César Adrián González Alvarado

Expediente 1547/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1547/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • César Adrián González Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.

  2. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.

  3. Principal

    Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Ahora bien, en el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello porque el acto reclamado reviste el carácter de resolución de mero trámite, al dictar el Juez responsable, determinación en el sentido de conceder una semana a las partes, para que el agente del Ministerio Público haga entrega de todos los documentos que integran la carpeta de investigación y la defensa analice si son esos los documentos que solicitó; la cual al tenor de los precitados artículos puede ser impugnada mediante el recurso de revocación, mismo que puede traer como consecuencia la modificación de ésta; de ahí que el juicio de garantías es improcedente en los términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Ello es así, porque de una correcta interpretación de los preceptos los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritos se llega a la conclusión que contra la determinación reclamada, por tratarse de una resolución de mero trámite; procede el recurso de revocación, que trae como consecuencia que se modifique la determinación reclamada, pues de los numerales antes señalados se advierte que procede el recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, es decir, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto es que el mismo órgano judicial que dictó la resolución que se impugna la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Sin que en el caso se actualice la excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio, proceder desechar la demanda de amparo. Por otra parte, en atención a que de la lectura integra de la demanda de mérito, se advierte que el licenciado Ricardo García Valencia, se ostenta defensor de directo quejoso, dentro del proceso penal del que deriva el acto reclamado, y que no acredita tal personalidad; por tanto, con fundamento en los artículos 11 y 14, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del distrito judicial de la Capital, a efecto de que dentro del término de tres días, remita a este Juzgado la certificación correspondiente de la que se advierta si efectivamente dicho profesionista tiene reconocida la personalidad con que comparece a promover el presente juicio de amparo. Apercíbase a la citada autoridad de que de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informar los motivos que le impiden hacerlo, dentro del término indicado se hará acreedora a una multa hasta por quince unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo.

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