Celia Vazquez Ibarra

Expediente 1132/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1132/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Celia Vazquez Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (f. 33-37), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; contra actos de la autoridad que denominó como Dirección General de Desarrollo Urbano, con residencia en Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1132/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad que describió como Dirección General de Desarrollo Urbano, con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió de la forma siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- El acto consistente en permiso de construcción de una barda, en fecha 4 de diciembre de 2017, ubicado en la calle *** Celaya Guanajuato, por parte de la autoridad responsable. Asimismo, de la demanda de cuenta y anexo que se adjuntó, como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que la quejosa tiene su domicilio en la casa habitación que se encuentra ubicada en calle *** de Celaya, Guanajuato, desde mil novecientos noventa y nueve, fecha en que construyó su casa y desde entonces habita hasta el día de hoy. De igual forma, la quejosa no tiene escritura pública respecto del referido inmueble y la posesión la obtuvo por donación verbal que le hizo a su favor su padre ***; y acude a solicitar la protección constitucional porque la responsable otorgó un permiso de construcción de una barda que de llevarse a cabo, le impediría la entrada a su casa habitación ubicada en el indicado domicilio. Fijado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. En lo que aquí interesa, cabe puntualizar que del contenido de la fracción anotada se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y establece como condición para ello, que de acuerdo con la Ley que contemple el medio de defensa o recurso, se permita la suspensión del acto reclamado con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y destaca la excepción al principio de definitividad de que se habla pues la fracción de mérito establece que cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, la parte quejosa no tendrá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa. Dicho de otro modo, cuando el acto que se reclama en un juicio de amparo carece totalmente de fundamentación, la quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que establecen las leyes secundarias antes de acudir al juicio de garantías. Además, tampoco existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, se encuentran satisfechos los requisitos que exige la fracción del artículo mencionado para la actualización de la aludida causal de improcedencia por lo siguiente: a) El acto reclamado no se atribuye a un Tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo; sino a autoridad distinta, en el caso, a la Dirección General de Desarrollo Urbano de Celaya, Guanajuato. b) En contra del acto reclamado consistente en el permiso de construcción de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de Celaya, Guanajuato, respecto del inmueble ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato; procede el proceso administrativo y/o juicio de nulidad ante el Juzgado Administrativo Municipal de Celaya, Guanajuato; o bien, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; de conformidad con el artículo 243 segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; precepto legal que a la letra dice: Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses de los particulares. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. Las resoluciones de los Juzgados Administrativos Municipales que pongan fin al proceso administrativo podrán ser impugnados por las partes, mediante el recurso de revisión ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. c) Así también, la Ley que establece el indicado medio de defensa concede la suspensión del acto mediante la interposición del medio de defensa señalado; y además, dicha Ley no exige mayores requisitos que aquellos que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo que se encuentra definido en la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 163764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.1o.A.T. J/18 Página: 1107 PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados. Ahora, la causal de improcedencia que se analiza señala que la parte solicitante del amparo no se encuentra obligada a observar el principio de definitividad si se actualiza alguno de los siguientes casos de excepción. I. No existe obligación de agotar el medio de defensa invocado si el acto reclamado carece de fundamentación. En el caso, no se actualiza tal excepción porque en primer término, el permiso de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se encuentra fundamentado en diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato, Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y Reglamento de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Celaya, Guanajuato. Y de igual forma, no debe perderse de vista que en el caso, el acto reclamado se hace depender del permiso para la construcción de una barda; lo que significa que con independencia de que los artículos que se mencionan en el permiso reclamado, sean o no correctos en su aplicación o interpretación, lo cierto es que sí se encuentra fundamentado; o dicho de otro modo, no carece de fundamentación, lo que no permite a la parte quejosa ubicarse en el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 210793 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: XVI.1o. J/16 Página: 99 ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten. II. Así también, respecto del caso de excepción relativo a que la parte solicitante del amparo no se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad cuando sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, dicho caso de excepción no se actualiza en la especie porque si bien la promovente refiere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ello lo hace depender de que, a su juicio, el permiso no le ha sido notificado; es decir, la autoridad ha sido omisa en entregarle acta de notificación circunstanciada para tener oportunidad de ofrecer su defensa; y que el referido permiso fue emitido en contravención al principio de legalidad en su perjuicio; por lo que no puede decirse que exista violación a los artículos 14 y 16 Constitucional y menos aún una violación directa a la Constitución; lo que no permite se actualice el caso de excepción en trato. Con independencia de lo anterior, es menester señalar que el caso de excepción que se analiza y a que se refiere el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, únicamente se actualiza cuando sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, no cuando se vierten argumentos que no son o pueden considerarse como violaciones directas a la Constitución. III. En ese orden, en relación con el caso de excepción consistente en que la parte solicitante no se encuentra obligada a agotar el medio de defensa correspondiente, cuando el recurso o dicho medio de defensa se encuentre previsto en un Reglamento sin que la Ley aplicable contemple su existencia, dicha hipótesis de excepción no se actualiza porque el medio de defensa a que se hizo referencia en el inciso b), se encuentra previsto en una Ley que establece claramente su existencia sin que se requiera mayor interpretación para ubicar su procedencia y no se encuentra establecido en un Reglamento sino en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Por los motivos expuestos, se concluye que en la especie se ha actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se encuentra contemplada en el artículo 61 fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte solicitante del amparo, antes de ocurrir a la promoción del juicio de amparo biinstancial, debió haber agotado el proceso administrativo y/o juicio de nulidad ante el Juzgado Administrativo Municipal de Celaya, Guanajuato; o bien, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; de conformidad con el artículo 243 segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y al no hacerlo, no observó el principio de definitividad que impera para la procedencia del juicio de amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la Tesis siguiente: Novena Época Registro: 191539 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Página: 156 DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (El subrayado es nuestro). Contradicción de tesis 82/99-SS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***; toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos a los licenciados ***, por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle *** de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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