Cesar Alberto Partida Perez

Expediente 944/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
944/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Cesar Alberto Partida Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio promovido por Cesar Alberto Partida Pérez; consecuentemente, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"); archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente juicio la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión por parte de la junta responsable de acordar respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 610/2017-2A de su índice. De acuerdo con ello, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 610/2017-2A, de su índice, se advierte que mediante acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en dicho asunto, y en el mismo se fijaron fecha y hora para el desahogo de las mismas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -catorce de diciembre de dos mil veinte-, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, aún no emitía el proveído cuya omisión de dictado se reclama, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que se dictó el auto de once de enero del año en curso, por medio el cual proveyó respecto al ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable, emitió el auto correspondiente en los autos del juicio 610/2017-2A, respecto del cual su omisión reclamó el aquí quejoso; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las diez horas con tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como constancia, la razón actuarial de once de febrero del año que transcurre, en la que el Actuario de la Adscripción asentó que no le fue posible emplazar a los señalados como terceros interesados por la parte actora en el presente juicio; ello, con motivo al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en párrafos que anteceden.

  3. Principal

    se notifica por lista el auto de quince de febrero a la parte quejosa: Visto el estado de autos, se advierte que en el presente juicio la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión por parte de la junta responsable de acordar respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 610/2017-2A de su índice. De acuerdo con ello, permite advertir que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente número 610/2017-2A, de su índice, se advierte que mediante acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en dicho asunto, y en el mismo se fijaron fecha y hora para el desahogo de las mismas. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -catorce de diciembre de dos mil veinte-, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, aún no emitía el proveído cuya omisión de dictado se reclama, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que se dictó el auto de once de enero del año en curso, por medio el cual proveyó respecto al ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable, emitió el auto correspondiente en los autos del juicio 610/2017-2A, respecto del cual su omisión reclamó el aquí quejoso; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las diez horas con tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como constancia, la razón actuarial de once de febrero del año que transcurre, en la que el Actuario de la Adscripción asentó que no le fue posible emplazar a los señalados como terceros interesados por la parte actora en el presente juicio; ello, con motivo al sobreseimiento fuera de audiencia decretado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense los telegramas remitidos por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la unión, así como Delgado designado por la Secretaría de Gobernación y Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, ambos con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales en contestación al requerimiento de treinta de octubre de dos mil veinte, manifiestan que no han recibido los oficios cuyo acuse se requiere; sin que sea el caso proveer en relación a su contenido, toda vez que ya se reexpidieron los oficios de los cuales se les requirió acuse de recibo.

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