César Alejandro Martínez Navarro
Expediente 243/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- César Alejandro Martínez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Capítulo Sexto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en virtud de que el ocho de junio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, deberá destruirse este expediente y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales. Sin que de autos se advierta que se hubiesen exhibido documentos que deban devolverse, en términos del por los órganos jurisdiccionales, publicado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se provee: Llegada de autos. Se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 129/2023. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por CESAR ALEJANDRO MARTÍNEZ NAVARRO en contra del acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 243/2023-I." Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Con el carácter de autoridades ordenadoras reclama del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Secretario General de Gobierno y Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, publicado el treinta y uno del mismo mes y año en el Periódico Oficial Plan de San Luis, a través del cual: - Extingue las Juntas Especiales número Uno, Dos y Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, teniendo como último día de actividades el treinta y uno de marzo y veintiocho de febrero del año en curso, respectivamente. - Los asuntos que se encuentren en trámite ante dichas Juntas Especiales, inclusive en los que se haya pronunciado laudo o en los que se haya promovido juicio de amparo en contra de aquellas, serán tramitados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2. Con el carácter de autoridades ejecutoras reclama de los Presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con residencia en los municipios de Matehuala y San Luis Potosí, en esta entidad federativa, el cumplimiento al Acuerdo citado a través de órdenes realizadas mediante circulares, oficios o acuerdos (verbales o escritos) en los que se hubiese determinado la conclusión de funciones o cierre de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Desechamiento. Marco jurídico. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, respecto de tal acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Conforme al numeral transcrito es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Caso concreto. Ahora, mediante oficio 1881/2023/PRE recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que a partir del veintiocho de febrero se extinguían, entre otras dependencias, la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, y a partir del uno de abril del año en curso, la primera autoridad citada será la que desahogue en todas sus etapas los asuntos pendientes de resolver por las autoridades que se extinguieron. En atención a lo expuesto, se concluye que, en el caso particular, los efectos de los actos reclamados, quedaron irreparablemente consumados, pues a partir del uno de abril de dos mil veintitrés, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, conoce de todos los asuntos que tramitó la extinta Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, y en el caso frente a una eficaz concesión del amparo, debe decirse que las autoridades señaladas como responsables, no estarían en aptitud de restituir a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En consecuencia, por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente; notifíquese por medio de lista y mediante oficio que se remita al Tribunal de Alzada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se provee: Llegada de autos. Se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 129/2023. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por CESAR ALEJANDRO MARTÍNEZ NAVARRO en contra del acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 243/2023-I." Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Con el carácter de autoridades ordenadoras reclama del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Secretario General de Gobierno y Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, publicado el treinta y uno del mismo mes y año en el Periódico Oficial Plan de San Luis, a través del cual: - Extingue las Juntas Especiales número Uno, Dos y Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, teniendo como último día de actividades el treinta y uno de marzo y veintiocho de febrero del año en curso, respectivamente. - Los asuntos que se encuentren en trámite ante dichas Juntas Especiales, inclusive en los que se haya pronunciado laudo o en los que se haya promovido juicio de amparo en contra de aquellas, serán tramitados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2. Con el carácter de autoridades ejecutoras reclama de los Presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con residencia en los municipios de Matehuala y San Luis Potosí, en esta entidad federativa, el cumplimiento al Acuerdo citado a través de órdenes realizadas mediante circulares, oficios o acuerdos (verbales o escritos) en los que se hubiese determinado la conclusión de funciones o cierre de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Desechamiento. Marco jurídico. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, respecto de tal acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Conforme al numeral transcrito es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Caso concreto. Ahora, mediante oficio 1881/2023/PRE recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que a partir del veintiocho de febrero se extinguían, entre otras dependencias, la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, y a partir del uno de abril del año en curso, la primera autoridad citada será la que desahogue en todas sus etapas los asuntos pendientes de resolver por las autoridades que se extinguieron. En atención a lo expuesto, se concluye que, en el caso particular, los efectos de los actos reclamados, quedaron irreparablemente consumados, pues a partir del uno de abril de dos mil veintitrés, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, conoce de todos los asuntos que tramitó la extinta Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, y en el caso frente a una eficaz concesión del amparo, debe decirse que las autoridades señaladas como responsables, no estarían en aptitud de restituir a la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En consecuencia, por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente; notifíquese por medio de lista y mediante oficio que se remita al Tribunal de Alzada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, del que se advierte que aceptó la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para conocer del recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de veinte de febrero del año en curso, emitido por este Juzgado, quedando registrado con el número de queja laboral ********************, de su índice. Notifíquese por medio de lista.
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