Celia Spindola Pedraza
Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Celia Spindola Pedraza
- Junta Especial Número Tres de laLocal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a CELIA SPÍNDOLA PEDRAZA, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Posteriormente, por oficio presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la junta responsable allegó copia certificada de las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 3C-674/2017, de su índice. 2. En su lugar, emita otra en la cual con plenitud de jurisdicción, analice exhaustiva y congruentemente los argumentos expuestos mediante su escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, a través de los cuales pretendió demostrar la nulidad de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho." 1) En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 3C-674/2017, se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno y se ordenó emitir una nueva siguiendo lo los lineamientos de la sentencia de amparo. 2) Con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dictó nueva resolución interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en el citado juicio y en la cual, para cumplir con las observaciones hechas en el fallo protector, se realizó lo siguiente: - Realizó el listado de los argumentos expuestos por la parte quejosa en la incidencia de mérito; - Luego de analizar las pruebas ofrecidas y dar respuesta cada uno de los argumentos expuestos, declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la representación legal de Celia Spíndola Pedraza, declaró nula la notificación de laudo llevada a cabo el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y comisionó al actuario de la junta responsable, para que con copia del laudo emitido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, notifique a la demandada y aquí quejosa, cumpliendo todas y cada una de las formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa con fecha de seis de abril del año en curso, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Celia Spindola Pedraza. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 3C-674/2017 de su índice. 2. En su lugar, emita otra en la cual con plenitud de jurisdicción, analice exhaustiva y congruentemente los argumentos expuestos mediante su escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, a través de los cuales pretendió demostrar la nulidad de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón actuarial levantada el doce de abril del año en curso, por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada Martha Lezama Medina, por sí o a través de sus apoderados, la sentencia de engrose de seis de abril del año actual; por los motivos que esgrime en la misma. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la citada tercera interesada, en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y se ordena notificar por lista la sentencia de engrose de seis de abril de este año y las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO a la tercera interesada Martha Lezama Medina, por sí o a través de sus apoderados, la sentencia de engrose de seis de abril del año dos mil veintidós, que en su parte relativa dice: Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número 1034/2021-I, promovido por Celia Spíndola Pedraza, a través de su apoderado jurídico Ramón González González, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Celia Spíndola Pedraza, a través de su apoderado jurídico Ramón González González, promovió demanda de amparo contra el siguiente acto: "4. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable se reclama la inconstitucionalidad de la resolución interlocutoria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, que sobre nulidad de notificación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 3C-674/2017, la parte que represento promoviera el once de junio de dos mil diecinueve." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se registró bajo el número de expediente 1034/2021-I, se admitió a trámite la demanda, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclama una resolución interlocutoria emitida en un juicio laboral por una junta local de conciliación y arbitraje que tiene residencia en el lugar donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 3C-674/2017, del índice de la junta responsable, en la que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa, demandada en el juicio natural, en contra de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, respecto del laudo que resolvió en lo principal el juicio laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas de algunas constancias del juicio laboral 3C-674/1017, que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Celia Spíndola Pedraza, resultan esencialmente fundados y, por ende, suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. En su primer concepto de violación, la promovente alega medularmente que la autoridad responsable, al emitir la resolución interlocutoria reclamada, inobservó el principio de exhaustividad que debe regir en todas las determinaciones jurisdiccionales. Al respecto, refiere que al analizar la validez de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, hizo referencia a una diversa constancia de once de septiembre del mismo año y omitió analizar de fondo los argumentos planteados para demostrar la invalidez de dicha actuación judicial, tales como, que no se asentó el domicilio en el que se practicó la notificación, aun cuando se haya realizado en los estrados de la junta responsable, que no se le dejó copia de la resolución respectiva y que se señaló incorrectamente el nombre de la destinataria de dicha notificación. Argumentos que indica no fueron atendidos por la autoridad responsable pues no analizó de fondo la nulidad de la notificación impugnada; tampoco tomó en consideración la manifestación que realizó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dicha actuación hasta el seis de junio de dos mil diecinueve. En relación con lo anterior, en su segundo motivo de disenso refiere que tales circunstancias violan en su perjuicio las reglas del procedimiento y sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Motivos de disenso que como ya se adelantó, resultan fundados, tal como se explica a continuación. En principio, debe señalarse que el derecho fundamental de legalidad, se encuentra previsto en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, el cual determina: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". Por su parte, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio laboral de origen dispone lo siguiente: "Artículo 842. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." Como se advierte, el precepto transcrito comprende los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir a toda resolución. Al respecto, existe plena conformidad en la praxis judicial y en la doctrina, respecto a que la congruencia de las resoluciones se refiere a dos aspectos: 1)La congruencia externa, que comprende la plena conformidad entre lo pedido por las partes y lo resuelto en el fallo, y obliga al juzgador a ocuparse de todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, así como de los hechos y las razones expuestas para sustentar lo pedido, y también de lo planteado en la contestación a la demanda, especialmente de las defensas y excepciones hechas valer en esa actuación. 2)La congruencia interna, que consiste en la coherencia de la resolución, de manera que no se incluyan decisiones, afirmaciones ni negaciones contradictorias en todo el texto decisorio del documento, ya sea entre consideraciones o entre puntos resolutivos. El requisito de congruencia externa se satisface cuando el fallo se ocupa de las cuestiones hechas valer por las partes tal como fueron planteadas, así como de las que deban examinarse ex officio por el juzgador, concernientes a la materia del proceso o medio impugnativo de que se trate. En cambio, su cumplimiento será deficiente, gradualmente, en la medida que se omita abordar una o más de esas cuestiones o se incluya en el análisis y decisión alguno o más puntos ajenos al objeto del litigio o de los agravios en los recursos. Al respecto conviene precisar que, como el Derecho Procesal es prioritariamente instrumental, en la práctica judicial se encuentran situaciones en las que se puede omitir el estudio de algunos puntos del litigio o argumentos impugnativos, como consecuencia lógica y jurídica de lo que ya ha sido objeto de estudio y decisión, sea porque deba reponerse el procedimiento, porque se trate de pretensiones accesorias cuando las principales quedan denegadas, porque lo examinado sea suficiente para acoger irremisiblemente todas las pretensiones del exponente, etcétera. No obstante, cuando se presenten esas situaciones, la omisión de estudio se debe explicar y justificar. Por otro lado, sobre el concepto de exhaustividad, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, señala lo siguiente: "1. f. Cualidad de exhaustivo." En la voz exhaustivo, exhaustiva, se lee: "(Del lat. exhaustus, agotado).- 1. adj. Que agota o apura por completo." El vocablo agotar, en lo que aquí interesa, se define así: "Gastar del todo, consumir. Agotar el caudal, las provisiones, el ingenio, la paciencia. U. t. c. prnl. Agotarse una edición." Mientras que el verbo apurar, tiene los siguientes conceptos: "(De puro).- 1. tr. Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión. 2. tr. Extremar, llevar hasta el cabo. 3. tr. Acabar o agotar." La correlación de los significados destacados en los párrafos precedentes, en busca de su aplicación al documento en que se plasma una decisión, guían hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el resolutor no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tema, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que considere en la asunción de un criterio, sin reservarse alguna en el ámbito personal y, en general, que exprese todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, estimar o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. En ese sentido, es clara la diferencia que existe entre las voces congruencia y exhaustividad, en donde la primera se distingue, en su aspecto externo, por la exigencia al juez de ocuparse de todas y cada una de las cuestiones relevantes del proceso o parte de éste que se resuelve, y la segunda se orienta a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revista de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa. Una vez establecido lo anterior, es necesario reseñar los principales antecedentes del acto reclamado. A.Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil diecisiete ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, la aquí tercera interesada Martha Lezama Medina, promovió demanda laboral en la que reclamó de la aquí quejosa Celia Spíndola Pedraza y otros, el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones con motivo de la terminación injustificada de la relación laboral que tenía con la demandada. Misma que se admitió a trámite y se registró bajo el número de expediente 3C-674/2017, del índice de la responsable. B.Una vez desahogado el procedimiento laboral apuntado en todas sus etapas, se dictó laudo el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, que declaró la procedencia de las prestaciones reclamadas por la actora y se condenó a la aquí quejosa al pago de las cantidades correspondientes. C. Dicha determinación se ordenó notificar a las partes del juicio laboral y, por lo que ve a la solicitante del amparo, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho se le notificó por medio de estrados, al razonarse que no tenía domicilio procesal señalado. D. Posteriormente, mediante escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones, al estimar que la notificación apuntada contenía vicios que implicaban dejar insubsistente dicha actuación y reponerse el procedimiento laboral de origen. E. La incidencia planteada se resolvió mediante sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se declaró su improcedencia por haberse presentado de manera extemporánea por haberse promovido fuera del término de tres días establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior al considerar que, contrario a lo alegado por la quejosa, ésta tuvo conocimiento de la emisión del laudo y de su notificación desde el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la medida en que la notificación que se le practicó en esa fecha se realizó con apego en lo establecido en el diverso numeral 739 de la legislación apuntada, pues en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se celebró en el juicio natural se hizo constar que la demandada, aquí quejosa, omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y, por tanto, fue acertado que la notificación de referencia se le hubiese practicado mediante estrados. De manera que era innegable que si la notificación en comento se realizó conforme a las reglas correspondientes; entonces, era evidente que el incidente presentado para combatirla se presentó de manera extemporáneo. (Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). Con esas bases, es dable afirmar que como acertadamente lo alega la quejosa, la autoridad responsable vulneró en su perjuicio el principio de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, en la medida en que al resolver respecto de la incidencia planteada, la autoridad responsable no analizó de fondo los argumentos expuestos por la quejosa para evidenciar la nulidad de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, la autoridad responsable se limitó a considerar que la notificación apuntada se practicó conforme a derecho al indicar únicamente que derivado de la omisión de la demandada, aquí quejosa, de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dicha notificación se practicó mediante estrados, en términos de lo señalado en el numeral 739 de la Ley Federal del Trabajo; ello sin analizar propiamente los argumentos hechos valer por la actora incidental. Por ende, debe concluirse que como lo señala la quejosa, la junta responsable no dio una respuesta a ninguno de los planteamientos que se le formularon, aun cuando la naturaleza de la incidencia planteada consistía precisamente en examinar conforme a tales argumentos, si la notificación de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho efectivamente cumplió con todos los requisitos para tenerla como válida y, a partir de ahí, considerar si era procedente o no dejar insubsistente dicha actuación y reponer el procedimiento laboral de origen. Planteamientos que debieron contestarse de manera completa y exhaustiva por la junta responsable, dado que omitir su estudio causa un perjuicio al quejoso, en la medida en que tal omisión implica negarle la posibilidad de recibir una respuesta de fondo respecto de una cuestión que hizo valer ante una autoridad jurisdiccional y, además, le resulta de interés por haberse tenido como válida una notificación que estima que se le practicó incorrectamente, pues le impidió conocer de manera oportuna lo resuelto en el procedimiento laboral en el que participó. Finalmente, cabe señalar que jurídicamente no es factible que este juzgado reemplace a la autoridad responsable en el análisis de la legalidad de la notificación apuntada, pues ello iría en contravención al contenido de la Constitución y la Ley de la materia, ya que la materia del presente juicio de amparo se ciñe únicamente a la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno. De ahí que este juzgador únicamente puede verificar la constitucionalidad del acto que se reclama, considerando las razones expuestas por la responsable en dicha determinación para desestimar el incidente planteado por la quejosa. Luego, ante la omisión destacada, debe existir primero un pronunciamiento por parte de la autoridad responsable respecto de lo acertado de los motivos de nulidad expuestos para determinar si los mismos son acertados. En las relatadas consideraciones, si la resolución reclamada transgredió en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad que en la emisión de toda resolución se deben observar, es dable concluir que viola el derecho fundamental de legalidad y acceso completo a la jurisdicción contenido en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal. Finalmente, debe señalarse que contrario a lo alegado por la quejosa, del contenido de la resolución reclamada se obtiene que no se analizó la legalidad de la diversa notificación de ocho de septiembre de dos mil dieciocho, sino que la actuación materia de análisis lo fue la practicada el veinticinco de septiembre del mismo año, como lo solicitó la propia quejosa al plantear el incidente de nulidad de actuaciones origen del acto reclamado. Por ende, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Celia Spíndola Pedraza. QUINTO. Efectos. Por tanto, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 3C-674/2017 de su índice. 2. En su lugar, emita otra en la cual con plenitud de jurisdicción, analice exhaustiva y congruentemente los argumentos expuestos mediante su escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, a través de los cuales pretendió demostrar la nulidad de la notificación que se le practicó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Celia Spíndola Pedraza, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para los efectos precisados en considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy seis de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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