César Andrés Vera López

Expediente 1234/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1234/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • César Andrés Vera López

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia que antecede, se tiene a la licenciada ******************** aceptando y protestando el cargo conferido como defensora pública del quejoso ********************; por tanto, infórmese lo anterior a la parte quejosa en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido. Por otra parte, del contenido de la razón actuarial de cuenta, se advierte que, en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el quejoso precisó que en el escrito que presentó el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Tecate, solicitó la remisión parcial de la pena. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado tiene ejecución material, pues el hecho de que aún no se acuerde lo relativo a su solicitud e remisión parcial de la pena en la causa penal de origen, genera que el quejoso permanezca privado de su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido. Entonces, si -como se indicó- el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, se considera que es en dicho municipio donde tiene ejecución el acto reclamado, ya que los efectos que produce sólo se relacionan con la libertad personal del agraviado y, por ende, el Juez que ejerce jurisdicción en ese lugar es quien resulta ser competente para conocer de la demanda relativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 178232, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Contradicción de tesis 141/2004-PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 23 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 48/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco." En el mismo sentido se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Contradicción de tesis 51/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2013. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Tesis de jurisprudencia 14/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce." En ese orden de ideas, como se adelantó, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal conocer de la demanda relativa, al no ejercer jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto que se reclama, pues ello corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a fin de que se turne al Juzgado de Distrito que corresponda y atentamente se solicita se informe la determinación tomada al respecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por el método alternativo de videoconferencia y a su asesora jurídica.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por César Andrés Vera López contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Tecate, Baja California; fórmese expediente físico y electrónico bajo número 1234/2023-7. Prevención. Ahora bien, a fin de proveer sobre la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días, legalmente computado, subsane su demanda en los términos siguientes: Único. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado y precise qué fue lo que solicitó en el escrito presentado ante el Juez responsable el veintiséis de julio de dos mil veintitrés que refiere en su demanda. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda relativa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", de Tecate, Baja California, se comisiona al Actuario de la adscripción para que le notifique el presente auto, así como las subsecuentes actuaciones, por el método alternativo de videoconferencia en el lugar en el que se encuentra recluido. Designación de asesor jurídico. En virtud de que el quejoso acude a la presente instancia constitucional por propio derecho y sin representación legal, aunado a que, se encuentra privado de su libertad personal en la Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", de Tecate, Baja California, tomando en consideración que no cuenta con persona alguna que le proporcione asesoría técnica durante el trámite del presente juicio de amparo, gírese oficio al Defensoría Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, para que de no existir inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, legalmente computado, designe asesor jurídico que represente al quejoso, única y exclusivamente por lo que se refiere al presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través del método alternativo de videoconferencia.

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