César Álvarez Matías
Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- César Álvarez Matías
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
MESA I Agréguese el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el juicio de amparo ********************, atento a que, en proveído de cinco de agosto del año en curso, el Secretario en funciones de Juez de su adscripción declinó competencia por cuestión de territorio a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad; por tanto, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los numerales, 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, dé la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 3, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo; 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federa) (FIREL) y al Expediente Electrónico; 42, 43, 46 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 617/2021-IV-B. COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por por ********************a favor del quejoso ********************, contra actos de los Jueces de Control adscritos a la Agencia Investigadora del Ministerio Público, IZP-6 y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; acúsese el recibo de estilo. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo promovida por ********************a favor del quejoso ********************, fue presentada en línea, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; apreciándose que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica del directo quejoso ********************, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico. Tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En consecuencia, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Máxime que la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa del directo quejoso mediante el uso de firma electrónica vigente. Cabe destacar que el artículo 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece lo siguiente: "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de dentificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de la persona que se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, cuyo rubro y texto rezan: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Así, como por las razones que contiene, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, cuyo rubro y texto es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". No se soslaya que, el ordinal 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que ********************, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales), pues dichos actos consisten en LA ORDEN DE COMPARECENCIA, PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Actos que no encuadran en las hipótesis del mencionado precepto 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional. Aunado a que del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso no se encuentra privado de la libertad, pues refiere ".El día de hoy 4 de agosto del año 2021, mis vecinos me advirtieron que han visto pasar a una patrulla en reiteradas ocasiones y mirando hacia mi domicilio. es por tal motivo. que tengo el temor fundado de que se me vaya a privar de mi libertad.". En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la firel del quejoso, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma electrónica no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de dos mil diecinueve, Tomo I, página 79, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Se reitera, sin que este criterio resulte inaplicable en el caso, dado que no se trata del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por lo que se estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113 del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por ********************a favor del quejoso ********************, al actualizarse una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. Sin que deba perderse de vista que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (firel). DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, en virtud de que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, téngase el teléfono y correo que proporciona únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General plenario 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Se autoriza al Secretario y Actuarios para firmar los oficios y notificaciones personales que deriven de este juicio de amparo.
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