César Adolfo Vargas Leandro
Expediente 347/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- César Adolfo Vargas Leandro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 347/2020-I, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; que en términos de los artículos primero, doce, catorce y veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es depurable, mientras que el duplicado es destruible; y, se ordena su archivo definitivo por separado. En consecuencia, se ordena separar desde ahora, el expediente duplicado y resguardarlo por separado a efecto de que personal del órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las actividades propias de los trabajos administrativos para la destrucción de expedientes y, ante ello, en lo sucesivo, salvo razón que justifique lo contrario, actúese en el incidente de suspensión en un solo tanto, es decir, solamente en el expediente original.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el cual se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En tal virtud y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, este Juzgado procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para que la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial Noveno de Jalpa, Zacatecas, realizaran lo siguiente: "1. Citar a las partes del proceso penal a una audiencia, a efecto de verificar la credencial del defensor que asistió al aquí quejoso en las diversas fases de la audiencia inicial, esto es, verificar que en ese momento procesal contaba con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos, para fungir como defensores de los aquí quejosos. Si se acredita esa calidad deberá dejar patente en audiencia tal circunstancia, o 2. Si del resultado de la verificación, se constata que el defensor en cita, no era licenciado en derecho en ese momento procesal, deberá reponer el procedimiento única y exclusivamente por cuanto hace al quejoso César Adolfo Vargas Leandro en los siguientes términos: 2.1 Deberá dejar insubsistente la audiencia inicial celebrada el dieciséis de junio de dos mil veinte, así como su continuación de veintiuno del mismo mes y año, dentro de la causa 39/2020. 2.2 Previo a la formulación de la imputación durante la individualización de las partes y para el caso de que el investigado no cuente con defensor particular, se le designe un defensor público, en ambos casos recabando los datos necesarios que permitan corroborar su calidad de licenciado en derecho, con la referencia que éste realice al individualizarse, de su número de cédula y registro, cuestionando el Juez responsable, al auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos fueron cotejados con la respectiva identificación exhibida en su caso, al registrarse previamente a la celebración de la audiencia, destacando entre dichos datos, el número de cédula que le corresponde, a efecto de que quede constancia de ese hecho en la videograbación. 2.3 Con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del imputado, aquí quejoso, pero sin agravarla, lo anterior bajo su más estricta responsabilidad. 2.5 Resuelva lo que corresponda, en relación con las diversas peticiones de las partes en dicha audiencia. Lo anterior, porque dada la naturaleza del acto reclamado, el asunto no puede dejar de resolverse y, por tanto, necesariamente la responsable debe emitir una nueva determinación una vez que acate los diversos efectos de la concesión de la protección constitucional. Además, debe acotarse que el agente del Ministerio Público, no podrá agravar la imputación realizada ni aportar diversas argumentaciones o datos de prueba en que apoyó su solicitud inicialmente. Ello, en atención a los derechos fundamentales de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia, que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe establecer, que al formular imputación, el Ministerio Público no podrá integrar antecedentes de investigación diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación al momento de realizarse la primigenia formulación de imputación, en la audiencia inicial de dieciséis de junio de dos mil diecinueve, lo anterior para evitar la vulneración al derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes " En proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, en que dicha sentencia causó ejecutoria, se requirió a las autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitieran a este Juzgado las constancias con las que acreditara el cumplimiento del fallo protector. Por oficio 448 de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control responsable, manifestando que en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno celebró audiencia pública oral en la que se verificó lo siguiente: Se verificó que el Licenciado Simeón Sandoval Durán, adscrito a la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, quien representó los intereses del imputado César Adolfo Vargas Leandro en la audiencia inicial estuvo debidamente habilitado como Licenciado en Derecho. Se dio a conocer a los intervinientes que el profesionista de referencia en ese momento contaba con número de cédula profesional 2923948, expedida el siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, misma cédula que también se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas y ante este Juzgado de Control con número 1 del libro electrónico de defensores, con fecha ocho de abril de dos mil catorce. Finalmente se dejó insubsistente la audiencia inicial del dieciséis de junio de dos mil veinte y su continuación del veintiuno de junio del mismo año, así como las determinaciones que de ahí emanaron; y a efecto de acreditar lo anterior, remitió lo siguiente: Un disco óptico en formato DVD que contiene la audiencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal 39/2020. Videograbación que adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, máxime que esa constancia se estima idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante el juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplió con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el juez constató que el defensor contó con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable para fungir con esa calidad; dejó insubsistente la audiencia inicial de dieciséis de junio de dos mil veinte, así como su continuación de veintiuno del mismo mes y año, por ende, se cumplieron los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en el presente juicio de amparo y al efecto, exhibe las constancias conducentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas constancias dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, del propio Pleno.
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