195, de rubro y texto: OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. EL DERECHO A EXIGIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN ACCIÓN PROFORMA ES IMPRESCRIPTIBLE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé el plazo de diez años para solicitar la ejecución de una sentencia. Ahora bien, dicho artículo refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario. No obstante, el derecho a exigir la ejecución de sentencia en la acción proforma, constituye una excepción a la regla general de prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de otros derechos reales, este no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de propiedad. Además, tampoco es dable que opere la prescripción, porque lejos de favorecer la certeza jurídica de los inmuebles provocaría lo contrario, es decir, se prestaría a la indefinición de la situación jurídica de los bienes inmuebles y, por ende, el inconveniente de no ofrecer seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y los derechos de terceros a conocer de las transacciones que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cual tiene como finalidad primordial impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles; de ahí que no puede aplicar la prescripción al derecho de exigir la ejecución de una sentencia en acción proforma, toda vez que se pretende dotar de certeza jurídica al procedimiento de ejecución a fin de brindar seguridad a las partes". En ese orden de ideas, resulta válido sostener que el derecho a exigir la entrega del inmueble que ahora forma parte de la propiedad de la parte actora no se ve afectado por la prescripción declarada en el juicio, dado que las mismas razones que orientan los criterios citados, consistentes en que en tanto exista el derecho de propiedad sobre determinado bien, también se actualizará el derecho a solicitar su escrituración, son plenamente aplicables al supuesto que ahora nos atañe, en el que el acreedor ya obtuvo la propiedad del inmueble en cuestión y solo resta que este le sea entregado. Por tanto, es dable concluir que, tal y como lo refirió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en la ejecutoria relativa al amparo en revisión ******************** de su índice, el procedimiento de remate llevado a cabo respecto del inmueble embargado ya se encuentra concluido y en dicha etapa el adjudicatario adquirió el bien por venta judicial perfecta; de ahí que el Juez de origen únicamente podía pronunciarse sobre todo aquello que no se hubiera ejecutado con posterioridad a ella y que pudiera dar lugar a la actualización de la cantidad adeudada. Es decir, si una vez adjudicado el inmueble, el derecho a obtener su escrituración y posesión es imprescriptible, debe entenderse que lo considerado por el indicado tribunal de alzada, se encuentra orientado en ese sentido, precisamente, porque dicha autoridad jurisdiccional señaló que la prescripción solo tenía efecto sobre obligaciones que no quedaron cubiertas con posterioridad al siete de diciembre de dos mil quince. En suma, la facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por otro lado, la prescripción de la ejecución de sentencia debe ser entendida en relación con la naturaleza de la condena y las obligaciones generadas por esta última, lo cual es relevante ante la gran variedad de pretensiones que admiten hacerse valer en un juicio y, por consiguiente, cuando son acogidas y dan lugar a un fallo condenatorio, este puede generar obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por tanto, según sea la naturaleza de las obligaciones objeto de la condena, se estará en condiciones de advertir cuándo la efectividad del derecho depende exclusivamente de que su titular lo haga valer ante la autoridad jurisdiccional. Así, en relación con sentencias cuyas obligaciones sean de "dar" y se haya embargado, sacado a remate y adjudicado un bien inmueble para obtener el pago de lo condenado, debe tenerse en cuenta que la trasmisión del dominio se verifica al aprobarse el remate, y, por consiguiente, la adjudicación del bien; no interviniendo de esa manera el consentimiento de las partes, ya que se lleva a cabo mediante un acto de autoridad judicial, que tiene todo el imperio de la ley. En ese sentido, el acreedor que obtuvo la adjudicación en remate, ya no puede decirse que tiene ese carácter sino el de propietario, en virtud de la adjudicación. Por otra parte, en diversas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la imprescriptibilidad del derecho a exigir el otorgamiento de una escritura pública después de haber adquirido el derecho de propiedad sobre un inmueble por virtud de un contrato de compraventa, criterio que, en concepto de esta resolutora de manera analógica, en lo relativo al derecho de propiedad que ahora ostenta el adjudicatario, a la entrega de la posesión del bien rematado en su favor. Por consiguiente, cuando la sentencia emitida en el juicio consigne obligaciones de "dar" y, para lograr su pago, se haya embargado, sacado a remate y adjudicado un bien inmueble en favor de la parte vencedora, pero haya quedado pendiente su escrituración y actos posteriores que implican la formalización del derecho de propiedad que ahora ostenta el adjudicatario, la prescripción de la ejecución de sentencia que se declare con posterioridad a la adjudicación, no puede afectar el derecho ya obtenido, pues ello implicaría admitir que el cumplimiento de la obligación consignada en la sentencia tendrá verificativo, en este caso, hasta que tenga lugar la entrega del inmueble a su nuevo propietario, lo cual es inexacto porque el "pago" de la obligación quedó realizado cuando el acreedor se adjudicó el inmueble en su favor, acto en el cual obtuvo su propiedad y el correlativo derecho de posesión, el cual es imprescriptible. Por consiguiente, son esencialmente fundados los conceptos de violación en examen, lo cual motiva a otorgar la protección constitucional instada por la parte quejosa. QUINTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. El amparo que se concede es para el efecto de que el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado: 1) Deje insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós. 2) Emita una nueva en la cual, reiterando los aspectos que no fueron opuestos a lo antes analizado, precise que la prescripción de la ejecución de la sentencia no impide la posibilidad de exigir la entrega del bien adjudicado en favor de la parte quejosa el siete de diciembre de dos mil quince, pues como se estableció, se está en presencia de una venta judicial perfecta. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra el acto que reclamó del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto en el considerando cuarto y para los efectos precisados en la consideración subsecuente de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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