Cesar Ángeles Ramírez

Expediente 1128/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1128/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Cesar Ángeles Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese la promoción de la Fiscal Federal adscrita, de la que se advierten las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado el doce del mes y año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Ahora bien, en auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que a su representación social correspondiera respecto a los posibles actos de tortura que adujo la parte quejosa fue objeto, así como para que, de estimar que los actos no fueren de su competencia, hiciera el pronunciamiento respectivo para que este juzgado lo haga del conocimiento de la autoridad ministerial competente. En consecuencia, requiérase a la Agente del Ministerio Público adscrita, para que en el término de tres días, contados a partir de que sea notificada de la presente determinación, remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al requerimiento en mención, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de un año concedido a la quejosa Fernanda ... y/o Maibel ... en proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, para que se apersonara al presente juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida en favor de Fernanda.... Por otra parte, atendiendo las manifestaciones vertidas en la demanda, que generan presunción que la directa quejosa Fernanda Antonia Maribel Sosa y/o Maibel Sosa pudo sufrir afectaciones físicas en su persona y tomando en consideración que no se tiene conocimiento de la autoridad ante quien pudiera estar a disposición, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a su representación social corresponda, respecto a los posibles actos de tortura cometidos; en el entendido que, de estimar que los actos no fueren de su competencia, deberá hacer el pronunciamiento respectivo a fin de hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial competente, debiendo supervisar que lo anterior se cumpla de forma satisfactoria y en su momento hacerlo del conocimiento de este Juzgado. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, del libro XI, agosto de 2012, tomo 2, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito."

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