Cenovio Molar Molar

Expediente 1219/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 47 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1219/2018
Año
2018
Actuaciones
47
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Cenovio Molar Molar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por Luz del Carmen Lee Luna, en su carácter de tercera interesada; en atención a su contenido, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su libelo de cuenta, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse a de los autos a Eligio Cano Mar, Diana Cruz Gerardo y a Karla Yahira Martínez Chávez, en virtud de así haberse solicitado expresamente.

  2. Principal

    Visto; agréguese a estos autos la pieza postal devuelta por el servicio de mensajería acelerada (Estafeta), donde hace constar la imposibilidad de entregar el oficio 5392/2019-II-B, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, por las razones que informa. Ahora bien, de autos se aprecia que con fecha de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la potestad a quien va dirigida la pieza de cuenta ya recibió el diverso oficio 8438/2018-II-B en la dirección precisada en el aludido comunicado (foja 57); así como todas las notificaciones relacionadas al trámite del presente controvertido constitucional, por tanto, con fundamento en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha a la referida potestad la notificación relativa al proveído de veintitrés de septiembre del año que cursa (foja 426) lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en relación a la documental que se pretendió devolver a la referida potestad, en virtud de lo acordado en el párrafo que precede y aunado que se trata de un legajo de copias certificadas, se dispone que las mismas se sujeten al destino del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 1219/2018-II-B, y la certificación secretarial que antecede, al respecto se provee: Al considerar que las partes no manifestaron inconformidad alguna respecto del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado, y con apoyo en el artículo 214, de la Ley de la Materia, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional solicitada, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. En otro aspecto, en virtud de que obra por separado pero formando parte del presente juicio, un tomo de pruebas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, devuélvanse a la autoridad responsable remitente las constancias de referencia, por ser innecesaria su retención en estos autos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA: LUZ DEL CARMEN LEE LUNA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto; del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes, respecto de la vista que se les dio mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, habiéndola desahogado la parte quejosa; consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre su cumplimiento. En ese sentido, en la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 247-264), se concedió el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Segundo Subprocurador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria: ? a) Dejara insubsistente la determinación consistente en la confirmación de la determinación del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ****, de siete de septiembre de dos mil dieciocho. ? b) Con libertad de jurisdicción, emitiera otra, la cual podría ser en el mismo sentido pero purgando los vicios destacados en sentencia. ? c) En caso de que resolviera en el mismo sentido, debería establecer el valor probatorio y el alcance demostrativo de los medios de prueba que en su caso valorara para confirmar el no ejercicio de la acción penal. ? d) De igual forma, se abstuviera de abordar el estudio de la probable responsabilidad si en el caso estimara que existiera atipicidad, es decir, si los hechos acreditados no fueran los descritos en el tipo penal. La citada sentencia causó ejecutoria mediante proveído de trece de junio del presente año (fojas 280-281) y se le requirió al Segundo Subprocurador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en ese propio proveído, el cumplimiento de la misma. En cumplimiento a la citada determinación la autoridad responsable aludida, mediante el oficio DJ/DA/10674/19 (foja 300), remitió copia certificada del acuerdo de catorce de junio del año en curso y de la determinación de diecisiete siguiente, emitidas en la averiguación previa *****. Bajo ese contexto, mediante proveído de ocho de julio del año en curso (fojas 326-327), se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en autos, en virtud de que si bien es cierto que la autoridad responsable declaró que la determinación de siete de septiembre de dos mil dieciocho quedó insubsistente y que, a través de la resolución de diecisiete siguiente, resolvió en el mismo sentido con libertad de jurisdicción, es decir, confirmó nuevamente el no ejercicio de la acción penal ****, también es cierto que dicha potestad incurrió de nueva cuenta en los vicios aludidos en la sentencia protectora, porque afirmó que los hechos denunciados no son constitutivos del delito cometido en el desempeño de funciones judiciales o administrativas, en específico, la modalidad prevista en la fracción VIII del artículo 232 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, esto es, retardar o entorpecer maliciosamente la administración de justicia, sin explicar por qué lo estima de esa forma. En efecto, la autoridad responsable, al emitir la nueva determinación, estableció (fojas 304-311): "Esta autoridad advierte que se desprende con meridiana claridad que en los autos no se surte tal supuesto. [.] Se considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, toda vez que no existe una conducta que encuadre en dicha hipótesis legal, ya que las imputaciones que se realizan a los probables responsables, ponen de manifiesto que las acciones desplegadas por los servidores públicos se encuentran dentro de los preceptos de ley, ya que de autos no se desprende que hayan configurado alguna conducta delictiva con su proceder." Como se advierte de la anterior transcripción, el Segundo Subprocurador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, no explicó por qué la conducta desplegada por los imputados resultaba atípica sino que se limitó a realizar afirmaciones genéricas que bajo ninguna óptica satisfacen el mandato se motivación previsto en el artículo 16 constitucional. Aunado a lo anterior, tampoco definió el valor probatorio ni el alcance demostrativo de los medios de prueba que le hubieran servido para confirmar el no ejercicio de la acción penal; de ahí que se haya vuelto a requerir al Segundo Subprocurador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, a fin de que acreditara el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable, a través del oficio DJ/DA/11682/19 (foja 331), remitió copia certificada del acuerdo de nueve de julio del año en curso y de la determinación de diez siguiente, emitidas en la averiguación previa ****, de donde se advierte, por un lado, que confirmó de nueva cuenta el no ejercicio de la acción penal, otorgándole valor probatorio pleno a las constancias que integran el proceso penal *****, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. De dichas constancias, se adquirió conocimiento que el motivo por el cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, fue que de la narrativa de los hechos denunciados por el escrito de once de febrero de dos mil catorce, no se actualizó que los denunciados hayan actuado con malicia. De igual manera, se sostuvo que la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, son elementos para determinar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso. Específicamente, en lo relativo a la omisión de notificar el auto de formal prisión atribuido a Luz del Carmen Lee Luna, la potestad responsable consideró que, al haberse percatado en el proceso penal ***** de la falta de notificación de los ahí procesados, inmediatamente se procedió a subsanar tal omisión; circunstancia que denota ausencia de dolo. Hasta dicha línea argumentativa, la ejecutoria protectora se encontraba cumplida; sin embargo, dicho cumplimiento resultó parcial, en virtud de que, en lo correspondiente a la omisión de ejecutar los apercibimientos al Perito Auxiliar adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de Tampico, Tamaulipas, por parte de José Ricardo Silva Salinas, la responsable únicamente realizó una síntesis de los acontecimientos relevantes, sin que proporcionara motivos claros y concisos para el arribo de la conclusión de que dicha omisión no se realizó con dolo, sino que únicamente se manifestó genéricamente que dicha conducta no fue desplegada con malicia; lo que bajo ninguna óptica satisface las exigencias que demanda el artículo 16 constitucional. Derivado de lo anterior, este Tribunal de Amparo tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en este asunto y se procedió a requerir a la potestad responsable para que proporcionara los motivos por los que estimó que la omisión de ejecutar los apercibimientos al Perito Auxiliar adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de Tampico, Tamaulipas, por parte de José Ricardo Silva Salinas, no conllevó dolo; dicho de otra forma, se le requirió para que diera contestación a la siguiente pregunta: ¿por qué en la averiguación previa *****, el hecho de que José Ricardo Silva Salinas no haya ejecutado los apercibimientos al Perito Auxiliar adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de Tampico, Tamaulipas, es una conducta que no conlleva dolo? Bajo ese tenor, la autoridad responsable, por conducto de su comunicado DJ/DA/12263/19, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de julio del año en curso y de la determinación de esa misma data, emitidas en la averiguación previa ******, de donde se advierte que dejó sin efecto la resolución emitida con anterioridad y confirmó de nueva cuenta el no ejercicio de la acción penal, otorgándole valor probatorio pleno a las constancias que integran el proceso penal *****, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero. Empero, en esta nueva resolución, el Subprocurador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, aportó las razones que le conllevaron a determinar que la conducta desplegada por José Ricardo Silva Salinas no conllevó dolo, siendo estas las siguientes: José Ricardo Silva Salinas, siendo titular del extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, requirió al Perito Auxiliar adscrito a la Unidad de Servicios Periciales de Tampico, Tamaulipas, para que se presentara en el citado órgano jurisdiccional para que aceptara el cargo de perito. Ante la inasistencia del citado experto, el Juzgador aludido procedió a requerir a su superior jerárquico, a fin de lograr la comparecencia del multicitado perito; lo que terminó sucediendo. Una vez aceptado su encargo, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, lo requirió para que emitiera su dictamen y posteriormente, le gira oficio al Encargado de la Unidad de Servicios Periciales de Tampico, Tamaulipas, para que previniera al referido perito emitiera su dictamen. Tras lo anterior, el perito solicitó una prórroga, argumentando que por las cargas de trabajo no ha sido posible emitir su peritaje y, tras diversos requerimientos que fueron realizados, de dio cumplimiento a los múltiples requerimientos y se allegó el dictamen de valuación que se solicitó. Hecha la citada narrativa, la autoridad responsable expuso que no existió dolo porque se requirió en diversas ocasiones tanto al perito para que rindiera su dictamen, como a sus superiores jerárquicos; aunado a ello, la potestad responsable manifestó que la medida de apremio es una facultad discrecional de los jueces; de ahí que no exista dolo, tratándose de la conducta ilícita materia de la averiguación previa de origen. Así las cosas, lo establecido en los párrafos que anteceden, se advierten de las constancias allegadas por la autoridad responsable, mismas a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. De lo hasta aquí expuesto, se permite concluir que la autoridad responsable han satisfecho los efectos de la referida ejecutoria de amparo, por lo que este Tribunal de amparo declara que la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio HA QUEDADO CUMPLIDA. Por otro lado, no se soslaya que el quejoso, en su escrito de desahogo de vista en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, haya manifestado que la sentencia que concedió la protección constitucional no ha quedado debidamente cumplida; sin embargo, lo cierto es que la autoridad responsable se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia protectora, tal como quedó evidenciado en párrafos precedentes, por lo que un nuevo análisis sobre la legalidad de la nueva resolución, constituye materia de un segundo juicio de amparo. Por último, notifíquese a las partes el contenido de este proveído, y una vez transcurrido el plazo de quince días, que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

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