Cesar Alexis Cruz Gonzalez

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Cesar Alexis Cruz Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII.- Agréguese el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto y aceptó la competencia declinada. Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y archívese el presente como asunto concluido...

  2. Principal

    MESA VII. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el apoderado del quejoso ***, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinte de abril actual, señaló: ". manifiesta bajo protesta de decir verdad que de acuerdo a la información proporcionada por una asesora de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, se informó a mi poderdante que el sistema establece que la cuenta bancaria se aperturó en la sucursal número veintitrés (23), misma que se localiza en Culiacán en el Estado de Sinaloa.". Por tanto, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención formulada. COMPETENCIA Ahora bien, del contenido de la demanda y del escrito de desahogo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: ". a) De la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (anteriormente denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y la Unidad Especializada en investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas se reclama la falta de respuesta se reclama (sic) la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 23 de noviembre de 2021, mismo que fue presentado en la oficialía de partes el 24 de noviembre de 2021. En el escrito en comento se solicitó a las Autoridades Responsables que se girara un nuevo (sic) a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores para que informe al Banco Nacional de Ejercito Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., que deje sin efectos el aseguramiento impuesto a la cuenta bancaria número ***, que le corresponde a la tarjeta número ***, misma que se encuentra a nombre de ***. La petición mencionada se formuló en la Averiguación Previa ***. b) De la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (anteriormente denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y la Unidad Especializada en investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se reclama todas y cada una de las consecuencias y actuaciones que se generaron y que se siguen generando ante la falta de contestación al escrito de 24 de noviembre de 2021, el cual se presentó en la Averiguación Previa ***. La falta de respuesta trae como consecuencia que de forma ilegal se mantenga asegurada la cuenta bancaria ***, que le corresponde a la tarjeta número ***, misma que se encuentra en la institución financiera Banco Nacional de Ejercito Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., y que se encuentra a nombre de mi mandante ***. No se debe perder de vista que la petición mencionada se sustenta en las constancias de la Averiguación Previa ***, que confirman que mi poderdante fue absuelto y en consecuencia es conforme a derecho que se le levante la medida impuesta en contra de la cuenta bancaria del C. ***." Así como que el aseguramiento de la cuenta bancaria ***, de la institución financiera Banco Nacional de Ejercito Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, a nombre de ***, que le corresponde a la tarjeta número ***, se aperturó en la sucursal número veintitrés, en Culiacán, Estado de Sinaloa. En ese sentido, es menester puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con el acto reclamado que requiera ejecución material, el juez competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En tal virtud, este órgano de control constitucional considera que el acto reclamado implica un principio de ejecución material, pues imposibilita que el accionante del juicio constitucional pueda ejercer el derecho de posesión material (uso y goce), en el lugar en que se encuentra la sucursal bancaria que a la cuenta corresponde, esto es, en Culiacán, Estado de Sinaloa. Por lo anterior, se estima que la omisión que se reclama de la autoridad ministerial -levantar el aseguramiento-, provoca indefectiblemente que siga ejecutándose la eventual afectación en la esfera de derechos del quejoso, esto es, la restricción en su derecho de posesión material, directamente vinculado con la diversa prerrogativa de propiedad, en tanto no goza del disfrute ni disposición del numerario de que se trata, motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución. Asimismo, es factible establecer que la restricción del mencionado derecho de posesión material del promovente del amparo no sólo se afecta con motivo de los actos de autoridad que tengan como consecuencia directa e inmediata privarla de ella (aseguramiento y su ejecución), sino también mediante diversos actos que determinen, de alguna forma la permanencia del numerario en su situación actual de aseguramiento o inclusive que modifiquen las condiciones de ejecución de esa medida cautelar, de tal manera que, si la representación social federal es omisa en atender la solicitud del justiciable, de levantar el aseguramiento, es evidente que subsiste la afectación o restricción de los derechos aludidos, en tanto que, como se dijo, ocasiona de manera indirecta que dicha medida cautelar se siga ejecutando. Por ende, se actualiza la hipótesis establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, razón por la que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del asunto, por cuestión de territorio. Bajo ese contexto, se declara que este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para tramitar y resolver este juicio de amparo, por lo que de conformidad con la fracción II, párrafo segundo, del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia legal, por razón de territorio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, pues el acto reclamado implica que la medida cautelar impuesta sobre la cuenta bancaria subsista en sus efectos, bajo un principio de ejecución en aquella entidad fedataria, en que ejerce jurisdicción. Elabórese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juzgado de referencia, a cuyo titular se solicita comunique si acepta o no la competencia planteada.

  3. Principal

    MESA VII. Se previene a la parte quejosa.

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