César Álvarez Velázquez
Expediente 18/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- César Álvarez Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el acuse de recibo del oficio por el cual la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, remite copias certificadas de diversas constancias relativas al presente juicio al Fiscal Regional en Tlalnepantla, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a efecto de que inicie la indagatoria correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito o delitos que resulten, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de febrero del año en curso. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente y depurable el original del incidente, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; además, se concedió la suspensión provisional, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otra parte se ordena devolver a la autoridad las documentales que remitió a este juicio..."
- Principal
"...Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto el quejoso señaló como acto reclamado la privación ilegal de su libertad, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Nueve de Trámite de Carpetas de Investigación en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como la calificación de su detención decretada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Ahora bien, del contenido integral del informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, se advierte que en fecha doce de enero del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso..., en la carpeta administrativa 05/2018, de su índice. De lo anterior, se colige la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala expresamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" (.) De la trascripción anterior se desprende la causa de improcedencia denominada como "cambio de situación jurídica", misma que se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así pues, con las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, como apoyo a su informe (foja 34 de autos), se corrobora la actualización de los supuestos establecidos como a continuación se evidencia. En cuanto al señalado en el inciso a, el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, esto es, la carpeta de investigación CUA/CUT/00/MPI/110/071/18/01, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (foja 3 del tomo de pruebas). Asimismo, se actualiza el elemento señalado en el inciso b, pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, en su calidad de detenido por la probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con Violencia, en agravio del patrimonio de la persona jurídico colectiva... (foja 6 del tomo de pruebas). De igual forma, se cumple con el elemento previsto en el inciso c, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -ocho de enero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la papeleta que obra a foja 1 de autos-, se pronunció una resolución que cambió su situación jurídica, ya que el doce de enero del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso..., por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con Violencia cometido en agravio del patrimonio de la persona jurídico colectiva..., en la carpeta administrativa 05/2018, de su índice (fojas 27 a 41 del tomo de pruebas). Por otra parte, en relación al inciso d, si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, es decir, de la detención ejecutada en contra del quejoso, se afectaría la nueva situación jurídica, consistente en el auto de vinculación a proceso emitido en su contra en la carpeta administrativa 05/2018, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e, también se actualiza, ya que existe autonomía e independencia entre el acto que reclamó en el juicio de amparo - la privación de la libertad y la calificación de su detención- y la nueva resolución dictada en el procedimiento penal iniciado en su contra -auto de vinculación a proceso-, pues este último sustituye al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la resolución reclamada y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa de mérito, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Tiene aplicación, por analogía, la tesis CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL...". En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque al producirse este nuevo acto (el auto de vinculación a proceso), las violaciones cometidas en la detención y su calificación reclamada, quedaron irremediablemente consumadas al producirse un cambio de situación jurídica, que rige en relación con el acto reclamado; de lo que puede concluirse válidamente que se generó un escenario en el que no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia de mérito. Lo anterior se sustenta por analogía en la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, Página: 270, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN...", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Así como en la tesis II.2o.P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página: 1287, que indica: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA..." Tomando en consideración que no se tiene conocimiento sí la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado respecto a los hechos que manifestó el quejoso con relación a los golpes que pudo sufrir al momento de su detención, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a su representación social corresponda, respecto a los posibles actos de tortura cometidos; en el entendido que, de estimar que los actos no fueren de su competencia, deberá hacer el pronunciamiento respectivo a fin de hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial competente, debiendo supervisar que lo anterior se cumpla de forma satisfactoria y en su momento hacerlo del conocimiento de este Juzgado. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, del libro XI, agosto de 2012, tomo 2, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO..." Finalmente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas del cinco de marzo de dos mil dieciocho; por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes..."
- Principal
Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable la documental que anexa; así como, el disco que contiene las videograbaciones de las audiencias celebradas en el mismo, las cuales se tomarán en cuenta para emitir la sentencia definitiva. Sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional; fórmese el anexo I correspondiente.
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