Celia Munguia Viveros

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Celia Munguia Viveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Se autoriza la devolución de documento a la parte quejosa Visto el escrito de cuenta que presenta Alma Rosa González Flores, autorizada de la quejosa Celia Munguía Viveros; y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele devolución de la documental que solicita, previa acta que al efecto se levante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. SE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO A LA PARTE QUEJOSA Visto el escrito de cuenta que presenta la Licenciada Alma Rosa González Flores en cuanto autorizada de la parte quejosa; y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele devolución de las documentales que anexó con su escrito inicial de demanda, previa acta que al efecto se levante. Por último, téngase por autorizando para recogerlos, a las personas que señala en el ocurso de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito donde desahogó la vista relativa. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a CELIA MUNGUÍA VIVEROS, contra los actos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Congreso del Estado de Michoacán, interpusieron recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria con engrose de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia recurrida amparando a la quejosa. En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediando informes de las responsables sobre los trámites realizados y requerimientos formulados por este juzgado, por oficios presentados el trece, veintisiete, de septiembre, veintiuno de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil veintidós, el delegado de la responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias tendente a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho uso de ese derecho. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a las responsables y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 97/2021, de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Gobierno del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta y cuatro, seis meses y quince días, en que cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por lo cual si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la ahora amparista, ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad, no podrá aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa, en atención a su derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece: [.] En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la aquí quejosa, así como sus consecuencias legales." 1) La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en resolución relativa a la sesión celebrada el treinta de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; así como el oficio número 97/2021, por el que se le comunicó la autorización de jubilación; y se determinó la cantidad actualizada y mensual, que la quejosa deberá percibir por concepto de jubilación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente hasta el veinticinco de agosto de dos mil quince. 2) Con el oficio número 271/2022, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido a la quejosa y suscrito por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se le informó que se desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; de igual forma, se le notificaron los acuerdos tomados en la sesión de treinta de junio de dos mil veintidós; y se le comunicó que el beneficio que recibiría la quejosa, sería a partir de la primera quincena del mes de junio de dos mil veintidós, por el cien por ciento de su sueldo íntegro que percibía al momento en que causó baja como servidora pública; lo que se notificó a la quejosa, según se advierte de la firma de recibido; 3) Con el oficio número 85/2022, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, se comunicó al titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación mensual; y, 4) Con la impresión correspondiente al reporte de percepciones de jubilados y pensionados, correspondiente del treinta de junio al treinta y uno de agosto de este año, se acreditó el incremento en el pago de pensión a favor de la quejosa; y, 5) Con fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, se pagó a la quejosa vía transferencia electrónica "SPEI", el monto retroactivo por el ajuste de su pensión jubilatoria. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte la parte quejosa, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que no le cubrió la diferencia que resulta de la gratificación de fin de año o aguinaldo que le fue otorgada en el año dos mil veintiuno. Sin embargo, es necesario señalar que las autoridades responsables, en desahogo al requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional, en torno al pago retroactivo del aguinaldo, establecieron que no resultaba procedente pagar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil veintiuno, ya que dicho concepto no se encuentra contemplado en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; ya que dicha prestación es exclusiva de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo; y la prestación a la que hizo referencia la quejosa y que erróneamente denomina como "aguinaldo", corresponde a una gratificación anual como apoyo económico que se otorga a los jubilados y pensionados de esa Institución. Bajo tales premisas, es oportuno puntualizar a la quejosa lo siguiente: - La prestación de aguinaldo a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo, se refiere a una prestación que se otorga a trabajadores en activo; - Luego, una vez que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, así como a los beneficios que pudieran regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación, en el caso concreto, bajo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. - Por ende, si dichos ordenamientos no prevén un pago de aguinaldo en los términos que lo pretende la quejosa, no es factible que vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le obligue a pagar a la responsables un monto que no se encuentra previsto en las leyes que establecen el régimen jubilatorio al que se encuentra sujeta la quejosa; máxime que, la falta de pago de aguinaldo, no fue considerado como un acto en la Litis constitucional planteada por la quejosa, ni la concesión otorgada estableció que se tuviera que pagar ese monto a la impetrante. Respecto a la manifestación de inconformidad que expresa la parte quejosa en relación a la aplicación de una tasa excesiva del Impuesto Sobre la Renta (35%) sobre la diferencia de pagos de pensión determinada a su favor; cabe señalar que la autoridad responsable, en desahogo al requerimiento que sobre esa inconformidad se le formuló, señaló los fundamentos legales sobre los cual se cuantificó ese gravamen. En ese sentido, dígasele a la parte quejosa que acudió en vía de amparo por estimar inconstitucional la aplicación de las normas legales que señaló en su demanda (de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán), respecto de las cuales se le concedió la protección constitucional, estableciéndose en la ejecutoria correspondiente el alcance material y concreto del fallo, y en la fase ejecutiva de la sentencia, se requirió a las responsables para que vía consecuencia y efecto del fallo protector, se determinara el pago de la diferencia entre el monto que se le venía pagando a la quejosa en relación a la nueva pensión que producto de la ejecutoria percibe ahora la quejosa, y que realizado el cálculo correspondiente, realizara el pago proporcional retroactivo a la quejosa, pero en ninguna parte de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, se determinó que la cantidad que se tuviera que devolver a la impetrante con motivo de las normas declaradas inconstitucionales, fuera libre de gravamen, esto es, sin aplicar los descuentos conforme a lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica y, por tanto, su aplicación no forma parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación, por no haber sido materia de la Litis alguna disposición fiscal aplicado en su perjuicio; motivos por los cuales, de estimar ilegal el porcentaje tributario que se le aplicó al reintegrarle su pago retroactivo, queda expedito su derecho para que lo haga vale en la vía correspondiente. Consecuentemente, de proceder en los términos que pretende la quejosa, se pudiera generar una ventaja procesal sobre los efectos para los cuales se otorgó el amparo, lo cual no es procedente, dado que los procedimientos de cumplimiento de amparo no deben prestarse para realizar trámites que no están previstos en la ley, y que sean innecesarios para el acatamiento a la sentencia protectora, ya que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria debe ser cumplida, sin excesos ni defectos. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento la Junta Directiva, Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito donde desahogó la vista relativa. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a CELIA MUNGUÍA VIVEROS, contra los actos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Congreso del Estado de Michoacán, interpusieron recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria con engrose de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia recurrida amparando a la quejosa. En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediando informes de las responsables sobre los trámites realizados y requerimientos formulados por este juzgado, por oficios presentados el trece, veintisiete, de septiembre, veintiuno de octubre y veintiocho de noviembre, todos de dos mil veintidós, el delegado de la responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias tendente a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho uso de ese derecho. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a las responsables y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 97/2021, de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Gobierno del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta y cuatro, seis meses y quince días, en que cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por lo cual si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la ahora amparista, ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad, no podrá aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa, en atención a su derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece: [.] En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la aquí quejosa, así como sus consecuencias legales." 1) La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en resolución relativa a la sesión celebrada el treinta de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; así como el oficio número 97/2021, por el que se le comunicó la autorización de jubilación; y se determinó la cantidad actualizada y mensual, que la quejosa deberá percibir por concepto de jubilación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente hasta el veinticinco de agosto de dos mil quince. 2) Con el oficio número 271/2022, de once de julio de dos mil veintidós, dirigido a la quejosa y suscrito por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se le informó que se desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; de igual forma, se le notificaron los acuerdos tomados en la sesión de treinta de junio de dos mil veintidós; y se le comunicó que el beneficio que recibiría la quejosa, sería a partir de la primera quincena del mes de junio de dos mil veintidós, por el cien por ciento de su sueldo íntegro que percibía al momento en que causó baja como servidora pública; lo que se notificó a la quejosa, según se advierte de la firma de recibido; 3) Con el oficio número 85/2022, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, se comunicó al titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación mensual; y, 4) Con la impresión correspondiente al reporte de percepciones de jubilados y pensionados, correspondiente del treinta de junio al treinta y uno de agosto de este año, se acreditó el incremento en el pago de pensión a favor de la quejosa; y, 5) Con fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, se pagó a la quejosa vía transferencia electrónica "SPEI", el monto retroactivo por el ajuste de su pensión jubilatoria. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte la parte quejosa, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que no le cubrió la diferencia que resulta de la gratificación de fin de año o aguinaldo que le fue otorgada en el año dos mil veintiuno. Sin embargo, es necesario señalar que las autoridades responsables, en desahogo al requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional, en torno al pago retroactivo del aguinaldo, establecieron que no resultaba procedente pagar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil veintiuno, ya que dicho concepto no se encuentra contemplado en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; ya que dicha prestación es exclusiva de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo; y la prestación a la que hizo referencia la quejosa y que erróneamente denomina como "aguinaldo", corresponde a una gratificación anual como apoyo económico que se otorga a los jubilados y pensionados de esa Institución. Bajo tales premisas, es oportuno puntualizar a la quejosa lo siguiente: - La prestación de aguinaldo a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo, se refiere a una prestación que se otorga a trabajadores en activo; - Luego, una vez que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, así como a los beneficios que pudieran regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación, en el caso concreto, bajo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. - Por ende, si dichos ordenamientos no prevén un pago de aguinaldo en los términos que lo pretende la quejosa, no es factible que vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le obligue a pagar a la responsables un monto que no se encuentra previsto en las leyes que establecen el régimen jubilatorio al que se encuentra sujeta la quejosa; máxime que, la falta de pago de aguinaldo, no fue considerado como un acto en la Litis constitucional planteada por la quejosa, ni la concesión otorgada estableció que se tuviera que pagar ese monto a la impetrante. Respecto a la manifestación de inconformidad que expresa la parte quejosa en relación a la aplicación de una tasa excesiva del Impuesto Sobre la Renta (35%) sobre la diferencia de pagos de pensión determinada a su favor; cabe señalar que la autoridad responsable, en desahogo al requerimiento que sobre esa inconformidad se le formuló, señaló los fundamentos legales sobre los cual se cuantificó ese gravamen. En ese sentido, dígasele a la parte quejosa que acudió en vía de amparo por estimar inconstitucional la aplicación de las normas legales que señaló en su demanda (de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán), respecto de las cuales se le concedió la protección constitucional, estableciéndose en la ejecutoria correspondiente el alcance material y concreto del fallo, y en la fase ejecutiva de la sentencia, se requirió a las responsables para que vía consecuencia y efecto del fallo protector, se determinara el pago de la diferencia entre el monto que se le venía pagando a la quejosa en relación a la nueva pensión que producto de la ejecutoria percibe ahora la quejosa, y que realizado el cálculo correspondiente, realizara el pago proporcional retroactivo a la quejosa, pero en ninguna parte de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, se determinó que la cantidad que se tuviera que devolver a la impetrante con motivo de las normas declaradas inconstitucionales, fuera libre de gravamen, esto es, sin aplicar los descuentos conforme a lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica y, por tanto, su aplicación no forma parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación, por no haber sido materia de la Litis alguna disposición fiscal aplicado en su perjuicio; motivos por los cuales, de estimar ilegal el porcentaje tributario que se le aplicó al reintegrarle su pago retroactivo, queda expedito su derecho para que lo haga vale en la vía correspondiente. Consecuentemente, de proceder en los términos que pretende la quejosa, se pudiera generar una ventaja procesal sobre los efectos para los cuales se otorgó el amparo, lo cual no es procedente, dado que los procedimientos de cumplimiento de amparo no deben prestarse para realizar trámites que no están previstos en la ley, y que sean innecesarios para el acatamiento a la sentencia protectora, ya que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria debe ser cumplida, sin excesos ni defectos. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento la Junta Directiva, Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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