Cesar Alejandro Vazquez Gonzalez
Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Cesar Alejandro Vazquez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda que se desechó, la cual dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA FRUCTUOSO FORNE, MA. EDITH SÁNCHEZ CASTRO Y SAN JUANITA SANTOS MACHADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DE LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 228/2018-V-A, promovido por el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, por conducto de su apoderado Mario Alberto Gómez Gómez, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas y de otras autoridades; y,...R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 228/2018-V-A promovido por el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, por el acto reclamado precisado en el último considerando de este fallo.
- Principal
MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: RECEPCIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por César Alejandro Vázquez González, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con la partida 99/2019-V-B. A efecto de proveer respecto de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establecer:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la indicada jurisprudencia explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El auto que decreta la apertura de admisión de pruebas, dictado en el incidente de guarda y custodia tramitado en el juicio ordinario sobre guarda y custodia 420/2018 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. DESECHAMIENTO Antes de realizar el análisis de la causa de improcedencia que la suscrita estima que se actualiza en la especie, resulta indispensable establecer que este órgano judicial no advierte una afectación material inmediata a los derechos sustantivos de los menores hijos del promovente de cuyos nombres resultan las iniciales A.R.V.H. y P.A.V.H., sino una violación adjetiva, pues el auto que decreta la apertura de admisión de pruebas en el incidente de guarda y custodia de menores no incide en la inseguridad, en el peligro a la integridad física y moral de dichos menores. Por el contrario, en relación con tal tópico, el Máximo Tribunal ha dicho que en el juicio, la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y la facultad del juzgador de recabarlas de oficio, es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, el interés superior del menor como concepto indeterminado, no es un factor que influya per se, en la procedencia del juicio de amparo indirecto, particularmente en lo que concierne al concepto de acto irreparable, el cual, para así calificarse, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; lo que no se advierte en la especie. Al respecto, el Máximo Tribunal estableció que el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, para su pondeción es válido acudir a diversos criterios, mismos que se pueden aplicar por zonas, que pueden ser de certeza positiva (condición inicial mínima), de certeza negativa (fuera del concepto) e, intermedia (más amplia), esta última en la que para establecer cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. Que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado; por lo que corresponde a los tribunales determinarlo, siendo un criterio relevante para ello, por ejemplo, que se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses son prioritarios ante los demás... En ese sentido, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas, de ahí que el interés superior se constituye como un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Entonces, el interés superior del menor es un criterio orientador que permite analizar los hechos que dan forma a las circunstancias que rodean a los niños y las niñas en cada caso concreto, a partir del cual es posible determinar si quien es menor está en una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de adoptar las medidas de protección que lo alejen de tal situación, pero que, al mismo tiempo, lo ubiquen en otras circunstancias distintas, que sean las más favorables para su desarrollo y pleno aprovechamiento de sus potencialidades; todo lo cual tendrá como finalidad que los niños y niñas ejerzan sus derechos en un plano auténtico de igualdad a partir de la valoración jurídica de su alteridad ontológica. Sin embargo, por considerarse útil para dilucidar la inferencia que tiene el interés superior del menor en la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el criterio transcrito se hace pronunciamiento en torno a aspectos de la procedencia del juicio de amparo, concretamente de los principios de irreparabilidad y definitividad. En la transcrita jurisprudencia se afirma que la irreparabilidad del acto reclamado, por un lado, y el principio de definitividad, por otro, son presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. Que el primero de esos requisitos se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera en la esfera jurídica del quejoso, con hincapié en los derechos sustantivos, a la trascendencia de la afectación y a su no reparación, aunque se llegue a dictar una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario del amparo, y que obliga a la autoridad de control constitucional a intervenir de inmediato, sin esperar a que se llegue a promover el juicio de amparo directo (que no reparará la afectación sufrida), pero siempre que se encuentren satisfechos los restantes presupuestos de procedencia prescritos en la ley. Por tanto, en dicho criterio se concluye que en los juicios en que intervienen menores o ven afectada su esfera jurídica, el primer supuesto de procedencia que debe verificar el Juez de control constitucional, cuando se reclaman actos dentro del juicio, es que estos tengan una ejecución irreparable, pues sólo entonces estará en aptitud de analizar si se ha cumplido con el principio de definitividad, o si, en el caso que examina, se justifica su inobservancia, sin que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación genere, per se, la excepción a la regla. Hecha la anterior precisión, respecto de los actos reclamados la suscrita considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen:. Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo estrictamente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas... Ahora bien, en la especie el acto que se reclama consiste en el acuerdo que decretó la apertura de admisión de pruebas dentro del incidente de guarda y custodia, mismo que planteo el ahora quejoso dentro del juicio 420/2018 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira. En ese tenor, resulta claro que el aludido acuerdo no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal; es decir, meramente procesales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto. Por tanto, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con la actuación de la que se duele la parte quejosa, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si seguidos los trámites procesales respectivos, la autoridad responsable dicta una sentencia que resulte favorable a sus intereses, y aun cuando no sea así, podrá reclamar las violaciones aquí aducidas, en el amparo directo que, sin prejuzgar sobre su procedencia, y en su caso, interponga en contra de la sentencia, en la medida en que dicha infracción adjetiva trascienda al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto por el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento. De ahí que, se considera que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia de la demanda de amparo al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está en presencia de aquéllos actos que puedan considerarse de imposible reparación o que trasgredan derechos sustantivos de los menores. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Blanca Guadalupe Henggeler Martínez, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final, segundo párrafo del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Yolanda Ruiz Escobedo, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.
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