Celia Martínez Calderón
Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Celia Martínez Calderón
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretaria de cuenta, del que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que alude el artículo 98, párrafo primero en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, apoderado legal de Celia Martínez Calderón, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 25 a 37), en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó; en tales condiciones, se declara que el mismo ha causado estado; por tanto, atento a lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. MESA V
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica con firma electrónica y evidencia criptográfica de Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, apoderado legal de Celia Martinez Calderon, personalidad que se encuentra acreditada en las actuaciones del expediente 50/2018, remitidas vía electrónica en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, remitida vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Capítulo Tercero de las Comunicaciones Oficiales Electrónicas del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 74/2019. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, apoderado legal de Celia Martínez Calderón, personalidad que se encuentra acreditada en las actuaciones del expediente 50/2018, remitidas vía electrónica en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Se reclama de la Autoridad responsable las violaciones al procedimiento laboral, consistente en que la hoy autoridad responsable indebidamente le tiene por contestada la demanda la persona moral o jurídica RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, codemandada el juicio de origen, siendo que desde la audiencia de conciliación de demanda y excepciones de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho se le tuvo por no acreditada la personalidad al Lic. Pedro Alexis González Arrazola, como apoderado de dicha moral. En el mismo sentido, se reclama de la Autoridad responsable la falta de aplicación de los artículos 686 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, pues a pesar de estar legalmente notificado la codemandada RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE el Lic. Pedro Alexis González Arrazola no acudió con documento idóneo para acredita su personalidad, es decir comparecer al juicio por conducto de apoderado legalmente autorizado mediante testimonio notarial o carta poder firmada por quien este legalmente autorizado y ante dos testigos. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...] El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el primer precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) con registro 2006589, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia Común, visible en la página 39, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio obligatorio invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Un acto emitido dentro de un juicio reviste las características de tener una ejecución de imposible reparación, cuando afecta directa y materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional del que el estado mexicano sea parte. Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. En término opuesto, en esta clasificación, se encuentran los derechos procesales que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, e incluso actualmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se le denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, es factible que los efectos puedan extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; aunado a que de resultar trascedente la violación a los derechos adjetivos en la sentencia final, ésta se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que, en su caso, se promueva, precisamente, contra el fallo final que haga valer la parte que le resulte desfavorable; de ahí que, con respecto a actos con efectos intraprocesales, el amparo biinstancial es improcedente al no vulnerar derecho sustantivo alguno. En el caso, el acto reclamado por la quejosa substancialmente es el siguiente: Las violaciones al procedimiento laboral, consistente en que autoridad responsable le tiene por contestada la demanda a la persona moral o jurídica RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, codemandada en el juicio de origen, siendo que desde la audiencia de conciliación de demanda y excepciones de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo por no acreditada la personalidad a Pedro Alexis González Arrazola, como apoderado de dicha moral. Asimismo, reclama la falta de aplicación de los artículos 686 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, porque a pesar de estar legalmente notificada la codemandada RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el licenciado Pedro Alexis González Arrazola no acreditó su personalidad para comparecer al juicio. Asimismo, la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto señaló: a). Que su representada CELIA MARTÍNEZ CRUZ presentó demanda laboral por vía ordinaria laboral, ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraria de Santa María Huatulco, Oaxaca. b). La demanda fue admitida por la autoridad responsable el once de mayo de dos mil dieciocho, radicada bajo el número 50/2018, señalándose fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. c). El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en donde se acordó que el suscrito Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, acreditó su personalidad como apoderado de la actora y que el licenciado Pedro Alexis González, acreditó su personalidad a través de carta poder signada por la apoderada de GRUPO CAPACITADOR ESPEICALIDAD EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C. V. así también de los codemandados físicos Samuel Castrillón Candas y Sherry Denise Mcleod y que por lo que respecta a la sociedad mercantil RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no se tuvo al licenciado Pedro Alexis González como apoderado de dicha persona moral. d). El veinte de agosto de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia del incidente de incompetencia. e). El diez de diciembre del año dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de incompetencia hecho valer por el apoderado de los demandados y la autoridad responsable se declaró competente para conocer y resolver el conflicto laboral, promovido por su poderdante, ordenando la reanudación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones única y exclusivamente por lo que respecta a la réplica y contrarréplica a las nueve horas con treinta minutos del día veinticinco de enero del año dos mil diecinueve. f). Por último, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que respecta a la réplica y contrarréplica y que en dicha audiencia, la autoridad responsable violentó los principios del debido proceso y seguridad jurídica de su poderdante, porque indebidamente tuvo por contestando la demanda a la persona moral RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo que en la audiencia anterior, es decir la de conciliación de demanda y excepciones de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo por no acreditada la personalidad al licenciado Pedro Alexis Gonzalez Arrazola. De la narrativa de antecedentes del acto reclamado, se advierte que la quejosa reclama que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que respecta a la réplica y contrarréplica, la autoridad responsable violentó los principios del debido proceso y seguridad jurídica de su poderdante, porque indebidamente tuvo contestando la demanda a la persona moral RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo que en la audiencia anterior, es decir la de conciliación de demanda y excepciones de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo por no acreditada la personalidad al licenciado Pedro Alexis González Arrazola. Dicho acto, como lo precisó la jurisprudencia 34/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación, porque, contrario a lo que se aduce, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa (quien es parte actora, en el juicio natural), dado que el actuar de la Junta Especial responsable de tener contestando la demanda a la persona moral RR. HH. GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo que en la audiencia anterior, es decir la de conciliación de demanda y excepciones de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se le tuvo por no acreditada la personalidad al licenciado Pedro Alexis Gonzalez Arrazola; no incide en ninguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte, en forma material, pues solamente transciende en los derechos adjetivos de las partes del juicio natural; por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal reclamable hasta la resolución que ponga fin al juicio, como podría ser la que resuelva el juicio natural, conforme al artículo 172, fracciones I y XII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) I. No se cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; (.) Resulta ilustrativa al caso, la tesis VII.2o.T.35 L (10a.), con registro 2011322, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia De Trabajo Del Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, visible en la página 1754, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y texto: PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)., se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto, promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.. En cambio, de continuarse el procedimiento laboral sin llamar a juicio a uno de los demandados, que pudiera tener interés en el asunto, llegado el momento, en amparo directo, la alzada podría ordenar la reposición del procedimiento para llamarlo, en el que la dedicación de tiempo y las molestias que causaría a las partes con motivo de la retramitación del procedimiento sí podría causarle violación a su derecho sustantivo, pues, en esa hipótesis, se podrían producirse efectos de imposible reparación. En consecuencia, debe considerarse que esa violación procesal, hasta el momento, no transciende en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues sólo podrá afectarle en el supuesto de que obtenga un laudo desfavorable y que influya en su resultado tal violación procesal, en cuyo caso podrá reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra aquél, en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el laudo se podrá apreciar si el acto reclamado en esta instancia constitucional se vulneraron las defensas de la parte quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; pues sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final. Sirve de apoyo para determinar la conclusión anterior, la parte conducente, de la jurisprudencia 1a./J. 29/98, con registro 196227, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo VII, Mayo de 1998 Materia Común, visible en la página 150, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Pedro Martín Suárez Ruvalcaba, apoderado legal de Celia Martínez Calderón, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados en la presente resolución resultan aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda y como autorizados para ese efecto a los citados Josué Alfredo Ruiz Silva, Elioenai Ruiz Vazquez, Jennifer Andrea Caballero Monroy, Yadira Vanessa González Díaz y Edwin Hernandez Vasquez. Por último, vista la certificación secretarial, se autoriza al usuario SuarezHux, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autorice, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que decepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 27/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DISPOSICIÓN ESPECIAL. Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. VII-B
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