Cesar Andres Antuña Aguilar
Expediente 1322/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cesar Andres Antuña Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 1231, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito; al que adjunta, el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 22/2021, relativo a la inconformidad interpuesta por el quejoso CÉSAR ANDRÉS ANTUNA AGUILAR, contra la resolución que declaró cumplida la sentencia de amparo, esto es el acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el incidente de inconformidad interpuesto por el citado quejoso. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, glósese a estos autos el expedientillo provisional formado con motivo del recurso de inconformidad en cita únicamente con las constancias que no obren en autos, y notifíquese a las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el mismo se concedió la protección constitucional solicitada, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, éste debe ser depurado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, por economía procesal devuélvase al Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en representación del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el anexo que remitió junto con su informe justificado, consistente en el decreto 104/2019, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos y acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil veintiuno Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6694/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo vía interconexión, del oficio 19930/2021, del índice de este juzgado, con el que se le remitió el escrito del quejoso a través del cual interpuso recurso de inconformidad, en contra de la resolución de siete de julio del año en curso; asimismo, informa que fue admitido dicho recurso de inconformidad, formándose por tal motivo el toca número ********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos glósese el escrito signado por el quejoso César Andrés Antuña Aguilar, mediante el cual interpone el recurso de inconformidad, contra la resolución de siete de julio del año en curso, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 201,fracción I, y 203, ambos de la Ley de Amparo, así como en el punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, notifíquese a las partes que se tuvo por interpuesta la referida inconformidad. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte los oficios de cuenta, suscrito por el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán, y por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, mediante los cuales se pronuncian respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, se desprende que mediante proveídos de veintiuno y veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable; por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a César Andrés Antuña Aguilar, misma que en fecha siete de febrero de dos mil veinte, fue recurrida por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, asimismo, el seis de marzo del mismo año, el Tribunal de alzada informó que la parte quejosa interpuso recurso de revisión adhesivo. Ahora, se aprecia que por ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 103/2020, confirmó la sentencia recurrida, asimismo, en su segundo punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al citado quejoso, y en su último punto resolutivo declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, el veintiséis de abril del año en curso, se requirió a las responsables su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En atención a lo expuesto en el considerando anterior, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a César Andrés Antuña Aguilar, para el efecto de que: El Congreso del Estado de Yucatán: 1). Deje insubsistente el proyecto de dictamen de treinta de agosto de dos mil diecinueve, de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso del Estado, en el que se concluyó la no ratificación de César Andrés Antuña Aguilar en el cargo de magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, aprobado en sesión de pleno del Congreso, el uno de septiembre de dos mil diecinueve, así como el decreto 104/2019, por el que no se ratificó al aludido magistrado. 2). Ordene a la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, emitir otro dictamen, en el cual, con base en los lineamientos expuestos en el considerando noveno, se ajuste a lo preceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la jurisprudencia del Tribunal Pleno número 22/2006, visible en la página 1535, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS"; en el cual se deberá realizar un análisis sobre la función, desempeño, productividad y conducta de César Andrés Antuña Aguilar, durante el periodo que estuvo en el cargo de magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, tomando en cuenta, las resoluciones y acuerdos emitidos, las licencias o faltas de asistencia, así como cualquier otro dato o prueba que abone a evaluar en forma objetiva y razonable su actuación jurisdiccional, si ésta se apegó a los principios de diligencia, experiencia, excelencia profesional, honorabilidad, honestidad invulnerable, actuación ética, independencia, eficiencia y responsabilidad; debiendo prescindir de limitar su evaluación, a las posturas que externó el quejoso al verificarse la sesión ante el Congreso el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, a omisiones que no pueden ser atribuidas al Magistrado en el desempeño de sus funciones y a manifestaciones subjetivas carentes de sustento jurídico; debiendo, se insiste sujetarse a la temporalidad en el cargo ostentado, respecto de todo lo actuado por el Magistrado. Hecho lo anterior, lo remita al Congreso del Estado para que proceda a determinar, de manera fundada y motivada si ratifica al quejoso o no en su cargo de Magistrado, debiendo tomar previamente en cuenta la evaluación emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, respecto del desempeño del quejoso como Magistrado, por todo el tiempo que duró en el cargo y, en su caso, fundar y motivar el porqué de su estimación o desestimación. Y el Gobernador Constitucional del Estado: Deje insubsistente el procedimiento para nombrar nuevo magistrado en sustitución del aquí quejoso. Todo lo cual, deberá ser cumplido por las autoridades responsables, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, a partir de la notificación de la presente ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán y el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo diversas documentos, relativos a las sesiones de veintiocho de abril del año en curso, de veintisiete de mayo, y nueve de junio del presente año, llevada a cabo por los integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, y de catorce de junio de la presente anualidad, del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el Dictamen y Voto particular de dicha data, y el Decreto emitido por el Congreso del Estado de catorce de junio de dos mil veintiuno, de los cuales se advierte que se llevó a cabo el estudio, análisis, discusión, respecto de la ratificación o no, del quejoso como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán, en el cual fue sometido un nuevo dictamen por el que no se ratifica al quejoso como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán, mismo que fue aprobado por mayoría de votos, sin embargo, al no estar de acuerdo la minoría con voz y voto de los diputados que integran la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, presentaron en esa misma sesión un voto particular, que propuso la ratificación del quejoso, al citado cargo, finalmente, por sesión de catorce de junio del año en curso, fue sometido a discusión y votación de conformidad con lo que dispone el artículo 77 del Reglamento de la Ley del Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el citado voto particular, siendo aprobado por la mayoría de votos de trece a favor y diez en contra, de igual forma el Decreto emitido por el Congreso del Estado, con el que se ratifica al quejoso como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán, por el periodo de nueve años contados a partir de la entrada en vigor del citado decreto, en cual en su artículo segundo transitorio se dejó sin efectos el decreto 104/2019, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el tres de septiembre de dos mil diecinueve; asimismo, la Delegada en términos del artículo 9 primer párrafo de la Ley de Amparo, del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo el oficio DGOB/0196/2021, del cual se advierte que dejó insubsistente el diverso oficio DGOB/1320/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y el procedimiento donde se propone terna para Magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, de ahí que en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que el Congreso del Estado emitió un decreto, con el que se ratifica al quejoso como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán, y dejó sin efectos el decreto 104/2019, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, asimismo, el Gobernador responsable, dejó insubsistente el diverso oficio DGOB/1320/2019, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y el procedimiento donde se propone terna para Magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán. Ahora bien, en relación a las manifestaciones de la parte quejosa relativas a partir de qué fecha debe ser considerada la ratificación del nombramiento de Magistrado, así como que la publicación de la nueva determinación de la responsable sea ordenada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, derivado de la ejecutoria dictada en el juicio; es dable precisar, que no pueden ser materia del cumplimiento de ejecutoria dictada en este asunto, en virtud de que la concesión únicamente fue para el efecto de que la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, emita otro dictamen, en el cual, con base en los lineamientos expuestos en el considerando noveno, se ajuste a lo preceptuado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la jurisprudencia de rubro: "RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS" y se emitiera otro dictamen, en el cual, de manera fundada y motivada se determinara si se ratificaba o no al quejoso en el cargo de Magistrado, lo anterior con libertad de acción. Por ende, el hecho que se haya concluido su ratificación no puede tener el alcance que pretende porque no fue materia de esta ejecutoria, siendo evidente, como ya se precisó, que se concretaron los efectos de la concesión de amparo, sin que sea dable requerir acto adicional alguno, porque no fue establecido así en la ejecutoria relativa. Motivo por el que no puede estimarse que la ejecutoria constitucional no está cumplida, como lo sostiene la parte quejosa, porque, se reitera, la concesión del amparo no tuvo el alcance ni el efecto que ahora pretende, esto es, que se determine partir de qué fecha debe ser considerada la ratificación del nombramiento de Magistrado, así como que se publique en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la nueva determinación de la responsable, derivado de la ejecutoria dictada en el juicio, sino únicamente los efectos que previamente se han citado, cuya concreción se encuentra acreditada en autos. Resulta ilustrativa al respecto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2017156, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.), que dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo. También encuentra apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Primera Parte, página 57, registro digital 232094, de rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD IMPROCEDENTE, INCIDENTE DE (FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN). Si el único alcance de la sentencia de amparo era que se fundara y motivara la resolución y dichos requisitos formales se cumplieron, la sentencia se cumplimentó debidamente, lo que es independiente a si los fundamentos y motivos fueron o no correctos, pues tal cuestión es ajena a la ejecutoria a la que se dio cumplimiento. Así las cosas, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.
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