Celso Ándres Velázquez Prado

Expediente 311/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
311/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Celso Ándres Velázquez Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticinco de mayo del presente año dictado dentro del juicio de amparo 311/2021, pues transcurrió del uno al catorce de junio del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 311/2021, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguense sin hacer mayor pronunciamiento el oficio signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán; toda vez que el dieciocho de los actuales se proveyó lo respectivo a su informe previo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informando que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el ilícito de tentativa de homicidio. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente. La resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, el quejoso reclamó ante esta instancia constitucional, la resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460; sin embargo, de la promoción de cuenta, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informó que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de terminación anticipada, el imputado no podrá ser sentenciado a una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada y aceptada por el acusado y sólo se deberá fijar el monto de la reparación del daño, aceptado o rechazando las obligaciones que en su caso formule la víctima. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en una forma de terminación anticipada del proceso. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue el propio quejoso, aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía, por lo que en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que la parte quejosa a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a una terminación anticipada supondría, un menoscabo a la lealtad que las partes emitieron para la terminación anticipada del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una terminación anticipada y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad de la improcedencia de nulidad de datos de pruebas, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder a la forma de terminación anticipada que solicitó, implicaba que aceptara ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, es más que claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber manifestado su consentimiento respecto del acto reclamado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Yuni*/ Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 7436 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. "2021, Año de la Independencia" Of. 7436 JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN ZITÁCUARO, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO I-311/2021-EDG, QUE PROMUEVE MARCOS JOEL VERA TERRAZAS, QUIEN SE OSTENTA DEFENSOR PARTICULAR DEL QUEJOSO CELSO ANDRÉS VELÁZQUEZ PRADO, CONTRA ACTOS DE UTED, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informando que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el ilícito de tentativa de homicidio. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente. La resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, el quejoso reclamó ante esta instancia constitucional, la resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460; sin embargo, de la promoción de cuenta, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informó que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de terminación anticipada, el imputado no podrá ser sentenciado a una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada y aceptada por el acusado y sólo se deberá fijar el monto de la reparación del daño, aceptado o rechazando las obligaciones que en su caso formule la víctima. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en una forma de terminación anticipada del proceso. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue el propio quejoso, aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía, por lo que en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que la parte quejosa a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a una terminación anticipada supondría, un menoscabo a la lealtad que las partes emitieron para la terminación anticipada del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una terminación anticipada y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad de la improcedencia de nulidad de datos de pruebas, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder a la forma de terminación anticipada que solicitó, implicaba que aceptara ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, es más que claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber manifestado su consentimiento respecto del acto reclamado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, 25 DE MAYO DEL 2021 A T E N T A M E NT E : EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LICENCIADO JAVIER MORALES GUZMÁN (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informando que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el ilícito de tentativa de homicidio. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente. La resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, el quejoso reclamó ante esta instancia constitucional, la resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460; sin embargo, de la promoción de cuenta, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informó que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de terminación anticipada, el imputado no podrá ser sentenciado a una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada y aceptada por el acusado y sólo se deberá fijar el monto de la reparación del daño, aceptado o rechazando las obligaciones que en su caso formule la víctima. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en una forma de terminación anticipada del proceso. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue el propio quejoso, aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía, por lo que en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que la parte quejosa a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a una terminación anticipada supondría, un menoscabo a la lealtad que las partes emitieron para la terminación anticipada del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una terminación anticipada y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad de la improcedencia de nulidad de datos de pruebas, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder a la forma de terminación anticipada que solicitó, implicaba que aceptara ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, es más que claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber manifestado su consentimiento respecto del acto reclamado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informando que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el ilícito de tentativa de homicidio. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente. La resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [...]" De la porción normativa inserta se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2. Hay consentimiento expreso, también, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 3. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por tanto, interpretando la fracción en comento, se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que ya han sido consentidos de una manera indubitable, bien sea porque tácitamente o de manera expresa se consienta el acto; porque en su momento, no se ejercitó un derecho para atacarlo, o bien, porque la persona exteriorice al mundo fáctico determinada conducta con la que se presuma que ha consentido la práctica del acto que, posteriormente diga le causa perjuicio. En el caso concreto, el quejoso reclamó ante esta instancia constitucional, la resolución dictada en audiencia de tres de abril de dos mil veintiuno en la causa penal 118/2021, mediante la cual la autoridad responsable decretó improcedente el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460; sin embargo, de la promoción de cuenta, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, informó que el diecinueve de mayo actual, se autorizó la tramitación del procedimiento abreviado, al cumplirse los requisitos previstos en los numerales 201, 202, 203 y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el acusado aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía. Asimismo, en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño. Ahora bien, cabe destacar que la redacción actual del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17 (.). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." Con la reforma constitucional, la justicia restaurativa y la retributiva, coexisten en el nuevo sistema de justicia penal; la justicia retributiva significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados: así reacciona el Estado contra los gobernados que cometan delitos. En este sentido, el legislador es quien determina (a través de las normas sustantivas penales) el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad. En cambio, la justicia restaurativa, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar; ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo; no obstante ello, el segundo, se construye sobre la premisa de que el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y de que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. Con todo, la justicia restaurativa continúa teniendo como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que no pretende ya, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa, se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro, esto es, demanda que las partes envueltas en el conflicto sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). En este sentido, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Es así, porque la aceptación del inculpado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de terminación anticipada, el imputado no podrá ser sentenciado a una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada y aceptada por el acusado y sólo se deberá fijar el monto de la reparación del daño, aceptado o rechazando las obligaciones que en su caso formule la víctima. En cambio, constituyen decisiones exclusivas de las partes, la opción de participar en una forma de terminación anticipada del proceso. Conforme a lo expuesto, en la especie se estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, debido a que fue el propio quejoso, aceptó ser juzgado con los datos de prueba que expuso la fiscalía, por lo que en la propia fecha, se emitió fallo en sentido condenatorio contra el aquí quejoso Celso Andrés Velázquez Prado, por el hecho ilícito de resistencia de particulares y el de tentativa de homicidio. De modo que, si este juzgador emprendiera el estudio de fondo de los actos reclamados, a pesar que la parte quejosa a través de un consentimiento libre y voluntario, decidió someter la controversia penal a una terminación anticipada supondría, un menoscabo a la lealtad que las partes emitieron para la terminación anticipada del proceso y desnaturalizaría el sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como lo son que, por un lado, participe en una terminación anticipada y, por otro, cuestione a través del juicio de amparo la constitucionalidad de la improcedencia de nulidad de datos de pruebas, aun cuando de antemano sabía que uno de los requisitos para acceder a la forma de terminación anticipada que solicitó, implicaba que aceptara ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Entonces, es más que claro que la parte quejosa exteriorizó inequívocamente manifestaciones de voluntad que entrañaron el consentimiento de los actos reclamados; lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita como apoyo de esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), a que se hizo alusión líneas atrás, derivada de la contradicción de tesis 220/2016, publicada en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014495, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber manifestado su consentimiento respecto del acto reclamado. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    ??????????????? A U D I E N C I A I N C I D E N T A L. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I- 311/2021-Edg, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, se hace constar que el presente incidente de suspensión se encuentra debidamente integrado para resolver. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. A lo que el juez provee: Toda vez que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguno precluye su derecho para hacerlo. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. La parte quejosa Celso Andrés Velázquez Prado señala como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, y como acto reclamado el siguiente: - La determinación dictada en la audiencia de tres de abril del presente año, dentro de la causa penal 118/2021, en la que no se admite el incidente de nulidad de datos de prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460 Segunda. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que es cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado y en el escrito de demanda refiere que se encuentra recluido. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 ??????????????? II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, en derecho procede realizar el siguiente análisis: De acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Por tanto, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa, se advierte que se solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en una determinación dictada en la audiencia de tres de abril del presente año, dentro de la causa penal 118/2021, en la que no se admite el incidente de nulidad de datos de JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 prueba correspondientes a la carpeta de investigación con número único de caso 1006202111460. En consecuencia, en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional, no se advierte que el acto reclamado resulte inconstitucional ni en relación con sus consecuencias jurídicas, toda vez que los datos aportados en la demanda de amparo no resultan suficientes para tener por demostrada la apariencia del buen derecho, entendiéndose como la posible inconstitucionalidad del acto motivo de reclamo, pues no se cuenta con elementos que conduzcan a llegar a una conclusión objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por la parte quejosa probablemente sea fundada, es decir, lo más adecuado posible al contexto fáctico y normativo en el que se origina el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, virtud de que los efectos para los que la solicita la parte quejosa pues el acto reclamado es de carácter negativo y no permite ser suspendido, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que no se actualiza en el presente caso, ya que de concederse se crearían derechos restitutorios que son propios de la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 77, publicada en la página 126, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, de rubro: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 ??????????????? Lo anterior, en virtud de que no se advierte la existencia algún derecho humano que deba ser protegido o restituido de manera provisional, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio de amparo, ni que el acto se pueda consumar de manera que sea imposible o improbable la restitución a la parte peticionaria de amparo en el goce pleno del derecho humano que se dice violado. Apoya lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007358, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se niega a Celso Andrés Velázquez Prado, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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