César Alejandro Torres Juárez

Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
626/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • César Alejandro Torres Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, debido a que el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir del VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Valoración del incidente de suspensión. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual se negó la suspensión definitiva; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es destruible. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ***, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por **** en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero, por los motivos ahí expuestos en el considerando segundo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la adscripción.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Vistos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en atención a su contenido se provee: Téngase por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en cuatro de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión civil 4/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la ejecutoria de amparo que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "UNICO. Se declara parcialmente FUNDADO el recurso de queja." Ahora bien, toda vez que del testimonio de la resolución de mérito se advierte que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa fue fundado, y como consecuencia de ello se ordenó la revocación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, para el efecto de que este órgano de control constitucional: "1. Emita una nueva determinación en la que reitere el desechamiento de la ampliación de demanda relativa a los actos reclamados al juez y comisión bancaria responsables; y 2. Provea de nueva cuenta sobre la ampliación de la demanda de amparo, prescinda de invocar las causales de improcedencia calificadas como infundadas en este fallo, y en caso de no advertir una diversa, dé el tramite conducente." En consecuencia, se procede a dejar sin efecto el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo; por tanto, se provee lo siguiente: Recepción de escrito. Agréguese a los presentes el escrito de cuenta signado por la quejosa Patricia Cardona Martínez, mediante el cual amplía la demanda de amparo, en ese tenor, se provee: Desechamiento de ampliación. La suscrita procede al estudio de dicha ampliación en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la ampliación de demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Al tenor de lo anterior y del examen integral del escrito de ampliación de demanda, se advierte que los actos por los cuales la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo constituyen: 1. Del Juzgado de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado, la orden dada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que realice el embargo de las cuentas bancarias registradas a nombre de Patricia Cardona Martínez, y que pertenezcan al Sistema Bancario Mexicano, dentro del juicio oral 87/2018, contenida en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós. 2. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden dada a la Institución Bancaria BBVA México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para afectar la cuenta de libretón clásico, cuenta digital 1563463583. Sobre esa base el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". De lo anterior se advierte que la Ley de Amparo prevé que sólo podrá ampliarse el escrito de demanda cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; en este caso, la ampliación deberá presentarse dentro del plazo de quince días. Así, de la fracción II del precepto en comento se sigue que la ampliación de la demanda de amparo confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, pero que estén estrechamente relacionados con aquellos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1339, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demandade amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la Litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una Litis constitucional elementos que le son ajenos". En el presente caso, del estado de autos se advierte que acorde con la demanda inicial, los actos reclamados lo constituye el auto de seis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil 87/2018, del índice del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, en que se decretó el embargo de cuentas bancarias a nombre de la quejosa, en cumplimiento al auto de ejecución; así como el acta de embargo practicada el treinta de marzo de dos mil veintidós, y la afectación sobre las cuentas señaladas en dicha acta. Además, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, aperturándose el incidente de suspensión solicitado. En contraste, como ya se adelantó, a través de la misiva de cuenta la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo respecto de la orden dada por el Juez de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que realizara el embargo de cuentas bancarias a nombre de Patricia Cardona Martínez, dentro del juicio oral 87/2018, contenida en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, así como la diversa emitida por dicha Comisión a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para afectar la cuenta de libretón clásico, cuenta digital 1563463583, y su ejecución por la aludida Institución. Luego, si precisamente ese proveído de seis de abril de dos mil veintidós, en que se contiene la orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su ejecución, es lo que nuevamente pretende reclamar en vía de ampliación de demanda, al corresponder a los que fueron inicialmente señalados en el presente asunto y respecto de los cuales ya se emitió una determinación (admisión) en auto de veintisiete de abril del presente año, por tanto, la parte quejosa deberá estarse a lo allí acordado respecto de dicho acto, en tanto que no son distintos de los inicialmente reclamados, sino los mismos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda. Sin que haya lugar a actuar en términos de la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO", ya que dicho criterio se refiere a cuando el acto respecto del cual se pretende ampliar no está estrechamente relacionado con los actos inicialmente señalados; en cambio, en el presente asunto lo que ocurre es que los actos por los que se pretende ampliar no son distintos de los inicialmente reclamados y que ya fueron materia de pronunciamento por parte de este órgano jurisdiccional en los términos anteriormente descritos. De ahí que dicho criterio no resulta aplicable en el particular. Sin que haya lugar a admitir la ampliación de los conceptos de violación que hace valer, dado que éstos resultan extemporáneos, ya que son enderezados a controvertir el auto de seis de abril de dos mil veintidós en cita, tema del cual, como se dijo, ya versó el escrito inicial de demanda. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de ampliación de demanda el seis de septiembre de dos mil veintidós; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente para tal efecto, lo que genera que no se actualice la primer condición de aplicación del artículo 111 de la Ley de Amparo, para la ampliación de la demanda, según la cual es necesario que no hayan transcurrido los plazos para su presentación. Sin que sea obstáculo a lo anterior que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se haya dado vista a la parte quejosa del informe justificado rendido por el Juez de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado, al que acompañó las constancias respectivas como justificación de los actos reclamados, ya que ello no implica soslayar que en caso de ejercer tal derecho (ampliación) deba analizarse su procedencia en términos del artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo, a la cual se encuentra supeditada la fecha en que tuvo conocimiento de los actos. Se admite ampliación de demanda. Con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 111, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda propuesta, únicamente respecto a los conceptos de violación de la autoridad responsable BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, de quien reclama el bloqueo de la cuenta "Libretón Básico Cuenta Digital" número 1563463583, numero de cliente 19562187, y con ello la retención del pago pensionario que recibe la quejosa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad sobre el cual se amplió la demanda, tramítese la suspensión correspondiente. Realícese lo anterior en los cuadernos de suspensión formados con anterioridad y que derivan del presente juicio de amparo; agréguese copia autorizada de este auto para los efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad responsable por la cual se amplía la demanda de amparo, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita; de igual forma, requiérasele para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a las autoridades responsables, que en la medida de lo posible las comunicaciones que les sean requeridas en este asunto, deberán enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la ley en cita, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que el actuario correspondiente deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que, no obstante, se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Audiencia constitucional. Infórmese a las partes que se encuentran señaladas las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Desconoce carácter de tercero. En virtud de lo anterior, y atendiendo que la moral BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, se tuvo como autoridad responsable en párrafos que anteceden; en consecuencia, se le desconoce el carácter de tercero en el presente juicio para los efectos legales a que haya lugar, ello, al no ubicarse en alguno de los supuestos contemplados por la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo. Intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que le asiste el carácter de parte en el presente juicio de amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su ocurso de ampliación, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Requiérase a las partes para que, en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigentes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Notificación a las partes. Córrase traslado a las demás partes con copia del escrito de ampliación de demanda, para su conocimiento. Notifíquese personalmente a las partes; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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