Celia Patiño Paredes

Expediente 740/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
740/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Celia Patiño Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de veinte de agosto de dos mil diecinueve. Conforme lo disponen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por tanto, Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo, el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Vista la demanda suscrita por ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Único de Partido Civil, con residencia en Apaseo el Grande; y, del Juez de Partido Civil en Turno, residente en Dolores Hidalgo, ambos del Estado de Guanajuato, por violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 740/2019-II.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Una vez analizada la demanda de amparo se estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, a virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia. Al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los actos que reclama la parte quejosa, en específico, son los siguientes: El auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Único de Partido Civil, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en el que se ordena poner en posesión física, material y jurídica a la parte actora ***, los predios rústicos denominados los ***, cuyas medidas y colindancias se encuentran en la escritura número 17,763. Pues en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto, lo artículos invocados, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (El énfasis es de este tribunal) De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa en su demanda, se advierte que en el mes de abril de dos mil diecisiete, fue presentada demanda civil de rendición de cuentas y otras prestaciones ante el Juzgado Único de Partido Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, la cual fue radicada bajo el número de expediente ***; dictándose sentencia el veinticinco de junio de dos mil dieciocho. En fecha siete de agosto de ese mismo año, se tuvo a la parte actora admitido recurso de apelación en contra de dicha sentencia, tocando conocer de dicho recurso a la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quedando registrado con el número de toca civil ***, el once de septiembre de ese mismo año, se emitió la sentencia modificando la sentencia emitida por el Juez Único Civil de Partido. Inconforme con la citada resolución la parte quejosa interpuso demanda de amparo directo la cual fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimosexto Circuito, misma que quedó registrada con el número de expediente ***; asimismo la parte actora interpuso demanda de amparo directo, siendo turnado al citado Colegiado, bajo el número de expediente ***. Que fueron resueltos los mencionados juicios de amparo el tres de abril de dos mil diecinueve, donde se ordenó al Tribunal de Alzada emitir nueva sentencia, lo que así sucedió el once de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de modificar la resolución apelada; sin que las partes se inconformaran con tal decisión. Después de diversas actuaciones el dos de agosto de dos mil diecinueve, se dictó un acuerdo en el que se ordena poner en posesión física, material y jurídica a la parte actora Alejandro Patiño Paredes, los predios rústicos denominados los ***, cuyas medidas y colindancias se encuentran en la escritura número 17,763, esto, en cumplimiento a la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, siendo este el acto reclamado. Todo lo anterior, evidencia que en la especie, se está en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, ya que en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente ***, se ordenó poner en posesión física, material y jurídica a la parte actora ***, los predios rústicos mencionados. De suerte que el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, identificado como acto reclamado, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución mencionado, por lo que el acto reclamado no se encuentra en las hipótesis del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. Así resulta, puesto que no debemos perder de vista, que únicamente los actos que tienen ejecución de imposible reparación, son aquéllos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en contra de los cuales sí procede el juicio de amparo indirecto. Empero, como aconteció en el presente caso, en que el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no resulta procedente dilucidar si el acto motivo de queja, tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento, pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y entonces resulta necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, como en el caso a estudio, el acto que tiende a cumplir la sentencia no obstante que lesiona derechos sustantivos, lo es en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo; de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por su contenido, es de citarse la tesis aislada publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Civil, página 2396, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES. Si después de dictada la sentencia definitiva condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil, el actor promueve incidente de ejecución, siguiendo todas las etapas, como el avalúo del bien inmueble a rematar para obtener el cobro de su crédito y publicaciones de los edictos, y aun habiéndose fincado el remate del bien a su favor o de algún postor, la autoridad responsable no lo aprueba por irregularidades procesales, resulta un derecho del ejecutante solicitar al Juez natural la fijación de nueva fecha para una segunda almoneda, con el fin de obtener la composición de su derecho, sancionado por sentencia firme; y si el Juez dicta auto en el mismo procedimiento de ejecución accediendo a la petición del actor y ordena nueva subasta conforme a las de su clase, es inconcuso que el demandado, de no estar de acuerdo, debe interponer contra dicho auto el recurso ordinario de apelación que le conceden los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tendiente a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, con independencia de que por tratarse del procedimiento de remate, sólo sea factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y, de no ser así, es correcto el desechamiento del amparo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII y 145 de la ley que lo regula, por tratarse de un acto intermedio dentro del procedimiento de remate. Además, la resolución que desaprueba el remate en primera almoneda, no es la última para legitimar la procedencia del amparo, toda vez que el actor que obtuvo sentencia favorable, está en su derecho de una segunda almoneda para cobrar el crédito sancionado por la autoridad judicial, y mientras no se cubran las prestaciones obtenidas como resultado del juicio seguido contra el deudor, dicho actor puede instar una segunda almoneda, con lo que se renueva el procedimiento de ejecución, el que sí podrá ser reclamado a través del referido amparo por el ejecutado, siguiendo previamente todas las fases del procedimiento de remate. También resulta aplicable al caso concreto, la de jurisprudencia número I.5o.C. J/9, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1088, del Tomo XVI, del mes de Agoto de 2002, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es +procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." Al igual que el criterio contenido en la Tesis XX. 291 K, del TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, consultable en la página 545, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento. De igual forma, tiene aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Las tesis invocadas, son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra sustenta: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Por lo anterior, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por **. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Como lo solicita la promovente del amparo, se ordena realizarle las notificaciones correspondientes en el correo electrónico que señala el promovente como ***. Lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la misma legislación, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a virtud de que se ha verificado por esta secretaría que dicho correo, le fue asignado por el Portal de Servicios en Línea el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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