Celia Mayo Rodríguez
Expediente 1062/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director en Jefe del Registro Agrario Nacional
- Celia Mayo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de ********************, parte promovente del amparo, atento a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que anexó al presente expediente, y como autorizadas a las personas que indica para tal efecto, previo recibo que de ello se deje en autos, acta de entrega y copia certificada de la identificación de quien los recoja. Hágasele saber que para la comparecencia referida deberá tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringida, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarla previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de 0revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1062/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Celia Mayo Rodríguez, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 1062/2021 y en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Requerimiento de constancias. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y derivado de lo manifestado por la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán al rendir su informe justificado, se le requirió para que acreditara que ya había finalizado los trámites con número de solicitudes 16200006056, 16200006057 y 16200006059. Por oficio SDR/DJ/249/2022, presentado en este juzgado de distrito el cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, exhibió diversas constancias con las que acreditó que ya había dado respuesta a los trámites con número de solicitudes 16200006056, 16200006057 y 16200006059. Cuarto. Solicitud de ampliación de demanda. Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, Celia Mayo Rodríguez, manifestó su deseo de ampliar la demanda en contra del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional. Al respecto, en auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, se le previno para que dentro del término de cinco días, precisara el acto por el cual pretendía ampliar su demanda; indicara la forma y fecha en que tuvo conocimiento de éste y señalara los antecedentes del mismo, apercibida que de no hacerlo se resolvería sobre litis constitucional con las autoridades responsables y actos reclamados en su escrito inicial de demanda. Quinto. Se hizo efectivo apercibimiento. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós y toda vez que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento de ocho anterior, se hizo efectivo el apercibimiento y se determinó que el juicio se seguiría únicamente por las autoridades y actos señalados en el libelo constitucional. Sexto. Vista para ampliar respecto de la respuesta. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se dio vista la quejosa con la respuesta emitida por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, respecto de los trámites con número de solicitudes 16200006056, 16200006057 y 16200006059 para que bajo protesta de decir verdad manifestara si deseaba señalarla como acto reclamado, apercibida que de no hacerlo se resolvería la litis constitucional con las autoridades responsables y acto reclamado de su escrito inicial de demanda. El seis de abril de dos mil veintidós, la quejosa pretendió dar cumplimiento a la prevención; sin embargo, en proveído de ocho siguiente, se determinó que tenía que cumplir con todas y cada una de las formalidades contenidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, apercibida que de no hacerlo se tendría por no presentada su ampliación. La quejosa, el diecinueve de abril del año en curso volvió a intentar dar cumplimiento al requerimiento; sin embargo, en auto de veintiuno siguiente se determinó que debía estarse a lo acordado en proveído de ocho del mismo mes y año, en el entendido que quedaba subsistente el apercibimiento formulado en autos. Séptimo. Efectivo apercibimiento. El veintiséis de abril de dos mil veintidós, y toda vez que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento de ocho del mismo mes y año, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó seguir el presente juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en el libelo constitucional. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la quejosa reclama una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por la quejosa al Director en Jefe, al Director General de Registro y Control Documental, a la Directora de Normatividad Registral, todos del Registro Agrario Nacional y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, consiste en: La omisión de dar respuesta a las solicitudes de trámite de enajenación de derechos parcelarios, con números de solicitud 16200006056, 16200006057 y 16200006059, presentadas el diez de noviembre de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director en Jefe, al Director General de Registro y Control Documental, a la Directora de Normatividad Registral, todos del Registro Agrario Nacional y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. En efecto, el Director en Jefe, el Director General de Registro y Control Documental y la Directora de Normatividad Registral, todos del Registro Agrario Nacional, al rendir su informe justificado -lo cual hicieron de manera conjunta- manifestaron que no era cierto el acto reclamado, ya que las solicitudes fueron presentadas ante la Delegación de dicho órgano desconcentrado en el Estado de Michoacán. Lo que así se advierte de las solicitudes 16200006056, 16200006057 y 16200006059, de ahí que deban tenerse por inexistentes. Por su parte, la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado adujo que no era cierto la omisión atribuida, toda vez que con fecha tres de diciembre de dos mil veinte, emitió respuesta a los trámites iniciados por la quejosa con números de solicitud 16200006056, 16200006057 y 16200006059. No obstante lo anterior, y toda vez que la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, no adjuntó documentales con las que probara lo afirmado en su informe justificado, este juzgado de distrito, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la requirió para que remitiera las constancias con las que acreditara que ya había finalizado los trámites con números de solicitud 16200006056, 16200006057 y 16200006059, lo que así efectuó mediante oficio SDR/DJ/249/2020. Ahora bien, de las constancias que exhibió la referida Delegada, se advierte que, efectivamente, el tres de diciembre de dos mil veinte, emitió respuesta a los trámites iniciados por la quejosa con números 16200006056, 16200006057 y 16200006059, en el sentido de denegar los servicios registrales solicitados. En ese contexto, es evidente a la fecha de presentación de la demanda -diecinueve de noviembre de dos mil veintidós- no existía la omisión reclamada por la parte quejosa, pues ya se había dado respuesta a su escrito [el tres de diciembre de dos mil veinte]. Es aplicable -en lo conducente- la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en el considerando anterior. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Celia Mayo Rodríguez por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso tercero. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de abril del año en curso, para el efecto de que aclarara su escrito de ampliación de demanda, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en el líbelo constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
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